Posts tagged ‘FMI’

marzo 28, 2013

La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

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marzo 27, 2013

Los salarios no deben ser la variable de ajuste

Iturria: Michel Husson / vientosur.info – 2013/03/16

Las políticas de “devaluación interna” o, dicho de otra forma, de austeridad salarial son presentadas hoy como un medio para reducir los desequilibrios intraeuropeos y salir de una crisis cuya responsabilidad recae así implicitamente sobre los salarios. Es un punto de vista inverso el defendido en el libro Salario y competitividad: por un verdadero debate. Éste consiste en decir dos cosas: que la bajada generalizada de la parte de los salarios en el valor añadido se encuentra en la fuente de la crisis actual, y que el ajuste salarial lleva a un callejón si salida.

Paro y reparto de las rentas

Sobre el primer punto, la constatación es unánime, desde la OCDE a la Comisión Europea, pasando por el FMI: todos esos organismos han realizado recientemente estudios que no se preguntaban si la parte de los salarios había bajado, sino porqué. Sin embargo, esta constatación es lógicamente contradictoria con el análisis según el cual la causa de los desequilibrios económicos de los países del “Sur” de Europa se explicaría por una pérdida de competitividad debida a un crecimiento excesivo de los salarios.

Esta disminución de la parte del trabajo, como lo llama la OCDE, ha tenido evidentemente como contrapartida un aumento de los márgenes de beneficio de las empresas antes de la crisis. Pero éstas no se sirvieron de ello para hacer más inversiones, sino que más bien aumentaron el reparto de dividendos. Esta enorme transferencia de los asalariados hacia los accionistas ha podido ser realizada gracias a la palanca del paro. Son dos caras de la misma realidad: de un lado, la no redistribución de las ganancias de productividad a los asalariados, en particular bajo la forma de reducción del tiempo de trabajo, engendra un aumento del paro y, de la otra, alimenta la transferencia hacia los accionistas. La experiencia de las 35 horas en Francia, a pesar de sus imperfecciones, muestra a contrario que la reducción del tiempo de trabajo es una poderosa herramienta de creación de empleos: entre 1978 y 1997, en Francia, el empleo no había aumentado en el sector privado. Entre 1997 y 2002, cuando se produjo el paso a las 35 horas, fueron creados cerca de 2 millones de empleos. Luego el empleo aumentó un poco, antes de que la crisis le hiciera caer en el punto de partida.

Un aparente absurdo

Las instituciones y los gobiernos europeos ponen en marcha una orientación que se basa en tres elementos: austeridad presupuestaria, austeridad salarial, reformas estructurales (mercado de trabajo y protección social). Sin embargo, este conjunto no funciona y Europa se hunde en la recesión. Las razones de ello son conocidas y además existe un consenso bastante amplio sobre ese punto.

El mecanismo perverso de la austeridad es sencillo de entender. Se recorta en los gastos y se aumentan los impuestos, en particular el IVA, que pesan directamente sobre el consumo. El efecto inmediato es claramente una bajada del déficit. Pero la economía es un circuito y la austeridad presupuestaria tiene por efecto frenar la actividad y por tanto reducir los ingresos fiscales. Resultado: el peso de la deuda pública respecto al PIB continúa aumentando.

Se tiene ahí una primera correlación muy clara: ha sido en los países en los que la austeridad presupuestaria ha sido más severa donde la ratio deuda/PIB se ha degradado más. Olivier Blanchard, el economista jefe del FMI ha hecho recientemente su autocrítica reconociendo haber subestimado el “multiplicador presupuestario” (o en este caso el “divisor presupuestario”) que se supone prevé el efecto de una reducción del déficit sobre la actividad. Existe otra correlación tan clara como la anterior: es también en los países en los que la austeridad presupuestaria ha sido más severa donde la tasa de paro se ha degradado más (o se ha restablecido menos).

En un primer momento, se podría concluir de lo anterior que esas políticas son absurdas o debidas a ignorantes (illiterate como dice un comentarista anglosajón). Pero, en un segundo tiempo, hay que constatar que permiten, por absurdas que puedan parecer, un restablecimiento de los márgenes de ganancia de las empresas que es proporcional a la subida del paro. Se tiene a fin de cuentas un bucle austeridad presupuestaria/paro/ganancia que sugiere una interpretación diferente de las políticas realizadas: se trata de una terapia de choque que se apoya en la crisis para llevar adelante unas “reformas” que equivalen a una profunda regresión social.

Crecimiento y capitalismo

Sin embargo, esta terapia de choque no es forzosamente viable, ni siquiera desde el punto de vista de los intereses capitalistas, y es el tercer momento del análisis: este restablecimiento de la ganancia se hace en detrimento del crecimiento. Ahora bien, el capitalismo tiene necesidad de crecimiento para garantizar la posibilidad misma de ganancias. Es lo más inquietante que hay en el fondo en la coyuntura actual: el capitalismo europeo aparece como el más frágil, no puede contar más que con los mercados exteriores o con la carrera por la competitividad que no puede más que alimentar la recesión, y esto quiere decir también que las supresiones de empleos van a continuar. Europa está pues hundida en una crisis de tres niveles: una crisis de las deudas soberanas, una crisis específica de la zona euro y, en fin, una crisis larvada de rentabilidad del capital: bajo las deudas, está la cuestión de la ganancia.

Una estrategia de ruptura

Así pues, esta crisis es muy profunda y reclama soluciones radicales, que giran alrededor de dos cuestiones claves: el reparto de las rentas y la construcción europea. El reparto de las rentas debe ser modificado por la anulación de la deuda ilegítima, la reducción de la parte de las rentas financieras, el aumento de los salarios y la reforma fiscal. Es la condición para crear empleos mediante la reducción del tiempo de trabajo y la inversión pública, en particular en los sectores que contribuyen a la transición ecológica.

La construcción europea debe apuntar a la armonización entre países de estructuras económicas muy diferentes a través de un presupuesto europeo que permita financiar fondos de armonización, y asegurar la convergencia de las legislaciones fiscales -por ejemplo un impuesto unificado sobre el capital- y sociales -por ejemplo un sistema europeo de salarios mínimos-. Un proyecto así se enfrenta frontalmente a los intereses sociales dominantes que organizan por su parte una violenta regresión social. Debe servir de perspectiva para las luchas de resistencia y apoyarse en una estrategia de ruptura unilateral con la Europa neoliberal: el primer cerrojo que hay que hacer saltar es sin duda la prohibición establecida para los bancos centrales de financiar el déficit presupuestario.

Notas

1/ Reginald Savage et Michel Husson. Salaire et compétitivité. Pour un vrai débat… Collection “Les petits dossiers de l’Autre économie”. GRESEA

febrero 16, 2013

Miren Etxezarreta:”Al capitalismo se le están acabando los mercados”

Iturria: Rosa VillegasLe Monde diplomatique 2013ko otsaila

El Pacto del euro nos está llevando a más austeridad y crisis ¿por qué se obstina en ello la Unión Europea a sabiendas de las consecuencias?

