Posts tagged ‘Paraíso fiscal’

noviembre 5, 2012

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Iturria: alainet.org / Sally Burch

Un estudio sobre los paraísos fiscales (1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).
De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso.  Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina.  Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen.  Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero.  En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de$10,1 a $13,1 billones”.
El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.
La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.
El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”.  Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”
La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición.  Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias.  Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los esquemas de negociación
Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo.  En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación.  Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido.  A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU.  Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.
El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo.  Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla.  Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de “lista negra” de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información.  Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina.  Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal.  En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas.  Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.
– Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012.  http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.do
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febrero 17, 2012

¿Quién arruina a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo?

Juan Torres López – 17/02/2012

Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80%  del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.

Esa deuda es una losa gigantesca con la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90% del empleo nuevo que se genera en España.

La mayoría de los empresarios y empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan adelante mucho más satisfactoriamente.

Como he dicho, la deuda total con autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010. Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.

Claro que la cosa no puede terminar aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las  pymes (que constituyen el 97% del tejido empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.

Es una prueba más de que la solución ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de la sociedad.

Si no se hace asi, porque siga predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.

Así que estos empresarios que se quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas que evaden sus obligaciones con el fisco.

febrero 6, 2012

Euskadi mantiene vigente un “coladero” que sirve para la evasión de impuestos

MIKEL ORMAZABAL – San Sebastián –  El País 05/02/2012

En plena campaña de la UE contra los paraísos fiscales, las tres haciendas vascas aún mantienen en vigor en su normativa tributaria un régimen especial para las empresas que, lejos de cumplir su objetivo de incentivar la economía mediante la atracción de capitales, se ha convertido en “un coladero” por el que se infiltran decenas de sociedades que consiguen evadir el pago de sus impuestos. Se trata de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura derogada en el resto de España y que solo se conserva en el Impuesto sobre Sociedades (artículo 60) de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por esta vía, sociedades domiciliadas en territorio vasco con beneficios multimillonarios han podido pagar solamente el 1% de esas cantidades, cuando el tipo general está situado en el 28%. Fuentes consultadas aseguran que si Bruselas toma cuenta de esta realidad, las haciendas forales corren el riesgo de verse envueltas en un problema semejante al de las denominadas vacaciones fiscales, declaradas ilegales por el Tribunal de la UE y sujetas aún a una multa que ronda los 50 millones de euros.

La aparición del caso Nadal ha vuelto a poner al descubierto este agujero fiscal. Según la información difundida esta semana por la web http://www.primeran.com, la Hacienda guipuzcoana habría abierto una investigación a un grupo de sociedades del tenista Rafael Nadal que obtuvo entre 2005 y 2009 unos beneficios de 47,3 millones y solo abonó 11.058 euros (el 0,02%) por estar acogido al régimen especial de las SPE. La Diputación, gobernada por Bildu, no ha confirmado que esto sea así, aunque recuerda que actuará “con seriedad y firmeza” contra los contribuyentes incumplidores. El tenista, por su parte, asegura que está “al corriente de todas las obligaciones tributarias”.

A mediados de 2010, la Hacienda guipuzcoana, entonces en manos de Hamaikabat, quiso suprimir el régimen especial de las SPE, pero su intento fue rechazado de plano por Álava y, sobre todo, por Bizkaia, ambas controladas por el PNV. Gipuzkoa pretendió eliminar este trato preferente para algunas sociedades cuando se conocieron las conclusiones de la comisión de las Juntas Generales que investigó el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou. Según la denuncia de la Fiscalía, esta firma catalana, de la que era socio el exdirector de Hacienda y exsenador del PNV Víctor Bravo, obtuvo cuantiosos beneficios fiscales tras simular que tenía su domicilio fiscal en San Sebastián.

El Parlamento guipuzcoano concluyó que el régimen especial por el que tributan las SPE cumple “solo en parte” su objetivo de estimular la reinversión de los beneficios y promover la creación de empresas en este territorio. Otro tanto podría estar ocurriendo en Bizkaia y Álava. Es un sistema “sin apenas garantías de transparencia”, “sin obligaciones de auditoría”, “facilita el endeudamiento sin límite” y “con la puerta abierta a la participación de paraísos fiscales”, según consta en el informe de las Juntas, aprobado por unanimidad. Los partidos recomendaron “la necesidad de acometer profundas reformas” y “proceder a la revisión de todas las concesiones” de este régimen.

Han pasado casi dos años desde que se certificó esta anomalía en la normativa tributaria vasca, pero todavía hay empresas que gozan de este tratamiento tan opaco. El pasado viernes, la responsable de la Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, dijo desconocer la cifra de SPE que están dadas de alta en este territorio. Tampoco se ha dado a conocer cuántas han pedido acogerse a este régimen o darse de baja. Su antecesor, Pello González (Hamaikabat), aseguró que hasta 2010 había 115 sociedades de promoción que suponían un gasto de 600 millones en beneficios fiscales para la Hacienda. Tras las renuncias solicitadas, el año pasado estaban registradas unas 80 sociedades de estas características, según datos no oficiales.

Poco antes de acabar la pasada legislatura, Alternatiba (ahora dentro de Bildu) pidió en febrero de 2011 suprimir esta “fuente de fraude”, principalmente para el sector inmobiliario. En su programa de gobierno, Bildu se comprometió a “eliminar los regímenes privilegiados para empresas”, así como a “cerrar la vía a las exenciones y prácticas de ingeniería fiscal que permiten eludir el pago de impuestos a los patrimonios elevados”.

 El régimen especial

– El régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) está recogido en el artículo 60 de las normas forales que regulan el Impuesto sobre Sociedades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, aprobadas en julio de 1996. Se concede a entidades cuyo objeto social primordial consiste en “promover o fomentar empresas mediante la participación temporal en su capital”. Tienen que tener un capital desembolsado de 3.005.060,52 euros.

– Beneficios: Por suscripción o adquisición de participaciones en nuevas sociedades, las SPE obtienen cuantiosos beneficios y devoluciones fiscales. Puede llegar a abonarse solamente el 1% de los beneficios empresariales, cuando el tipo general en Euskadi es del 28% (el 24% para las pymes).

– Concesión: La aplicación de este régimen especial está condicionada a la “concesión expresa” por parte del Departamento de Hacienda. La razón de ser de esta figura fiscal es “incentivar la reinversión” y favorecer la creación de nuevas empresas.

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