Posts tagged ‘INE’

marzo 17, 2013

El coste laboral medio baja a cifras del año 2000

Iturria: nuevatribuna.es – 2013/03/15

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.598,69 euros en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste salarial ordinario, es decir, sin pagos extraordinarios ni atrasados, se mantuvo sin cambios, en 1.633,16 euros, mientras que el coste laboral por hora efectiva se situó en 20,22 euros, un 2,2% menos que en el cuarto trimestre de 2011.

El principal componente de los otros costes, que ascendieron a 651,78 euros en el cuarto trimestre del año pasado, son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que cayeron un 0,6% en tasa interanual, hasta los 569,01 euros.

Por su parte, las percepciones no salariales,también incluidas en los otros costes, bajaron un 15,6%, hasta los 96,90 euros, debido al descenso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, etc). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones bajaron un 40,6% respecto al cuarto trimestre de 2011, hasta los 14,13 euros.

SÓLO LA INDUSTRIA ELEVA EL COSTE LABORAL

Por sectores de actividad, la industria fue el único sector que presentó en el cuarto trimestre un repunte interanual del coste laboral total, con un avance del 0,7%, hasta los 3.115,18 euros. La construcción, por su parte, mantuvo el coste laboral en 2.836,06 euros, y los servicios lo recortaron un 4,2%, hasta los 2.477,32 euros.

Por su lado, la construcción fue el único sector donde aumentó el coste salarial, un 0,4%, hasta los 2.026,13 euros, pero este incremento fue compensado por el descenso de los otros costes en un 0,9%. El sector servicios registró retrocesos en todos los componentes del coste laboral y fue el sector donde más se redujo el coste salarial total, un 4,7%, hasta los 1.865,84 euros.

En el cuarto trimestre del año pasado, el salario más elevado correspondió a la industria (2.325,22 euros por trabajador y mes), aunque bajó un 0,2% respecto al mismo periodo de 2011. La industria también fue el sector donde más aumentaron los otros costes, un 3,7%, por el repunte de las indemnizaciones por despido.

Por actividades económicas, la de suministro de energía eléctrica y gas y actividades financieras y de seguros son las que presentan los costes laborales más elevados, con 6.127,7 y 4.740,3 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a las actividades administrativas y de servicios (1.810,1 euros) y hostelería (1.561,3 euros).

Los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2012 se los anotaron las actividades de suministro de energía eléctrica y las industrias extractivas, con avances superiores al 7%, mientras que las mayores caídas fueron para las actividades sanitarias (-9,3%) y la administración pública (-14,4%).

JORNADA SEMANAL DE 34,6 HORAS

Según los datos de Estadística, la jornada semanal media pactada (considerando conjuntamente tiempo completo y parcial) alcanzó las 34,6 horas en el cuarto trimestre de 2012, perdiéndose una media de 5,1 horas por semana, de las que más del 70% se perdieron por vacaciones y fiestas disfrutadas.

Si se añaden las horas extras y se restan las horas perdidas, la jornada se reduce a 29,6 horas efectivas de trabajo.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 4,91 euros por hora, con 15,75 euros por hora para los primeros, y 10,84 euros para los segundos.

Los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial, con 32,9 horas semanales frente a 17 horas.

octubre 16, 2012

El número de españoles que emigraron desde enero crece un 21,6%

Iturria: Europa Press – 2012/10/15

El número de españoles que tomó la opción de emigrar en los primeros nueve meses ha aumentado un 21,6 por ciento durante los primeros nueves meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las estimaciones de población actual difundidas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde enero de 2011 han emigrado casi 1 millón de personas de España.

En total, entre enero y septiembre de 2012, un total de 420.150 personas abandonaron el país, frente a los 382.611 del año pasado (un 9,8% más). De ese total de emigrantes, 54.912 eran españoles (un 21,59% más que en el mismo periodo de 2011) y 365.238 eran extranjeros (un 8,2% más).

El mayor número de salidas de españoles, ya sean nacidos en el país o extranjeros, se produjo en el mes de septiembre, cuando se registraron 6.924 salidas, seguido de febrero con 6.428 personas que tomaron la decisión de ir al extranjero y marzo, con 6.389 salidas. La cifra más baja en lo que va de año se registró en el mes de abril, con 5.531 casos, según los datos del INE.

CASI UN MILLÓN DE EMIGRANTES DESDE 2011

Desde enero de 2011, han emigrado de España un total de 927.890 personas, de las cuales 117.523 eran españoles y 810.367 eran extranjeros. Por género, la mayoría de emigrantes han sido hombres, 542.724, aunque la emigración de mujeres también ha sido grande, 385.166 mujeres han dejado el país desde enero de 2011.

