Posts tagged ‘fiscalidad’

junio 13, 2013

Delitos y crímenes económicos

Iturria: Xavier Caño Tamayo – 2013/06/12

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo paraconcretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos.

http://xacata.wordpress.com/2013/06/02/

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diciembre 12, 2012

El “expolio” social del que no se habla

Iturria: Vicenç Navarro / attac.es – 2012/12/11

Este artículo muestra la gravedad de la situación fiscal en España y de su enorme regresividad (bien documentada en un informe reciente de la Fundación 1º de Mayo) que determina que las rentas del capital hayan estado especialmente beneficiadas creando un agujero en las cuentas del estado que intenta resolverse a base de recortes en las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar.

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más  rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital,  hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.

noviembre 29, 2012

Amnistía fiscal y oficina internacional: dos caras de una política marcadamente regresiva

Iturria: David Trillo / econonuestra.org – 2012/11/28

La necesidad de incrementar la recaudación en una carrera a contrarreloj para combatir el déficit público llevó al gobierno, en contra de lo afirmado antes de ganar las elecciones, a subir la tributación indirecta. El escenario de hundimiento general de la recaudación hizo que se tomara una vía fácil e interesada, puesto que de ese modo no se abordaba el problema de incrementar la presión fiscal sobre las rentas altas. Sin embargo, los recortes de la mal llamada “política de austeridad” están contribuyendo a la disminución del consumo y por tanto a anular parcialmente el aumento de la tributación total, de manera que el gobierno se ha visto obligado a inventar nuevas reformas relacionadas con los impuestos; desde nuestro punto de vista no está claro si estas reformas son medidas recaudatorias o más bien publicitarias, para que disminuya la presión social en este tema. La primera anunciada fue una amnistía fiscal y la segunda la creación de una oficina fiscal internacional para investigar casos de grandes empresas que generaban una parte importante de sus operaciones en España pese a tener residencia fiscal en otros territorios.

Respecto a la medida de la amnistía fiscal, casi todos los análisis se están volcando en entrar en la efectividad de la medida, lo cual es un error porque los 2.500 millones de euros que se plantean como objetivo es el “chocolate del loro” en un contexto de elusión y evasión fiscal internacional alarmante; Tax Justice Network calcula que pueden andar en cuentas en paraísos fiscales hasta 26 billones de euros a nivel mundial, que podrían aportar a la recaudación mundial unos 230.000 millones de euros. Además, la solución a esta crisis pasa por abordar el problema de la deuda, cuya capacidad de financiación extraordinaria deja en ridículo cualquier recaudación adicional que pueda obtenerse desvelando bases imponibles ocultas o subiendo impuestos.

Pero es que además el problema está en cómo se ha asumido iniciar una senda de tributación regresiva, porque ahora lo único que interesa es recaudar a costa de la mayoría. No se ha tomado el camino directo que es hacer que las sociedades aproximen su tipo efectivo al nominal 30%; actualmente a base del juego de deducciones, en parte por el problema de los precios de transferencia de grandes empresas con paraísos fiscales, pagan muy por debajo de ese porcentaje. Tampoco se ha ido contra grandes patrimonios perfectamente controlados en España.

El Real Decreto-ley 12/2012 prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de no residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria puedan hacerlo mediante una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%. Con ese ingreso del “gravamen especial” se evitará cualquier reclamación por parte de la administración por razón de sanción, interés o recargo. El importe declarado por el contribuyente tiene la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la LIRPF y en el artículo 134 del TRLIS. Esta posibilidad se agota el día 30 de Noviembre de 2012.

La vía elegida es un regalo fiscal para una parte de rentas que se había enriquecido en etapa de burbuja y de políticas conservadoras. Esta medida reduce la progresividad global del sistema, ya que las rentas que se ingresen con la amnistía tributarán al 10% en lugar de los tipos efectivos que correspondiesen a esas rentas sumergidas, y por supuesto renunciando a intereses de demora y sanciones (habría que pedirlo para el resto de rentas por una clara cuestión de equidad horizontal). Eso se une a la pérdida de progresividad que acarrea volcar la tributación general en la imposición indirecta (subida de IVA y tasas). No se ha planteado en cambio que los nuevos tipos del IVA inducen nuevos incentivos al fraude en un contexto en el que no se ha reforzado la plantilla de inspección tributaria.

La medida empezó mal, a finales del verano se estimaba que se había recaudado un 2% de lo previsto. Hay varias razones que podrían explicar por qué puede no tener éxito la medida. En primer lugar la desconfianza, es obvio que una vez afloren rentas también se pueden cruzar las declaraciones de renta y de patrimonio y que haya nuevos pagos en otros impuestos. Segundo el dinero negro (billetes) ha encontrado canales suficientes para no necesitar acogerse a la amnistía, aun así puede ser el que más acomodo encuentre en la amnistía. Lo de que con la amnistía puedan retornar cantidades depositadas en cuentas en paraísos fiscales parece más complicado. Hasta ahora no se ha tomado una decisión creíble y unificada de la unión europea que haga temer a los depositantes que puedan ser perseguidos por esas cuentas en paraísos fiscales. Si en los últimos días ha aumentado la tarea de los inspectores es casi paradójico porque es justo lo que hay que hacer sin necesidad de la amnistía, reforzar la inspección; que en el área de empresas está volcada mayoritariamente en PYME (aproximadamente un 70% de la inspección) y no en la gran empresa (eso dice mucho ya). Si retorna algo de dinero oculto en el tramo final no será de grandes empresas que tienen departamentos propios de planificación fiscal o la asesoría de las auditoras especializadas en la, eufemísticamente hablando, “optimización fiscal”.

