Posts tagged ‘Esther Vivas’

mayo 3, 2013

La resiganción y el escepticismo, es la gran victoria del sistema capitalista ¡Sí hay alternativas!

Iturria: Esther Vivas / FocalizalaAtencion – 2013/05/02

Vídeo explicativo de Esther Vivas,  licenciada en Periodismo y Máster en Sociología, forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) en la Universidad Pompeu Fabra nos explica cuales son los grandes inconvenientes del capitalismo salvaje y que hay alternativas.

Sólo el conocimiento y  su respectiva difusión nos blindará de los constantes ataques “capitalistas” a los que estamos sometidos.

[youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fyGGWhkKKtk]
abril 29, 2013

Sanidad S.A.

Iturria: Esther Vivas / Publico.es – 2013/04/29

Adiós a la sanidad pública. A partir de ahora se impone la “dictadura de la cartera”: pagar para que te operen cuanto antes, pagar para que te trasladen en ambulancia, pagar por una habitación individual y una butaca reclinable en el hospital, pagar, pagar y pagar. Así se resume el futuro de nuestro maltrecho sistema sanitario. Con la crisis todo tiene un precio, y la sanidad no es una excepción.

Se impone un modelo sanitario de primera y de segunda, en función de la capacidad adquisitiva, ya no de los ciudadanos sino de los clientes. Atrás quedaron los derechos universales. Todo se vende y todo se compra. Y nosotros nos limitamos a abrir la billetera y a abonar, si podemos, la cuenta. El Hospital Sant Pau, en Barcelona, ha puesto en marcha una vía que permite a los pacientes ser operados al margen de las listas de espera, eso sí previo pago de una cuantiosa suma de euros. ¿Esperar más de ocho meses para que te operen de varices? Qué va. Si tienes efectivo, directo al quirófano.

El Hospital Clínic, en Barcelona, ha puesto en marcha, también, un sistema de financiación paralelo al más puro estilo Sol Meliá. “Confort y tranquilidad a su alcance”, podría ser el anuncio de las habitaciones individuales ofertadas a sus pacientes. Total: 70 euros, habitación individual más cama para acompañante. Oferta: 40, habitación individual con butaca. Sólo accesible, eso sí, a quienes se lo puedan pagar. Y no es el único. Los hospitales de Vic, Berga, La Seu d’Urgell, Blanes y Campdevànol ofrecen, también, sillas reclinables al “módico” precio de 5 euros.

Ir al hospital se ha convertido en un gasto extra. Si hace años, la hospitalización incluía agua, material higiénico, medicación, toallas… ahora ya no. A nuestros impuestos destinados al sistema sanitario, hay que añadirles, ahora, un desembolso adicional. O dicho de otro modo: más copago, perdón, repago.

Los hospitales catalanes justifican estas medidas por los recortes sanitarios. Y es cierto. Desde la llegada a la Generalitat de Convergència i Unió, la política de las tijeras ha sido implacable. Pero, asimismo, los casos de corrupción y malversación de fondos no han dejado de salpicar la cúpula del sistema sanitario en Catalunya. La ejecutiva del hospital Sant Pau está siendo investigada, por el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, por desfalco de fondos públicos, pago de sobresueldos a directivos, indemnizaciones injustificadas, irregularidades en contratos públicos, etc. Y mientras dicen no tener alternativas y recortar, acumulan un patrimonio, como recientemente se ha descubierto, que genera una renta anual de más de 10 millones de euros. Que, por cierto, nadie sabe dónde va a parar.

Los antiguos máximos responsables del Institut Català de la Salut y el CatSalut Josep Prat y Carles Manté están acusados, asimismo, de malversación y estafa con fondos del Ayuntamiento de Reus. En concreto, se investigan pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, en el que Josep Prat era el máximo responsable de la empresa municipal Innova, a Carles Manté, por valor de 720 mil euros, entre los años 2007 y 2011, por servicios que el mismo Ayuntamiento considera inexistentes.

La revista comarcal CafèambLlet, con sus modestos recursos, destapó, asimismo, la desaparición de 2,4 millones de euros de los hospitales de Blanes y Calella, los pagos irregulares, de 37 mil euros, de dichos hospitales al ex-alcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, hoy imputado en el Caso Clotilde, la entrega de 20 mil euros por alquileres de los que no consta ningún contrato, el pago de 4 mil euros a un médico por una guardia de 12 horas, etc. La lista resulta interminable. Estos casos son un claro ejemplo de cómo la sanidad pública se ha convertido en un nido de corrupción, fraude y robo a las arcas públicas.

Pero aquí no acaba la historia. Las actuales políticas de recortes en el sistema sanitario tienen un impacto directo en nuestras vidas. O sino que se lo digan a Felipe Rivas, vecino de Tarragona, que en diciembre del 2012 sufrió un infarto de miocardio y al llegar al hospital Joan XXIII de Tarragona le dijeron que tenía que desplazarse a Barcelona, porque la unidad que trata estos casos, la única en la provincia de Tarragona, ya cerraba. Su horario: de 8h a 17h de lunes a viernes. No importa que el tiempo sea un factor vital para salvar vidas en casos de infarto. De hecho, el jefe del servicio de cardiología del hospital Joan XXIII, Alfredo Bardají, admite que desde hace dos años reclaman que se amplíe dicha jornada. Los recortes, pero, no lo permiten.

El cierre de centros de atención primaria, de urgencias nocturnas, los recortes en ambulancias, la reducción en las ayudas al fomento de la donación y el trasplante de órganos, etc. son medidas que afectan de lleno nuestra salud. Apostar por los servicios públicos, por la sanidad, al contrario de lo que nos dicen, no es ningún gasto sino una inversión. Y un derecho que todo tenemos y al que contribuimos con los impuestos que pagamos.

Pero, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora incluso El Corte Inglés anuncia operaciones a la carta. Éste es el caso de El Cortes Inglés de Princesa, en Madrid, que cuenta con un  stand de HM Hospitales que ofrece información sobre intervenciones médicas y quirúrgicas de cataratas, varices, hernias, prótesis de cadera y rodilla, hemorroides, etc. Se informa de los servicios, de la técnica de la operación, del tiempo estimado de ingreso, de las tarifas, y si el cliente está interesado puede contar, además, con la inestimable financiación de la tarjeta de El Corte Inglés.

