Posts tagged ‘Mariano Rajoy’

enero 17, 2013

Europa y la OCDE aprietan al Gobierno con las pensiones

Iturria: diagonalperiodico.net – 2013/01/08

Arrancan en el Parlamento los debates para endurecer el acceso a las pensiones, tal y como anunció el Gobierno en diciembre ante las presiones de la Unión Europea.

El año 2013 comienza marcado por una nueva embestida del Ejecutivo al sistema público de pensiones. El Consejo de Ministros del 28 de diciembre se cerraba con la postergación durante tres meses de la regulación de la jubilación anticipada y parcial y, en rueda de prensa, Rajoy hablaba de la “necesidad” de que nadie se jubile a los 58 años. El presidente anunció la apertura de un debate en el marco del Pacto de Toledo en el que se abordará, además de las jubilaciones anticipadas, el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste relacionado con el aumento de la esperanza de la vida. Dicho debate comenzaba hoy miércoles en comisión parlamentaria.

Diferentes presiones han vuelto a aparecer en el escenario económico actual, en esta ocasión representadas por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde Bruselas se alude al informe Sostenibilidad Fiscal 2012, en el que se dice que el gasto esperado en el sistema de pensiones del Estado español estará por encima de la media de la UE y que dicho sistema sólo será sostenible si se retrasa la edad de jubilación. Por su parte, la OCDE pide la privatización de las pensiones, ya que prevé que éstas supondrán un 15% del PIB en el año 2050,situación que considera insostenible. Como respuesta a esta presión, el Gobierno español ya ha comenzado a plantearse una nueva reforma del sistema público de pensiones para 2013 que contemple la aceleración de un proceso que desem­boque en la jubilación generalizada a los 67 años o incluso en un nuevo aumento de la edad de jubilación.

La Reforma de 2011

En la situación actual, y con la reforma de las pensiones de abril de 2011 ratificada hace unos días mediante un decreto del Gobierno para su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, se establece un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, entra en vigor un incremento progresivo desde los 15 a los 25 años del período de cómputo para el cálculo de la pensión, con el objetivo de completar dicho proceso en 2021. Según el Gobierno, esta reforma ha tenido un “impacto positivo visible en el gasto en pensiones”, pero todavía lo considera insuficiente. Dicha reforma se estableció en su día como respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, representantes de los intereses del capital financiero encabezado por la banca y las compañías de seguros.Dichas presiones han calado en todos los países de la Unión Europea, que ya han comenzado a reformar sus sistemas de pensiones en cuanto a la edad mínima de jubilación. Tras las reformas, España se situará en uno de los niveles de edad más altos, superada únicamente por Irlanda y Reino Unido, que atrasarán la edad mínima de jubilación a los 68 años. Estos sistemas contrastan enormemente con la edad mínima de jubilación en América Latina, situada en 60 años en países como Uruguay y Venezuela, o 58 años en el caso de Bolivia.

Beneficios privados

Estas sucesivas reformas del sistema público están beneficiando enormemente a las entidades que gestionan los sistemas privados de pensiones, que han aumentado su capital en este tipo de activos financieros. Según un informe del año 2012 del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá sobre la reforma de las pensiones en España, los partícipes en planes de pensiones privados entre 1991 y 2011 han pasado de 710.000 a 8,7 millones, y en ese período el patrimonio depositado en dichos planes se ha multiplicado por 31 hasta sumar un total de 53.000 millones.

A este auge del sistema privado han contribuido también las políticas fiscales desarrolladas en el Estado español en los últimos 20 años, que han favorecido la disminución de fondos de pensiones públicos, la disminución de sus cuantías y una tributación más favorable para el ahorro privado –se calcula que cada año el Estado deja de ingresar 2.000 millones a causa de las desgravaciones por las aportaciones a fondos de pensiones privados. Esto ha tenido como consecuencia que se haya trasladado a la ciudadanía que existe una crisis de las pensiones públicas y hayan tratado de destinar parte de sus ahorros a fondos privados.

La cara oculta de estos fondos privados es que en realidad no son pensiones, y no pueden sustituir a un sistema público de pensiones, ya que se trata de fondos privados constituidos por los ahorros que cada persona deposita de forma voluntaria en la entidad gestora de dicho fondo (por lo general, un banco) hasta el momento de su jubilación. Dicho fondo lo invierte el banco en el mercado financiero y, cuando el titular del fondo se jubila, retira el capital generado. Este capital puede ser una cantidad menor al dinero que había ahorrado, hecho que se da cuando la rentabilidad de las inversiones es negativa, algo propio de las recesiones.

Según un estudio de 2009 de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones, Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009, en el periodo 1999-2009, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a diez años. Por su parte, el informe subraya que un sistema público de pensiones, además de sostenible y justo, es un mecanismo de redistribución de rentas desde los períodos de actividad a los de no-actividady de renta productiva entre las generaciones que trabajan y las que reciben la pensión.

Además, son muchos los economistas, como el Nobel de economía Joseph Stiglitz, u otros expertos como Adolfo Jiménez, Camila Arza, o Vicenç Navarro, los que han demostrado la falta de rigor científico y de fundamento de las teorías neoliberales de privatización. Entre sus argumentos, figura el hecho de que un aumento del porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB no implica necesariamente una situación insostenible, ya que normalmente se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB en el futuro, lo que permite disponer de una cantidad de recursos mucho mayor para los no pensionistas, argumento reforzado por el hecho de que hace 50 años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB, y hoy emplea un 8%. La sociedad, en cambio, tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces. Ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, algunas voces liberales decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país, cosa que no ha sucedido.

Frente al error de que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, estos economistas señalan que en España (y en Europa) la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 a 80 años. Según el catedrático Vicenç Navarro, “la mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (también entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no son cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven”.

Claves de la reforma

Aumento cada año de la edad y del mínimo de años cotizados
El Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones del 4 de febrero de 2011 entre los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y el Gobierno estableció el aumento a 67 años de la edad de jubilación. En 2027 se habrá completado esta medida y sólo se podrán jubilar a los 65 quienes hayan cotizado más de 38 años y seis meses. Hoy se pueden jubilar a los 65 quienes hayan cotizado 35 años y tres meses.