Simplemente es lo que conviene a los intereses dominantes, al gran capital en general. A este, lo que le interesa es que le dejen hacer lo que quiere. Eso es el neoliberalismo: dejar hacer al capital lo que quiere, sin trabas. Ahora bien, cuando las cosas se tuercen, se recurre al Estado sin ningún sentido del pudor. Han estado cuarenta años diciendo que el Estado no tiene que intervenir en economía, y en el momento en que ha habido problemas fíjese a qué niveles están participando los Estados.

¿Estamos viviendo la agonía del capitalismo, o bien una crisis provocada para reinventar el propio capitalismo?

No hay ningún sistema eterno, y por lo tanto el capitalismo en algún momento se acabará. ¿Cuándo? No lo sé. Hay indicadores de que, al capitalismo, cada vez le resulta más difícil reprodu cirse. Ahora bien, creo que las crisis no son provocadas voluntariamente, son producto de la propia dinámica del sistema. Las enfermedades y la muerte son inherentes al ser humano. Pues bien, en el capitalismo, las crisis son inherentes a la propia dinámica del sistema. Y no creo que sean voluntariamente impulsadas, pues son peligrosas para el propio capitalismo: algunos pierden mucho dinero.

Si existe deuda existen acreedores. ¿Quiénes son estos?

Los grandes capitales. ¿Usted sabe quiénes son los mayores capitales del mundo? Los fondos de pensiones privados, detrás de los cuales siempre hay personas. Los gestores de esos grandes fondos de pensiones, que normalmente están implicados en su capital, son los que realmente están marcando la pauta. Y después hay grandes fortunas, que son los grandes capitalistas que tienen enorme poder de decisión. Los que se reúnen en Davos, el grupo Bilderberg, la Trilateral… Todos ellos tienen mucho poder. Pero el capitalismo es un sistema muy complejo, y todos esos nombres y apellidos operan muchas veces a través de inver sores institucionales. En España, las Sicav [socie dades de inversión de capital variable], por ejemplo, son instrumentos de inversión donde teóricamente pueden tener cabida personas con poco dinero, pero en la práctica son instrumentos para que las grandes fortunas no coticen a Hacienda. Las grandes fortunas están ahí, lo que pasa es que no aparecen con nombres y apellidos sino como un fondo de inversión.

Los mercados están desregularizados, ¿no?, las normas no funcionan para ellos…

En el fondo, las reglas y las leyes están hechas por los mercados y para ellos. Porque el poder político es un mero servidor del poder económico. No hay más que ver la puerta giratoria: cómo los políticos se convierten en grandes gestores económicos; y cómo los grandes gestores económicos cuando, por alguna razón, dejan de serlo —como en el caso de Mario Monti, en Italia— pasan a regir la política. Esto, en la UE, está documentado. La dinámica de las elites dirigentes es esa vinculación… Pero, cuidado, siempre con el capital mandando.

A pesar de que los estudios internos del Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestran que la desreglamentación de los mercados produce mayor inestabilidad, el propio FMI, por presión de los mercados, promueve esa liberalización. ¿No hay nadie que pueda exigir responsabilidades?

Sólo alguien está por encima de todo eso: la ciudadanía. Pero, por una parte, la ciudadanía está enormemente desperdigada, y por otra, tremendamente atemorizada ante lo que puede pasar. En tercer lugar, una parte importante de la ciudadanía tiene los mismos valores que los dominantes… Por que el capitalismo no es sólo una dominación económica. Es también una dominación ideológica. Nos han vendido que las cosas sólo funcionan en el capitalismo. Lo cual es una mera creencia.

¿Cómo dominan ideológicamente? ¿A través de los medios de comunicación?

La desinformación es muy importante. Y el miedo. Cuando una persona tiene sólo su trabajo para vivir, tiene mucho miedo de perderlo. Porque —aunque el pasado nunca fue mejor incluso en la Edad Media tenían tierra. El señor les exigía muchos tributos, pero el uso de la tierra lo tenían. Hoy, si estoy parada, no tengo de qué vivir. Por ello, mucha gente se aferra a su trabajo, incluso consciente de que lo que está pasando no es justo. Por tanto, hay que ser muy consciente, muy valiente, y tener claro que es una lucha colectiva importante para decidirse a romper con esto.

¿Hacia dónde vamos?

Hacia una mayor facilidad de reproducción del capitalismo para obtener beneficios. Hacia la desregulación total. Todo el programa neoliberal no es otra cosa: libertad de comercio, libertad de producción, competitividad global, desregulación laboral, desregulación de los mercados, del capital, desregulación medioambiental… […]

Las pequeñas empresas han aprendido a aceptar que algunos clientes no les van a pagar. En cambio, no ocurre así en el mercado. ¿Por qué se permite?

Por el propio dominio ideológico, que refleja una de las grandes contradicciones del capitalismo. En esta crisis, por ejemplo, en España, miles de pequeños empresarios están desapareciendo cada año. Sin embargo, esos empresarios tienen una percepción ideológica de que sólo se recuperarán a través de una vuelta a lo que hacían antes. Muy pocos de ellos son capaces de situarse con el resto de la población. Los pequeños empresarios no se identifican con los trabajadores, cuando realmente, en este momento, los pequeños empresarios están hechos polvo… Y no digamos los trabajadores autónomos… Muchos de ellos se consideran diferentes de los trabajadores. Piense, por ejemplo, en el propietario de un camión. Es un trabajador autónomo que, además, tiene que pagar el crédito… Un trabajador muy explotado por las grandes empresas para las que hace transporte. Pero el capitalismo ha tenido la habilidad de insertarle en la mente que él no es un trabajador, es un patrono. E ideológicamente, el camionero se lo ha creído. El dominio ideológico les lleva a alinearse siempre con unos poderosos empresarios que son precisamente los que están destruyendo su actividad…

Algunos economistas defienden que un gran banco no puede caer porque caería la econonía… Me niego a aceptar eso. La quiebra de un banco tiene consecuencias catastróficas para los accionistas del banco. Si se salvaran —como se tendrían que salvar—, a través del fondo de garantía de depósitos, los depósitos de la gente modesta que tiene el dinero en el banco… no pasaría nada. Los accionistas perderían su capital y se acabó. Igual que pierde usted su capital si pone una tienda de moda mañana y no consigue vender lo suficiente. Pero estamos hablando del dominio ideológico del capitalismo, que ha metido en la cabeza de la gente que no se puede permitir la quiebra de ningún banco.

 

febrero 7, 2013

La Troika destroza a Europa

Iturria: Juan Torres / Público.es – 2013/02/01

Una reciente investigación del Center for Economic and Policy Research de Estados Unidos (Mark Weisbrot y Helene Jorgensen Macroeconomic Policy Advice and the Article IV Consultations: A European Union Case Study), vuelve a demostrar que las políticas que viene imponiendo el Fondo Monetario Internacional a los países europeos se basan en juicios y análisis erróneos y que resultan muy perjudiciales no solo para la inmensa mayoría de la población sino también para la economía en su conjunto, puesto que provocan efectos contrarios a los que dicen perseguir.

