Posts tagged ‘funcionarios’

mayo 28, 2013

La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Iturria: Pilar Martín / María Flores – Público.es – 2013/05/27

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero “agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.

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mayo 24, 2013

Las razones de Hacienda para recortar el sueldo a los empleados locales

Iturria: Cincodias.com – 2013/05/21

  • Quiere limitar el complemento específico, que puede suponer hasta el 50% del salario
  • Pretende homogeneizar los sueldos en los administraciones, que varían hasta un 90%

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Hacienda está dispuesta a poner coto a la disparidad de sueldos que se perciben en los 8.116 ayuntamientos que hay en España. Y para ello ha introducido una disposición adicional en el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local, en el que se fija que “las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

La nómina de los empleados públicos locales está dividida en cinco grandes conceptos: sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y de productividad. Los dos primeros los establece el Ejecutivo y no pueden ser modificados por las corporaciones locales, mientras que el de destino lo marca el Gobierno con unas horquillas orientativas para los ayuntamientos. Los dos últimos los fijan las entidades locales y son, según fuentes sindicales, los que han sido utilizados de forma discrecional sin atenerse a ningún criterio de racionalidad. “En algunos casos supone hasta el 50% del sueldo”, apuntan.

Los cambios introducidos en el anteproyecto de ley de la Administración Local quieren acabar con la regulación, vigente desde el año 1986. En esta se establece el reparto de los complementos con los que se paga a los empleados locales, que surge de restar la retribución básica de la masa salarial total del ayuntamiento. La norma establece que hasta el 75% de esa cifra se podrá destinar al complemento específico, mientras que el límite para el complemento de productividad y las gratificaciones es del 30% y del 10%.

Fuentes sindicales apuntan a que ese 75% el porcentaje que se quiere limitar con dos objetivos: rebajar la masa salarial y acabar con la profunda brecha de sueldos que hay entre funcionarios de distintas administraciones, pese a que ocupan una misma categoría profesional y tienen el mismo nivel.

Y el ejemplo que más se utiliza es la comparación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un informe elaborado por el sindicato USO establece que hay diferencias de hasta 10.000 euros según la administración a la que esté adscrito el profesional. Así, un guardia civil o un policía nacional (ambos dependientes de la Administración General del Estado) cobran de media 22.948 y 25.198 euros brutos al año, mientras que un mosso d´Esquadra o un ertzaintza (dependientes de Cataluña y el País Vasco) superan los 30.000. Una diferencia que se agranda aún más si se compara con un policía local ligado al municipio madrileño de Parla, donde el salario supera los 45.000 euros.

El informe va más allá y denuncia que dos empleados públicos con la misma titulación y el mismo nivel salarial pueden tener sueldos diferentes. Un titulado superior (categoría A1) con un nivel salarial 26 (el máximo es 30) cobra 46.505 euros en Castilla-La Mancha, mientras que en Castilla y León recibiría 27.691 euros, lo que significa una diferencia de 18.000 euros. ¿Cómo se justifica esa brecha si el salario base y el complemento de destino son iguales? La respuesta está en el complemento específico. Mientras en Castilla-La Mancha es de 23.449 euros, en Castilla y León es tan solo de 4.635,60 euros.

¿Cómo se divide la nómina de un funcionario?

Sueldo base y trienios: Los fija el Estado en función de las seis categorías profesionales existentes de funcionarios (A1, A2, B, C1, C2 y E).

Complemento de destino: Es la retribución que se percibe según el lugar del puesto que se ocupa. Varía según la administración que lo aplique.