Teniendo en cuenta la diferencia entre los que entraron en el país y los que salieron, en lo que va de 2012, España ha perdido 137.628 personas. Más concretamente, la diferencia entre los españoles que regresaron al país y los que se fueron fue en los nueve primeros meses del año negativa, de 25.539 personas, y la diferencia entre extranjeros que entraron y abandonaron el país fue también negativa, de 112.089 personas.

Además, por primera vez en los últimos años, este saldo entre inmigrantes y emigrantes fue negativa en todas las comunidades autónomas en el caso de los españoles, siendo Cataluña en donde la diferencia entre españoles que volvieron a la comunidad autónoma y los que se fueron fue mayor, con un saldo negativo de 6.521 personas, seguido de la Comunidad de Madrid, con un saldo negativo de 5.518 personas.

En cuanto a la inmigración, también se ha ralentizado con la crisis económica. En lo que va de año figuran 282.521 llegadas a España (un 18,3% menos que en el mismo periodo del año anterior), 29.373 de las cuales fueron de españoles (un 7,3% menos). Mientras, la inmigración de extranjeros se ha frenado respecto a los primeros nueve meses de 2009 un 19,4 por ciento, de los 314.191 inmigrantes llegados hasta octubre en 2011 a 253.149 en lo que va de 2012.

Esta tendencia, en la que aumenta la emigración y desciende la inmigración, se ha ido apuntando a medida que avanzaba la crisis económica y se consolidó en 2011, el primer año en una década que registró más movimiento de emigración que de inmigración en España, con una diferencia de 57.182 personas.

En total, el año pasado salieron de España 507.740 ciudadanos, frente a las 403.013 emigraciones registradas en 2010, y las 433.612 de un año antes. En estos tres mismos años entraron en el país 457.650, 465.169 y 480.974 personas, respectivamente.

agosto 30, 2012

Mientras lo salarios bajan… la inflación interanual repunta hasta el 2,7 % en agosto y sube cinco décimas

Iturria: Kaos en la Red – 2012/08/30

La inflación interanual ha repuntado hasta el 2,7 % en agosto y ha aumentado cinco décimas respecto a la tasa de julio, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación interanual ha repuntado hasta el 2,7 % en agosto y ha aumentado cinco décimas respecto a la tasa de julio, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este registro ha influido especialmente la subida de los precios de los carburantes y lubricantes.

El INE ha publicado también el indicador adelantado del IPC armonizado (IPCA), que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro, según el cual, la inflación interanual ha alcanzado en agosto el 2,7 %, cinco décimas más que hace un mes.

El indicador adelantado es un avance del IPC, cuyo dato definitivo se conocerá el 12 de septiembre, y no suele variar de forma significativa.

De coincidir este dato con el que se publique definitivamente en septiembre, la inflación interanual se situaría en tasas cercanas a las registradas en noviembre de 2011, cuando la inflación interanual fue del 2,9 %.

Asimismo, se trata del mayor aumento de precios producido este año ya que la inflación se situó en enero en el 2 % y se mantuvo estable hasta marzo, mes en el que bajó una décima en tasa interanual.

Según esta evolución, en julio fue cuando la inflación se disparó tres décimas hasta el 2,2 %, la más alta desde principio de año, debido a la subida de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos.

El INE comenzó la difusión del indicador adelantado del IPC en enero de 2011, ya que desde esa fecha las metodologías de cálculo del IPC y del IPCA se diferencian en el tratamiento del vestido y calzado, y las frutas y hortalizas frescas por la entrada en vigor de un cambio reglamentario en la Comisión Europea.

Aunque el INE publicaba el indicador adelantado del IPCA desde 2004, a partir de 2011 ofrece una información más completa sobre la evolución de los precios de consumo.

agosto 10, 2012

“Ya no te llaman perroflauta si protestas”

Iturria: diagonalperiodico.net – 2012/08/09

Las plantillas del sector público se resisten a la imagen del funcionario que intenta imponer el Gobierno para justificar los recortes.

Las movilizaciones de julio/agosto de empleados públicos contra los recortes han sorprendido: por su composición (las famosas camisetas de policía en las manifestaciones), por su fecha (el tópico dice que a partir del 15 de julio la protesta se va de vacaciones), por sus formas (con cortes de tráfico olvidados desde hace tiempo en este tipo de manifestaciones).