Este tipo de conclusiones no son nuevas pero es muy importante tenerlas una vez más en cuenta para denunciar continuamente a los miembros  de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el propio FMI) como responsables directos de la nueva fase recesiva en la que han hecho entrar a Europa y, por tanto, de los sufrimientos de una gran parte de su población.

La investigación señala que hay dos grandes patrones de actuación en estas políticas. Uno,  la reducción del gasto y el tamaño del sector público, en muchos casos con independencia de que eso sea apropiado, necesario o de si puede provocar una mayor caída de la actividad. El otro, disminuir la protección social a amplios sectores de la población y reducir la participación del trabajo en la renta nacional. El resultado de ambas cosas es la menor capacidad de los gobiernos para promover la actividad y el empleo y, por tanto, el  incremento de la pobreza, de la exclusión social y de la desigualdad.

En relación con las propuestas de ese tipo que recomienda el FMI, la investigación subraya que no hay evidencias empíricas que demuestren su conveniencia y eficacia y que, en la mayoría de los casos, se hacen sin tomar en consideración factores que podrían producir otros resultados distintos a los previstos por los informes del Fondo. Así, indica que éste suele proponer en todos los países la subida de la edad de jubilación sin considerar la diferente esperanza de vida en cada uno de ellos. O que hace previsiones alarmistas sobre la evolución de la población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como ha pasado hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor población inactiva. Y también muestra lo poco razonable que resulta la constante predilección del FMI por hacer que incremente la oferta de trabajo con independencia de cuál sea la tasa de desempleo o de participación de la población en el mercado laboral que haya en cada país.

El estudio del CEPR subraya que las políticas que el FMI impone a Europa en materia laboral están abrumadoramente orientadas a reducir los salarios, bien directamente, bien por la vía de disminuir el poder de negociación de los trabajadores. Y demuestra que esa estrategia, unida a la consolidación fiscal por la vía de disminuir el gasto público, produce una caída de la actividad y del empleo que tiende a ser tanto mayor cuanto más debilitada esté la demanda, como ahora sucede en la Europa donde se está llevando cabo. Y este efecto procíclico (que básicamente consiste en empeorar las cosas cuando estas ya van mal) se agudiza con el debilitamiento de la protección al desempleo o con el aumento en la edad de jubilación.

El estudio de las propuestas del FMI en diversos países europeos (como la experiencia de otros en años anteriores) permite comprobar que se equivoca continuamente. Para poder justificarlas, recurre a infravalorar los efectos recesivos que tienen las medidas que propone ofreciendo perspectivas de crecimiento muy optimistas, pero que, cuando llega el momento, resultan siempre exageradas y nada acertadas.

En particular, el estudio señala también que es muy significativo que el FMI realice habitualmente propuestas semejantes en diversos países o momentos sin considerar las circunstancias concretas de cada uno de ellos, con un típico planteamiento de pensamiento único, uniforme a pesar de las obvias diferencias que se dan en cada caso.

Tal y como han demostrado otros informes, este del CEPR subraya que las autoridades europeas han adoptado estas políticas a sabiendas de que iban a producir una recaída de la actividad y del desempleo y la pobreza, pero que lo han hecho pensando que solo manteniendo esa presión sobre los gobiernos podrían lograr que éstos realizaran las reformas institucionales que en realidad son las que van buscando: privatizaciones que pongan en manos de los grandes grupos privados el patrimonio público, y reformas laborales que aumenten el poder empresarial, principalmente. Concretamente, señala que el Banco Central Europeo tenía en su mano haber frenado el daño que los mercados estaban produciendo a países como España e Italia, pero que se prefirió no hacerlo para mantener la presión sobre sus gobiernos y así garantizar que siguieran aplicando reformas privatizadoras y nuevos recortes, y aunque eso empeorase la situación de sus economías o aumentara su deuda.

Finalmente, la investigación señala que las medidas que promueve el Fondo en Europa son claramente contradictorias con otros objetivos que habían propuesto alcanzar las propias autoridades europeas. Así, hace ver lo difícil que será alcanzar los resultados previstos en investigación y desarrollo tecnológico o en erradicación de la pobreza e igualdad para 2020 mientras se sigan desarrollando estrategias fiscales tan restrictivas como las impuestas hasta ahora.

En definitiva, tenemos una prueba más de que las políticas que se están aplicando en Europa con la excusa de acabar con la crisis y hacer frente a la deuda son un fraude gigantesco. El informe de Mark Weisbrot y Helene Jorgensen vuelve a demostrar que los análisis del Fondo parten de una visión deformada de la realidad y que sus conclusiones y propuestas carecen de suficiente soporte empírico. Ratifica lo que ya puso de evidencia incluso una evaluación independiente de su conducta a la hora de analizar la llegada de la crisis y sus respuestas (IMF performance in the run-up to the financial and economic crisis: IMF surveillance in 2004–07): los analistas del Fondo sobrevaloran sus prejuicios y se refuerzan unos a otros las ideas preconcebidas, no tienen en cuenta lo que contradice sus puntos de vista y se refugian en un pensamiento de grupo que les impide ver la realidad cuando esta no es la que desean reflejar en sus documentos. Son un caso claro de “captura intelectual” (intellectual capture, dice esta evaluación que acabo de mencionar). Algo que sería impensable que pudiera suceder una vez detrás de otra si no fuera porque se hace al servicio de los poderosos, porque todo ese trabajo falseado es lo que permite justificar como si fueran científicas y favorables para todos las políticas que solo benefician a la minoría privilegiada de nuestras sociedades.

febrero 5, 2013

No es la austeridad, es el cambio de modelo

Iturria: Ignacio Urquizu / eldiario.es – 2013/02/04

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

En relación a la privatización, sería un error pensar que toda gestión privada es un ejemplo de eficacia y calidad. Pero también sería una equivocación atribuir estas virtudes únicamente a lo público. De hecho, la literatura comparada muestra que factores como la adecuada supervisión del financiador o los diseños institucionales son los que realmente explican que una gestión sea mejor o peor. Por ello, el foco no debería ponerse tanto en un debate estéril entre lo público y lo privado, sino en saber qué servicios se quieren externalizar, por qué y bajo qué condiciones.

En estos momentos, algunos gobiernos autonómicos están proponiendo transferir la gestión integral de algunos centros sanitarios a empresas externas. Pero si se opta por esta opción, es muy probable que estas corporaciones acabe abusando de su posición ventajosa. Existen numerosos ejemplos de compañías que, ante la amenaza de una quiebra o la suspensión de los servicios, acaban recibiendo dinero público. Este chantaje se puede repetir en el tiempo, siempre y cuando la empresa que presta el servicio tenga capacidad de amenaza. Por ello, es muy importante evitar posiciones abusivas por parte de las compañías que prestan los servicios a la administración.