Complemento específico: Es la parte del sueldo en función del puesto de trabajo. Lo establecen comunidades y ayuntamientos y puede suponer hasta el 50% del sueldo

Complemento de productividad: Es la parte variable que premia la mayor productividad de forma individual.

diciembre 23, 2012

Navidad en guerra

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/12/23

LOS FUNCIONARIOS EXIGEN A MAROTO “REFLEXIÓN” ANTE LOS RECORTES Y DESPIDOS IMPULSADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO

CUANDO toca sanear cuentas, la tijera suele apuntar primero a los trabajadores más débiles. Da igual que la empresa sea privada que pública. En el Ayuntamiento de Vitoria, el hacer más con menos del gabinete Maroto ha mermado las condiciones de los funcionarios, mandado a la calle a decenas de eventuales, rescindido parte del servicio de atención a la ciudadanía y puesto en el disparadero a más de 350 personas con contratos de obra. Al primer edil le espera una Navidad calentita, de lucha y reivindicación, mientras el discurso de la ciudadanía empieza a cambiar. Aquella visión del funcionario privilegiado dentro de una estructura sobredimensionada empieza a perder peso frente a la sensación de que sí hay dinero para dietas, asesores y grandes proyectos personalistas. Por eso, los trabajadores del Consistorio desean que Olentzero traiga al alcalde “empatía y cordura, reflexión y ganas de escuchar” para garantizar unos servicios de calidad y el mantenimiento del empleo público.

Son muchos los frentes que Javier Maroto tiene abiertos. El de los trabajadores -casi todos trabajadoras- del servicio de atención a la ciudadanía se hace oír todos los días en la calle, desde que hace casi un mes se declararon en huelga. El alcalde quiere acabar parcialmente con este recurso, subcontratado a través de la empresa SIC, cubriendo los veinte puestos de las ventanillas de los centros cívicos con conserjes y oficiales de control. Según el PP, esta fórmula es la mejor para la ciudadanía, porque “permitirá ampliar el horario y dará a estos funcionarios una oportunidad única de promoción interna”. El comité de empresa del Ayuntamiento, sin embargo, cree que la calidad de la asistencia se resistirá porque esos empleados municipales “tendrán que asumir una doble e incluso triple carga de trabajo”. Además, acusa al primer edil de recurrir al divide y vencerás, “malmetiendo, enfrentando a los funcionarios con los subcontratados, creando un clima laboral que es cada vez peor”.

Aún no se ha concretado qué ahorro se conseguiría con esta fórmula. El gabinete Maroto sólo aseguró que los complementos destinados a estos oficiales de control ofrecen un resultado contable mejor que mantener la subcontrata, mientras que quienes llevan dos décadas poniendo voz y rostro al servicio de atención a la ciudadanía sostienen que este recurso “siempre ha sido rentable y no tiene por qué dejar de serlo ahora”. Ixone Iriarte, portavoz de estos trabajadores, reconoce que ella y sus compañeros llegan a las navidades “agotados, con el ánimo tocado, al igual que el bolsillo, sin ver predisposición a reflexionar por parte del gobierno”. El PP sigue sin atender las peticiones de los grupos de la oposición ni de este colectivo de paralizar el bautizado como plan de racionalización de recursos humanos para tratar de alcanzar un acuerdo. “Lo único que pedimos es llegar a un punto intermedio”, sostiene esta profesional.

Si Maroto quiere ampliar el horario del servicio de atención a la ciudadanía, “nosotros podemos hacer más horas”. No es gente a la que se le caiga los anillos. Estos trabajadores cobran 1.000 euros al mes. Bueno, cobraban hasta que empezaron la huelga. Ahora reciben 600, gracias a la caja de resistencia de sus sindicatos. “Es una medida paliativa, pero ahora con la Navidad… Qué vamos a contar que la gente no sepa. Es época de cenas, de regalos, de juntarse con la familia y disfrutar… Pero evidentemente no estamos con la mejor disposición para celebrar las fiestas”. En primavera, si no se produce un giro inesperado de los hechos, llegará la cola del paro para buena parte de ellos. Por eso, Iriarte apela a la reflexión. “El gobierno está haciendo todo esto de una forma precipitada, no teniendo en cuenta nada más que su voz, cuando es posible intentar llegar a un acuerdo”, insiste.