Los penúltimos recortes del Gobierno pueden poner de acuerdo a más de tres millones de empleados públicos que viven de hecho realidades laborales completamente distintas, desde la ordenanza con plaza en un ministerio hasta el basurero subcontratado por un ayuntamiento. Tres trabajadoras del sector público nos dan su visión de las recientes movilizaciones.

“La paga extra no la usaba para comprarme chuches”

Ester, administrativa en el CSIC, Madrid

El personal del CSIC en Madrid ha participado en los cortes de tráfico espontáneos desde el primer día de protestas. Entre el recortazo del viernes 13 y los cortes de tráfico la plantilla de la institución se vio sacudida por la misiva interna de la secretaría económica del CSIC en la que se aseguraba que el Estado no había ingresado las transferencias corrientes y de capital correspondientes al mes de mayo y junio, motivo por el que la entidad había cancelado supuestamente los pagos a proveedores para garantizar los ingresos de las nóminas. Una semana después la transferencia llegó, pero la alarma ya había cundido en una institución que ha visto cómo en 2012 se han recortado un 25% el gasto en investigaciçon.

Ester lleva contratada por obra y servicio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde hace cuatro años y afirma que nota un cambio de actitud. “La gente estaba viviendo de lo que quedaba de vacas gordas. Si protestabas te llamaban ’perroflauta’, pero eso se está acabando, ahora todo el mundo se siente identificado”, opina.

De 30 años de edad, el recorte en la paga extra de Navidad le afecta de una manera especial porque en diciembre paga el doble de hipoteca. “Yo cuento con ese dinero para pagar mi cuota, no estamos hablando de que me quieran quitar dinero que yo quiera para comprarme chuches”, se queja. “Pero todavía no pienso que me lo vayan a quitar”, explica desafiante. “El problema para protestar es que intentar presentar a los funcionarios como cabeza de turco”.


“Esto no afecta sólo al estereotipo de funcionario”

Eva Sánchez, funcionaria en la Seguridad Social, Barcelona. Delegada de CGT

La plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Barcelona ha estado cortando la calle todos los días desde el viernes 13 de julio hasta el viernes 3 de agosto. Eva Sánchez lleva trabajando 22 años en el INSS, y afirma que en esta ocasión fuea la gente quien se autoorganizó “para exigir movilizaciones a los sindicatos”. Su centro de trabajo conserva una alta proporción de personal funcionario: “aquí los laborales son tan sólo un 1%, cuando en la administración local ya va siendo corriente que la proporción sea exactamente la inversa”.

Preguntada sobre cómo la afectan los últimos recortes, llama la atención que mencione la subida del IVA en segundo lugar después de la eliminación de la paga extra de navidad. “Es que lo de los recortes no es un asunto de empleados públicos, cuando hemos salido a protestar cada día nos hemos dirigido a un punto distinto del barrio para explicarlo”, afirma. El siguiente sitio que visitarán, ahora que sus protestas han quedado acotadas a los viernes, será el mercado del barrio de Gràcia. “Nos estamos juntando con la gente de Extranjería, los compañeros de Inspeccion de Trabajo, con el Centro de Atención Primaria (CAP) de Gràcia, y la respuesta de la gente que nos escucha es muy buena”.

Como para el resto de empleados públicos, la cobertura de las bajas médicas serán peores para Sánchez que para las plantillas de las medianas y grandes empresas del sector privado: tan sólo se cubrirá el 50% del sueldo. “Vamos a ser los únicos empleados de la gran empresa a los que no se nos cubre el 100% de la baja”, destaca la sindicalista, dado que la mayoría de convenios en el sector privado la empresa completa la parte de la baja que no cubre la Seguridad Social.

“El día que salgamos a la calle tenemos que salir todos. Esto afecta a empleados públicos como los de Renfe, los del Metro, el basurero, el jardinero, gente que muchas veces está subcontratada, no estamos hablando de la típica imagen del funcionario”, explica en previsión de futuras movilizaciones.


“Hay una especie de absentismo en la lucha”

E., empleado en la Comunidad de Madrid

“En nuestro departamento éramos 6 y ahora estamos 2”, dice este delegado de prevención que prefiere permanecer en el anonimato y para quien los recortes no son una novedad. Primero fueron a por el sueldo: como otros contratados laborales de su área, (“no personal funcionario”, remacha) acumula una pérdida de poder adquisitivo del 17,8% en los últimos ejercicios, pues llevan desde el año 2007 sin renovar el convenio y tres más de congelación salarial. “Hace ocho años que no nos suben el IPC, pero teníamos contraprestaciones: formación, bajada de jornada, ayuda por tratamiento dentales”, explica. “Pero lo primero que nos hizo salir a la calle no fue el sueldo, lo que nos hizo salir fueron los recortes por parte y ordenados por Esperanza Aguirre en materia de empleo, educación y sanidad”, explica.

