Posts tagged ‘Función Pública’

mayo 28, 2013

La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Iturria: Pilar Martín / María Flores – Público.es – 2013/05/27

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero “agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.

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mayo 24, 2013

Las razones de Hacienda para recortar el sueldo a los empleados locales

Iturria: Cincodias.com – 2013/05/21

  • Quiere limitar el complemento específico, que puede suponer hasta el 50% del salario
  • Pretende homogeneizar los sueldos en los administraciones, que varían hasta un 90%

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Hacienda está dispuesta a poner coto a la disparidad de sueldos que se perciben en los 8.116 ayuntamientos que hay en España. Y para ello ha introducido una disposición adicional en el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local, en el que se fija que “las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

La nómina de los empleados públicos locales está dividida en cinco grandes conceptos: sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y de productividad. Los dos primeros los establece el Ejecutivo y no pueden ser modificados por las corporaciones locales, mientras que el de destino lo marca el Gobierno con unas horquillas orientativas para los ayuntamientos. Los dos últimos los fijan las entidades locales y son, según fuentes sindicales, los que han sido utilizados de forma discrecional sin atenerse a ningún criterio de racionalidad. “En algunos casos supone hasta el 50% del sueldo”, apuntan.

Los cambios introducidos en el anteproyecto de ley de la Administración Local quieren acabar con la regulación, vigente desde el año 1986. En esta se establece el reparto de los complementos con los que se paga a los empleados locales, que surge de restar la retribución básica de la masa salarial total del ayuntamiento. La norma establece que hasta el 75% de esa cifra se podrá destinar al complemento específico, mientras que el límite para el complemento de productividad y las gratificaciones es del 30% y del 10%.

Fuentes sindicales apuntan a que ese 75% el porcentaje que se quiere limitar con dos objetivos: rebajar la masa salarial y acabar con la profunda brecha de sueldos que hay entre funcionarios de distintas administraciones, pese a que ocupan una misma categoría profesional y tienen el mismo nivel.

Y el ejemplo que más se utiliza es la comparación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un informe elaborado por el sindicato USO establece que hay diferencias de hasta 10.000 euros según la administración a la que esté adscrito el profesional. Así, un guardia civil o un policía nacional (ambos dependientes de la Administración General del Estado) cobran de media 22.948 y 25.198 euros brutos al año, mientras que un mosso d´Esquadra o un ertzaintza (dependientes de Cataluña y el País Vasco) superan los 30.000. Una diferencia que se agranda aún más si se compara con un policía local ligado al municipio madrileño de Parla, donde el salario supera los 45.000 euros.

El informe va más allá y denuncia que dos empleados públicos con la misma titulación y el mismo nivel salarial pueden tener sueldos diferentes. Un titulado superior (categoría A1) con un nivel salarial 26 (el máximo es 30) cobra 46.505 euros en Castilla-La Mancha, mientras que en Castilla y León recibiría 27.691 euros, lo que significa una diferencia de 18.000 euros. ¿Cómo se justifica esa brecha si el salario base y el complemento de destino son iguales? La respuesta está en el complemento específico. Mientras en Castilla-La Mancha es de 23.449 euros, en Castilla y León es tan solo de 4.635,60 euros.

¿Cómo se divide la nómina de un funcionario?

Sueldo base y trienios: Los fija el Estado en función de las seis categorías profesionales existentes de funcionarios (A1, A2, B, C1, C2 y E).

Complemento de destino: Es la retribución que se percibe según el lugar del puesto que se ocupa. Varía según la administración que lo aplique.

Complemento específico: Es la parte del sueldo en función del puesto de trabajo. Lo establecen comunidades y ayuntamientos y puede suponer hasta el 50% del sueldo

Complemento de productividad: Es la parte variable que premia la mayor productividad de forma individual.

noviembre 8, 2012

Los funcionarios navarros dicen a Barcina que no les callará

Iturria: Diario de Navarra – 2012/11/08

Varios cientos de empleados públicos se han concentrado paradecir a la presidenta Yolanda Barcina que no les callará con decisiones como la de prohibir en edificios y vehículos públicos carteles o pancartas contra los recortes.

Convocados por AFAPNA, ANPE, APF, CCOO, CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, SATSE, SMN, SOLIDARI, SPS, STEE-EILAS y UGT, los trabajadores de la administración han reclamado tras dos pancartas contra los recortes su derecho a la libertad de expresión y lo han hecho con gritos de “no nos callarán”, pitidos y caretas blancas con las bocas cerradas con cinta roja.