La pérdida de poder adquisitivo implícita en los recortes del gobierno
La decisión del Gobierno de no cubrir la desviación respecto a la inflación de las pensiones ha hecho retroceder un 2% la cuantía de estas rentas, a lo que se une la no actualización a la base de cálculo de las mismas. La entrada en vigor del pacto de las pensiones cambiará el cálculo de la base reguladora de la pensión –que tenía en cuenta las cotizaciones de los últimos 180 meses–: añadirá un año más hasta 2022, y para la base de cotización se tendrán en cuenta los últimos 25 años.

La hucha de las pensiones y la deuda
Un 90% del fondo de reserva de la Seguridad Social, la cuenta para resolver posibles problemas de tesorería en pagos de prestaciones contributivas como las pensiones, fue invertido por el Gobierno a lo largo de 2011 para la compra de bonos de deuda española, considerados una inversión de riesgo por parte de las agencias de calificación. El porcentaje de estas inversiones ha subido desde que en 2005 el Ejecutivo aprobara este tipo de operaciones. En 2007 ya representaba el 51,3% del total del fondo. Entre septiembre y octubre de 2012, el Gobierno ha tenido que adelantar 7.000 millones de euros del fondo de reserva para el pago de las pensiones.

octubre 31, 2012

Europa no puede con la crisis: La tasa de desempleo alcanza un récord histórico

Iturria: RT.com – 2012/10/31

Se trata del porcentaje más elevado de paro registrado desde la creación de la zona euro

La tasa de paro de la Eurozona subió dos décimas durante el pasado mes de septiembre, alcanzando un nivel récord de 11,6%, frente al 11,4% previo. Según el economista Mikel Noval, los líderes europeos están haciendo justo lo contrario de lo que deberían para salvar a los países de la profunda crisis.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy al comparecer en el Parlamento para explicar los resultados del Consejo Europeo de mediados de octubre, destacó que la Unión Europea se mueve, pero “desgraciadamente muy lentamente”. Además Rajoy calificó de esencial la colaboración de la Unión para que el país ibérico salga de la crisis. “Hay que cambiarlo todo” Según el economista Mikel Noval, lo que tendrían que hacer los líderes europeos es “cambiar radicalmente la política muy equivocada que están haciendo, mejorar la protección social, dejar de dar dinero a la banca y en este sentido modificar las políticas presupuestarias y fiscales. Es decir, hacer justo lo contrario de lo que están haciendo”, subrayó el experto. La semana pasada Madrid se convirtió en el escenario de hasta 80 manifestaciones y paros, que afectan a la circulación en varias arterias de la capital.

Mikel Noval (minutos 1:05 -> 4:15]
agosto 27, 2012

El Gobierno de Rajoy quiere acabar con las vacaciones pagadas

Iturria: canarias-semanal.com – 2012/08/27

Para “reducir costes laborales” y “aumentar la productividad”

La  reducción de los salarios de los trabajadores europeos que, según los analistas económicos constituye una de las principales finalidades de las contrarreformas que actualmente se están imponiendo a través de la UE, el FMI, el BCE y los diferentes ejecutivos nacionales, podría verse acelerarada en España de manera inminente.

Así se desprende de las informaciones filtradas a la prensa sobre el último paquete de medidas neoliberales que actualmente estaría preparando para su aplicación el ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno está contemplando imponer que, en principio durante 2013 y 2014, las vacaciones anuales de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos lo sean sólo durante 7 días.

Por el momento, el proyecto gubernamental no plantea eliminar el derecho a disfrutar de las vacaciones, pero sí que éstas pasen a ser no remuneradas. Es decir, que durante el tiempo de disfrute los trabajadores no percibirían su salario.

Según fuentes del Ejecutivo, dicha medida  “se tomaría para reducir los importantes costes laborales que tienen tanto las empresas privadas como la administración por las vacaciones durante un periodo de dos años, y de esa forma permitir que se ganar en competitividad y reactivar la economía y fomentar nuevas contrataciones”.

La excusa oficial aducida, por tanto, no es demasiado diferente a la esgrimida para justificar las sucesivas contrarreformas laborales por el actual gobierno del Partido Popular y sus antecesores.

Esas mismas fuentes justifican también su pretensión apuntando que no en todos los países las vacaciones son remuneradas como en España, y señalan especialmente el caso de los  Estados Unidos.

agosto 9, 2012

“Las clases dominantes han manipulado nuestro sentido común económico”

Iturria: Enric Llopis / attacmadrid.org – 2012/08/08

Políticos como Rajoy y Rubalcaba, economistas y periodistas, entre otros, repiten al referirse a la crisis de las deudas soberanas que el estado es similar a una familia y que, en consecuencia, ha de ajustar ingresos y gastos. El corolario de esta argumentación es que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y, por tanto, ahora debemos ajustarnos el cinturón”. Sin embargo, a juicio del filósofo Antoni Doménech, “esta metáfora (la asimilación del estado a una familia) no hace sino poner de manifiesto cómo las clases dominantes están manipulando nuestro sentido común”.

El catedrático de en la facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, Antoni Doménech, ha impartido una conferencia sobre “El uso del lenguaje como instrumento de dominación” en la Universidad de Verano que organiza Socialismo 21. Formado intelectualmente bajo la influencia del filósofo marxista Manuel Sacristán, Doménech es actualmente editor de la revista “Sin Permiso”. Entre sus principales obras destacan “De la ética a la política. De la razón erótica a la razón inerte” (1989) y “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista” (2004).

Aunque se hace pasar por evidente, por una cuestión de sentido común, la equiparación de un estado a una familia esconde una falacia, según Antoni Doménech. Es cierto que cuando una familia contrae una deuda, está forzada a su devolución y le condicionan los ingresos. Pero el estado cuenta con muchos más recursos: el poder de recaudar impuestos, la capacidad de imprimir dinero fiduciario para pagar a los acreedores; además, si el estado decide reducir el gasto, esta decisión puede tener consecuencias en los ingresos (cosa que no ocurre con el ahorro familiar). Por último, si el estado conserva su soberanía monetaria es técnicamente imposible que se le obligue a quebrar, aunque puede hacerlo por una decisión política propia.