Quienes se comerán las uvas como desempleados son los 25 trabajadores de contratos de programa que el gabinete Maroto decidió extinguir recientemente. Además, el comité de empresa se teme que al menos el 90% de los otros 345 terminen de aquí a diciembre de 2011, tengan puesta fecha de revisión o de finalización. “Sabemos por los comentarios que se hacen dentro de los departamentos que va a ser así, excepto por alguno suelto que queda para 2014. Y es muy preocupante, porque estos son contratos estructurales, no coyunturales, de uno, dos, tres y hasta 18 años. Es el caso, por ejemplo, de la limpieza de centros públicos. ¿Acaso es algo que debe terminar en algún momento?”, ejemplifican los representantes de los trabajadores, conocedores del razonamiento esgrimido por el gabinete Maroto. Según el PP, estos contratos se hacen para tareas y proyectos con un determinado periodo de duración, por lo que si se extinguen hay que suponer que es porque esas labores concluyeron.

“No es cierto. Pero lo que sí es verdad es que están perjudicando la calidad del servicio dado, porque ahora el citado personal de limpieza de centros educativos no llega a todo. Se les está diciendo incluso que empiecen limpiando los baños, si no da tiempo a más”. Es uno de los ejemplos con los que el comité de trabajadores del Consistorio intenta hacer entender a los ciudadanos que los recortes en la plantilla municipal “afectan a todo el mundo, no sólo a los funcionarios”. A su juicio, la plantilla que ha tenido hasta ahora el Ayuntamiento “es la que se necesitaba para seguir ofreciendo los servicios al mismo nivel que antes”, por lo que auguran un futuro negro. “Si sólo hay que verlo en el tema de las piscinas, que han bajado un grado para ahorrar”. No obstante, la repercusión en la calidad de la atención prestada es sólo uno de los problemas. Más trabajadores en la calle, como los de los contratos de programa, supone más desempleo en una ciudad con 20.000 parados, menos consumo, más crisis.

“El alcalde debe parar esta sangría y reflexionar”, afirman los representantes sindicales de los funcionarios, quienes también mantienen activa su guerra por la suspensión de la paga extra de Navidad. El alcalde les ha dado la posibilidad de adelantar la de junio, gesto que “es un paripé, porque siempre se ha podido”. El comité tiene claro que, si quisiera, el Ayuntamiento podría recortar de “muchas otras partes”. Por ejemplo, aparcando proyectos partidistas al estilo del Anillo Verde Interior, cuyas siguientes fases “dudamos que vengan cofinanciadas por otras instituciones”. Los sindicatos también consideran que podrían dejarse en stand-by grandes obras como las de los centros cívicos. “Puede que los vecinos los esperen con ganas, pero es más importante que los actuales servicios públicos sigan siendo modélicos, ofreciéndose con calidad”, afirman. Tampoco se olvidan del entramado de asesores, gente de partido fichada por los grupos políticos y pagada con el dinero de todos los contribuyentes. Al gabinete Maroto le faltan dedos de las manos para enumerar los suyos.

noviembre 8, 2012

Los funcionarios navarros dicen a Barcina que no les callará

Iturria: Diario de Navarra – 2012/11/08

Varios cientos de empleados públicos se han concentrado paradecir a la presidenta Yolanda Barcina que no les callará con decisiones como la de prohibir en edificios y vehículos públicos carteles o pancartas contra los recortes.

Convocados por AFAPNA, ANPE, APF, CCOO, CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, SATSE, SMN, SOLIDARI, SPS, STEE-EILAS y UGT, los trabajadores de la administración han reclamado tras dos pancartas contra los recortes su derecho a la libertad de expresión y lo han hecho con gritos de “no nos callarán”, pitidos y caretas blancas con las bocas cerradas con cinta roja.

La concentración se ha llevado a cabo frente al Parlamento de Navarra coincidiendo con una sesión plenaria, lo que ha propiciado que los silbidos se incrementaran con la llegada de algunos de los parlamentarios, una situación que la presidenta ha evitado al acceder al edificio por el garaje.

Mientras en la calle, miembros de STEE-EILAS en representación de todos los sindicatos daban lectura a un comunicado en el que califican de “atropello” la instrucción dada por el Gobierno de UPN para evitar que se denuncien los recortes laborales y sociales aprobados en los últimos meses, el aumento del paro y el “deterioro progresivo de los servicios públicos”.

Callados nos quieren y rebeldes no encontrarán. Tenemos que detener esta sinrazón. No pueden pretender que permanezcamos en silencio ante este burdo intento de dar una sensación de normalidad”, dicen los empleados públicos.

