Posts tagged ‘estado del bienestar’

septiembre 8, 2012

Aznar celebra su aumento de sueldo: “El Estado del bienestar es insostenible”

Iturria: Kaos en la Red – Agencias – 2012/09/08

El exjefe del Gobierno de España y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, al que Rupert Murdoch le subió el sueldo esta semana, dijo ayer que “el futuro de la Unión Europea pasa por mayor flexibilidad y disciplina”, además de pedir que se acabe con el estado del bienestar.

El expresidente (1996-2004) insistió además en la necesidad de “crear un Fondo de Garantía de Depósitos que garantice las mismas condiciones en todos los países miembros, porque si el euro vale diferente en cada uno de ellos no es sostenible”.

Durante su intervención, Aznar aludió al anuncio hecho ayer por el Banco Central Europeo (BCE) de poner en marcha un programa de compra ilimitada de deuda en el mercado secundario.

“La decisión es buena, pero no es una cuestión de palabras sino de hechos”, subrayó según señala un comunicado enviado por FAES.

Aznar también aseguró que “España es un país solvente, puede tener problemas de liquidez, pero es solvente”.

“España necesita modernizar el país, más flexibilidad y más disciplina”, afirmó, a lo que -según FAES- añadió que “los dos grandes problemas de España ahora mismo son el modelo de Estado, que no funciona y hay que reformar, y el estado de bienestar, que es insostenible“.

En su intervención en la mesa The Economic Outlook, el expresidente del Gobierno también ha apuntado que “el futuro no está solo en el eje Pacífico sino también en el Atlántico, cuyos cuatro pilares son Norteamérica, América del Sur, parte de África y Europa”.

En esta edición del Foro Ambrosetti, celebrado anualmente en la localidad italiana de Cernobbio, intervienen, entre otros, los presidentes de la República de Italia, Giorgio Napolitano; y de Israel, Shimon Peres; el primer ministro italiano, Mario Monti y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

También participarán el expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet; los vicepresidentes de la Comisión Europea, Olli Rehn y Antonio Tajani, y los senadores estadounidenses John McCain y Joe Lieberman.

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julio 4, 2012

El dogma económico neoliberal y las políticas y estafas que promueve

Iturria: publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 2012/07/02

Este artículo analiza las características de dogma (cuasi religioso) que ha adquirido el pensamiento neoliberal en los establishments que dirigen las instituciones de la Eurozona incluyendo de sus gobiernos, dogma que se reproduce a pesar de la abundante evidencia científica que cuestiona cada una de sus creencias.

Durante la Edad Media hubo un dogma religioso que creía que la tierra era el centro del universo, dogma que se repitió y reprodujo a base de reprimir la evidencia científica que lo cuestionaba, mostrando la invalidez e insostenibilidad de los pilares conceptuales que lo sustentaban. Toda una batería de clérigos y sacerdotes –los intelectuales de aquel tiempo- promovían tal dogma, detrás del cual estaba la Iglesia Católica, que consideraba que la Iglesia era el centro ideológico y político de la Tierra, la cual era, a su vez, el centro del Universo. El tiempo fue mostrando que los críticos llevaban razón, aunque la Iglesia, todavía hoy, no ha pedido perdón a Galileo, el mayor pensador crítico de aquel dogma, que fue brutalmente reprimido por atreverse a cuestionarlo.

Pues, por raro que parezca, estamos viendo una situación semejante con la crisis actual, con la diferencia que ahora el dogma es económico en lugar de religioso, los sacerdotes y propagandistas del dogma son ahora los economistas del establishment, apoyados, promovidos y/o financiados por la Iglesia actual, la banca y el sistema financiero que controlan la vida política mediática, financiera y económica del país. El dogma es el dogma neoliberal. Economistas como la mayoría de firmantes de documentos patrocinados por Fedea (financiada por la banca y la gran patronal) así como economistas “estrella” promovidos en los medios de mayor difusión del país (uno de ellos tiene una hora semanal en la televisión pública catalana, TV3 -claramente instrumentalizada por la coalición conservadora-neoliberal que gobierna Catalunya-, llamada “lecciones de economía” que consiste en promocionar tal dogma neoliberal) dominan las tertulias y los medios televisivos, radiofónicos y escritos, que les ofrece el fórum para la presentación del dogma. Este dogma consiste en creer que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo (pues supuestamente nos gastamos más de lo que tenemos) y unos salarios demasiado altos (consecuencia de tener unos sindicatos excesivamente fuertes). De este dogma surgen unas políticas públicas que consisten en recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, y en hacer reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios y despedir más fácilmente a los trabajadores, debilitando a los sindicatos.

La evidencia de que este dogma es erróneo es abrumadora. El gasto público, incluyendo el gasto público social, por habitante es el más bajo de la Eurozona; el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (es decir, el empleo público) es el más bajo de la Eurozona, y de los más bajos de la Unión Europea; el Estado español tenía un superávit (no un déficit público) y una deuda pública bajísima antes de que se iniciara la crisis en 2007; los salarios están entre los más bajos de la Eurozona, con el salario mínimo más bajo de tal área monetaria; y así un largo etcétera.

