Posts tagged ‘Eurozona’

noviembre 17, 2012

La crisis en la eurozona: ¿qué solución para qué problema?

Iturria: Eldiario.es / Antonio Sanabria – 2012/11/17

La crisis en la eurozona resulta desconcertante. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente, para que al final todo quede igual. El discurso oficial, liderado por el gobierno alemán, insiste machaconamente en interpretar la crisis como un asunto fiscal. Hay un problema de deuda pública, dicen, que exige reducir el gasto público y equilibrar el saldo presupuestario para recobrar la confianza de los inversores. Pero tal argumento sirve de poco o nada como explicación cuando, por ejemplo, todas las economías periféricas (Portugal, Irlanda, Grecia y  España) tenían hasta 2008 un gasto público por debajo de la media de la eurozona y, algunas de ellas, caso de Irlanda y España, una deuda pública muy por debajo del límite impuesto por la Unión Europea.

Resulta desconcertante cómo a esta negación de la evidencia se le añade la insistencia en el dogma de la austeridad, por más que la situación lejos de avanzar empeora. Resulta no menos desconcertante que, una vez evidenciadas las serias carencias en la arquitectura de la unión monetaria, no se tomen medidas que sirvan siquiera para calmar la situación, como ejemplifica la desesperante inacción del Banco Central Europeo. Pero para entender un poco mejor una situación a primera vista desconcertante, conviene empezar por identificar bien el problema que realmente se quiere resolver. Y esto nos lleva a recordar que el origen de la crisis antes que fiscal es bancario, resultado a un proceso de colosal acumulación de deuda privada propiciada por el modelo neoliberal vigente.

La confluencia de intereses entre banca, grandes empresas y rentas altas propiciaría desde finales de los años setenta un conjunto de políticas neoliberales que incidieron sobre dos aspectos básicos: la ruptura del pacto social implícito de posguerra entre capital y trabajo, y el impulso del sector financiero. Ambos están interrelacionados en la medida en que la deuda, facilitada por la liquidez que aporta un sector financiero hipertrofiado, permite el “milagro” de compaginar ajustes salariales con una demanda agregada pujante (sostenida vía crédito).

En el caso de la eurozona este modelo se concreta en dos modalidades. Una primera en las economías del “núcleo”, como Alemania, orientada a la exportación, y una segunda en la periferia, cuyo crecimiento está guiado por el endeudamiento. Por su estructura productiva, Alemania pudo compensar el estancamiento de la demanda interna fruto de sus políticas de ajuste salarial, mediante sus exportaciones en un contexto favorable para la demanda externa. El excedente de ahorro acumulado por sus superávits comerciales se dirigió al exterior, dada la debilidad de la demanda local. Un lugar preferente fue el mercado estadounidense, donde los derivados de crédito y otros instrumentos financieros ofrecían una rentabilidad enorme mediante mayores niveles de endeudamiento, pretendidamente sin riesgo. Una regulación más laxa permitió el desarrollo de una ingeniería financiera muy compleja, pero que finalmente resultó ser la reinvención de la rueda; es decir, cómo financiarse desde la nada vía endeudamiento. El otro destino del ahorro excedente consistió en financiar el entonces vigoroso crecimiento de la periferia europea.

En esta segunda modalidad de la eurozona, el ajuste salarial se compensaba con la captación de ahorro externo, facilitado por unos bajos tipos de interés y una moneda fuerte como el euro. Pero los riesgos de esa excesiva dependencia a la financiación exterior se evidenciaron a partir de la quiebra de Lehman Brothers, en 2008, y la consiguiente sequía que provocó en los flujos de crédito internacionales. Es entonces cuando los prestamistas foráneos se percatan del riesgo de no recuperar sus inversiones.

Sin duda, esta situación ha puesto en evidencia las severas debilidades y vacíos del marco institucional comunitario, que debería haber compensado las asimetrías entre los Estados miembros. Pero la cuestión es sobre todo por qué no se ha avanzado lo más mínimo en corregir dichas carencias. Para entenderlo, partimos de la citada crisis bancaria por acumulación de deuda privada. Pero a este factor, común en otras zonas fuera de Europa, se une aquí un rasgo particular: deudores y acreedores comparten una misma área monetaria. Se plantea con ello un conflicto de intereses entre las prioridades de unos y otros. La crisis en la periferia amenaza los créditos de bancos alemanes o franceses, entre otros. Pero al mismo tiempo, la amenaza de ruptura del euro hace que los capitales huyan hacia aquellas economías donde, en caso de desaparecer la moneda común, sea menor la devaluación al regresar a sus antiguas monedas locales, y con ello pierdan menos valor sus capitales allí depositados. Esta entrada masiva de fondos permite a los bancos del núcleo acceder a financiación muy barata, pese a que su situación dista de estar saneada; mientras en la periferia el grifo del crédito está prácticamente cerrado.