¿Cómo determinamos que una posición es ventajosa para la empresa externa? Si esta compañía tiene capacidad de parar la prestación integral de un servicio, su capacidad de amenaza es enorme. Así, por ejemplo, no es lo mismo que en un conflicto se paralicen totalmente uno o varios hospitales, que la presión se “reduzca” a los servicios de limpieza. Además, cuanto más sofisticado y mayor tecnología exija un trabajo, más ventaja tendrá la empresa externa. En este caso, sustituir a la compañía prestataria del servicio será mucho más costoso que acceder a sus peticiones.

Pero además de definir muy claramente qué servicios se externalizan y en qué condiciones, también es cierto que no siempre resultan más baratas las privatizaciones. RecientementeSalvador Peiró y Ricard Meneu mostraban en el blog de FEDEA que, en la Comunidad Valenciana, los costes de hospitalización por habitante eran un 7,5 por ciento más caros en las áreas que eran gestionadas por una concesión que los que disfrutaban de una gestión directa por parte de la administración.

Otro ejemplo de incremento de costes en la prestación de servicios lo encontramos en el Reino Unido. Desde que se privatizó la red ferroviaria, los costes para el Estado son el doble, si lo comparamos con lo que costaba cuando era pública. Entre los aumentos de gasto, destacan los desorbitados sueldos de los ejecutivos, quienes se elevaron su sueldo un 56 por ciento una vez fueron privatizadas las compañías.

Junto a la privatización de los servicios públicos, un segundo cambio de mayor trascendencia es la financiación de las políticas sociales. Aquí el debate tiene dos vertientes que afectan tanto a la calidad de las políticas sociales como a la capacidad redistributiva del Estado del bienestar.

Por un lado, están los partidarios de permitir la financiación privada de la sanidad, la educación o las pensiones. De nuevo, la política comparada muestra datos que deberían invitar a la reflexión. En un reciente post en este blog, Víctor Lapuente se hacía eco de un estudio de Holmberg y Rothstein. En él se muestra que la financiación pública de la sanidad tiene efectos muy positivos sobre algunos indicadores de salud como, por ejemplo, la esperanza de vida. En cambio, la financiación privada tiene efectos negativos, aunque no significativos. Es decir, mientras que la salud de las personas mejora cuando la sanidad es financiada de forma pública, no se puede decir lo mismo cuando se realiza con dinero privado.

Por otro lado, también nos encontramos a los partidarios de financiar los servicios públicos a través de tasas. De esta forma, serían los usuarios los que asumirían parte de los costes de las políticas sociales a través de fórmulas como, por ejemplo, el copago. De optarse por esta vía, lo que correría peligro sería la capacidad redistributiva del Estado del bienestar. En toda política pública, su redistribución depende de quién financia el servicio y quién se beneficia de él. Cuando los costes los asumen las clases más acomodadas y los beneficiarios son los de menor renta, se produce una gran redistribución. En cambio, si un servicio lo financian las clases bajas y disfrutan de él las clases altas, entonces la política es muy regresiva.

Por ello, la solución sería analizar cada una de las políticas públicas, viendo cómo se financian y quién los utiliza. Si vamos al ejemplo de la sanidad, un servicio donde se quieren instaurar el sistema del copago, descubriremos que la probabilidad de ponerse enfermo depende de la edad y la clase social de las personas. En el último barómetro sanitario disponible en el CIS (2010), vemos que el 82 por ciento de los mayores de 65 años fueron a la consulta del médico en el último año, mientras que en los menores de 35 años esta cifra desciende al 66 por ciento. Si distinguimos por clase social, observamos que el 75 por ciento de los obreros no cualificados usaron los servicios sanitarios, un porcentaje que baja al 69 por ciento para las clases altas y medias-altas. Es decir, si financiamos el sistema público de salud a través de sus usuarios, serán los pensionistas y las clases sociales más bajas quienes contribuirán más que los demás a su sostenimiento. Estaremos atacando uno de los principales objetivos de las políticas sociales: la redistribución

En definitiva, la austeridad es un problema a corto plazo para el Estado del bienestar. En cambio, el cambio de modelo debería preocuparnos mucho más, puesto que estamos ante una transformación estructural. De imponerse propuestas como la privatización integral de los servicios públicos o cambios en su financiación pública, pasaremos a tener unas políticas sociales de peor calidad, rehenes de las grandes corporaciones y con menor capacidad redistributiva.

enero 17, 2013

Error tras error ante la crisis económica

Iturria: Carlos Berzosa — Consejo Científico de ATTAC España – 2013/01/15

Las inadecuadas políticas económicas tienen unos elevados costes sociales y económicos, de modo que dejan a muchos damnificados por el camino. La responsabilidad, por tanto, de los dirigentes políticos, económicos, y economistas que avalan determinadas actuaciones, es muy elevada en los daños causados a tantas gentes que sufren el paro, la disminución de su nivel de vida, y la pérdida de derechos laborales, sociales y políticos. La ligereza con la que se está actuando no deja de ser llamativa, pues parece que no hay nadie que sea responsable de lo que está sucediendo.

El desencadenamiento de la crisis actual fue el resultado de acciones de política económica que favorecieron la desigualdad, la desregulación y la primacía de las finanzas. Se fomentó un marco de actuaciones de los agentes económicos en el que la hegemonía del mercado sobre la intervención pública se impuso. Se posibilitó, en mayor medida que en otros tiempos, el abuso, el fraude, el engaño, y los excesos cometidos por determinados segmentos del capital inmobiliario y financiero, preferentemente pero no sólo, que han conducido a la Gran Recesión.

Una vez desencadenada la crisis económica, los desatinos a la hora de atajarla han sido muchos, lo que ya hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión en estas páginas. Todas estas actuaciones erróneas han agravado más las cosas de lo que tenían que haber sido, con lo que el sufrimiento para muchas gentes se ha acentuado, mientras que los ricos se van haciendo cada vez más ricos. Este proceso lo pone de manifiesto con gran claridad Bauman: “Todas las medidas emprendidas en nombre del “rescate de la economía” se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres”. (‘Esto no es un diario’, Paidós, 2012).

Todo esto que decimos, adquiere mayor gravedad cuando se reconocen errores en la gestión de la crisis y se pide disculpas por ello, como si los que han sido víctimas de las medidas tomadas pudieran rehacerse de los daños causados por actuaciones incorrectas de los dirigentes políticos, responsables de los organismos económicos internacionales, y economistas influyentes. Así, de este modo, leemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva unos meses advirtiendo de que las políticas de austeridad generan contracción económica y aumento del desempleo. Una afirmación de esta naturaleza se basa en la observación de lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero sobre todo en un estudio, al que hace referencia Krugman en su libro ‘¡Acabad ya con esta crisis!’ (Crítica, 2012), de investigadores del FMI en el que han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal, en los países avanzados, durante el periodo comprendido entre 1978 y 2009. La constatación fue que las políticas de austeridad conducían a lo que ya hemos dicho, esto es, a la contracción económica y el aumento del desempleo.