Es más, la aplicación de las políticas públicas neoliberales durante estos años de crisis han sido un desastre (no hay otra manera de definirlo). El desempleo ya alcanza el 24% (entre los jóvenes es un 50%), y la economía está en recesión. Y los países que han aplicado estas políticas con mayor intensidad (los países periféricos de la Eurozona, Grecia, Portugal, Irlanda y España) están todos ellos en recesión. ¿Qué mayor evidencia desean de que tales políticas neoliberales están equivocadas? En realidad nunca (repito, nunca) un país en recesión (y estamos ya casi en una Gran Depresión) ha salido de ella mediante la reducción de los salarios, del gasto público y de la protección social. Es obvio que en un momento en que la economía está paralizada debido al enorme endeudamiento de las familias y de las medianas y pequeñas empresas, y de la ausencia de crédito, lo que se requiere es una intervención del Estado para estimular la economía mediante la expansión del gasto público a fin de crear empleo tanto en la infraestructura física como social del país, a la vez que la activa participación del mismo Estado en la provisión de crédito. Esto es lo que ha permitido sacar a los países en recesión y/o depresión del bache económico en el que se encontraban. De nuevo, como ocurría con el dogma religioso, en este dogma económico la evidencia científica de que la política de recortes es profundamente errónea es abrumadora, pese a lo cual –impermeables a esta evidencia y a los datos que muestran su error- continúan aplicándose, atribuyéndose la recesión a que no se ha recortado suficientemente el Estado del Bienestar, y a que los salarios continúan demasiado altos.

Los clérigos del nuevo dogma y la nueva Iglesia

Pero como ocurrió en el dogma religioso, este dogma económico se propaga, promueve e impone porque sirve a unos intereses claros: los intereses del capital financiero, aliado a la gran patronal. Han sido ellos los que precisamente han creado esta enorme crisis a fin de poder llevar a cabo tales políticas que les benefician significadamente. La Iglesia de ahora es la Iglesia financiera aliada de la gran patronal, orientada a la exportación. Esta última no requiere un consumo doméstico que la sostenga, pues el consumo toma lugar en otros países. El Pacto Social, que significaba un entendimiento entre el capital y el mundo del trabajo, se ha roto, puesto que el capital hegemonizado por el capital financiero, es decir, la banca, se cree lo suficientemente poderoso como para ignorar al mundo del trabajo. El consumo doméstico de los productos producidos por la economía productiva (que requería una demanda interna basada en buenos salarios, y un gasto público elevado) ya no es necesario en una economía liderada por las exportaciones. Cuando el supuesto motor de la economía es el sector exportador (tal como ocurre en Alemania, por ejemplo) la importancia y necesidad del consumo doméstico se diluye, e incluso desaparece. La gran patronal exportadora alemana ha impuesto una congelación salarial, pues no necesita ya la demanda doméstica. Un tanto igual está ocurriendo en España. La mejora de las exportaciones no está repercutiendo en el nivel de consumo interior ni en la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población laboral. De ahí que los salarios continúen bajos y ello a pesar del notable crecimiento de la productividad.

Este dogma, a pesar del enorme fracaso de sus políticas, continúa reproduciéndose en los medios de mayor difusión (que al estar profundamente endeudados a la banca) no permiten que artículos como éste se publiquen en sus páginas. La evidencia de ello es también abrumadora (en una conversación reciente con un periodista de uno de los mayores rotativos del país, éste me lo reconocía con toda candidez. Su diario estaba muy endeudado y publicar artículos como el que leía y que ustedes están leyendo les supondría un riesgo añadido). De ahí que las voces críticas continúan siendo vetadas, silenciadas o marginadas, presentándolas como extranjeras, “anglosajonas”, voces que no entienden España, cuando no conspiradoras deseosas de cargarse el euro.

Las medidas represivas de la nueva Iglesia: las instrucciones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea

En realidad, el euro no está en peligro, en contra de lo que se está indicando en los medios. Lo que ocurre es que se ha creado una crisis (la recesión es resultado de la aplicación de las políticas neoliberales) que permita imponer las medidas impopulares que desean imponer. La mejor prueba de ello es mirar las condiciones que el Banco Central Europeo (que no es un Banco Central, sino un lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana) exige a los gobiernos, antes de comprar deuda pública española (que es lo que en realidad debería hacer si fuera un Banco Central, que no lo es). En una carta al Presidente del gobierno español anterior, exigió que impusiera “un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido durante un espacio de tiempo limitado”, es decir, que se permita despedir a los trabajadores fácilmente. Tal medida acaba de ser aprobada ahora por las Cortes Españolas, permitiendo que las empresas que emplean menos de 50 trabajadores (que son la inmensa mayoría de empresas en España) puedan despedir sin indemnizaciones durante el primer año, reduciendo considerablemente las indemnizaciones para empleados con mayores periodos de contratación. Otra condición puesta por el BCE es el debilitamiento de los sindicatos, diluyendo la validez de los convenios colectivos, eliminando la indexación salarial.