La concentración se ha llevado a cabo frente al Parlamento de Navarra coincidiendo con una sesión plenaria, lo que ha propiciado que los silbidos se incrementaran con la llegada de algunos de los parlamentarios, una situación que la presidenta ha evitado al acceder al edificio por el garaje.

Mientras en la calle, miembros de STEE-EILAS en representación de todos los sindicatos daban lectura a un comunicado en el que califican de “atropello” la instrucción dada por el Gobierno de UPN para evitar que se denuncien los recortes laborales y sociales aprobados en los últimos meses, el aumento del paro y el “deterioro progresivo de los servicios públicos”.

Callados nos quieren y rebeldes no encontrarán. Tenemos que detener esta sinrazón. No pueden pretender que permanezcamos en silencio ante este burdo intento de dar una sensación de normalidad”, dicen los empleados públicos.

Y aseguran que no sólo mantendrán su rechazo y sus protestas contra los recortes “con más ímpetu e imaginación si cabe” sino que además, precisan, “no vamos a acatar recortes de derechos”.

“La libertad de expresión es algo demasiado importante como para no defenderla frente a la censura y el despotismo del Gobierno de Navarra”, sostienen, y advierten al Ejecutivo que su decisión de prohibir símbolos o expresiones de protesta no es sino “una muestra de debilidad”.

Empleados públicos, este jueves, frente al Parlamento. EFE / VILLAR LÓPEZ

noviembre 7, 2012

Profesores afirman que limitar las protestas conculca derechos

Iturria: Diariodenavarra.es – 2012/11/07

La Asociación de Profesores de Secundaria afirma que el Gobierno de Navarra “conculca la libertad de expresión” al prohibir carteles y lemas reivindicativos en edificios y vehículos de la administración, así como en la indumentaria de los empleados públicos.

“El Gobierno de Navarra confunde la necesaria imparcialidad y neutralidad de los empleados públicos con sumisión y conculcación de la libertad de expresión”, afirma la APS en un comunicado.

Y añade que “más les valdría” a los políticos “elaborar un código de buenas prácticas políticas” en lugar de aludir a los principios recogidos en el código orientativo de buenas prácticas administrativas “para justificar estas decisiones”.

Un código de buenas prácticas políticas que para la APS debe estar “regido por los principios de transparencia, honestidad, veracidad y austeridad, y quizás así recuperarían algo de la credibilidad perdida, en lugar de continuar castigando e intentando desprestigiar a los empleados públicos”.

noviembre 6, 2012

Bilkura zerbitzu publikoen defentsan

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/06

ELAk zerbitzu publikoen aldeko bilkura egin du goizean Gasteizen. Bertan mezu zuzena bidali zaio euskal klase politikoari: murrizketa politikak aldatu eta zerbitzu publiko unibertsal eta kalitatezkoen alde egin dezala.

Kontzentrazioa Espainiako Gobernuak Gasteizen duen Gobernu-ordezkaritzaren aurrean izan da, besteak beste bere ordezkari Carlos Urquijoren jarduna salatzeko.

Hau da bilkuraren ostean irakurri den testua:

Krisi hau pairatzen hasi ginenetik gobernuek asmo ia bakarra izan dute hartu dituzten erabakiekin: banku eta aurrezki-kutxek eragindako zuloa estaltzeko milaka milioi ematea laguntzatan. Defizit publikoaren kontrola guztien gainetik jartzea, horretarako Konstituzioa bera aldatzeraino, aitzakia ezin hobea da zerbitzu publikoen kalitatea okertzen jarraitzeko, enplegu publikoa suntsitzeko, beharginen lan-baldintzei ekiteko eta, azkenean, gizartean okerren dauden sektoreak zigortzeko.

Langile publikoei ezarritako murrizketak kontaezinak dira: Ia %20ko soldata jaitsiera, lanaldia luzatuz enplegu publikoa suntsitzea, Enplegu Erregulazio Espedienteak, ordezkapenak galaraztea etab.

ELAk euskal klase politikoari exijitu dio behingoz murrizteko politika hauek alda ditzala; egin dezala zerbitzu publiko unibertsal eta kalitatezkoen alde, enplegu publikoa sortzearen alde, eta lan-baldintzak hobetzeko borondatea ager dezala, euren zein beste esparruetako erabakien ondorioz murrizteko neurriak hartzea baztertuz.