Y aseguran que no sólo mantendrán su rechazo y sus protestas contra los recortes “con más ímpetu e imaginación si cabe” sino que además, precisan, “no vamos a acatar recortes de derechos”.

“La libertad de expresión es algo demasiado importante como para no defenderla frente a la censura y el despotismo del Gobierno de Navarra”, sostienen, y advierten al Ejecutivo que su decisión de prohibir símbolos o expresiones de protesta no es sino “una muestra de debilidad”.

Empleados públicos, este jueves, frente al Parlamento. EFE / VILLAR LÓPEZ

noviembre 4, 2012

Funcionarios de Getxo siguen con protestas contra los recortes

Iturria: La Sexta Noticias – 2012/10/03

octubre 30, 2012

Preparan despidos masivos: El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%

Iturria: Kaos en la Red – 2012/10/30

Bastará con que la empresa o organismo público plantee una reducción de gasto del 5% para que se aplique el despido objetivo de los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. La medida puede afectar a 700.000 trabajadores de ayuntamientos, CCAA, empresas y organismos públicos.

El próximo Reglamento de Despido Colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los Ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado. Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales.

Mientras Fátima Báñez anunciaba el pasado viernes el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, su colega Cristóbal Montoro perfilaba los últimos retoques de un Real Decreto que verá próximamente la luz en el Boletín Oficial del Estado. El papel de Hacienda es fundamental en la nueva disposición por cuanto que supone un cambio radical en las relaciones laborales dentro del segmento de la Administración Pública.

El Gobierno ha informado a los sindicatos de funcionarios del alcance de lo que se considera como una reforma estructural de segundo grado que equipara las condiciones del mercado de trabajo dentro del sector público con las que ya rigen en el sector privado. En definitiva, se trata de eliminar trabas y liberalizar las llamadas causas objetivas del despido para todo el personal laboral que los sindicatos calculan en torno a 700.000 trabajadores en toda España. Los funcionarios de carrera quedarán a salvo de la nueva regulación dado su singular régimen jurídico.

El decreto desarrolla la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral facilitando la aplicación de nuevos EREs en todos los organismos públicos, entidades o sociedades mercantiles bajo control mayoritario del Estado, así como en los ayuntamientos y autonomías. El reglamento incluirá una serie de garantías reforzadas en relación al sector privado, empezando por la exigencia de un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública. Asimismo, será necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo cuando el programa de ajuste afecte a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. También se amplían los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento deberá iniciarse por escrito y acompañarse de documentación exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

En lo que respecta a las condiciones económicas exigidas en el sector público, el Gobierno ha previsto como referencia básica la certificación de los presupuestos del organismo o entidad interesada. Hacienda quiere promover estímulos que favorezcan el recorte de gastos en la Administración y para ello se plantea la necesidad de fijar un mínimo ajuste presupuestario como premisa esencial para llevar a cabo un recorte de plantilla en las mismas condiciones que tiene el sector privado cuando justifica la existencia de pérdidas económicas.

En el sector público, donde los ingresos vienen dados en gran parte por las subvenciones oficiales, la idea del Gobierno es que sólo se puedan abordar EREs con extinción de contratos a partir de una reducción de gastos presupuestarios del 5% en un año o del 7% en dos años consecutivos. Bajo estas condiciones objetivas económicas, la reforma laboral aprobada el pasado mes de julio se traslada con todas sus consecuencias al ámbito de la Administración del Estado en una medida inducida también por el objetivo esencial de la política económica de Rajoy que no es otro que reducir como sea el déficit público en España.

octubre 29, 2012

ELA insiste en que se pueden y se deben hacer aportaciones a elkarkidetza

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/26

ELA valora positivamente que se haya aceptado a trámite el recurso de incostitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco y exige a todas las administraciones de la CAPV a que mantengan y en su caso reanuden las aportaciones suspendidas a Elkarkidetza.

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Rajoy dictó mediante un Decreto, la prohibicion para las administraciones publicas de realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Para la administracion local y foral de Euskadi, un ataque gravísimo a la EPSV Elkarkidetza, logrado y consolidado mediante muchos años de lucha y negociacion.