Si hasta ahora predominaba “una especie de absentismo en la lucha”, ahora admite que en las protestas han pasado de ser “8 o 9” a salir “muchos más” cada viernes. “Esto no son órdenes del sindicato, sino que es la propia gente que dice tenemos que salir”, aclara.

Todo ello pese a que trabajan cara al público en una actividad delicada y muy sensible: el servicio de empleo autonómico, un área que de forma progresiva se está externalizando a ETT y empresas sociales. “Antes un argumento para no protestar era que se hacía por respeto a los parados. También hay miedo a ’los antisistema’, no hay esa cultura de salir a protestar”, afirma. “A mí como laboral me pueden despedir mañana después de trabajar 22 años en la administración. Lo de la paga ya es la gota que colma el vaso” declaraba entonces, cuando no se conocía la intención del Gobierno de que la anulación de transferencias a las autonomías cuente como criterio para que las administraciones públicas puedan hacer despidos colectivos.

julio 9, 2012

Los ricos, más ricos; los pobres, más pobres

Iturria: Gara.net – Juanjo Basterra – 2012/07/09

Los gobiernos al servicio del poder económico utilizan la crisis como excusa para quitarnos derechos, sean salarios, prestaciones sociales, contratos de trabajo o lo que sea, porque nos quitan por una lado y nos hacen pagar más por otro. Nos roban de todas las maneras y, por cierto, cada vez más. Lo que nos quitan resulta que es para dárselo a los banqueros.

Antes, se quitaba a los ricos para dar a los pobres, ahora es al contrario. El sistema capitalista y los nuevos demócratas han cambiado el ritmo de la historia. Los más beneficiados de esta situación son los empresarios, que siguen ganando enormes cantidades, pero cada vez reparten menos de su enorme riqueza. Un dato que concierne al Estado español y que publicó el INE es que por primera vez los beneficios empresariales han superado la riqueza que generan los trabajadores en 2011. Ocurre eso en plena crisis. ¡Una vergüenza!

En la CAV, los últimos datos de la riqueza por habitante insisten en que estamos entre los más ricos de la UE. ¡Increíble! Quienes vivimos en Hego Euskal Herria somos entre un 33,2%, en la CAV, y un 28%, en Nafarroa, más ricos que la media europea. Solo estamos por detrás de Luxemburgo y de los Países Bajos. Por cierto, el Estado español esta a 34 puntos por detrás nuestro y Alemania, a más de 10 puntos de media.

Estos datos no son una broma pesada que os he querido hacer hoy en esta columna. Es más grave de lo que parece. Están publicados hace unos días por el Ejecutivo de Gasteiz. Y, desde luego, ponen de manifiesto la grave desigualdad que hay en Euskal Herria. Los datos confirman que hay riqueza, pero que esta mal repartida. No es de ahora, pero ahora sí que es más grave porque a quienes menos tenemos nos están quitando no solo los empleos, sino los salarios y las prestaciones sociales.

¿Qué hacen las administraciones públicas para repartir y redistribuir la riqueza, como es su obligación? La respuesta es fácil: nada. Marean la perdiz, pero lo que vemos es que la riqueza sigue creciendo. Y la pobreza sigue aumentando, pero resulta que son los pobres los perseguidos. Es una injusticia de tal dimensión que nos tendría que hacer reaccionar a todos. Somos más. Tenemos que avanzar.

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febrero 13, 2012

La «obra social» de la banca usurera

Patxi Zamora – 2012/02/13 – Gara.net

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50% Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas mediante leyes tercermundistas es insostenible

Pareja con hijos y trabajo estable firma un crédito con entidad bancaria para, previa tasación, la compra de vivienda; para ello la hipoteca y la avala con la de otros familiares. Tras años pagando puntualmente, la pareja queda en el paro y no puede seguir abonando los recibos. Acude al banco y le plantea una moratoria o bien la entrega (dación en pago) de la vivienda. También le ofrece a la entidad la propiedad de la vivienda y que esta se la realquile a precio de mercado. La respuesta es negativa para cualquiera de las posibilidades y se le comunica que, en caso de impago, será desahuciada, sus familiares avalistas también y mantendrá la deuda de por vida. Por su parte, el banco subastará la vivienda (con la nueva modalidad exprés, a través de las notarías, podría autosubastársela por un precio ridículo y revenderla por lo que estime). Así habrá cobrado miles de euros de la hipoteca durante años, se lucrará en la venta tras el desahucio, se apropiará de la vivienda avaladora y mantendrá la deuda de sus clientes.