Lo más grave, sin embargo, se produce cuando el prestigioso macroeconomista y economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, tiene que reconocer que se han equivocado en el cálculo del multiplicador fiscal a la hora de estimar las consecuencias que una reducción del gasto público tiene sobre la actividad económica. Los efectos son mucho más negativos que los que habían establecido en un principio, lo que explica la fuerte contracción económica que está teniendo lugar y que afecta en gran medida a países como España. ¿Y ahora qué? Cabría preguntarse cuando gran parte de los daños causados ya están hechos.

Resulta escandaloso y vergonzoso que un organismo como el FMI, que tiene gran legión de economistas muy bien retribuidos, se equivoque en una estimación de estas características, lo que lógicamente tiene que llevar a pedir responsabilidades, sobre todo cuando una de las fuentes de financiación del FMI proviene de las cuotas de los países miembros, y que en definitiva pagamos los ciudadanos. Esto sin haber mencionado los elevados sueldos y pensiones que se embolsan los principales responsables de esta institución, fundamentalmente el director gerente. ¿Por qué se les paga tanto? cabe preguntarse, ¿por equivocarse en la mayor parte de las ocasiones? No deja de ser una paradoja que sean los ciudadanos que con sus impuestos financian en gran parte a esta institución, los que a su vez sean las víctimas de sus recomendaciones de política económica. De esto saben, y mucho, las gentes de los países subdesarrollados.

Un error de esta naturaleza pone en cuestión, además, el prestigio de la profesión de los economistas, que ya se encuentra en gran parte desacreditada. No sería justo considerar, en todo caso, que este desprestigio debe afectar a todos los economistas, pues como saben muy bien los seguidores de esta publicación los que intervenimos en ella hemos sido críticos con las políticas de ajuste puestas en marcha por la Unión Europea y avaladas por el FMI. No todos los economistas se encuentran en el error, aunque sus opiniones no sean tenidas en cuenta por los que toman las decisiones.

A los que, no obstante, se dejan seducir por determinados perfiles académicos de economistas españoles que publican en medios de comunicación influyentes, sobre todo cuando son profesores de universidades extranjeras y de prestigio, hay que decirles que no se obnubilen por ello, sino que atiendan al rigor de sus explicaciones. En la mayor parte de los casos, lo que se evidencia, a medida que transcurre la crisis, es su incapacidad para comprenderla por ser, además, prisioneros de unas ideas económicas erróneas que no son capaces de vencer. Así nos va, de error en error, propiciados por los grandes dirigentes políticos, las élites empresariales, y por economistas influyentes en el poder. Todo esto conduce al desastre y a una situación que resulta a todas luces escandalosa.

diciembre 13, 2012

La causas reales de las políticas de austeridad

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/13

En un artículo reciente indiqué que las medidas que se están tomando para racionalizar el sistema financiero en la Unión Europea no están teniendo un impacto en la resolución de la Gran Recesión que la Unión Europea está experimentando (“¿Qué está ocurriendo en la Eurozona?, Sistema 30.11.12). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía española descenderá un 1,5% del PIB, la italiana un 2,3%, la portuguesa un 3%, la griega un 5,2%, la británica un 0,6%, la alemana un 0,9% y la francesa un 0,1%. Para el promedio de la Unión Europea, las predicciones de crecimiento económico son nulas, como señala la Comisión Europea. En realidad, se calcula que el descenso de la economía europea será de un 0,4% de su PIB. Un mal presente y un futuro peor. Las reformas financieras parecen no estar mejorando la situación. Antes al contrario, muchas de las medidas que se están tomando para mejorar el sistema financiero, están empeorando, en lugar de mejorando, la situación económica. El énfasis del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea en continuar las políticas de austeridad es un claro ejemplo de ello. Se argumenta que la disciplina fiscal (reducir el déficit público de los Estados) es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros. De ahí que, como consecuencia, se están realizando más y más recortes en las transferencias y en los servicios públicos del Estado del Bienestar.

La inmensa mayoría de trabajos científicos creíbles muestran el profundo error de tales políticas. En realidad, tales políticas de austeridad han sido las responsables de que se vaya cayendo más y más en esta Gran Recesión. Y la causa de que ello sea así no es nada difícil de entender. El gran descenso de las rentas del trabajo en la mayoría de países del mundo occidental (y muy en especial Norteamérica y Europa occidental) ha creado un enorme problema de escasez de demanda, que aún cuando fue paliada, en parte, debido al enorme endeudamiento de la población (endeudamiento que benefició a la banca), ha llegado a un límite que ha paralizado el crecimiento económico. Pero la disminución de las rentas del trabajo se ha hecho a costa del enorme crecimiento de las rentas del capital y de su concentración en unos sectores de la población enormemente minoritarios (el famoso 1% del Occupy Wall Street Movement). Nos encontramos así con la aparente paradoja que vemos, junto a un enorme crecimiento de la cantidad de dinero existente en manos de unos pocos, una gran escasez de dinero para que la mayoría de la población pueda pagar los bienes y servicios que necesita para mantener su nivel de vida. En realidad, la pobreza está alcanzando dimensiones epidémicas, alcanzando grupos y clases sociales que se habían siempre considerado inmunes a tal escasez de recursos.

Lo que debería hacerse y no se hace
Parecería que lo más lógico es que se repartiera la enorme concentración de dinero para que se transfiriera a la población en general permitiéndoles que compren y atiendan a sus necesidades, recuperándose así la economía. La solución a esta recesión es extraordinariamente fácil de diseñar, si el conocimiento científico fuera el que motivara las decisiones políticas. De nuevo, toda la evidencia científica creíble existente señala que tal concentración de las rentas está dificultando la resolución de la crisis. Y la manera de corregir la concentración es la redistribución de tal dinero. Sólo en EEUU, el dinero acumulado (por la élite económica) durante estos años de crisis es de 2 trillones (americanos) de dólares. No hay, pues, falta de dinero. Su redistribución hacia las clases populares resolvería rápidamente el problema de falta de demanda en EEUU.