Las decisiones que a base de decreto está queriendo imponer el Gobierno de Rajoy contradicen las directrices Europeas en el tema de las pensiones, ya que en vez de proteger a los trabajadores/as y apostar por un sistema vitalicio como el de Elkarkidetza, desregulan y desprotegen a los mismos apostando por empobrecerles.

No es sólo un ataque a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, sino también un ataque claro al Autogobierno vasco al estar transferidas las competencias en materia de las EPSV y al decretar el Gobierno en esta materia, se está apoderando de las mismas.

En este sentido valoramos positivamente que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco  contra el Real Decreto Ley 20/2011 que prohibe a las administraciones publicas realizar aportaciones a planes de pensiones.

Desde ELA, exigimos a las instituciones de Hego Euskal Herria, a que no acepten los decretos de Madrid y apliquen políticas propias en Euskadi, y por consiguiente mantengan o reanuden las aportaciones suspendidas a ELKARKIDETZA, ya que hoy, el que tenga voluntad política de pagar, lo puede hacer.

septiembre 24, 2012

ELAk Espainiako Gobernuaren aurrean zerbitzu publikoetan ematen ari diren murrizketa jarraiak salatu ditu

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/09/24

Pasa den ostiralean, irailaren 21ean, Madrilen izan zen Estatuko Funtzio Publikoko Mahai Orokorrean gogor salatu zuen Espainiako Gobernuak uztailaren 13ko Lege-Dekretuaren bidez inposatu nahi dituen murrizketa berriak

ELAk pasa den irailaren 21ean CCOO, UGT eta CSIF sindikatuek deitutako Funtzio Publikoko Mahai Orokorrean parte hartu zuen. Mahai honek gai-ordenean puntu bakarra zuen, uztailaren 13ko Lege-Dekretuaren eztabaida hain zuzen, eta, bertan, ELAz gain, aipatutako sindikatuek, Espainiako Gobernuaren ordezkaritzak, Autonomia Erkidegoetakoak eta Galizako CIG sindikatuak parte hartu genuen.

Bileraren helburua murrizketa guztiak eztabaidatzea izan arren ez zen negoziaketen hasiera baten antzezte hutsa baino izan, nahiz eta langile publikoen gaineko uztaileko murrizketak inolaz ere aldatuko ez diren (aparteko ordainsaria kentzea, oporrak gutxitzea, gaixotzeko eskubiderik ez izatea edo ordezkaritza sindikalerako eskubidearen murrizketa).
Adierazgarria izan zen ikustea bai Funtzio Publikoko Estatuko Idazkariak zein sindikatu deitzaileek nola hitzegin zuten luze kreditu sindikalaren negoziaketari buruz eta ia ez zuten eztabaidatu beste neurriei buruz, are gehiago, estatu mailako sindikatuek behin eta berriro eskertu zuten negoziaketen irekiera inolako neurririk aldatu ez arren.

ELAko ordezkariek salatu genuen han gertatzen ari zena ez zela negoziaketa bat, sindikalismoa “gizarterako baselina” moduko bat bezala erabiltza baizik, hau da, eduki oso mugatuko negoziaketa bat irekitzearen truke (liberatu sindikalen zenbatekoa bakarrik) sindikatuak gizartea desmobilizatzeko erabiltzea. Bilera hau elkarrizketa sozialaren estrategiaren porrotaren adibide berri bat izan zen, Espainiako Gobernuak negoziaketa itxura eman nahi baitio aldebakarreko eskubide sozial eta lan eskubideen murrizketa besterik ez denari.

Espainiako Gobernua salatu genuen gizarteko alde txiroenak kasten alde sakrifikatzeagatik eta negoziaketa erreala izango bada negoziaketaren erlojua 2010eko apirilan kokatu beharra zegoela adierazi genuen, ordutik aurrerakoari ezin baitzaio negoziaketa deitu. Espainiako Gobernuak Euskal Herrian gure lan eta bizi-baldintzak negoziatzeko eskubidean izandako eskuhartzea ere salatu genuen.