La sanidad pública, junto con la educación, se ha convertido en un jugoso pedazo del pastel que el capital privado espera repartirse en el banquete de la crisis. La Sanidad S.A. ya ha llegado. En nuestras manos está evitarlo.

febrero 13, 2013

Crisis ecológica e indignación global

Iturria: esthervivas.com – 2013/02/13

Josep Maria Antentas y Esther Vivas

La humanidad se encuentra frente a una crisis ecológica global que forma parte intrínseca de la crisis sistémica del capitalismo. En la crisis de nuestro presente se interrelaciona una crisis financiera y económica, energética y alimentaria, política y social (por el aumento de las desigualdades y el estallido de la crisis de los cuidados). Asistimos en realidad a una verdadera crisis de civilización. Una crisis que en su conjunto ha puesto encima de la mesa la incapacidad del sistema capitalista para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población mundial y para atajar la crisis ecológica que él mismo ha creado y que amenaza la propia supervivencia de la especie y de la vida en el planeta.

La interrelación entre la crisis económica y la crisis ecológica global, cuya mayor expresión es el cambio climático, es de hecho una de las especificidades de la situación actual distinta a las precedentes como la crisis de 1929 y los años treinta. La magnitud del desafío ecológico no hace sino aumentar el potencial de inestabilidad global para el próximo periodo, que estará marcado por el agotamiento, a medio plazo, de un modelo energético basado en el petróleo y los combustibles fósiles, el aumento de las catástrofes naturales debido a las alteraciones climáticas, y los desequilibrios estructurales crecientes del sistema agroalimentario mundial.

Los fracasos de las cumbres del clima de Copenhague 2009, Cancún 2010, Durban 2011 y la reciente de Doha, que ha transcurrido en medio de la indiferencia generalizada, ponen de manifiesto cómo el sistema capitalista es incapaz de dar respuesta a una crisis que él mismo ha creado (Antentas y Vivas, 2009). Estas citas resultaron ser un fracaso sin paliativos y una oportunidad perdida donde ni siquiera la retórica hueca y la pompa de los jefes de Estado, que se fue apagando cumbre tras cumbre desde la grandilocuencia de Copenhague hasta la invisibilidad de Doha, pudo esconder la falta de medidas reales aprobadas. No hay voluntad política para dar respuesta a la crisis climática y ecológica a la que nos enfrentamos ya que una solución real requeriría  el núcleo duro del actual modelo económico.

La ofensiva de la economía verde
La nueva ofensiva del capitalismo global por privatizar y mercantilizar masivamente los bienes comunes tiene en la economía verde su máximo exponente. Una economía verde que, contrariamente a lo que su nombre indica, no tiene nada de “alternativa” sino que busca aumentar las bases para explotar y hacer negocio con la naturaleza. En un contexto de crisis económica como el actual, una de las estrategias del capital para recuperar la tasa de ganancia consiste en privatizar los ecosistemas y convertir “lo vivo” en mercancía. Al mismo tiempo que en el marco de la crisis ecológica, climática y alimentaria, se presentan las nuevas tecnologías (nanotecnología, agrocombustibles, geoingeniería, transgénicos…) como instrumentos para frenar el calentamiento global y la hambruna, cuando en realidad su aplicación obedece a criterios mercantiles y empresariales.

Sus promotores son, precisamente, aquellos que nos han conducido al callejón sin salida en el que nos encontramos: grandes empresas transnacionales, con el apoyo activo de gobiernos e instituciones internacionales. Aquellas compañías que monopolizan el mercado de la energía (Exxon, BP, Chevron, Shell, Total), de la agroindustria (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Bunge, Procter&Gamble), de las farmacéuticas (Roche, Merck), de la química (Dow, DuPont, BASF) son las principales impulsoras de la economía verde, a la vez que se configuran nuevas fusiones y adquisiciones empresariales (Grupo ETC, 2011).

Asistimos a un nuevo ataque a los bienes comunes donde quienes salen perdiendo son las comunidades indígenas, campesinas, de pastores, pescadores… del Sur global, cuidadoras de dichos ecosistemas, quienes serán expropiadas y expulsadas de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales que buscan hacer negocio con los mismos. La economía verde privatiza la naturaleza convirtiendo el acceso a la tierra y a los alimentos en transacciones comerciales y a las políticas públicas, que deberían garantizar estos derechos, en competencia de mercado (Ribeiro, 2011).

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que posteriormente desembocaría en el Protocolo de Kioto, las empresas transnacionales ya dieron muestras de un lavado de imagen verde para ocultar sus prácticas con un fuerte impacto medioambiental y esquivar responsabilidades. Lo “verde” no es nuevo, pero la economía verde va mucho más allá e implica la neocolonización de los ecosistemas y de la naturaleza y busca transformarlos en mercancías de compra y venta. Una ofensiva resultado de la competencia por controlar los recursos naturales y hacer negocio con “la vida”.

El 99% y nuestro planeta
El agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis y la intensificación de las políticas de ajuste han provocado una reacción social de largo alcance. Con las revoluciones en el mundo árabe como aguijón emergió en 2011  un nuevo ciclo internacional de protesta que tiene su elemento motriz en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas que buscan transferir su coste a las capas populares. El leiv motiv de la “rebelión de los indignados” pone en el centro de la diana a quienes son identificados como responsables de la crisis y su gestión. En el caso español, tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A los últimos se les señala como responsables de la crisis económica y a los primeros se les acusa, precisamente, por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios. En Estados Unidos, el movimiento Occupy, en cambio, pone más énfasis en la crítica al poder económico que a la clase política, llevando a cabo un ataque frontal a Wall Street y a la minoría privilegiada simbolizada por el 1%. De todos modos, detrás subyace el rechazo a los dos grandes partidos, a la política de Obama, y a las élites de Washington.

En Europa y Estados Unidos la resistencia indignada se centra en la movilización contra los recortes sociales, las privatizaciones, la banca y el pago de una deuda ilegítima, temas que fueron dominantes en los países de América Latina y en otros continentes del sur en las décadas anteriores. En definitiva la indignación colectiva se expresa como movilización contra los intentos del capital financiero de sacrificar al conjunto de la sociedad para salvarse a sí mismo y de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales en beneficio propio.