Hain zuzen, EAEko espainiar Gobernu-ordezkaritza azken aldion oharrak bidaltzen ari da, baita inhabilitazio mehatxuekin ere (erakundeetara zirkularrak bidaliz, Gobernu-Ordezkariak adierazpenak eginez…), ordezkari instituzionalek politika horiek aldatzeko asmoa agertzen dutenean, kalitatezko zerbitzu publikoen alde eta murrizteko politiken aurka daudela esatean.

Urquijo jaunari eta espainiar Gobernu-Ordezkaritzari galdegiten diogu ez dezala bide honetatik jarrai eta bertan behera utz ditzala hartzen ari den erabakiak, izan ere, bere helburua batik bat Madrilen erabakitako murrizketak Euskal Herrian inposatzea baita.

Azkenik, dei egiten diogu euskal klase politiko guztiari ez diezaion men egin Rajoyren eta Urquijoren politikari, eta aintzat har dezan herri honen borondatea; ez dezatela murrizketarik aplikatu, eta arlo publiko sendo bati bide eman diezaiotela, herritarren babeserako; honekin lotuta dago, ezinbestean, beharginen eskubideak eta lan-baldintzak defenditzea.

octubre 30, 2012

Preparan despidos masivos: El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%

Iturria: Kaos en la Red – 2012/10/30

Bastará con que la empresa o organismo público plantee una reducción de gasto del 5% para que se aplique el despido objetivo de los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. La medida puede afectar a 700.000 trabajadores de ayuntamientos, CCAA, empresas y organismos públicos.

El próximo Reglamento de Despido Colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los Ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado. Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales.

Mientras Fátima Báñez anunciaba el pasado viernes el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, su colega Cristóbal Montoro perfilaba los últimos retoques de un Real Decreto que verá próximamente la luz en el Boletín Oficial del Estado. El papel de Hacienda es fundamental en la nueva disposición por cuanto que supone un cambio radical en las relaciones laborales dentro del segmento de la Administración Pública.

El Gobierno ha informado a los sindicatos de funcionarios del alcance de lo que se considera como una reforma estructural de segundo grado que equipara las condiciones del mercado de trabajo dentro del sector público con las que ya rigen en el sector privado. En definitiva, se trata de eliminar trabas y liberalizar las llamadas causas objetivas del despido para todo el personal laboral que los sindicatos calculan en torno a 700.000 trabajadores en toda España. Los funcionarios de carrera quedarán a salvo de la nueva regulación dado su singular régimen jurídico.

El decreto desarrolla la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral facilitando la aplicación de nuevos EREs en todos los organismos públicos, entidades o sociedades mercantiles bajo control mayoritario del Estado, así como en los ayuntamientos y autonomías. El reglamento incluirá una serie de garantías reforzadas en relación al sector privado, empezando por la exigencia de un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública. Asimismo, será necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo cuando el programa de ajuste afecte a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. También se amplían los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento deberá iniciarse por escrito y acompañarse de documentación exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

En lo que respecta a las condiciones económicas exigidas en el sector público, el Gobierno ha previsto como referencia básica la certificación de los presupuestos del organismo o entidad interesada. Hacienda quiere promover estímulos que favorezcan el recorte de gastos en la Administración y para ello se plantea la necesidad de fijar un mínimo ajuste presupuestario como premisa esencial para llevar a cabo un recorte de plantilla en las mismas condiciones que tiene el sector privado cuando justifica la existencia de pérdidas económicas.

En el sector público, donde los ingresos vienen dados en gran parte por las subvenciones oficiales, la idea del Gobierno es que sólo se puedan abordar EREs con extinción de contratos a partir de una reducción de gastos presupuestarios del 5% en un año o del 7% en dos años consecutivos. Bajo estas condiciones objetivas económicas, la reforma laboral aprobada el pasado mes de julio se traslada con todas sus consecuencias al ámbito de la Administración del Estado en una medida inducida también por el objetivo esencial de la política económica de Rajoy que no es otro que reducir como sea el déficit público en España.

septiembre 11, 2012

ELA denuncia la intención firme del Gobierno de suprimir definitivamente la 14ª paga de los empleados públicos

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/09/10 

ELA critica en Mesa General la postura inmovilista de Función Pública, y emplaza al resto de sindicatos a que no den cobertura a este recorte.
 
ELA ha denunciado hoy en la Mesa General de Función Pública la intención firme -y recalcada una y otra vez- del Gobierno de Navarra de suprimir definitivamente la 14ª paga de los más de 25.000 empleados públicos. Cabe resaltar que la representación del Gobierno ha aclarado que “en ningún caso va a devolver esa paga extra”, y que en todo caso su propuesta “no vinculante” consiste en “estudiar alguna medida similar a los fondos de pensiones estatales”, pero nunca antes de 2015. “Cosa distinta -dice el Gobierno- es en qué mes se pagan las dos extras del año que viene”.
 