Precisamente en este punto –la pérdida de la soberanía monetaria por parte de los estados- es donde radica el problema, y no –como suele afirmarse en la citada metáfora de sentido común – en que el gasto público supere a los ingresos. Por ejemplo, el endeudamiento público de Estados Unidos es de más del 100% del PIB, el de Japón se sitúa en torno al 200%; el de Inglaterra, cerca del 100% y el de España en un 74%. Al no contar con soberanía monetaria, ni existir una autoridad fiscal común, los países de la Unión Europea –sobre todo los de la periferia, como España- se encuentran en manos de los mercados financieros. Por eso el estado español paga un 7% de intereses en los bonos a 10 años, mientras que Estados Unidos y Japón abonan menos del 2%, e Inglaterra un 2,1%. Es decir, unas tasas de endeudamiento menor pueden implicar un pago de intereses superiores.

El catedrático de filosofía, cofundador y redactor de revistas como “Materiales” y “Mientras tanto”, pone asimismo el ejemplo de California, estado norteamericano que si se constituyera como entidad independiente, sería una de las diez grandes potencias del mundo. Sin embargo, las finanzas públicas de California se hallan técnicamente en quiebra. “No cuentan con soberanía monetaria –dependen del dólar- pero todas sus facturas e impagos los afronta finalmente Washington; ni siquiera California ha de emitir bonos de deuda específicos, ya que ésta se halla mutualizada por los Estados Unidos al 2% de interés”, subraya Antoni Doménech. Es la diferencia entre un espacio monetario –Estados Unidos- con una autoridad fiscal única y, por tanto, capacidad de emitir deuda mutualizada, y la Unión Europea.

Lo que ha creado Europa, según Doménech, es “un verdadero monstruo”. “De ahí que un pequeño problema (por su peso económico dentro de la UE) como el de Grecia, haya puesto en riesgo la economía europea e incluso el conjunto de la economía mundial; toda esta crisis institucional –que resquebraja los cimientos sobre los que se forjó la UE- tiene como trasfondo una gigantesca crisis del sistema capitalista; en este contexto, ahora mismo vemos como España es el foco de todas las tormentas especulativas”, agrega.

“ Europa vive un momento dramático y los remedios están resultando catastróficos”, a juicio de Antoni Doménech. Por ejemplo, “se ha creado un fondo de estabilidad financiero, teóricamente para adquirir deuda pública de los países en apuros, pero al mismo tiempo la legislación europea permite que actúen –de manera totalmente desregulada- los mercados de derivados financieros de impagos crediticios; en estos mercados opera la aristocracia financiera mundial; permiten apostar porque una situación vaya a peor, por ejemplo, la quiebra de Grecia; no hay más que repasar la trayectoria de Goldman Sachs para ver cómo una sociedad puede hacer fortuna apostando a pérdidas ”.

En la presente coyuntura, ¿abandonar el euro es la solución? Antoni Doménech recuerda que se mostró contrario al ingreso del estado español en la moneda única y también al tratado de Maastricht, “pero romper con el euro en las circunstancias actuales será una catástrofe para todo el mundo, incluida Alemania, que podría perder, como mínimo, el 40% de su PIB”. El euro corre peligro por la vertiginosa crecida de la prima de riesgo en los países de la periferia europea, pero esta amenaza genera también oportunidades para la izquierda. “Se abre una puerta, un amplio margen para un partido de izquierdas inteligente que sepa negociar y jugar sus bazas, como bien hizo Syriza”.

Otra cuestión que se plantea es la posibilidad de una quita de la deuda pública. “Si la situación empeora, cosa que ocurrirá, es éste uno de los escenarios previsibles”. A juicio de Doménech, “también en este punto la izquierda ha de hilar muy fino; no valen las respuestas meramente retóricas. A la hora de establecer una quita hemos de considerar que los Fondos de la Seguridad Social son tenedores de deuda pública española por valor de 60.000 millones de euros; habría que observar todos los matices y estudiar muy bien cómo se realiza la quita para que no se vean afectadas las pensiones”.

Así las cosas, el catedrático de Filosofía califica el momento económico actual de “muy crítico”. Tres circunstancias confluyen en el escenario global: una crisis europea –con España e Italia como eje de las turbulencias- a la que no se vislumbra salida; incluso un cambio en la posición de Merkel debería sortear el escollo añadido del Tribunal Constitucional alemán. En segundo lugar, la desaceleración económica en Estados Unidos, que podría conducir a una victoria de Romney en las elecciones de noviembre. Y, por último, la desaceleración de la economía china, con los efectos que ello pudiera tener en América Latina. Además, “la financiación del consumo en Estados Unidos mediante deuda adquirida por China es un fenómeno que no volverá”.

En plena zozobra europea, ¿Cómo paliar en lo posible los efectos del cataclismo? Lo más urgente, según Antoni Doménech, es crear la unión bancaria europea y la garantía única de depósitos. “Se está produciendo una fuga masiva de capitales y depósitos de la periferia europea rumbo a Alemania; en el caso de España, a un ritmo que equivale al 50% del PIB anual, según reconoce la banca privada suiza en uno de sus informes; si Grecia saliera del euro –y esta es la baza que supo jugar Syriza- se desencadenaría una fuga de depósitos a Alemania y, continuando con esta hipótesis, quebrarían la bancas española, italiana y también la alemana, que es acreedora de las demás”.

Si las cosas así ocurrieran, el Bundesbank no tendría dinero para rescatar a los bancos alemanes pues está atado a una deuda de un billón de euros con el Banco Central Europeo. El BCE pediría esta cantidad a Alemania para rescatar a los bancos de la periferia europea y, en ese punto, el país germano incumpliría el Target 2 (sistema de compensación de pagos entre los bancos centrales de la eurozona), lo que supondría la ruptura de la Unión Europea. En tal coyuntura, Alemania vería cómo mengua una parte notable de su PIB, al tiempo que confiscaría los depósitos bancarios de italianos, españoles y franceses que hubieran buscado refugio en aquel país.