En la agenda indignada, sin embargo, las cuestiones específicamente medioambientales y la crisis ecológica y climática han jugado un rol secundario, en un momento donde recortes, desmantelamiento de servicios públicos, desahucios, paro y ayudas a la banca dominan el panorama. En cambio, hoy la defensa de los bienes comunes, de los ecosistemas y de la biodiversidad son temas centrales en la agenda de los movimientos sociales en los países del Sur. Muchas de sus comunidades son las primeras en enfrentar las consecuencias del cambio climático (aumento del nivel del mar, sequías, etc.) y el impacto medioambiental de las falsas soluciones promovidas por el capitalismo verde (agrocombustibles, programa REDD, almacenamiento de CO2 bajo tierra).

Colocar la cuestión de la crisis ecológica y climática en tanto que aspecto central de la crisis sistémica contemporánea en la agenda de las luchas sociales indignadas es una cuestión pendiente y estratégica, para poder plantear un proyecto de ruptura consecuente con el actual modelo económico y social. La crisis actual plantea la necesidad urgente de cambiar el mundo de base y hacerlo desde una perspectiva anticapitalista y ecosocialista radical, en el sentido que le dan al término autores como Kovel y Löwy (2008). Indignados y occupiers en su lucha contra la tiranía de la minoría financiera global tienen el reto de enlazar las movilizaciones contra el ajuste estructural y las opuestas a la crisis climática en una perspectiva  convergente e integradora entre lo “social” y lo “medioambiental” cuyo nexo debe ser el rechazo a la (in)civilización del capital y a la mercantilización generalizada del planeta y la sociedad. Se trata de poder avanzar así hacia, en  palabras de John Bellamy Foster (2009), una imprescindible “revolución ecológica que necesariamente tiene que ser también una revolución social”.

Bibliografía
ANTENTAS, JM. y VIVAS, E. (2009) “Justicia climática y justicia social: un mismo combate contra el capitalismo global”, Ecología Política 39, p. 103-106.
BELLAMY FOSTER, J. (2009) The ecological revolution. Nueva York, Monthly Review Press.
GRUPO ETC. (2011) “¿Quién controlará la economía verde?”:http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_wwctge_ESP_v4Enero19small.pdf
KOVEL, J. y LÖWY, M. (2008) “Un Manifiesto Ecosocialista”:http://marxismolibertario.blogspot.com.es/2008/02/un-manifiesto-ecosocialista.html
RIBEIRO, S. (2011) “Los verdaderos colores de la economía verde”, ALAI 468-469, p. 23-26.

*Artículo publicado en Ecología Política, nº44, diciembre 2012.

febrero 8, 2013

¿Los supermercados crean empleo?

Iturria: Esther Vivas / Público.es – 2013/02/07

La apertura de un gran centro comercial, un supermercado… siempre va asociada a la promesa de creación de empleo, dinamización de la economía local, precios accesibles y, en definitiva, a progreso. Pero, ¿la realidad es así? La gran distribución comercial se sustenta en una serie de mitos que, a menudo, su práctica desmiente.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal de la gran distribución, que agrupa a compañías como Alcampo, El Corte Inglés, FNAC, Carrefour, Ikea, Eroski, Leroy Merlin, entre otras, acaba de imponer un nuevo y duro convenio a sus 230 mil empleados. A partir de ahora, trabajar un domingo equivaldrá a trabajar un día entre semana, y aquellos que hasta el momento estaban exentos por motivos familiares, también, tendrán que hacerlos. De tal modo, que se dificulta, aún más si cabe, la conciliación entre la vida personal/familiar y laboral, en un sector donde la mayor parte de trabajadores son mujeres.

Además se aplica la regla de oro del capital, trabajar más por menos: se amplía la jornada laboral y se baja el sueldo. Asimismo, si las ventas caen por debajo de las del 2010, los salarios podrán ser recortados hasta un 5%. Llueve sobre mojado en un sector ya de por sí extremadamente precario. La ANGED, por su parte, considera que “el convenio refleja el esfuerzo de empresas y trabajadores para mantener el empleo”. Pero, ¿qué empleo?

Y ahora Caprabo, propiedad de Eroski, anuncia que quiere despedir a 400 trabajadores, no aplicar la subida salarial pactada y recortar hasta un 20% los sueldos de parte de su plantilla. ¿La culpable? La “previsible” caída de ventas y la crisis. El año pasado, curiosamente, la empresa anunció que en 2011 sus beneficios habían aumentado un 12%. Santa crisis “rescata” de nuevo a la empresa.

Visto lo visto, supermercados y creación de empleo parecen, más bien, un oxímoron. Son varios los estudios que señalan como la apertura de estos establecimientos implica, consecuentemente, el cierre de tiendas y comercio local y, en consecuencia, la pérdida de puestos de trabajo. Así, desde los años 80, y en la medida en que la distribución moderna se consolidaba, el comercio tradicional sufría una erosión constante e imparable llegando a ser a día de hoy casi residual. Si en el año 1998 existían 95 mil tiendas, en el 2004 esta cifra se había reducido a 25 mil, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Y si desaparece el pequeño comercio disminuyen, también, los ingresos en la comunidad, ya que la compra en una tienda de barrio, a diferencia de la compra en una gran superficie, repercute en mayor medida en la economía local. Según un estudio de Friends of the Earth (2005), en Gran Bretaña , un 50% de los beneficios en el comercio a pequeña escala retorna al municipio, normalmente a través de la compra de productos locales, salarios de los trabajadores y dinero gastado en otros negocios, mientras que las empresas de la gran distribución reinvierten tan solo un escuálido 5%.

Asimismo, debemos preguntarnos qué clase de empleo fomentan supermercados, cadenas de descuento e hipermercados. La respuesta es fácil: jornadas laborales flexibles, contratos a tiempo parcial, salarios bajos y tareas rutinarias y repetitivas. Y, ¿qué ocurre si decides organizarte en un sindicato y luchar por tus derechos? Que si tienes un contrato en precario, más vale que te vayas despidiendo de tu trabajo. Wal-Mart, el gigante del sector y la multinacional con un mayor número de trabajadores en todo el mundo, es el ejemplo por antonomasia. Su eslogan “Siempre precios bajos”, quizá podría sustituirse por el de “Siempre sueldos bajos”. Y no sólo esto, un estudio sobre el impacto de Wal-Mart en el mercado de trabajo local, del año 2007, concluía que por cada puesto de trabajo creado por Wal-Mart se destruían 1,4 puestos de trabajo en los negocios preexistentes.