Todo ello confirma lo adelantado por ELA, es decir, que los empleados públicos ven recortado su salario en un 7% en 2012 sin ninguna garantía de recuperarlo. Además, ELA denuncia que el Gobierno ya ha confirmado la supresión taxativa de esa 14ª paga en toda la Administración Local (ayuntamientos, etcétera) y en empresas públicas (deja en suspenso todos los convenios colectivos vigentes).
 
Ante semejante agresión al salario de más de 25.000 trabajadores navarros, no queda otra alternativa que plantar cara y movilizarse, por lo que ELA emplaza al resto de sindicatos a que no den cobertura a esta medida ni en la Mesa General ni en otros foros. Por último, ELA anima a los empleados públicos a mostrar su repulsa a los recortes tomando parte en la huelga del 26 de septiembre.
agosto 20, 2012

Despidos en el sector público

Iturria: Ricardo Rodríguez – Rebelión.org – 2012/08/19

No es verdad que, como tanto se repite en estos tiempos de desescombro moral, el riesgo de despido vuelva al trabajador más eficiente; lo vuelve más sumiso, que no es lo mismo. La amenaza de perder el empleo hace que el trabajador trate de caer en gracia a aquel de quien depende que conserve su medio de vida. Si para ganarse la voluntad del jefe ha de trabajar mejor, tratará de hacerlo. Pero bien puede suceder que no sea ése el deseo de algún jefe.

Se supone, aunque a veces sea mucho suponer, que un empresario privado aspira a que sus trabajadores sean eficientes y cumplidores, pues de ello depende que prospere su negocio y aumenten sus beneficios. Pero en el sector público las cosas son diferentes. Aquí el dinero que gestiona quien da las órdenes en última instancia no es suyo, sino de los contribuyentes. Un gobernante puede abrigar la tentación de favorecer el interés de partido, o incluso el mero lucro personal, en lugar del interés general. Si dispone de la facultad de despedir a empleados como en el sector privado, puede optar por desprenderse de los buenos trabajadores públicos que sirven a los intereses generales y son, por ello mismo, un obstáculo a su ambición. La única garantía de que los empleados del sector público son un contrapeso democrático ante el poder político estriba en que solamente puedan ser apartados de su puesto cuando por expediente disciplinario objetivo se demuestre que han incumplido gravemente sus obligaciones. La legitimación del gobernante es la elección popular; la del empleado público, la selección en procesos objetivos basados en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Otorgar al gobierno la facultad de despedir a casi un millón de empleados públicos por medio de expedientes de regulación para cuya consumación legal baste con descapitalizar el ente público de que se trate es lo mismo que otorgar a tal gobierno un poder dictatorial. Se asegura la servidumbre de los empleados del Estado, cuya neutralidad e imparcialidad es tan importante para la pervivencia de la democracia como la de los jueces. Estamos, pues, ante la aniquilación del Estado de Derecho y el retorno a la concepción patrimonial del Estado. O sea, el regreso al feudalismo.

julio 10, 2012

Se ríen de España y de los españoles

Iturria: Juan López Torres /Publico.es – 2012/07/10

Leer las páginas económicas, o incluso solo las portadas, de los medios se está convirtiendo en un ejercicio de puro masoquismo: no hay manera de disimular el ridículo que está haciendo España.

Hace un mes que se aprobó el rescate de la banca española que según Rajoy resolvía el problema de nuestra economía y que mereció una surrealista felicitación del rey Juan Carlos. En este tiempo ha habido cumbres y varias reuniones de los ministros de Economía pero hasta el momento no se han fijado ni las condiciones concretas, ni qué cantidad exacta se precisa, ni cuándo comenzará a ser efectivo. Se hacen declaraciones contradictorias diciendo un día blanco y otro negro pero siempre se insiste en lo mismo: hay que seguir rebajando gastos y derechos y reduciendo los ingresos de los trabajadores. Lo que era la solución resulta que lo ha empeorado todo y nadie, sin embargo da cuentas de ello.