Esta catarata de desastres “Alemania no se la puede permitir, pero puede que todo esto ocurra porque las elites políticas y económicas no entienden nada, como tampoco entendían lo que pasaba en los años 30; contra lo que dice el tópico, si Roosevelt adoptó medidas intervencionistas es porque le empujó el movimiento obrero norteamericano; Resulta una tragedia el funcionamiento de las elites en el capitalismo, son incapaces de adoptar ninguna medida eficaz”, explica el autor de “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista”.

¿Qué alternativa podría plantear la izquierda? Según Doménech, “resulta indispensable hablar de crecimiento ”; sin esta idea, a juicio del docente, es muy difícil acumular energía transformadora. “Para impulsar reformas es necesario el crecimiento, como advirtió Keynes a Roosevelt en su día”. Ahora bien, “este crecimiento no ha de ser forzosamente destructivo, ya que puede venir de las inversiones públicas en tecnologías sostenibles o energías verdes; pero hace falta crecer para conseguir el pleno empleo y un empoderamiento mayor de la clase trabajadora; sólo así nos podremos plantear metas mayores”, concluye

julio 14, 2012

Recorte a los más débiles: los nuevos parados pierden hasta un 17%

Iturria: hoy.es – 2012/07/12

El Gobierno quiere introducir cuanto antes un sistema automático de ajuste de las pensiones

España tiene una tasa de paro del 24,44%; hay más de cinco millones y medio de desempleados, de los que cada vez un porcentaje menor cobra la prestación, y ayer el presidente del Gobierno puso en duda sus ganas de trabajar. Rajoy justificó el recorte de las prestaciones por desempleo «para animar a la búsqueda activa de trabajo» y que «no generen efectos desincentivadores» en esa búsqueda. Por eso, el Gobierno reducirá la prestación de los «nuevos» parados hasta un 17% a partir del séptimo mes, ya que solo recibirán el 50% de la base reguladora en lugar del 60% actual.
En estos momentos, el importe medio bruto de las prestaciones contributivas por desempleo se sitúa en 28,85 euros diarios, 865 euros al mes, por lo que el recorte lo dejaría ligeramente por encima de los 700 euros en promedio a partir del séptimo mes. No afectará a los que cobren menos de 665 euros al mes si tienen hijos o 500 euros al mes si no tienen hijos. Eso deja fuera del recorte al 27% de los desempleados con derecho a prestación que se vayan añadiendo, según cálculos del Ministerio de Empleo. En la actualidad, 2,9 millones de parados reciben algún tipo de prestación, de los que solo 1,3 millones cobran la prestación contributiva, que es más elevada que la asistencial.
Además, se mantendrá el periodo máximo de 24 meses de duración de la prestación. Los sindicatos han reclamado al Ejecutivo que prorrogue el Plan PREPARA, que acaba en agosto y consiste en una ayuda de 426 euros durante seis meses a parados que han agotado todas las prestaciones.
Junto con el recorte en el pago de las prestaciones, el Gobierno también reducirá las bonificaciones a la contratación, excepto en el nuevo contrato de emprendedores -con un año de prueba sin indemnización por despido- y para promover la inserción laboral de personas discapacitadas.
Sin embargo, rebajará las cotizaciones sociales dos puntos en dos años, lo que tendrá un efecto inmediato y nada positivo en los ingresos del sistema de Seguridad Social sin que esté garantizada su compensación con la aparición de nuevos afiliados. Cada reducción de un punto en las cotizaciones sociales son 3.000 millones menos de ingresos, con lo que va a perder 6.000 millones a partir de 2014. Esta menor recaudación para la Seguridad Social, que es la encargada de pagar las pensiones, se produce tras haber alertado el secretario de Estado de que pueden producirse «tensiones de liquidez» y tal vez tenga que recurrir al Fondo de Reserva.
Precisamente, los pensionistas o futuros pensionistas también deben tentarse la ropa. El presidente del Gobierno anunció un proyecto de ley que llevará al Pacto de Toledo para «acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada», tal y como exige Bruselas. Eso significa que se establecerán mecanismos automáticos de ajuste en pensiones en función del aumento de la esperanza de vida. Fuentes del Gobierno explican que introducir mecanismos automáticos no supone hurtar la negociación al Pacto de Toledo. En todo caso, el proyecto de ley que se lleve al Congreso introducirá cambios que si, como es previsible, van en la misma línea que otros países introducirá una nueva rebaja en las pensiones, tras la ya aprobada con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En Suecia, el factor de sostenibilidad supone que se rebaja automáticamente la cuantía de las pensiones y en Italia se retrasa la edad de jubilación al aumentar la esperanza de vida.
En España, la ley de estabilidad presupuestaria establece que los parámetros fundamentales del sistema de la Seguridad Social se revisarían en función de la esperanza de vida que se calculara estadísticamente a partir de los 67 años, que es la edad de jubilación. Claro que el acuerdo con los agentes sociales era empezar a revisarlo a partir de la aplicación íntegra de la reforma que está prevista en 2027. Ya no se esperará a esa fecha para modificarlo. Fuentes del Gobierno explican que se trata de que, igual que las pensiones se revisan automáticamente con el IPC -excepto cuando se decide congelarlas como hizo Zapatero en mayo de 2010-, también automáticamente se ajusten según los parámetros que se llevarán en el proyecto de ley al Congreso.
Parados, pensionistas… y dependientes. El recorte también les alcanza. Rajoy se escudó en que hay que «garantizar su sostenibilidad» para advertir de que «se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas». El Gobierno ya ha presentado a las comunidades autónomas un plan para reformar la ley de dependencia que supone rebajar un 15% los sueldos de los cuidadores familiares, que ahora cobran 400 euros de media.
julio 14, 2012

Rescate de los bancos, robo al pueblo

Iturria:  Andrés Martínez Lorca / Rebelion.org – 2012/07/14

El gobierno del PP continúa, implacable, la política económica antipopular emprendida hace un año por el gobierno del PSOE en una nueva versión corregida y aumentada. Poco importa que los trabajadores se empobrezcan cada vez más, que las clases medias sientan también recortados sus derechos y su pequeño bienestar, que los pensionistas rocen la precariedad, que los pequeños empresarios y autónomos no puedan acceder al crédito, que los jóvenes sigan en el paro… Esta permanente agresión a los ciudadanos renovada y recrecida cada viernes tras el consejo de ministros y esta burla de los derechos sociales reconocidos en la Constitución se dan por bien empleadas por nuestros gobernantes derechistas con tal de salvar al mismo capital financiero que ha llevado al país a la ruina.