Que ello no se haga se debe al enorme poder que tiene este 1% de la población en cada país y las alianzas que se establecen entre ellos en varios países. Los argumentos que constantemente se dan, incluso por autores de izquierda, para explicar porqué no se hace tal redistribución y se estimule la demanda, es que los economistas que dirigen o aconsejan estas políticas de austeridad son incompetentes o ignorantes, argumentos que no son creíbles. Otro argumento que se ha utilizado es que tales economistas están imbuidos de una ideología, la ideología neoliberal que practican y promueven con una fe mancada de base empírica que la sustente. Pero tal argumento ignora que la fe siempre se reproduce porque beneficia a los que la promueven y sustentan. Hay intereses muy poderosos –para los cuales tales economistas trabajan- que apoyan la austeridad. Uno de ellos es el capital financiero, pues la expansión económica, que resultaría de las políticas redistributivas, afectaría la inflación. Y el enemigo número uno de la banca es siempre la inflación. Si el lector tiene 100 euros y la inflación anual es de un 10%, al final del año, su billete de 100 euros únicamente tiene un valor de 90 euros en comparación con los iniciales. Y la banca tiene billones de euros. Eso significa que ligeras variaciones de la inflación pueden tener impactos sumamente negativos para el capital financiero. De ahí que las políticas de austeridad que se están imponiendo en la Eurozona (y utilizo la expresión imponiendo porque en ninguno de los países donde tales políticas se han llevado a cabo éstas estuvieron en los programas electorales de los partidos gobernantes), y que están dañando el bienestar de la mayoría de la población, hayan sido las escogidas por el sistema de gobierno del euro (el Banco Central Europeo y también la Comisión Europea), enormemente influenciado por el capital financiero europeo (y muy en especial el alemán). Estas políticas han sido muy exitosas para tal capital financiero. La inflación en el promedio de la Eurozona ha sido alrededor del 2% por año, el objetivo que se diseñó cuando se estableció el euro (en noviembre fue el 2,2%).

Otras causas de las políticas de austeridad
Pero hay otra razón por la cual se continúan las políticas de austeridad. Y es que la enorme cantidad de dinero que se está utilizando por parte de la banca en prácticas especulativas tiene también sus elevados riesgos, como la banca es bien consciente. De ahí que lo que desea es buscar nuevas áreas de inversión que no sean especulativas, tales como la Seguridad Social y los servicios públicos del Estado del Bienestar. Se necesitan, pues, medidas de austeridad que empobrezcan las transferencias públicas (como las pensiones) y los servicios (como sanidad o educación), y que estimulen su privatización. Ello ofrece nuevas posibilidades para la banca y para las compañías de seguro de realizar amplios beneficios en actividades menos arriesgadas que las especulativas. Esta es la explicación de las medidas de austeridad. Y si no se lo cree, mire quien se está beneficiando de las privatizaciones de la sanidad en Catalunya, la Comunidad Autonómica de Madrid, donde tales políticas de privatización han sido más acentuadas. Entre muchos intereses financieros, existen inversiones de alto riesgo, compañías de seguro, consultorías afines al capital financiero y un largo etcétera. Es la “americanización de la sanidad”, es decir, la extensión del modelo sanitario estadounidense gestionado por las compañías financieras con afán de lucro, que han determinado el sistema sanitario más caro, más ineficiente y más impopular de los sistemas sanitarios existentes. En EEUU el sector sanitario es un campo de expansión del capital financiero. Y este es el objetivo de las políticas de austeridad en Europa (ver mi libro Medicine under Capitalism para analizar las consecuencias de este sistema de financiación de la sanidad).
Otra causa de la persistencia de tales políticas de austeridad es que está debilitando al mundo del trabajo y a los sindicatos. El caso español es un caso claro. Por primera vez en época democrática, las rentas del capital superan a las rentas del trabajo. Y la enorme influencia del capital financiero junto con la patronal, en el estamento político gobernante, hace y explica que, a pesar del descenso de la demanda y del escaso crecimiento económico, las rentas del capital continúen creciendo, ayudados por unas políticas fiscales que garantizan sus amplios beneficios (ver mi artículo “El “expolio” social del que no se habla”. Público. 06.12.12). La alianza del capital con el Estado garantiza la prioridad de unas políticas que, mientras benefician a una minoría de la población, dañan enormemente el bienestar de la mayoría.

No es sólo el 1%
Cuando escribo una minoría no me refiero sólo al 1% al cual el movimiento Occupy Wall Street hace referencia. Este 1% (los propietarios y controladores del gran capital) tiene un poder decisivo y determinante. En realidad, su porcentaje sobre la población, tanto en EEUU como en España, es mucho menor que el 1%. Pero este grupo controla los medios que configuran lo que uno de los analistas más agudos de las sociedades capitalistas, Gramsci, definió como hegemonía ideológica, que incluye desde las escuelas y las academias hasta los medios de información y persuasión, y que determinan la sabiduría convencional del país, que incluso hoy, tras tanto dolor y daño causado en la población, continúa dominando: el neoliberalismo. Toda una batería de fundaciones, centros de estudios o proyectos de investigación, están financiados por el capital, y muy en particular por el capital financiero. Los mayores bancos del país tienen centros de estudios, organizan conferencias, financian diarios y revistas llamadas científicas, donde el dogma se reproduce y se promueve a través de amplias cajas de resonancia, medios radiofónicos o televisivos, o prensa escrita, a su vez endeudada y dócil a tales poderes. El 1% para poder mandar necesita el aparato ideológico que lo sustente, Y de ahí que, a pesar del daño que tales políticas están causando, se continúen promoviendo.

diciembre 13, 2012

El Gobierno de Portugal quiere reducir la indemnización por despido a 12 días por año

Iturria: 20minutos.es – 2012/12/13

  • El Gobierno luso intenta cumplir así con las condiciones del rescate financiero concedido por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
  • Los técnicos de la troika detallaron sus exigencias e instaron al país a rebajar esta compensación a un período de entre ocho y doce días.
  • Las nuevas indemnizaciones entrarán en vigor en 2013.

El Gobierno portugués quiere volver a bajar en 2013 las indemnizaciones por despido, de 20 a 12 días por año, para cumplir las condiciones del rescate financiero concedido por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones a los periodistas, el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, precisó este miércoles que la reducción de la indemnización, la segunda en poco más de un año, se negociará con los agentes sociales antes de presentarla al Parlamento, donde el Ejecutivo conservador tiene mayoría absoluta.

El Gobierno luso ya avanzó en diciembre de 2011 que tenía intención de aprobar esta reforma, aunque finalmente la ha postergado hasta el próximo año. En el memorando de entendimiento original acordado en mayo de 2011 con la “troika”, que integran la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, Portugal se comprometió a reducir sus indemnizaciones laborales e “igualarlas a la media europea”.

En revisiones posteriores, los técnicos de la troika detallaron sus exigencias e instaron al país a rebajar esta compensación a un período de entre ocho y doce días. “El Gobierno asumió el compromiso de legislar y escogió el límite superior para causar la menor polémica posible. Se trata de un valor acordado con la UE y el FMI en base a los estudios realizados”, defendió Passos Coelho.

Las nuevas indemnizaciones entrarán en vigor en 2013, de acuerdo con las previsiones del líder conservador, cuyo Ejecutivo ya aprobó una primera bajada de las compensaciones en noviembre de 2011. Entonces, esas compensaciones pasaron de 30 a 20 días por año trabajado para los nuevos contratos con un límite de doce meses, medida que perseguíamejorar la “flexibilidad laboral” en el país, en palabras del propio Gobierno.

La troika consideró que Portugal tenía una de las legislaciones europeas más proteccionistas con los trabajadores, que hacía su mercado laboral demasiado rígido, y propuso modificarla bajo la premisa de que abaratar el despido fomentaría la contratación.