Se han reído de nosotros. El objetivo es salvar a la banca alemana, que es lo que de verdad les interesa, pero quieren hacerlo con las máximas garantías y eso obliga a que el rescate sea uno definitivo, directamente sobre la economía española y con la garantía directa del Estado. El de los 100.000 millones para los bancos no era sino una salva porque resulta infumable: nadie puede entender que si es a los bancos a quien hay que rescatar se haga responsable de ello a los ciudadanos en su conjunto. Por eso, para provocar el grande, están dejando que nos precipitemos al abismo, no porque la cuantía de nuestra deuda pública sea excesiva, como dicen, sino porque nos atan de pies y manos y nos empujan ante los inversores. Simplemente haciendo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, nada de lo que haría un banco central auténtico, bastará para que seamos intervenidos en poco tiempo y para que nuestra economía sea puesta bajo control directo y permanente de los acreedores alemanes. Queda muy poco tiempo para que las comunidades autónomas se declaren sin liquidez y para que el propio Estado, con tipos en los mercados superiores al 7% u 8% se reconozca incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esa es la secuencia inevitable que producen las medidas que se están tomando.

Si lo que quisieran de verdad fuese salvar a nuestra economía y al euro no harían lo que están haciendo ni nos seguirían obligando a tomar medidas que van a hundir más la demanda, la generación de ingresos, o incluso la posibilidad de que paguemos la deuda que dicen querer que paguemos. Si desearan realmente frenar la presión de los mercados bastaría que el Banco Central Europeo fuese lo que no es, y que se adoptara una estrategia de creación de actividad y empleo para toda Europa en el marco de un pacto global de rentas, pero es que no buscan eso. Quieren que la prima de riesgo siga subiendo para extorsionar más fácilmente y acelerar lo que revestirán como una situación de emergencia que no admita retóricas. Se ríen de nosotros porque lo que van buscando es someter a nuestra economía y no a salvarla en un marco de cooperación y unión europeas.

La última tomadura de pelo de quienes se pasan todo el día diciendo que hay que respetar a los mercados y dejarlos que actúen con plena libertad ha sido salvar una vez más la cara de los bancos permitiendo valorar sus activos a precios “razonables” en el marco de una agencia inmobiliaria sui generis, como ya adelantamos que harían en nuestro libro Lo que España necesita. Es decir, que una vez más se pasan por el forro lo que establecen libremente los mercados que tanto dicen respetar: si el precio razonable no es el que fijan los mercados ¿para qué puñetas sirven? Se ríen de nosotros porque una vez más nos están robando delante de nuestra mismos ojos.

En España es nuestro propio gobierno quien se ríe de nosotros engañándonos sin piedad.

El ministro de Economía alaba sin descanso a las autoridades europeas, agradece sus propuestas razonables y jura y perjura que haremos todo lo que sea necesario para contentar a los mercados, porque es lo que más nos conviene. Pero, justo al mismo tiempo, el de Asuntos Exteriores suplica al Banco Central Europeo (donde hemos perdido la influencia que teníamos, aunque tampoco podamos decir que la hayamos utilizado precisamente a nuestro favor) para que intervenga contra los mercados y ponga formes a los especuladores. Un alarde de discurso coherente y de sincera estrategia compartida. El ministro de Hacienda, que ya ocupa la cartera por segunda vez, reconoce que ha de subir el IVA porque es un incompetente que no sabe hacer que todos paguen lo que tiene que pagar y Cospedal se consolida como la mayor y más desvergonzada demagoga del reino. Ahora carga contra la función pública sin caer en lo que ella tendría que ser la primera en recordar: que en España hay menos trabajadores públicos en relación con la población activa total que en la media de los Quince, que se gasta menos en retribuirlos, que nuestro sector público es bastante más reducido que el de los países más avanzados y competitivos de nuestro entorno, y que esos seres despreciables a los que se refiere y a los que ya está poniendo en la calle son los maestros o los médicos de los hijos de familias que no pueden pagarse servicios privados, por cierto, casi siempre de peor calidad que los públicos a pesar de que disponen de más recursos y de que no asumen todas sus cargas. Y olvidando, sobre todo, que la función pública con la que quieren acabar fue la mejor e imprescindible solución para evitar que las oligarquías de los partidos (de las que ella forma parte) se hicieran dueñas del Estado en perjuicio de la mayoría de la población.

Pobre España y pobre pueblo español, tan silencioso y obediente. Vibra de patriotismo cuando gana La Roja pero enmudece cuando le roba una potencia extranjera o cuando su gobierno le miente y le traiciona.

mayo 18, 2012

Maiatzaren 20 eta 26an, manifestazioak murrizketen aurka

Manifestaciones contra los recortes para los días 20 y 26 de mayo

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