En la pasada campaña electoral estos nuevos cruzados del capitalismo rampante prometieron, entre otras cosas, crear empleo, no subir los impuestos indirectos, incrementar la economía productiva y no tocar las pensiones. Nada de eso han cumplido. Gracias a su desastrosa política, el número de trabajadores en paro va camino de los 6 millones y el porcentaje de la población activa afectada superará pronto el 25%, es decir, uno de cada cuatro asalariados. Subieron el impuesto de las rentas del trabajo, el IRPF, y ahora acaban de elevar el IVA lo que traerá consigo no sólo una disminución del consumo sino también un incremento de la carestía de la vida. Congelaron las pensiones y ahora traman recortarlas. Como consecuencia de todo ello y debido a la falta de inversión pública y privada, la economía nacional está en recesión y todo indica que seguirá así en 2013.

Haciendo gala de su tradicional inmoralidad pública, estos vaticanistas y atlantistas dirigidos por el registrador de la propiedad de Santa Pola (acompañado al mando por el exconsejero para Europa del banco quebrado estadounidense Lehman Brothers) protegen con una generosa amnistía a los evasores de impuestos, abaratan el despido, rebajan el sueldo a los funcionarios suprimiéndoles una paga anual y ofrecen a Mr. Adelson el terreno que haga falta, así como las condiciones laborales fiscales que le plazcan, para construir el mayor conjunto de casinos y puticlubes de Europa compitiendo en su actitud servil con la mismísima Cuba de Batista y los 40 ladrones, quiero decir, los 40 mafiosos.

Rajoy repite el estribillo de Thatcher: “no hay alternativa”

Como no hay información concreta a los ciudadanos acerca de la deuda de los bancos, ni tampoco argumentos a favor de las medidas draconianas adoptadas por el gobierno, sólo queda como salida fácil el negar la posibilidad de elegir otro camino que evite el desastre. En esto como en tantas otras cosas, la derecha española no innova nada sino que copia. Margaret Thatcher, la siniestra dama de hierro que liquidó el estado de bienestar en Gran Bretaña, ya creó el lema que ahora repite ─ sin convicción aparente, la verdad sea dicha ─ Rajoy: there is no alternative (TINA, en su abreviatura inglesa), o sea, “no hay alternativa”. Estábamos acostumbrados a la cantilena del fatalismo árabe cuando ahora llegan los neoliberales de turno a defender sin pudor el más opresivo determinismo económico fijado no por una pretendida ciencia social ni por unas abstractas fuerzas económicas ahora llamadas eufemísticamente «los mercados» sino por los intereses mezquinos de una oligarquía financiera que cada día acapara una mayor parte de la renta nacional en perjuicio de las clases populares.

Esa aparente necesidad de aplicar una política económica destructiva para el pueblo la llamaba Rajoy «circunstancias» en el congreso de diputados con un aparente guiño orteguiano. Los que no compartimos el liberalismo de Ortega y Gasset ni su hostilidad hacia el socialismo, pensamos que “los hombres hacen su propia historia” aunque no de una forma arbitraria sino “en condiciones directamente dadas y heredadas del pasado”, como escribió Marx. Una paradoja de nuestra época: los aparentemente liberales, no los dignísimos demócratas de las Cortes de Cádiz sino los representantes de esta ideología capitalista desde la Escuela de Chicago a Margaret Thatcher y desde Pinochet a Aznar, niegan en el fondo la libertad humana, la libertad de elegir una vida digna para la mayoría de la población sometiendo así lo público, lo colectivo, al interés privado. Por el contrario, los herederos de los ideales comunistas rechazamos el ciego determinismo económico que intentan imponer las clases dominantes y sus intermediarios políticos tomando como punto de partida la lucha por una sociedad donde los hombres y mujeres sean dueños de su destino y construyan su futuro en libertad, no sometidos a pretendidos designios divinos ni a ocultas fuerzas económicas.

La farsa se acabó: o lucha o resignación

Después de varios meses mareando la perdiz e intentando ocultar la verdad bajo edulcorados nombres (“reformas”, “lucha contra el déficit”, “modernización”, “competitividad”, “flexibilidad del mercado laboral”, “inyección de liquidez al sistema monetario”, etc.), hemos llegado a conocer esta dura realidad: España está intervenida por culpa del rescate a los bancos solicitado por el gobierno. Mariano Rajoy tiene ya sobre sus espaldas el vergonzoso baldón de haber ordenado el mayor recorte presupuestario en la historia de nuestro país. Esta enésima acometida al bienestar de los españoles se eleva a 65.000 millones de euros. La cifra que necesitarán nuestros bancos para sanearse se estima, según fuentes solventes, en 62.000 millones. ¡Una curiosa coincidencia! Decía el flemático don Mariano que no se trataba de rescate y que el Estado no asumiría ninguna carga por la inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo ya que en dicha operación no habría causalidad. Ahora sabemos a ciencia cierta que se trata de un rescate ─ como él mismo reconoció ante el congreso de diputados en un lapsus freudiano ─ del que sale garante el Estado a cambio de una intervención de nuestra economía y de unos recortes salvajes en el gasto público tanto estatal como de las autonomías y las corporaciones locales.