Horrez gain, sindikalismoa orokorrean mobilizatzera deitu genuen, Euskal Herrian irailak 26an deitu dugun Greba Orokorrean parte hartzera eta bai Euskadiko Autonomi Erkidegoari zein Nafarroakoari zuzenean dei egin genien murrizketa neurri hauek guztiak ez aplikatzera.

Azkenik, Estatuko Idazkariak datorren asteazkenerako “negoziaketa” mahai batera deitu gintuen hurrengo egunean Gobernu Kontseiluan onartu behar duten Aurrekontu Orokorren Proiektuaz eztabaidatzeko, denbora premiak argi erakusten du ez dagoela benetako negoziaketarako inolako asmorik.

Bilerak argi erakutsi zigun langile klasearentzat ez den kalea duintasunerako inolako beste espaziorik izango, horretarako konpromisoa hartu genuen bileran eta horregatik berriz ere dei egiten dugu datorren irailaren 26ko Greba Orokorrean parte hartzera.

septiembre 24, 2012

ELA denuncia ante el Gobierno español los recortes continuos a los que somete a los servicios públicos

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/09/24

El la Mesa General del Estado que tuvo lugar el pasado viernes 21 de septiembre, el sindicato denunció con rotundidad los nuevos recortes que el Gobierno español trata de imponer mediante el decreto-ley del pasado 13 de julio

ELA asistió a la Mesa General de la Función Pública el pasado 21 de septiembre a convocatoria de CCOO, UGT y CSIF. Esta mesa tenía como único punto del orden del día la discusión sobre los recortes en el empleo público del Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio y participaron junto a ELA, los sindicatos antedichos, representantes del Gobierno Español, de las Comunidades Autónomas y el sindicato gallego CIG.

Si bien la reunión debía tener como objeto la discusión sobre todos los recortes en realidad no fue más que una escenificación de la apertura de negociaciones, aunque no se vaya a modificar ni un ápice el contenido del Decreto de julio respecto a los empleados y las empleadas públicos (retirada de la paga extraordinaria, eliminación de vacaciones, limitación del derecho a enfermar y limitación del derecho a la representación sindical). Resultó curioso comprobar que tanto el Secretario de Estado de Administraciones Públicas como los sindicatos convocantes de la reunión únicamente hablaron de la negociación del crédito sindical y apenas discutieron ninguna de las demás medidas, es más, los sindicatos de implantación estatal agradecieron repetidamente la apertura de negociaciones aunque no se modificase ninguna medida.

Desde ELA denunciamos que lo que allí ocurría no era una negociación sino un intento de utilizar al sindicalismo como “vaselina social”, es decir, el intento de utilizar a los sindicatos para desmovilizar a la sociedad a cambio de negociaciones de contenido muy limitado (únicamente el número de liberados sindicales necesarios). Esta reunión fue una nueva muestra de la inutilidad de la estrategia del dialogo social y la necesidad de la movilización, dado que el Gobierno Español pretende dar apariencia de negociación a lo que únicamente son medidas unilaterales de recorte continuo de derechos sociales y laborales.

Acusamos al Gobierno Español que haber elegido sacrificar a las capas populares en favor de algunas castas y que el reloj de la negociación, si es real, se debía colocar en abril de 2010, porque lo ocurrido desde entonces no podía considerarse negociación. También reprochamos al Gobierno Español la invasión que había tenido lugar en el derecho a decidir las condiciones de trabajo y de vida en Euskal Herria.

Asimismo, hicimos un llamamiento a la movilización al conjunto del sindicalismo, a participar en la huelga que en Euskal Herria tendrá lugar el 26 de septiembre y una interpelación directa a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa para que no acepten un papel de puro ejecutor de medidas regresivas.

Por último, el Secretario de Estado nos convocó a una reunión el próximo miércoles para “negociar” el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales que se aprobarán el jueves en el Consejo de Ministros, la premura del tiempo demuestra la nula disposición a una negociación real.

La reunión nos confirmó que no va a haber ningún espacio de dignidad para la clase trabajadora que no pase por llenar las calles, a eso nos comprometimos en la propia reunión y por eso volvemos a hacer un llamamiento a participar en la Huelga General del 26 de septiembre.

septiembre 14, 2012

EUSTORMA, baietz plaza bete !!!

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