El factor tiempo deja de ser una variable neutral. Es decir, que la lentitud de Bruselas y Fráncfort, si bien puede desesperar a los Estados intervenidos, resulta  provechosa para los prestamistas, al ofrecerles más margen para reducir su exposición crediticia  en aquellos países. Una idea al respecto la ofrece el caso griego. Según datos del Banco Internacional de Pagos, la exposición crediticia de Alemania en Grecia era de 45.114 millones de dólares en el primer trimestre de 2008, para pasar a reducirse a  5.512 millones al final de junio de este mismo año. Es decir, mientras las instituciones parecen perder tiempo, los acreedores se van deshaciendo del problema. En España, aunque las cifras son superiores (122.528 millones de dólares a final de junio de 2012) representan en torno a un 39% de sus créditos bancarios en el primer trimestre de 2008.

Experiencias anteriores, como la latinoamericana de los años ochenta, muestran cómo las políticas de ajuste consisten en maximizar las devoluciones a los acreedores a costa incluso de que los países afectados socialicen deuda privada. Así Alemania se muestra inflexible en que las ayudas a la banca estén avaladas por el Estado, por más que esto propicia la conversión de deuda privada en pública.

Según la teoría de la estabilidad hegemónica planteada por Charles Kindleberger, históricamente cualquier proceso de unificación monetaria es asimétrico y su estabilidad (incluso su viabilidad) depende de que, quien lidere esa unión, asuma también los costes de su hegemonía. Pero el discurso de la austeridad permite a Alemania eludirlos, por más que sus malas inversiones también colaboraran en el desastre. Así pues, para el caso de la eurozona la única solución posible pasa por que los bancos acreedores y los gobiernos que representan sus intereses asuman su corresponsabilidad, y con ello su parte de la factura.

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octubre 15, 2012

España es el país con mayor desigualdad social de la eurozona

Iturria: vamosacambiarelmundo.org / Cristina Delgado  y Amanda Mars – 2012/10/12

– La diferencia de ingresos crece por quinto año consecutivo

– El paro y la crisis hacen mella en la brecha entre los más ricos y los más pobres.

Siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres en España. Pero nunca en los últimos años la distancia entre unos y otros fue tan grande. Ni la diferencia de ingresos tan amplia. La tasa de paro ha hecho mella en los ingresos de las familias. Más de 1,7 millones de hogares españoles, según la última Encuesta de Población Activa, tiene a todos sus miembros en paro. Y solo el 67% de los registrados en las oficinas de empleo reciben alguna ayuda o prestación del Estado. Como resultado, España ocupa una de las posiciones más preocupantes en las estadísticas que miden la desigualdad social y se ha convertido, por primera vez, en el país de los Veintisiete con mayor distancia entre las rentas altas y las bajas.

En España la brecha económica ha superado siempre la media de los socios del euro, al menos desde que arrancan las series estadísticas de Eurostat, en 1995. Pero se mantenía estable. Hasta que la crisis atacó con virulencia y la brecha comenzó a crecer hace cinco años. El llamado coeficiente Gini, que mide la diferencia de ingresos de un país, es una clara muestra de ese cambio. Si la estadística arrojara un cero, significaría que en ese país hay una igualdad perfecta. El 100 sería la desigualdad más absoluta. España sacó en 2011 un 34. El nivel más alto desde que hay registros.

De momento solo 16 países han facilitado sus datos para la estadística Gini de 2011. Pero de entre los que lo han hecho, solo uno supera a España: Letonia, con un 35,2. Cada vez más lejos queda Alemania, con el 29 (y donde además la distancia de ingresos se ha reducido en los últimos años) o Noruega, con el 22,5. Aunque este país no es socio del euro ni miembro de la UE, Eurostat recoge también sus estadísticas.

Y no es esta la única estadística que muestra que la desigualdad está creciendo en España. Otro de los indicadores recogidos por Eurostat, el llamado ratio 80/20, establece una relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% de la que menos ingresa. Los valores más altos indican mayor desigualdad. Y aquí España bate récord: saca un 7,5. Es la nota más alta de los Veintisiete, que obtuvieron de media un 5,7. Ni Letonia en este caso supera a España, ya que se quedó en 2011 en el 7,3. Alemania tiene un 4,6. En Noruega baja al 3,3.