Las recetas económicas impuestas hace años por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a sangre y fuego en los países de Suramérica y que se han aplicado recientemente en Irlanda, Grecia y Portugal con las desastrosas consecuencias sociales que saltan a la vista, han sido puestas en marcha en nuestro país con mano de hierro por el gobierno actual. Cuando las iba desgranando Rajoy ante el congreso, los diputados del PP en vez de guardar un prudente silencio, aplaudieron felices cumpliendo al pie de la letra su papel de marionetas en la farsa.

Por mucho que le disguste al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo apoyo agradeció públicamente Rajoy, y a los dirigentes de CCOO y UGT, en esta etapa dramática para la nación no habrá espacio para el diálogo, la concertación o el consenso. Los poderes de la oligarquía financiera internacional así lo han ordenado y el gobierno así lo ha asumido. Frente a ello sólo cabe la resignación o la rebeldía.

Los mineros, una vez más, como antes en 1934 y más tarde en 1962, indican el camino de la resistencia. Su llegada a las calles de Madrid entre el fervor del pueblo y el silencio de los grandes medios de comunicación temerosos del despertar ciudadano, abre un antes y un después en las luchas obreras de un pueblo que se niega a agachar la cabeza ante el destino impuesto por los poderosos. Sin esperar a lo que decidan las cúpulas de los grandes sindicatos, los funcionarios han salido hoy mismo a la calle en Madrid para protestar contra los anunciados recortes. Otros sectores laborales y otras capas sociales tendrán que elegir pronto entre lucha y resignación antes de que sea demasiado tarde para ellos y para sus hijos.

julio 14, 2012

El Gobierno prepara una rebaja de las pensiones para compensar el aumento del déficit de la Seguridad Social

Iturria: Vozpopuli.com / Kaos en la Red – 2012/07/12

Para ello, plantea convocar el Pacto de Toledo y encarar una nueva reforma de las pensiones en la que el IPC dejará de ser el referente exclusivo para su actualización…

Mariano Rajoy se refirió ayer a estos planes del Gobierno con el anuncio de que está ya en marcha un proyecto de ley para acelerar la aplicación del llamado “factor de sostenibilidad” y abordar un nuevo tratamiento para la jubilación anticipada, tal y como establecen las recomendaciones de la Comisión Europea.

El Gobierno está analizando el calendario parlamentario para ver la posibilidad de convocar el Pacto de Toledo este mes de julio y poder plantear la reforma a todos los grupos parlamentarios con carácter de urgencia. En síntesis, lo que pretende es acabar con el IPC como la única referencia para la actualización de las pensiones. La ley de Estabilidad presupuestaria faculta al Ejecutivo para crear un nuevo índice en el que entrarán otras referencias como el envejecimiento de la población, la inflación, el déficit de la Seguridad Social y la evolución de la población activa. Es un sistema similar al que funciona en Suecia y la intención del Gobierno es que esté operativo para incluirlo en los Presupuestos estatales de 2013 que entrarán en el Congreso el próximo septiembre.

El sistema cuenta en la actualidad con 8,9 millones de pensionistas y cerró el año pasado con un déficit de 995 millones de euros como consecuencia de unas pérdidas cercanas a los 2.600 millones de euros generadas por la propia Seguridad Social y de los 992 millones del Fondo de Garantía Salarial, cifras que se vieron parcialmente compensadas por el superávit superior a los 2.500 millones de los servicios públicos de empleo. De momento, el Gobierno no ha tenido que hacer uso del Fondo de Reserva, que acumula 67.000 millones de euros, pero si no afronta reformas, su utilización en el futuro sería imprescindible. Las mismas fuentes recuerdan que el superávit registrado el pasado mayo en la Seguridad Social fue un espejismo, pues se debió, en parte, al adelanto de las transferencias del Estado.

En los planes del Gobierno figura también mejorar la información que recibe el ciudadano sobre toda su vida laboral y sobre las aportaciones que ha hecho a lo largo de la misma a la Seguridad Social para que, en algunos casos, tome conciencia de que lo que recibe no guarda proporción con lo que ha ingresado en el sistema.El llamado “factor de sostenibilidad” del sistema incluido en la ley de Estabilidad Presupuestaria permite también al Gobierno retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años si la situación económica continua su deterioro. Las mismas fuentes recuerdan que cada punto de rebaja en las cotizaciones supone para las arcas de la Seguridad Social un coste aproximado de 3.500 millones. Rajoy anunció ayer que se reducirá un punto en 2013 y otro adicional en 2014, una medida que para la CEOE se queda corta teniendo en cuenta la proporción en la que se va a subir el IVA.

julio 13, 2012

Seguid llamándome privilegiada y no respondo

Iturria: Cruz Díez / eldiario.es – 2012/07/13

Cruz Díez es profesora de Enseñanza Secundaria. Funcionaria. “Privilegiada”.

El Gobierno ha anunciado nuevos recortes sociales, entre los que se encuentra la supresión de la paga “extra” de Navidad a los funcionarios. Dentro de lo apocalíptico de la situación, la jugada política es impecable. Nuestro presidente habla de paga “extra” en lugar de lo que realmente es, una bajada de sueldo del 7%. Con ello demuestra de nuevo el soberbio dominio del poder de las palabras que caracteriza la retórica del PP, al tiempo que acalla voces críticas: No miren la subida del IVA, fíjense mejor en como castigamos a los funcionarios, que como todos sabemos, son unos vagos y unos privilegiados. Y así, mientras unos rompían en aplausos, otros veíamos como éramos de golpe doblemente más pobres. Por un lado se nos bajaba el sueldo por nuestra condición de privilegiados, y por otra se nos subían los impuestos como a cualquier otro ciudadano.

Tras escuchar este anuncio, yo salí junto a otros miles a manifestarme con los mineros, porque, parafraseando a Publio Terencio, nada de lo obrero me es ajeno. Sin embargo, ¿cuánta gente se manifestaría con los funcionarios como trabajadores? No me refiero a manifestarse en defensa de los servicios públicos, sino en defensa de los derechos de los funcionarios como obreros. ¿Saldría usted a protestar conmigo por nuestra bajada de sueldo? ¿o por el aumento en nuestra carga de trabajo? – Carcajada.