Pero aquí no acaban las consecuencias negativas que la gran distribución  tiene para aquellos que participan en la cadena de producción, distribución y consumo. Desde los campesinos, que son los que más pierden con las grandes superficies, obligados a acatar unas condiciones comerciales insostenibles y que les condenan a la desaparición, hasta consumidores instados a comprar por encima de sus necesidades productos de mala calidad y no tan baratos como parecen, hasta un tejido económico local que se fragmenta y descompone. Éste es el paradigma de desarrollo que promueven los supermercados, donde una gran mayoría salimos perdiendo mientras unos pocos siempre ganan.

diciembre 20, 2012

Una justicia sorda, ciega y muda

Iturria: Esther Vivas / Público.es – 2012/12/19

A la Señora Justicia se le han descompensado tanto las balanzas que finalmente se le han roto. Ni equidad ni imparcialidad ni acceso universal. Olvídense del artículo 24 de la Carta Magna que dice: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Los derechos, tristemente, han pasado a la historia. Y la Justicia se ha quedado sorda, ciega y muda como los tres monos sabios chinos que se negaban a escuchar, ver y decir maldades.

El copago judicial ya está aquí. Este lunes han entrado en vigor las tasas judiciales. A partir de ahora, todos aquellos que tengamos que hacer uso de la justicia nos veremos obligados a pagar, o volver a pagar aquello que previamente ya hemos abonado mediante impuestos. Pero, ¿vamos a poder con tanto copago? Que si copago en sanidad, que si copago en justicia… y parece que tarde o temprano llegará el copago educativo. Pero la realidad es que cada vez cobramos menos, si es que cobramos, y pagamos más. Echen cuentas.

Y no sólo ahora nos toca pagar a todos sino que, además, las tasas, que antes únicamente abonaban las empresas con más de ocho millones al año de facturación, se duplican. ¿Cuánto nos costará tener acceso a la justicia? Entre 100 y 1200 euros más una parte variable en función de la cuantía del pleito, que puede hacer aumentar, y mucho, el total. Así, una persona mayor que haya sido estafada con las preferentes y quiera reclamar al banco sus ahorros de, por ejemplo, 128 mil euros, si no prospera la vía penal y tiene que acudir a la civil, deberá pagar 940 euros.

La situación llega al absurdo, por no decir al “robo”, cuando por querer interponer una demanda contra la Administración por una multa de tráfico de 100 euros tengas que desembolsar 200. Y si la sentencia es adversa y quieres recurrir al Tribunal Superior entonces la cifra aumenta a 800. ¿Y si te despiden? A pagar. El recurso de un trabajador contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 200 euros y ante el Supremo 300.

Las tasas actuales perjudican especialmente a las mujeres maltratadas, ya que, aunque la demanda por malos tratos no implica el pago de tasas, es necesario abonar 300 euros, más la variable del 0,5% de los bienes que se reclamen, para pedir el divorcio. Si ya teníamos dudas de que la justicia fuese igual para todos, ahora es obvio de que no lo es. La justicia ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio accesible sólo a quienes se lo pueden costear.

La polémica desatada por las tasas judiciales se suma a un malestar creciente dentro y fuera de la judicatura, por asuntos como el caso Dívar, que llevó a la dimisión, después de intensas presiones, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tras el escándalo por sus numerosos y cuantiosos viajes privados a cargo del erario público. Un caso que generó la mayor crisis en la historia del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en el Estado español, y que, por cierto, quedó impune ante la ley. No hay que perder de vista, recordémoslo, que si en un ámbito del Estado pesa como una losa la herencia del franquismo éste es el aparato judicial, reducto de la derecha reaccionaria y exponente de la continuidad entre el régimen anterior y el presente.

La política de indultos del gobierno español, ya sea del PP o del PSOE, se caracteriza por otorgar la medida de gracia principalmente a personas relacionadas con la administración pública, funcionarios y policías, o lo que es lo mismo, políticos ladrones, cargos de confianza corruptos y policías torturadores. Un claro y reciente ejemplo: 16 febrero de 2012, el Consejo de Ministros indulta a varios Mossos d’Esquadra condenados hasta cuatro años y seis meses de prisión por torturas, al amenazar de muerte a un detenido, pisarle la cabeza e introducirle una pistola en la boca, al más puro estilo Tarantino. Mayo de 2012, la Audiencia de Barcelona, en una medida atípica, ordena la ejecución de la condena y señala que de indultarse de nuevo sería “fraude de ley”. 23 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros indulta por segunda vez a los agentes. Impunidad y menosprecio. Más de 200 jueces firmaron en contra y señalaron que dicha acción atentaba contra el Estado de derecho.

Jueces, fiscales, abogados, usuarios… se levantan ahora en pie de guerra contra el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sobran los motivos. En Catalunya, sin embargo, hay quienes esta misma semana cumplen un año luchando por la justicia en la Ciudad de la (In)Justicia. Se trata de la Asamblea de trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de la Justicia que en diciembre de 2011 empezaron a organizarse contra la precariedad, los recortes y la liberalización del sistema judicial que afecta al conjunto de la ciudadanía. Desde entonces, no han parado: cortes de la Gran Vía, ocupaciones del vestíbulo de la Ciudad de la Justicia, coordinación con otros movimientos sociales, performances, despliegue de pancartas, charlas, participación en la Coordinadora Laboral del 15M, caceroladas y hasta un “juicio popular” a la justicia. Como dicen ellos: “Basta de recortes, sumemos luchas”.

Y acabo el artículo citando una de sus performances que, emulando los anuncios de megafonía del metro de Barcelona, dice: “Aviso a toda la población. ¡Precaución! Los carteristas de Convergència i Unió y el Partido Popular esperan una distracción para llevarse lo que es suyo: la nómina, los días personales, la paga de Navidad, su puesto de trabajo, su salud, su educación y su libertad. Así que organícese y luche, porque le están robando sus derechos, le están robando la vida”. Tomen buena nota.

noviembre 12, 2012

“Hemos perdido el miedo como ciudadanos, pero como trabajadores predomina la resignación”

Iturria: Maspublico.com / Rais Beniítez  – 2012/11/10

El 2011 quedará en la memoria como el año de las revueltas. Las protestas de la primavera árabe prendieron la chispa del 15-M. La ola de movilizaciones fue de Madrid a Barcelona, y de Atenas a Nueva York bajo un sentimiento común: la indignación. Pero, ¿en qué medida podemos relacionar las revueltas árabes con los movimientos indignados? ¿Responden a causas comunes? ¿Estas nuevas formas de movilización han sustituido ya a las protestas sindicales tradicionales? ¿Hasta dónde llega la crisis de la democracia?