La losa del paro y los recortes salariales

La destrucción de empleo, el fin de las prestaciones y las rebajas de sueldos han castigado las ganancias. “Hay países como Lituania o Letonia que, aunque también tienen índices de desigualdad elevados, al menos remontan en 2011. España no se beneficia de ese avance”, lamenta Antonio Márquez, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga. Apunta, sin embargo, a que al menos el crecimiento de los indicadores se ha frenado, ya que el escalón fue más amplio entre 2009 y 2010. “Pero lo preocupante es el desastre que puede llegar en unos años. Veremos el efecto del enorme desempleo juvenil actual y de los problemas de formación que arrastra España. Eso puede hacer que el escalón sí sea tremendo”, advierte

El aumento de la brecha social es un fenómeno global sobre el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encendió las alarmas a finales del año pasado: la distancia entre ricos y pobres se encontraba en 2008 (últimos datos analizados) en el nivel más alto de los últimos 30 años debido sobre todo a la cada vez mayor diferencia salarial. No se trata siempre de una consecuencia de las crisis, las desigualdades también crecen en la bonanza debido, según el organismo, a que desde mediados de los 90 las políticas correctoras como los impuestos y los servicios sociales han perdido poder de redistribución de riqueza.

El aumento de la desigualdad en España

La riqueza de los hogares españoles baja un 18,4%

EP

Las familias españolas han sufrido hasta mediados de 2012 una pérdida de riqueza del 18,4% respecto al año anterior, lo que r

epresenta la caída más acusada registrada entre las economías de la zona euro, especialmente perjudicadas por las adversas condiciones económicas producto de la crisis de la deuda soberana y la apreciación del dólar respecto al euro, según refleja un informe sobre la riqueza mundial elaborado por Credit Suisse.

En términos absolutos, el importe agregado del empobrecimiento de los hogares españoles sumó 177.000 millones de euros, sólo por detrás de la pérdida de 286.000 millones de los hogares italianos y por delante de la caída de 148.000 millones de Francia y de 50.000 millones en Alemania.

septiembre 16, 2012

Por qué la decisión del BCE es una golosina envenenada

Iturria: Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University – 2012/09/16

El pasado jueves el Sr. Draghi informó de que a partir de ahora el Banco Central Europeo (BCE) compararía bonos públicos de los Estados que lo solicitaran (en cantidades ilimitadas) asegurándose así de que los Estados no colapsen bajo el peso de tener que pagar precios prohibitivos por los intereses de su deuda pública. Ante este hecho, la gran mayoría de creadores de opinión lanzaron las campanas al vuelo, asumiendo que lo que erróneamente se llamaba “el problema de la deuda pública” por fin se había resuelto. Y con ello se permitía ahora que los Estados pudieran conseguir dinero prestado a intereses más bajos, permitiendo que su deuda pública como porcentaje del PIB disminuyera.

Pero tal optimismo ignora varios hechos. Uno de ellos es que los bonos públicos que el BCE está dispuesto a comprar son bonos públicos a corto plazo, es decir, que el préstamo que supone la venta del bono público debe retornarse en un periodo no más largo de tres años, lo cual limita en gran manera lo que un Estado puede hacer. La mayoría de proyectos que un Estado realiza, tanto en infraestructura social como física, requiere inversiones a largo plazo. De ahí que el periodo de préstamo sea muy importante para definir los usos a los cuales el préstamo puede asignarse.

El segundo problema es que comprar tales bonos en los mercados secundarios facilita el existente parasitismo de lo público por parte de lo privado. Es un subsidio a la banca privada a costa del sector público. Hoy nos encontramos en una situación en la que el BCE está estimulando el mercado secundario, donde el BCE presta dinero a la banca privada (pero no al Estado) con unos intereses bajísimos (menos de un 1%) y, con ello, ésta compra bonos públicos (a unos intereses tres o cuatro veces superiores). La decisión del BCE prioriza el mercado secundario donde se realiza tal transacción. Si en realidad el BCE quisiera ayudar a los Estados, podría haberle prestado dinero al Estado (comprándole deuda pública directamente en el mercado primario, en lugar de hacerlo a través de la banca privada).

Pero el mayor problema (la parte envenenada de la golosina) es que la compra de bonos públicos se hace con la condición de que el Estado pida ayuda a EFSF/ESM (los fondos públicos establecidos por las autoridades de la Eurozona para ayudar a los estados) la cual sí que podrá comprar bonos públicos a largo plazo (es decir, de los bonos más importantes) y en el mercado primario. Ahora bien, el EFSF/ESM pondrá criterios muy austeros para hacer tal tipo de compra. Es decir, antes de que el pobre Estado sediento pueda beber el vaso de agua, tendrá que sudar mucho más. Y las condiciones las pondrán los talibanes neoliberales (que controlarán aquellos fondos mal llamados de ayuda y que acaban de exigir a Grecia que recupere la semana laboral de seis días). Estas condiciones incluirán imponer todavía más y más austeridad, empeorando más y más la situación económica. En toda la euforia que se ha creado a partir de la decisión del BCE, se olvida que el mayor problema que tiene la Eurozona es la falta de demanda, acentuada por los recortes y por la bajada de salarios. Este es el mayor problema que los talibanes neoliberales están y estarán provocando. A no ser que se anulen las medidas de austeridad y, como están pidiendo los sindicatos en la UE, sean sustituidas por políticas expansivas, la Eurozona no saldrá del hoyo en el que se encuentra.

febrero 18, 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

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