España es una país funcionarista, y el funcionarismo, un tipo de discriminación no reconocido por la sociedad. Cuando alguien dice que los andaluces somos unos vagos, o que los chinos nos invaden, o que los musulmanes son unos maltratadores, suele haber alguien que enseguida se le echa al cuello (y con toda la razón) por hacer uso de una generalización discriminatoria de un estereotipo. Sin embargo, cuando alguien dice que un funcionario es un privilegiado o un vago, mucha gente asiente y al punto alguien dice “Uys, sí, yo tengo un amigo funcionario que…” 1. desayuna tres veces, 2. hace la compra en horario laboral, 3. se da de baja sin estar enfermo, 4. todas las anteriores y alguna más.

No mucha gente parece pararse a pensar que esta generalización discriminatoria incluye a 1,6 millones de funcionarios, más otro millón de interinos y personal laboral del sector público. 2,6 millones de personas, todas ellas vagas y privilegiadas. La llamada casta parasitaria. Yo soy funcionaria, hago un trabajo y se me paga por ello. Siguiendo esta lógica, ¿es usted entonces un parásito de su empresa?

En este grupo de privilegiados parásitos se incluye por igual no sólo al funcionario-profesor, al funcionario-enfermero o al funcionario-administrativo, sino al funcionario-profesional y al funcionario-jeta. Y profesionales y jetas hay en todas partes, no sólo en el sector público. Sin embargo, a todos nos gusta señalar con dedo acusador a los funcionarios. De hecho, incluso nosotros mismos nos acusamos unos a otros: “Yo soy funcionario, pero médico, oiga, ¡no de los de ventanilla de registro que se pasan la mañana en el bar!”. Pues también hay grandes profesionales que trabajan detrás de una ventanilla, mire usted.

La raíz de esta discriminación está en confundir privilegios con derechos, sumados al carácter envidioso del español medio: nos cuesta asumir que alguien esté mejor que nosotros, y lejos de luchar por conseguir que todos mejoremos y alcancemos el nivel del que está mejor, nos regodeamos en el morbo de ver hundirse al de al lado.

A pesar de la insistencia de muchos miembros del Gobierno en la idea de que los funcionarios somos unos privilegiados, la realidad es que no somos más que trabajadores. Unos trabajadores que en su mayoría no ganan más de 1.000 euros al mes. Unos trabajadores que en tiempos de bonanza no recibieron un aumento del 12%, que es lo que se nos ha rebajado en los últimos dos años a nivel nacional (a esta cifra hay que sumar el porcentaje que cada comunidad ha estimado oportuno llevar a cabo). Unos trabajadores que hemos sufrido durante años las burlas de los demás por tener unos sueldos miserables en comparación con el pseudo-enriquecimiento colectivo. Unos trabajadores que tenemos el privilegio de pagar con nuestro trabajo, nuestros impuestos y nuestros sueldos una crisis en la que poco hemos tenido que ver. Unos trabajadores que tenemos que hacer lo anterior como el resto y encima sufrir un linchamiento colectivo por el mero hecho de haber elegido una carrera profesional en la función pública.

Dicen que nuestros privilegios son la estabilidad laboral, nuestros sueldos, nuestras vacaciones, nuestros días por asuntos propios… Señores, esos son nuestros derechos como trabajadores y también los estamos perdiendo. Nuestros privilegios son otros. Nuestro privilegio es educar a las generaciones futuras, curar a los demás, salvar sus vidas en un incendio, gestionar que se haga justicia, casarles o hacerles llegar su correo. Y todo esto lo hacemos sin bonus, sin cestas de Navidad (ni paga desde ahora), sin ascensos, sin reconocimiento ni agradecimiento. Y si usted piensa ahora “A mi también me han bajado el sueldo” o “Peor estoy yo que no tengo trabajo”, recuerde, por favor, que los funcionarios no tenemos la culpa de eso. Si es de los que piensa “Peor estamos muchos y no protestamos”, por favor, proteste. Y piense lo que piense, no sea funcionarista. Juzgue a cada cual por el trabajo que realiza, y no se olvide de los que nos gobiernan. Gire su dedo acusador hacia ellos, igual entonces las cosas cambian.

Cruz Díez es profesora de Inglés en un centro público de enseñanza secundaria de Madrid. Participa en movimientos de defensa de los servicios públicos. En twitter: @cruzdiez

abril 30, 2012

La educación para el que la paga

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León. Rebelión 28/04/2012

Las nuevas medidas que el gobierno del PP ha decretado contra las Universidades Públicas suponen el aumento de las tasas académicas para el alumnado entre 500 y 5.000 euros según las situaciones, el incremento de cuatro horas lectivas para el profesorado universitario en activo y la congelación de la Oferta de Empleo sin posibilidad de realizar ninguna convocatoria de plazas en las Universidades .

Este nuevo decretazo, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a cualquier ciudadano o ciudadana, sustituyéndolo por un “modelo elitista” que admite una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.

El incremento general de las tasas matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.

Esta subida de tasas universitarias, que comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, conllevará hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevará las penalizaciones a los repetidores, que podrían llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Se aplica el 100% en las enseñanzas de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes. Si le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición pública y de calidad.

Esto significa que las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que lo que venían costando hasta el momento. A nadie se le escapa, que con el aumento tan desmesurado de los precios públicos, acabarán cerrándose muchos títulos, sobretodo de Masters, porque con la situación económica del país y los bajos salarios, muchas familias no se lo podrán permitir.

En Europa el grupo de países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total y que además proporcionan recursos muy importantes para becar a sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… etc., mientras que otro grupo de países con tasas caras disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. Incluso el tercer conjunto de países, en el que estábamos incluidos hasta la llegada del PP, proporcionan pocos recursos a las ayudas al estudio pero mantienen los precios bajos en las tasas de matrícula (Italia, España hasta la llegada del PP…).