Las constructoras más importantes han conseguido no pocos contratos millonarios gracias a sobornos a los políticos. ¿Alguien ha visto a sus ejecutivos, que en definitiva fueron los que incitaron a delinquir y entregaron la mordida, acudir a los juzgados a declarar como imputados? Los banqueros Ibarra y Botín, reconociendo implícitamente su delito, descuido según ellos, han tenido que pagar millones de euros por impuestos de cantidades astronómicas evadidas al fisco. Habrá quien me acuse de demagogia, pero la realidad es mucho más cruda. La hipocresía del sistema y sus delincuentes de guante blanco pasean su impunidad ante las tragedias que se están viviendo. No hay estado de derecho cuando existe una justicia para los pobres (ahora les llaman «de escasos recursos») y otra para los próceres de la nación. Y como decía San Agustín, «un país que no tiene Justicia equivale a una banda de ladrones». Con la ley en la mano resulta evidente que la vivienda no es un derecho sino un producto especulativo. A las mismas entidades bancarias que reciben miles de millones de ayudas públicas y que financian generosamente la visita del Papa, ONGs o, como Banca Cívica («nuestra» ex CAN), recogen alimentos para necesitados, no les tiembla el pulso para dejar en la calle a familias sin ingresos por la pérdida de sus puestos de trabajo.

Desde el comienzo de la crisis en 2007, en Euskal Herria se han llevado a cabo unas 7.400 ejecuciones hipotecarias, 2.700 de ellas en Navarra, la mitad por la fuerza, dejando, en cada una de ellas, a una familia sin casa y otra casa deshabitada. En el Estado español 70 mil pierden su vivienda cada año. La causa no es otra que la deriva financiera del capitalismo que ya estudiara Carlos Marx, todavía tan vigente en sus análisis. Una economía de casino legalizada al servicio de gangsters que son adulados por reyes y gobernantes prestos a seguir sus directrices y su ejemplo.

Entre 1997 y 2007 el coste de la vivienda libre se triplicó artificialmente al tiempo que no existe en el mundo estado con tantas viviendas vacías (6 millones según el INE). Los años del «todo urbanizable» y los créditos fáciles para el negocio de la venta de hipotecas en la Bolsa (una locura tramposa, jugar con las hipotecas como si ya estuvieran cobradas) han derivado en la mayor crisis conocida, agudizada por los indecentes sueldos y dietas de ejecutivos y cargos públicos que, junto a los dividendos a los especuladores, se jalaron todos los beneficios del boom.

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50%, mientras la mayoría perdía poder adquisitivo real. Diversos expertos reclamaron al gobierno en 2007 que adquiriera parte de las viviendas y creara un parque público de alquiler. En otros países que sufrieron similares circunstancias, las entidades financieras pusieron en el mercado (venta y alquiler) ese stock de viviendas a unos precios moderados y les dieron salida. Asumieron unas pérdidas, pero les permitió volver a funcionar. En el reino borbónico pretenden subsanar las deudas provocadas por esos activos inmobiliarios «tóxicos» solo con las ayudas públicas a las entidades financieras, que continúan repartiendo dividendos.

Frente a estos abusos nacen las PAH (plataformas de afectados por las hipotecas), asambleas autónomas que pretenden aportarles defensa jurídica y apoyo, negociando con los bancos e intentando frenar los desahucios con plantes y reocupaciones. Además, las PAH impulsan una Iniciativa Legislativa Popular que recoja la dación en pago (liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves) y una moratoria para los desahucios.

Está en manos de la presión social poner fin a este sinsentido que permite a los usureros acumular viviendas envenenando el problema de la burbuja inmobiliaria. La ley debe orientarse hacia el bienestar social, a luchar contra la especulación y a proteger el arrendamiento como fórmula de futuro. Porque las raíces del «propietarismo» y la alergia al alquiler hay que buscarlas en la ley del suelo de 1956 -el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos- que hizo extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler.

El poder del complejo inmobiliario financiero parece invencible. Pero la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y experien- cias como las PAH han puesto en marcha una lucha justa, con propuestas llenas de sentido común que van a sumar cada día nuevas solidaridades. Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas, mediante leyes tercermundistas que favorecen a la delincuencia especulativa, es insostenible. La usura del siglo XXI merece que movimientos sociales, sindicales, políticos y la ciudadanía se impliquen para combatirla.

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