Estas y otras cuestiones son las que han abordado Esther Vivas y Josep Maria Antentas, expertos en movimientos sociales, en su libro ‘Planeta Indignado. Ocupando el futuro’. Publicado a principios de este año, el ensayo va ya por la segunda edición. En un encuentro con MásPúblico, los autores repasan los temas más destacados del libro, y exponen sus razones por las cuales la sociedad debe avanzar hacia un cambio de sistema.

¿Qué ha supuesto el 15-M?

Vivas: El 15-M fue el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones, en el cual aún nos encontramos. Lo que emergió en el 15-M fue todo el malestar, la indignación acumulada, fruto de una situación de crisis y de las políticas para salir de ella que se estaban aplicando. Las causas que dieron lugar a la emergencia del movimiento no han hecho más que aumentar. Las razones de la crisis continúan, y por tanto hay espacio para que esta indignación continúe en aumento.

La crisis hizo eclosionar el movimiento pero las causas ya eran latentes…

Antentas: La crisis que comienza en 2008 acentúa toda una dinámica que ya habíamos tenido los últimos 30 años: desgaste del Estado del Bienestar, políticas neoliberales que habían reducido derechos y habían precarizado el mercado laboral… El capital financiero está aprovechando la crisis para cambiar de modelo social. Detrás de los recortes, del número de profesores que se van a la calle, del número de quirófanos que se cierran, lo que hay es un intento de cambiar de modelo social para ir hacia un modelo de sociedad en el cual el capital financiero gobierne sin ningún tipo de restricción.

Durante dos o tres años el debate que teníamos es “¿cómo puede ser que con todo lo que está pasando la gente no se mueva?”. La gente estaba un poco paralizada por el shock inicial. Lo que provocó el cambio de contexto fueron las revoluciones en el mundo árabe, que de alguna manera transmitieron el mensaje de que es posible luchar y ganar.

Así que las revueltas árabes ejercen de palanca…

Vivas: La primavera árabe nos devuelve la confianza en que la acción colectiva puede cambiar las cosas. Que si nos organizamos, si salimos a la calle, si luchamos, se pueden conseguir cosas. Antes de que estallase el movimiento pesaba mucho el miedo, la resignación, el escepticismo, y las revueltas en el mundo árabe nos devuelven la confianza. Eso, que parece poco, es extremadamente importante, porque pensar en que podemos cambiar las cosas es el primer paso para conseguir llevar a cabo estos cambios. Desde mi punto de vista, el elemento importante que tienen estas revueltas es que nos retornan esta confianza en el “nosotros”.

Los movimientos indignados se han desarrollado en varios países… ¿el conflicto que los genera es global?

Antentas: La crisis es internacional, y las políticas que se están aplicando en toda la Unión Europea son las mismas. Todos los movimientos de lucha que han surgido contra la crisis nacen en un contexto nacional y estatal concreto, y por lo tanto reaccionan a causas concretas y son diferentes unos de otros (lo que pasa en el caso español no es lo mismo que sucede en Grecia o en Portugal, o en los Estados Unidos), pero simultáneamente se insertan en un contexto general. Son movimientos específicos que forman parte de la misma dinámica general. Al mismo tiempo, los movimientos se han influenciado unos a otros.

Se retroalimentan.
Antentas: Hay una influencia recíproca: se copian eslóganes, conceptos, prácticas como el tema de la ocupación de plazas. Por otro lado, es una cosa muy típica de los movimientos sociales: el efecto imitación, emulación, difusión…

En el libro habláis de una “democracia oligarca”, ¿hasta dónde alcanza la “crisis de la política?

Vivas: Justamente unos de los elementos en común de todos estos movimientos es la reivindicación de más democracia. Está claro que no se puede comparar la situación en el mundo árabe con la de aquí, pero las ansias de más democracia y de tener la capacidad de decidir sobre las políticas públicas es un elemento unificador.
En el Estado español hay una crisis del régimen salido de la transición, de la monarquía, del sistema democrático actual. Se han visto sus límites: una democracia supeditada a los intereses del mercado, del capital, y que no tiene en cuenta las necesidades colectivas de la mayor parte de la población. La crisis ha hecho caer la careta al sistema, pero a la vez la emergencia del movimiento aún ha acentuado más las propias contradicciones del sistema.

En los últimos años hemos visto como la Troika investía a presidentes a dedo en Grecia y en Italia…

Antentas: Estos golpes de estado financieros son el máximo exponente del secuestro de la política por parte del poder financiero, y de cómo en el marco actual las propias instituciones democrático-parlamentarias tradicionales se vacían de contenido. Se produce una cierta implosión de los mecanismos democráticos tradicionales, que por otro lado ya eran bastante limitados.
También observamos como se acerba mucho la lógica neocolonial del proyecto europeo. Aparece muy claramente que en la UE hay un centro y una periferia, y la lógica que se establece entre un lado y otro es el del imperio y la colonia. Con la crisis se difuminan todas las cortinas de humo y el mundo aparece de forma brutal, tal y como es.

¿Puede suceder algo parecido en España?

Antentas: Es una hipótesis que no debemos descartar. El Gobierno de Rajoy se está quemando muy rápido y cuando se queme, seguramente, el recurso del sistema será un gobierno de concentración nacional PP-PSOE con algún tipo de técnico a la cabeza. Es el mecanismo que evitaría concurrir a unas elecciones, que es lo que el sistema no puede permitirse para que no se genere más inestabilidad.

Vivas: Aquí aún no se ha dado esta situación, pero el ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, antes de ocupar este cargo había sido presidente de Lehman Brothers en España y Portugal. Vemos también la influencia del poder financiero en las políticas económicas que se están llevando a cabo. Y se ha puesto claramente de manifiesto los vínculos estrechos entre la clase política actual y las élites económicas y financieras del país. La dinámica de puertas giratorias es una constante: hoy muchos de los que estuvieron en el Gobierno han pasado a formar parte de los consejos asesores de las principales empresas del país y viceversa.

Después de un año de protestas masivas como fue el 2011 llegaron las elecciones y lo que sucedió es la victoria clara de la derecha…

Vivas: Hay que tener en cuenta que las elecciones no son un reflejo del malestar social en las calles ni de la indignación. Vienen muy determinadas por la capacidad de los partidos políticos mayoritarios para salir en los medios, en parte gracias a la financiación por parte de la banca. Unas elecciones no son neutrales, son unos de los terrenos más desfavorables para los movimientos sociales. Para ver un traslado de esta indignación a las urnas hace falta que pase más tiempo.