Pese a estar previsto en el memorando, el anuncio de Passos Coelho generó de inmediato críticas de los sindicatos y la izquierda, entre ellas las del principal grupo de la oposición, el socialista, que denunció la inexistencia de análisis fiablessobre cuántos son los días de indemnización laboral media en la UE.

“Hasta el momento, no se ha presentado ningún estudio que justifique este corte a doce días. En el memorando firmado con la troika se habla de igualar, pero no se precisa el número de días por año”, recalcó en declaraciones a los medios lusos el diputado Nuno Sá. El parlamentario justificó así sus críticasa la medida laboral vinculada al rescate de Portugal, que pidió y negoció el año pasado el Gobierno socialista de entonces.

Varios economistas y los principales sindicatos argumentaron igualmente contra una reducción tan fuerte de las indemnizaciones, y recordaron que el salario medio en Portugal, de unos 17.000 euros anuales, es uno de los más bajos de toda la UE, al igual que el gasto del Estado en subsidios sociales y ayudas a los desempleados.

La propuesta del Ejecutivo luso de rebajar la indemnización a doce días ha ido también más allá de las tesis defendidas por la patronal, que en 2011 reclamaba reducir la compensación por despido a unos 15 días por año de antigüedad.

noviembre 21, 2012

Cómo contar la crisis española hablando de Ecuador

Iturria: ATTAC / Bonifacio Cañibano / Publico.es – 2012/11/20

Rafael Correa en Sevilla: “Desde que dejamos al FMI y al Banco Mundial estamos mejor que nunca”

Rafael Correa llegó ayer por la tarde a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en olor de multitudes. Venía a contar cómo salió Ecuador de la crisis de su deuda o cómo él dijo “de la larga noche neoliberal” en la que hundieron a su país en la década de los noventa: la acción conjunta de banqueros insaciables, políticos corruptos y gobiernos ciegamente obedientes a las recetas desreguladoras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Parecía que estaba describiendo lo que está pasando en España y en el sur de Europa, porque la descripción del proceso seguido era casi una calcomanía, así que para no provocar conflictos diplomáticos advirtió desde el principio de la conferencia que “no venía a dar consejos al Gobierno español de cómo salir de la crisis sino a describir lo que había pasado en su país”.

La sala de la conferencia estaba abarrotada de estudiantes y otras tres aulas más en las que se seguía su intervención por videoconferencia. Aún así, el aforo estaba desbordado. Fuera, en el campus, un montón de estudiantes que se había quedado sin sitio, estuvieron gritando durante media conferencia: “¡Que salga Correa!”.

El presidente de Ecuador fechó el origen de los problemas económicos de su país en la década de los setenta, en pleno boom petrolero. En esos años Ecuador crecía a un ritmo del 10%, más rápidamente que China en la actualidad. Entonces, cuando había exceso de liquidez, empezaron a aparecer por Quito los burócratas del FMI, del BM y de la banca internacional predicando el endeudamiento agresivo. El país comenzó a comprar compulsivamente en el exterior, de todo, y por supuesto también, carísimos paquetes de armamento.

En el 82 Ecuador ya no pudo pagar su deuda y la situación explotó. Entonces, dijo, “entró en funcionamiento la lógica financiera del FMI que prioriza por encima de todo el pago de la deuda”. Los gobiernos ecuatorianos se vieron en la necesidad de endeudarse una y otra vez para poder pagar los intereses, cada vez más altos, de una deuda que seguía creciendo. “El objetivo de la economía pasó a ser el pago de las deudas del propio estado y de los bancos, mientras la población se iba empobreciendo” añadió, mientras los estudiantes empezaban a aplaudir con fervor. “El círculo infernal en el que están ahora Grecia y Portugal”, sostuvo Correa, que no mencionó en esta ocasión a España, por educación con el país anfitrión.

En Ecuador, subrayó el Presidente, “la deuda privada interna (la de los bancos) se pagó a base de préstamos externos, pero a costa de endeudarse el Estado”. Tampoco en esta ocasión habló de España, pero recordó que hace dos años en una visita a Portugal ya advirtió al gobierno luso del riesgo de que eso mismo ocurriera en el país vecino. Vaticinio cumplido.

El siguiente paso que dio Ecuador también es conocido en estos lares: “Fue el de las privatizaciones, las desregulaciones y los recortes sociales, predicados por el consenso de Washington, la biblia del neoliberalismo para América Latina”. (Algo similar a lo que ahora predica Berlín o Bruselas). “Nos impusieron leyes”, dijo el presidente, “que decían que impulsaban la competitividad y la flexibilidad en el trabajo, lo que es lo mismo que explotar a los trabajadores”, aclaró a unos estudiantes que seguían aumentando aplausos y entusiasmo. “Satanizaban el gasto público, cuando era para pagar a los maestros, pero no para comprar armas”, volvió a aclarar.

En esta coyuntura llegó Ecuador al año 2000 en el que quebraron 16 bancos. “Entonces los políticos, que no representaban a los ciudadanos, sino a los poderes económicos, hicieron todo lo posible para que la crisis la pagara el pueblo”, dijo cuidándose mucho de no mencionar a España, mientras las cuatro salas aplaudían a rabiar. Correa señaló que poco antes de la quiebra el gobierno de turno puso en marcha un Fondo de Garantía de Depósitos, lo que no hubiera sido una mala idea, si no hubiera tenido como objetivo cubrir las pérdidas de las entidades financieras que quebraron inmediatamente después. “Así se socializaron las pérdidas de la banca”. El presidente ecuatoriano se mantuvo firme en su línea de no hacer comparaciones con España.

El “corralito” ecuatoriano se llamó encautamiento de depósitos. Es decir, la prohibición del Gobierno de que los ciudadanos utilizasen el dinero que tenían en los bancos. Luego llegó la dolarización, los suicidios (“llegamos a conocer un nuevo fenómeno, el suicidio infantil”) y la emigración de millones de ecuatorianos. (Algunos de los cuales estaban presentes en la conferencia).

Correa criticó abiertamente la independencia del Banco Central Europeo “que no está haciendo lo necesario para que Europa salga de la crisis”. “La idea de que la economía no es política, dijo, no resiste un análisis serio y es una estupidez argumentar que los tecnócratas que la dirigen toman decisiones sin intereses políticos concretos, como si fueran seres celestiales que no están contaminados por la maldad terrenal”. A estas alturas el público estaba entregado. Luego se dirigió a los estudiantes y les espetó: “La burocracia financiera internacional cuando tomas decisiones no está pensando en solucionar vuestro paro, está pensando en el pago de la deuda”. Y lo dijo con la elegancia de poner cómo sujeto de esa acción a la burocracia internacional… no a los políticos locales.