De esta forma, la subida de tasas sumada al recorte de becas suponen una barrera en la Universidad pública para los estudiantes con renta más baja, tendiendo a una educación no universal, sólo permitida a aquellos que tengan rentas suficientes para poder pagársela, lo cual expulsará a miles de personas del sistema universitario.

Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha decidido aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. No es entendible que sea el sexenio, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales anglosajonas durante seis años, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, transferencia del conocimiento) asociadas a la investigación.

El profesorado, ve así cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Porque se varía la dedicación de la actividad docente del Profesorado en función de la actividad investigadora reconocida, siendo con carácter general de 24 créditos ECTS y de 16 créditos para quienes lleven en el puesto al menos más de 18 años con evaluación de su investigación positiva de forma consecutiva, lo que representa un porcentaje mínimo de la plantilla, con una edad no inferior a los 55 años.

Pero para quienes no tienen el primer período de 6 años de actividad investigadora reconocida la docencia será de 32 créditos ECTS. Es decir, para la gran mayoría del profesorado universitario que combina la investigación con la docencia y la atención individualizada a sus alumnos y alumnas y que dedica parte de su actividad a tareas de gestión en las titulaciones, en los departamentos o en los centros.

Lo cual supone que quienes no tienen un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación, porque al incrementarles las horas de clase se les reducen las horas para poder iniciar o reengancharse a la actividad investigadora. Por eso, parece que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la regeneración del sistema, van a quedar excluidos.

Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría “secundaria”, ya que, de alguna manera, la docencia se convierte en el “castigo” que se impone a “los que no investigan”. Es más, aquellos que no quieran ser penalizados a largo plazo, tendrán que ingeniárselas para asegurarse el sexenio a pesar de tener más horas de docencia.

El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en el que ellos denominan “kilómetro 0” de los recortes, como así lo manifiestan en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos anuncia que esto solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.

En conclusión, las medidas de recorte en las universidades españolas, al simultanear la reducción de 166 millones en el presupuesto destinado a las becas y el incremento del 25%-200% en las tasas, sumadas al Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre con medidas que afectan directamente a las universidades y al recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Educación, implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización en proceso de privatización y mercantilización de la Universidad española.


abril 30, 2012

La agenda oculta de la política universitaria

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. – Público 24/04/2012

La única medida realmente impactante de la política universitaria que el gobierno ha puesto en marcha en estos días es la que todo el mundo estaba temiendo: la desproporcionada subida de los precios de matrícula. Nadie ha calculado todavía qué repercusión tendrá esto sobre los ciudadanos de a pie. Pero hay algo que ya podemos adelantar: 1) Una subida del 50% en el precio de cualquier servicio deja a una parte de la población “fuera del mercado”. 2) En el caso de las universidades los afectados negativamente no serán los hijos de los poderosos, ni de los ricos, muchos de los cuales ya están pagando elevados precios por conseguir en el sector privado nacional e internacional lo que sus méritos académicos no les permiten conseguir en el sector público.

Una de las joyas de la corona de la democracia española es que habíamos conseguido un elevado nivel de formación superior, con un elevado nivel de igualdad de oportunidades y de homogeneidad territorial. Pero al gobierno actual esto no le gusta y va a aprovechar la crisis económica para echar de la universidad a los menos ricos. Y de paso ha calentado el ambiente desprestigiando a las universidades, mintiendo acerca de su productividad científica y lanzando sombras de sospecha sobre sus profesores, su organización interna y su capacidad para afrontar los problemas de nuestra sociedad.

¿Por qué? Yo no creo que los ataques a la universidad ayuden a justificar la subida de los precios de matrícula; si el objetivo solo era ese, la artillería utilizada parece completamente inapropiada. Así que seguramente estamos asistiendo tan solo al preludio de toda una agenda oculta de política universitaria que pronto se irá desvelando ante nuestros ojos, y cuya partitura, me temo, sonará más o menos así:

1. La universidad pública será sometida a una presión social insoportable hasta conseguir que una parte, al menos, de la actividad universitaria pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y las fuerzas de orden público. Para ello, además de la política de tasas, y de restricción de las becas, se intentará abrir de nuevo las guerras corporativas en torno al catálogo de títulos oficiales, se agitará la demagogia sobre la gobernanza de las universidades, y se promoverá la criminalización del inconformismo académico. Los desórdenes públicos confirmarán el diagnóstico: la universidad necesita profundas reformas.

2. Con la excusa de introducir la cacareada competitividad del sector privado en la enseñanza superior, se facilitará la privatización del sector público, de forma directa o indirecta, parcial o total, a través de medias como flexibilizar el régimen de compatibilidades del profesorado, facilitar la entrada de capital privado en las universidades públicas, etc.

3. El gobierno no resistirá la tentación de controlar los contenidos de la enseñanza universitaria, empezando por las carreras más vinculadas a la Administración (abogados, economistas, médicos, ingenieros) y terminando por los curricula de ciencias y humanidades: diseño inteligente en biología, negacionismo del cambio climático, recuperación de las visiones más rancias de la historia en humanidades, reivindicación de la ideología nacional-católica-neo-liberal-conservadora, barra libre para la presencia de la religión en las facultades….

4. Cuando el sistema esté a punto de colapsar alguien ofrecerá una solución mágica: dos o tres instituciones internacionales de prestigio se ofrecerán para instalar en los Monegros o en los aledaños de la Complutense una franquicia que garantizará que los estudiantes más afortunados puedan acceder a una de las universidades que figuran entre los 100 primeros puestos del ranking de Shanghay y estudiar en inglés sin necesidad de salir de la casa de papá. El gobierno se apresurará a subvencionar la iniciativa y a cambiar la legislación, si fuera preciso, para que se pueda integrar fácilmente en nuestro sistema.

¿Exagerado? Hago una apuesta. Si antes de las próximas elecciones generales no se han cumplido al menos el setenta por ciento de estas lúgubres previsiones, me comprometo a invitar a una cena en un comedor universitario al sucesor del ministro Wert.


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