En este sentido, creo que Grecia es el gran ejemplo. Después de una crisis económica extremadamente profunda, que ha desembocado en una crisis social dramática, los dos grandes partidos mayoritarios se han hundido y han surgido alternativas políticas como Syriza. También hemos visto cómo la extrema derecha ha capitalizado este malestar con un populismo xenófobo y racista. En cierta medida, Grecia es un espejo de lo que puede pasar. Muchas de las cosas que allá han pasado estos últimos años están comenzando a suceder aquí.

Antentas: Cuando gana la derecha siempre hay que recordar que puede ganar unas elecciones pero que su voto nunca es mayoritario. El PSOE se ha quemado y ha ganado el PP, pero ahora también el PP se está quemando. Ya no estamos en la lógica de la alternancia. Es interesante ver cómo la profundidad de la crisis golpea al sistema de partidos, desgasta a los partidos tradicionales, que entran en contradicción con su base social.

Eso ha sucedido en mayor medida con las opciones socialdemócratas…

Antentas: La socialdemocracia choca directamente con su base social y su entorno, porque tiene que hacer una política neoliberal extrema. Eso lo que provoca es que se descomponga. Es el elemento central, porque la socialdemocracia ha sido una corriente política central en el mantenimiento de los regimenes de la Europa mediterránea que se establecieron después de las dictaduras militares de los setenta. El edificio que se construyó en Grecia, España y Portugal comienza a tener muchas grietas en la pared.

¿Qué papel juega en todo esto la deuda?

Vivas: La deuda se utiliza como una excusa para llevar a cabo recortes en derechos sociales, laborales e incluso democráticos. Vemos cómo desde el stablishment se nos dice que hace falta aplicar estas medidas de austeridad porque aumenta la deuda. La mayor parte de esta es privada, principalmente de las empresas y de la banca, y en menor medida de las familias.

El problema añadido es que, cada vez más, esta deuda privada se está convirtiendo en deuda pública. Sobre todo porque en la medida en que se rescatan con fondos públicos a bancos como Catalunya Caixa, Banco de Valencia, Nova Caixa Galicia o Bankia, la deuda privada que tienen pasa a ser deuda pública: se socializan las pérdidas de la banca mientras que los beneficios continúan siendo privados. El problema de la deuda soberana es un tema central en la agenda de los movimientos sociales indignados en el conjunto de la UE. Se está cuestionando la legitimidad de esta deuda y lo que se está promoviendo es que se audite.

¿Qué posibilidades existen de auditar la deuda?

Vivas: Depende de la capacidad que haya desde abajo para imponer estas prácticas. Las experiencias de reivindicación de una auditoria de la deuda se basan en trabajos previos que se han venido haciendo en países de América Latina. En su momento, el gobierno de Correa en Ecuador impulsó un proceso de auditoría y finalmente se decidió que una parte no se pagaba porque era ilegítima.

La auditoría de la deuda se entiende también como un elemento pedagógico, no es tan solo importante la auditoria en sí misma como el proceso hasta llegar a ella. Incluye hacer pedagogía sobre lo que implica la deuda, cuestionarnos a quién ha beneficiado, si ha ido a parar a la banca por qué hay que pagarla, si es legítima o no.

¿Cómo influye la Red en las protestas?

Vivas: Las redes sociales han servido para dar mucho más eco y proyección a las movilizaciones. Han permitido hacer llegar estas protestas a muchos más sectores, y a la vez que los propios activistas se conviertan en periodistas que puedan explicar su propia parte de la historia, lo que en el mundo árabe se ha denominado el citizen journalist.

Hoy en día no puede entenderse la movilización social que tenemos sin tener en cuenta el papel de las redes, pero a la vez se debe tener en cuenta que para que haya un impacto social y político hay que ir mucho más allá de la Red. Eso lo hemos visto claramente en las protestas en Egipto: los blogueros y las redes sociales jugaron un papel muy importante, pero el elemento clave fue cuando los trabajadores de sectores claves como el canal de Suez entraron en huelga. Estas alianzas entre movimientos sociales urbanos, redes sociales y sindicalistas es lo que marca un punto de inflexión en la nueva manera de entender la movilización social hoy en día.

¿Qué dificultades existen para canalizar la protesta a los puestos de trabajo?

Antentas: Esta es una de las grandes debilidades del periodo. El ascenso del paro de masas, la precarización del mercado de trabajo y los cambios en la forma en la que están coordinadas las empresas (procesos de externalización, subcontratación, etc.) ha provocado que en los últimos años se haya debilitado mucho el poder de los trabajadores y de los sindicatos, y que cada vez más los trabajadores tengan menos capacidad de negociación y de movilización.

La gran contradicción es que en tanto que ciudadanos hay una gran capacidad de lucha en la calle pero en tanto que trabajadores es una cosa muy débil. Quizás hemos perdido el miedo como ciudadanos, pero como trabajadores predomina el miedo y la resignación.
Para provocar una crisis política que haga temblar un edificio es central hacer que el capital pierda el control de los centros de trabajo. Y aún estamos muy lejos de esto, nos cuesta mucho.

Un buen momento para calibrarlo será la huelga general del 14-N…

Antentas: La clave para que funcione la huelga general está en que paren los grandes polígonos industriales, el sector público y el transporte, que son los bastiones sindicales. Pero solo con eso la huelga se queda limitada. Si queremos que vaya más allá hay que ver cómo vinculamos a los trabajadores de las pequeñas empresas y de los servicios, los precarios, los inmigrantes, los jubilados, estudiantes, parados, amas de casa… Es decir, cómo somos capaces de que la gente que no tiene posibilidad de expresarse como trabajadores también puedan hacerse oír. Aquí la clave son las manifestaciones que pueda haber el día de la huelga.

Dedicáis un capítulo a la importancia de ligar el movimiento indignado a la lucha contra el cambio climático…

Vivas: La crisis climática, medioambiental y ecológica es otra de las caras de esta crisis múltiple que nos afecta. Desde mi punto de vista, el reto es vincular la lucha del movimiento social indignado, que en Europa está muy centrado en las políticas económicas y sociales -porque nos afectan de pleno-, con la lucha del movimiento por la justicia climática. Las dos cuestiones están íntimamente relacionadas, y son fruto de la lógica del sistema capitalista que antepone los intereses particulares y privados a las necesidades colectivas.

¿El anticapitalismo es la solución?