Fue más directo al evocar una pancarta que había visto en Sevilla esta mañana y que decía: “Gente sin casas y casas sin gente”. “Si se sigue la lógica de los poderes financieros se va a llegar al peor de los mundos posibles, en el que las personas no tienen casas y los bancos casas que no necesitan”. Los desahucios son inhumanos, dijo, y “no tiene lógica que alguien que devuelva la casa, por no poder pagarla, permanezca endeudado de por vida”.  El presidente explicó que cuando llegó al Gobierno en el 2007 tomó varias medidas inmediatas: eliminó la hegemonía de su banco central, auditó y reestructuró la deuda, eliminando el tramo de “deuda ilegítima” y recomprando bonos a un 35% de su valor nominal. Después pagó el resto, “para librarse de la condicionalidad del FMI cómo hizo Brasil o Venezuela”. Correa terminó recordando que “expulsé de Quito a la misión del Banco Mundial y hace seis años que la burocracia financiera internacional no ha vuelto por mi país. Ahora estamos mejor que nunca”.

noviembre 14, 2012

La austeridad se impone a la democracia

Iturria: Antoni Jesús Aguiló / Diario de Mallorca – 2012/11/07

La perversión del lenguaje, la manipulación de las palabras y la apropiación interesada de los conceptos se ha convertido en una de las principales formas de corrupción de nuestro tiempo. ¿Se acuerdan del famoso pasaje de Alicia a través del espejo en el que Humpty Dumpty impone de un plumazo su autoritarismo lingüístico? “Cuando yo empleo una palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique: ni más ni menos” [1]. La corrupción semántica desfigura el sentido de las palabras para que signifiquen lo contrario de lo que quieren decir y se ajusten a los intereses particulares de quien las emplea. Se crean así eufemismos para suavizar la realidad. Es lo que está ocurriendo con la apropiación que el neoliberalismo ha hecho de la palabra “austeridad”.

La austeridad nunca ha sido un principio inscrito en el ADN ideológico del liberalismo (o del neoliberalismo actual). Se trata de un término que tiene una notable presencia en la historia de la filosofía moral y de las tradiciones religiosas, donde, en términos generales, forma parte de una opción de vida que la orienta hacia la moderación, el autocontrol, la templanza y la simplicidad. Este tipo de austeridad está cerca, por ejemplo, de la sabiduría epicúrea de disfrutar de las pequeñas cosas (“el pan ordinario y el agua –escribe Epicuro– dan una suavidad y deleite sumo cuando un necesitado llega a conseguirlos” [2]) y lejos de la codicia de Bernard Madoff o del suntuoso palacete de Jaume Matas. Desde esta óptica, la austeridad es una práctica que no casa bien con los valores individualistas, consumistas y competitivos de nuestras sociedades. Dado el espíritu anticonsumista y antimercantilista de la austeridad, una persona austera tendría que ser declarada poco menos que antisistema por la cultura neoliberal dominante.

Gran parte de Europa se está tragando la amarga medicina de la austeridad prescrita por la misma ideología que causó la crisis. La élite gobernante de banqueros, políticos, tecnócratas no elegidos y medios de comunicación al servicio del neoliberalismo recurre al lenguaje de la austeridad como remedio necesario. “No hay mejor protección contra la crisis de la eurozona que el éxito de las reformas estructurales en el sur de Europa”, declaraba estos días a la prensa alemana el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Es fundamental desenmascarar la apropiación neoliberal de este lenguaje. En el contexto actual, los planes de ajuste y austeridad de la troika (FMI, BCE y CE) y el Gobierno no son, como se pretende hacer creer a la opinión pública, una política de racionalización, contención y moderación del gasto público para luchar contra la crisis, sino una forma deliberada de expandir el neoliberalismo. La eufemísticamente llamada austeridad es un componente central de la actual estructura social de acumulación del capitalismo neoliberal, el entramado político-institucional favorable al proceso de acumulación capitalista; una acumulación que, como explica David Harvey [3], se basa en la desposesión de derechos, rentas, recursos públicos y conquistas democráticas a terceros (trabajadores, parados, funcionarios, estudiantes, pensionistas, desahuciados, etc.).

El modelo de austeridad presenta tres características básicas que invocan los principios ideológicos del neoliberalismo: 1) busca afianzar su legitimidad social con el discurso del miedo, de la inevitabilidad y la falta de alternativas. “No hay alternativa” fue la consigna ideológica con la que Margaret Thatcher pretendía convencer de que sus políticas neoliberales eran las únicas posibles. 2) Las medidas de austeridad se adoptan para satisfacer al mercado, visto como solución radical para los problemas económicos y sociales. 3) Es un modelo que elude la responsabilidad individual y promueve la socialización de la culpa y el sacrifico, tal y como lo reflejan planteamientos como “el Estado del bienestar es insostenible” (Aznar) o el manido discurso de que los ciudadanos “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.

Cada vez es más evidente que la “cura” a base de austeridad está profundizando la crisis en Europa sin resolver ninguno de los problemas que justificaron su adopción. Sus consecuencias sociales se hacen sentir: precariedad, niveles catastróficos de desempleo, aumento de la pobreza, debilitamiento del sector público, degradación de la protección social y, como telón de fondo, destrucción de la democracia keynesiana. El neoliberalismo es a la democracia lo que la carcoma a la madera. Las pretensiones del neoliberalismo pasan por convertir la democracia en una plutocracia usurpadora, en una oligarquía de ricos capaz de imponer su voluntad sobre una masa poblacional desprovista de derechos económicos y sociales y con derechos civiles restringidos, como los de manifestación y expresión. La transformación del Estado del bienestar en curso va en este sentido. El neoliberalismo es hijo de una cultura política que consagró antes el derecho a la propiedad privada que el derecho a la salud.

Una democracia sin contenido social no es democracia; es un régimen de ciertas libertades políticas que por sí solas no garantizan la lucha contra la desigualdad socioeconómica y la pobreza. Nuestra democracia formal permite que en la práctica haya personas que vivan, sobrevivan (y a veces mueran) sin derechos económicos y sociales. Hace aproximadamente un año, el por entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Newt Gingrich, declaraba que las leyes laborales infantiles eran “estúpidas” y proponía que los niños desfavorecidos mayores de 9 años pudieran trabajar a tiempo parcial. Gingrich reivindicaba sin complejos el derecho a explotar. Los intentos de conciliar democracia y neoliberalismo pueden llevar a la Europa de la austeridad a toda costa al borde del genocidio social. ¿Habrá que volver a los tiempos de Dickens para radicalizar la conciencia de la necesidad de un cambio económico, social y político?

Notas

[1] Carroll, Lewis (1998): Alicia anotada: Alicia en el país de las maravillas. A través del espejo, edición de Martin Gardner, Akal, Madrid, pág. 252.

[2] “Carta a Meneceo”, en Laercio, Diógenes (1887): Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Tomo I, edición publicada por Luis Navarro, Biblioteca Clásica, Madrid, pág. 289.

[3] Harvey, D. (2003): El nuevo imperialismo, Akal, Madrid.

Antoni Jesús Aguiló es investigador en filosofía política del Núcleo de Estudios sobre Democracia, Ciudadanía y Derecho (DECIDe) del Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coímbra (Portugal).

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