Precisamente la recién creada oficina fiscal internacional debería encargarse de investigar otras vías de obtención de recaudación, en este caso conectadas con las actividades de empresas con residencia fiscal en España. Esta unidad se crea para supuestamente analizar las prácticas de planificación fiscal de las empresas y para estudiar vías de obtener mayor intercambio de información entre países. La llamada optimización fiscal está a la orden del día y los países tienen pocas herramientas para “hacer suya” la base imponible de muchas sociedades, puesto que existe libre movilidad de capitales en Europa. Al final es un problema de precios de transferencia, una posibilidad puede ser que las grandes corporaciones compren materias primas o productos sin elaborar en unos países a bajo precio a través de compañías radicadas en paraísos fiscales y venden a un precio más alto a la sociedad del país desarrollado: con gastos más altos e ingresos dados el beneficio o base imponible es menor. La operación se puede encadenar pasando por otros países, parece ser que también juegan con la constitución de sociedades en diferentes países de Europa; el tema es dónde se anota el beneficio y aparece la empresa matriz residente.

En el supuesto de Irlanda los establecimientos permanentes pagan el 12,5%. El caso de Apple o de Google, que ha salido a la luz recientemente, el problema son las relaciones de la matriz con las filiales, la empresa filial española paga altas facturas a la matriz europea reduciendo el beneficio en España, o incluso generando pérdidas, y los beneficios en Irlanda por la actividad principal pagan un 12,5%; si tributase en España sería el 30%. Esas actividades de elusión están amparadas por la legislación de ambos países. La coordinación fiscal, al igual que la armonización fiscal ha sido históricamente un fracaso. Lo que levantó la alarma fue que, por ejemplo, en el caso de Google es sabido que gran parte de sus actividades en Europa está vinculada a ventas a empresas o particulares residentes en España.

Lo único que se puede conseguir con la oficina recién creada es ampliar el ámbito de colaboración informativa de los paraísos fiscales, pero es una trampa, porque normalmente no va a redundar en un aumento de la recaudación y sí en un hecho que hace que en las listas internacionales algunos de esos países de baja o nula tributación puedan desaparecer de la clasificación como paraíso fiscal. Los países que suministran información y firman convenios de cooperación informativa pueden abandonar la lista de paraísos fiscales o centros off-shore. Es una muestra más de como la política y la economía son indisociables, para que haya coordinación fiscal efectiva tiene que prevalecer el interés de lo colectivo sobre los intereses de multinacionales, auditoras y grandes bancos y tiene que haber una institución o conjunto de gobernantes con capacidad real de cambiar la situación. Las pasarelas políticas entre los consejos de administración y los antiguos responsables de partidos políticos en Europa y en Estados Unidos, así como de los representantes de la banca de inversión en los principales centros de decisión en materia económica hablan de la dificultad de avanzar en estos temas.

En resumen no creemos que estas medidas vayan a conseguir ni de lejos el objetivo de incrementar notablemente la tributación, pero además ese es un objetivo para rendir cuentas en Europa, pero no necesariamente para la mayor parte de la población española, que lo que necesita es que se abandonen los recortes y se reoriente la política económica a nivel europeo hacia un modelo de sociedad y de economía completamente diferente.

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septiembre 20, 2012

Afiliados de ELA entregan un documento en la Hacienda Foral para pedir “una reforma fiscal profunda”

Iturria: Europa Press / 20minutos.es – 2012/09/20

Delegados y afiliados de ELA han acudido este jueves a la sede de la Hacienda Foral de Navarra, en Pamplona, para entregar un documento en el que exigen la puesta en marcha de “una reforma fiscal profunda”, una acción que quiere ser “una denuncia simbólica del silencio que se está intentando establecer sobre la fiscalidad”.

Esta iniciativa se inscribe en el calendario de movilizaciones programadas por el sindicato en el marco de la huelga general del 26 de septiembre, convocada por ELA y LAB en el País Vasco y Navarra.

Durante la entrega de estos documentos, firmados de forma nominal por los afiliados, el coordinador de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, ha insistido en que “no se puede combatir la crisis ni se puede atacar la pobreza sin reformar la fiscalidad”.

En Navarra, ha criticado, “hay una presión fiscal muy baja, es decir, los impuestos que se están recaudando son 8 puntos más bajos que los que se recaudan en la Unión Europa”. “La presión fiscal en Navarra está en un 30 por ciento, cuando hay países en la Unión Europea que están rondando incluso el 50 por ciento”, ha precisado.

Según Lakuntza, “si se igualase la presión fiscal que tiene Navarra con la media europea, se estarían recaudando 1.400 millones de euros más”. “Esto significaría que el Gobierno foral podría aumentar en un 50 por ciento el presupuesto que tiene para el año que viene, algo que explica que aquellos recortes que se están llevando a cabo no tendrían que darse”, ha destacado.

En el documento entregado en la Hacienda Foral, ha explicado el coordinador de ELA en Navarra, su sindicato exige “una reforma fiscal profunda” y que “al menos se tomen en el corto plazo algunas decisiones importantes”, como “atacar el fraude fiscal con un compromiso de que al menos el 20 por ciento de lo que son las rentas no salariales vayan a ser inspeccionadas”.

Además, el sindicato propone “dar marcha atrás a las rebajas de impuestos a aquellos que más tienen”. Así, ha abogado por “anular aquellas modificaciones que ha habido en cuanto al impuesto de patrimonio, IRPF, e impuesto de sociedades”, con el fin de “aumentar la recaudación de la Hacienda en una parte muy importante”.

Foto: Europa Press
febrero 18, 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

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