Antentas: Ahora mismo es la respuesta más consecuente. Lo que muestra la crisis es la cara más brutal del capitalismo. Es un sistema incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población y amenaza a la propia supervivencia de la humanidad y del ecosistema. Además, es un sistema en el que periódicamente hay crisis como la actual que, pese a ser una de las más grandes de la historia, forma parte del funcionamiento habitual del capitalismo. Los problemas que tenemos hoy en día no se pueden arreglar con cambios superficiales, con un poco de maquillaje, se necesita un cambio en profundidad.

¿Esa es la propuesta del anticapitalismo?

Antentas: Lo que expresa es esta voluntad de cambiar el mundo desde la base. En otros momentos de la historia, para expresarla ha habido otros conceptos, como socialismo, comunismo, etc., que a nivel de masas significaban una esperanza de construir otro mundo. Estos conceptos, debido a todo lo que ha pasado en el siglo XX, se asocian a cosas que no tienen que ver con la idea original. Seguramente, el propio movimiento y las propias luchas rescatarán los antiguos conceptos o buen inventarán otros nuevos para ir expresando este horizonte alternativo de sociedad.

El sistema actual no tiene solución y necesita un cambio completo: de un sistema que se basa en la propiedad privada y la riqueza, a uno que se base en los bienes comunes; de un sistema que se basa en la competencia y el egoísmo, a uno que se base en la defensa de aquello que es de todos y en la solidaridad. El sistema va hacia un lado y el anticapitalismo dice: hacia la otra dirección.

Los autores de Planeta Indignado Esther Vivas y Josep Maria Antentas. FOTO: Revista Rambla
octubre 24, 2012

Indignad@s: desobedecer a la injusticia

Iturria: Esther Vivas / diagonalperiodico.net – 2012/10/23

No será este un plácido y melancólico otoño cualquiera. El ambiente está tan denso que parece que pueda cortarse con un cuchillo. Más pobreza, más paro, más hambre, más recortes, más desahucios… son las consecuencias para millones de personas de la “salida” a la crisis por la que apuesta el Gobierno de Mariano Rajoy. Más indignación, más malestar y más desobediencia es la respuesta en la calle.

Hay, sin embargo, una situación social contradictoria. El potencial de lucha es más fuerte que nunca y la salsa puede cuajar en cualquier momento en forma de una nueva oleada de movilizaciones, otra nueva sacudida social. Aunque al mismo tiempo, pesan las tendencias a la fragmentación y a la dispersión. Campañas y movimientos sociales adolecen de poca capacidad de iniciativa.

Las elites económicas y políticas, por su parte, frente a una crisis económica, social, política, ecológica sin precedentes, han optado por apretar el acelerador. Y al mismo ritmo que la prima de riesgo sube, los recortes se intensifican y llegar a final de mes se convierte en “misión imposible” para miles de familias, especialmente en la periferia de la Unión Europea. La crisis clarifica las cosas. Las cortinas de humo se esfuman. Al capitalismo se le ha caído la careta.

Consignas del movimiento del 15M como “esto no es una crisis es una estafa”, “nos somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, “no debemos no pagamos”… se han extendido socialmente ante la profundidad de la crisis, la impunidad de quienes nos han conducido hasta aquí y la connivencia política con la que cuentan.

Se expande cada vez más una conciencia anticapitalista difusa, todavía frágil. Hemos visto gritar en las plazas y en las manifestaciones: “Hoy empieza la revolución” o “No es la crisis, es el capitalismo”. Y el desafío reside en llenar colectivamente de contenido programático y estratégico este malestar social e indignado. Ser capaces de dibujar poco a poco un esbozo de proyecto alternativo de sociedad y de cómo alcanzarlo y profundizar así el alcance y la consistencia del rechazo creciente al mundo actual.

De lo legal y lo legítimo

La intensificación de la crisis, junto con la dificultad para conseguir victorias concretas, ha empujado a una creciente radicalización. Desde la emergencia del 15M, la ocupación de plazas, de viviendas vacías, de bancos e incluso de supermercados se ha convertido en una práctica frecuente. Y lo más importante: estas acciones han contado con un importante apoyo social. La desobediencia civil ha empezado a recuperar el espacio público. Y es que frente a leyes y prácticas injustas, la única opción es desobedecer.

Ocupar una vivienda es considerado ilegal pero en un país donde cada día se desahucian a 517 familias, mientras se calcula que hay entre tres y seis millones de pisos vacíos, tal vez sea ilegal pero es de una legitimidad absoluta. Entrar en un supermercado como Mercadona y llevarse sin pagar nuevo carros de la compra con alimentos básicos para dárselos a quienes más lo necesitan, como hicieron los militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), puede ser ilegal, pero lo que debería ser “delito” es que más de un millón de personas pasen hambre en el Estado español cuando los supermercados tiran diariamente toneladas de comida y que empresarios como Juan Roig, propietario de Mercadona, amasen una de las principales fortunas del país pagando precios de miseria al campesinado y explotando los derechos laborales.

Por el contrario, cuantas prácticas de la banca son legales (la estafa de las preferentes, especular con la vivienda, dejar a familias en la calle e hipotecadas de por vida, etc.) pero profundamente ilegítimas. Y deberían ser estos banqueros, y los políticos que les apoyan, quienes dieran explicaciones frente a los tribunales por dichas prácticas. En el mundo al revés donde vivimos: en la cárcel los pobres y en la calle los ricos. Afortunadamente cada vez más gente empieza a ser consciente de ello.

Tijeras vs porras

Y ante a este aumento de la respuesta social en la calle, parcialmente, el miedo ha empezado a cambiar de bando. De aquí la escalada represiva contra quienes luchan con el objetivo de acallar la protesta y separar al núcleo duro de los activistas de la opinión pública en general. Aunque dicha estrategia les está resultando más difícil de lo que esperaban, debido a la profundidad de la crisis, la deslegitimación del gobierno y el importante apoyo con el que cuenta la movilización social.

Multas por un total de seis mil euros para los estudiantes de la Primavera Valenciana, más de cien personas detenidas en Catalunya desde la huelga general del 29 de marzo, apertura por parte del gobierno catalán de una página web para delatar a manifestantes, sanciones de más de 300 euros por protestar contra las preferentes, dos jóvenes pierden un ojo por el uso de pelotas de goma en la manifestación de la huelga general en Barcelona. Suma y sigue.

Esta es la otra cara de los recortes, la otra cara de las tijeras, es la cara de la represión y la violencia del Estado. Se repite la receta: a menor estado social mayor estado penal. La latinoamericanización de la periferia europea no sólo se da a nivel económico sino, también, a nivel punitivo. Aunque tomemos nota: la represión es, a la vez, un símbolo de debilidad de quienes nos gobiernan, que al no poder aplicar sus políticas por “las buenas” las acaban aplicando por “las malas”. La maquinaria de la austeridad arrasa con todo lo que encuentra, pero es un gigante con pies de barro. Un cartel en un centro social decía: “cuando los de abajo se mueven los de arriba se tambalean”. Así es.

Bye bye matrix

Y despertamos de Matrix. Nos intentaron hacer cómplices cuando no culpables de esta situación de crisis, nos dijeron, por activa y por pasiva, que habíamos “vivido por encima de nuestras posibilidades”.Y el discurso caló. Mentira. Quién durante años ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido el capital financiero y especulativo que hizo negocio con el territorio y la vivienda (aeropuertos sin aviones, infraestructuras faraónicas vacías, millones de pisos sin utilizar…), que regaló crédito fácil a miles de familias. Son estos quienes ahora tienen que pagar por la crisis que han creado, sus responsables.

Mantras repetidos una y otra vez como “la deuda se paga o se paga” empiezan a resquebrajarse. ¿A quiénes beneficia esta deuda? ¿Quién la contrajo? ¿Para qué? ¿Quién debe pagarla? Son preguntas que el movimiento indignado ha colocado encima de la palestra. El pago de la deuda implica una transferencia sistemática de recursos de lo público a lo privado y en su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. La deuda pública aumenta, en buena medida, porqué se opta por salvar a los bancos (Catalunya Caixa, Banco de Valencia, NovaCaixaGalicia…) en vez de salvar a las personas. Se socializaron las pérdidas con el dinero de todos. La estafa de la crisis se ha convertido en una realidad para muchas personas. Y éste es el primer paso para cambiar las cosas. Abrir los ojos al Matrix cotidiano que no nos deja ver la realidad y despertar de la prisión virtual que es la ideología del capital.

octubre 1, 2012

No debemos, no pagamos

Iturria: Esther Vivas – Público.es – 2012/10/01

“La deuda se paga o se paga”. Nos lo han grabado a sangre y fuego. Una de esas máximas que a fuerza de ser repetidas una y otra vez se convierten en verdades absolutas. Pero, ¿es eso cierto? ¿Y si la deuda hipoteca nuestro futuro? ¿Y si la deuda no la hemos contraído nosotros? Entonces, ¿porque hay que pagarla?

Anteayer el ministro de hacienda Cristóbal Montoro presentaba el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Todo, o prácticamente todo, baja. La sanidad encabeza la lista, con un 22,6% de recortes; educación, pierde un 17,4%. Nos quieren enfermos y analfabetos. También disminuyen las prestaciones por desempleo, los fondos destinados a las políticas de igualdad, las subvenciones a la cultura, la cooperación al desarrollo. Y ¿qué sube? De lo prácticamente poquísimo que sube: los intereses de la deuda.

La deuda pública alcanzará en 2013 el 90,5% del PIB, cuando en 2012 cerró en un 70,2%. Sus mayores niveles en un siglo. ¿Por qué? El rescate de la banca, la respuesta. Las aventuras y desmanes del sistema bancario nos han salido caros. Se socializan las pérdidas, mientras que los beneficios continúan siendo privados. Se nos recorta en sanidad, educación, ayudas públicas…, mientras se invierte en salvar, precisamente, a aquellos que nos han conducido a la actual situación de bancarrota.

Salvar a la banca es un pozo sin fondo. Hasta el momento se han invertido ya miles de millones de euros. ¿Sus destinatarios? Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa, Cajasur, la CAM, UNNIM, Banca Cívica, Banco de Valencia… Y el propio Gobierno reconoce que, muy probablemente, una suma importante de los mismos, 21 mil millones, ya no se recuperará. La factura, al final, la pagamos nosotros. Los beneficios se los quedan ellos, claro.

El gran problema de la deuda privada, muy superior a la pública, ha acabado repercutiendo en las arcas públicas, en la medida en que una parte de la deuda bancaria ha sido asumida por el Estado. Y la crisis de la deuda soberana y el aumento de la deuda pública han servido de excusa perfecta para justificar medidas de ajuste y recortes, mientras que las grandes fortunas y las rentas altas cada vez pagan menos impuestos. Conclusión: se transfiere el coste de la crisis creada por unos pocos al grueso de los ciudadanos. Un negocio redondo.

Llegados aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿hay que pagar la deuda? Una deuda que es resultado, principalmente, de salvar a unos bancos que “han vivido por encima de sus posibilidades”. Unos bancos que durante años regalaron crédito fácil a constructoras para edificar pisos que han quedado vacíos, aeropuertos que aún están esperando aviones e infraestructuras en desuso. Bancos que endeudaron a miles de familias aún y a sabiendas que éstas no podrían devolver dichos créditos.¿Nosotros tenemos que pagar esta deuda? ¿Tenemos que pagar por la avaricia y la codicia de unos pocos? Creo que no.

Las deudas no siempre se pagan. Y así deja constancia la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para exigir el no pago de una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Incluso Estados Unidos esgrimió dicha doctrina para no hacerse cargo de las deudas adquiridas por el gobierno de Irak, cuando en 2003 este país pasó a estar bajo su administración. Aunque finalmente Estados Unidos renunció al argumento de la deuda odiosa, consciente del precedente que podría sentar. Nota: el alivio de la deuda, de todos modos, se llevó a cabo alegando razones de “sostenibilidad”. Cuando interesa, la deuda no se asume y se perdona.

Si no debemos, no pagamos. Y es por lo tanto imprescindible auditar las deudas para saber quién las contrajo, a quiénes han beneficiado, para qué han servido. Así lo han hecho gobiernos como el de Ecuador, cuando en el año 2007 pusieron en marcha una comisión para auditar la deuda pública interna y externa y que culminó, en 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.

Ahora nos toca aquí. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ‘No debemos no pagamos’ indica el camino. Se trata de auditar las deudas contraídas por las administraciones públicas, señalar aquellas que sean ilegítimas, denunciar a sus responsables y exigir el no pago. En definitiva, desmontar el mito de rembolsar la deuda “sí o sí”. Pagar la deuda es pagar la crisis. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?

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