Y a nivel de política fiscal, el BCE ha estado exigiendo una reducción del gasto público, y en particular del gasto público social, gestionado en su gran mayoría por las Comunidades Autónomas, que están en una situación imposible debido, entre otras razones, a la gran escasez de crédito, escasez que continúa a pesar de que la banca española ha recibido ayudas equivalentes a un 10% del PIB, y el Banco Central Europeo ha prestado a unos intereses bajísimos (1%) un billón (sí, un billón) de euros a los bancos europeos, préstamo del cual, la banca española y la italiana recibieron 500.000 millones de euros.

Estas políticas, que el gobierno Rajoy ha hecho suyas, ya han sido aplicadas en Grecia, con los resultados que todos conocemos. De nuevo, la evidencia que muestra su negatividad es sólida y robusta. Ahora bien, siendo su impacto dañino para el bienestar de la gran mayoría de la población, no quiere ello decir que no beneficien a sectores como la gran banca y la gran patronal que están consiguiendo lo que siempre han deseado, y lo están consiguiendo con sus aliados en el BCE, en la Comisión Europea, en el gobierno alemán (portavoz de la gran banca alemana y de las grandes empresas exportadoras), y, cómo no, por los llamados economistas “estrella” que continúan promoviendo el dogma neoliberal.

Vicenç Navarro – Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

febrero 18, 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

febrero 13, 2012

Ante la reforma laboral y el gélido frío de febrero, volvamos al calor de la lucha

Sandra Ezquerra – 11/02/2012  –

Las portadas de los periódicos, las redes sociales, las tertulias radiofónicas y los programas televisivos vienen hoy todos cargados de información, celebraciones y, sobre todo, enérgicos rechazos de la recién aprobada reforma laboral del nuevo gobierno. En líneas generales la “extremadamente agresiva” reforma constituye el ataque más lesivo contra los derechos de los y las trabajadoras asalariadas del Estado español en los últimos 40 años: el gobierno instaura el despido casi gratuito, rebaja la indemnización por despido a 20 días por año trabajado en la mayoría de los casos, reduce el tope de mensualidades a cobrar en caso de pérdida de empleo, elimina el requisito de autorización de la Autoridad Laboral de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), limita severamente la cobertura de los convenios colectivos y pone en peligro la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras en la función pública.

Si bien todas estas medidas constituirán, como cínicamente afirma Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después” en la regulación del mercado laboral, la reforma laboral introduce otro elemento que, a riesgo de ser invisibilizado tras las duras agresiones en torno al despido y la negociación colectiva, debería ser también objeto principal de análisis y, cómo no, de crítica. Me refiero al “impulso” que el gobierno se dispone a dar a que las personas en situación de desempleo realicen servicios “de interés general en beneficio de la comunidad” mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas.

La apuesta de hacer a las personas receptoras de prestaciones públicas trabajar por ellas no es nueva: fue la esencia de la cruda reforma del estado del bienestar de Bill Clinton en 1996 y desde entonces se ha introducido en las regulaciones sociales y laborales de no pocos países occidentales. El objetivo práctico es sencillo, reducir los costes presupuestarios de las alarmante tasas de desempleo y hacer que las personas en paro trabajen para justificar la ayuda recibida. El objetivo ideológico no podría ser más contraproducente para las clases trabajadoras: consolidar la noción neoliberal del y la desempleada como insostenible carga al erario público y culpable de su propia desdicha. Así, esta medida concreta es profundamente perversa en varios sentidos:

En primer lugar, independientemente de los eufemismos utilizados por el gobierno, significa que se hará trabajar a personas en situación de desempleo para justificar la recepción de una prestación que han pagado ampliamente con anterioridad mediante su participación y cotización en el mercado de trabajo remunerado. Lo que no queda claro son las condiciones laborales y de trabajo bajo las que estas personas llevarán a cabo sus tareas. Por otro lado, resulta de vital importancia recordar que las personas paradas no reciben ayudas caritativas de las administraciones públicas sino que obtienen una prestación económica proveniente de la suma de las cotizaciones de todas las cotizaciones, incluidas la suya, de las personas asalariadas en la economía formal. Con la reforma laboral los y las trabajadoras pagarán por su propio paro dos veces: mediante sus cotizaciones pasadas y mediante los “servicios” que se vean obligadas a ofrecer para poder obtener la prestación.

En segundo lugar, el gobierno anuncia que las personas desempleadas realizarán “servicios de interés general en beneficio de la comunidad”. Dejando de lado la verborrea oficial, este tipo de servicios es lo que hasta hace poco toda hija de vecino llamaba estado del bienestar, el mismo estado de bienestar que la clase política lleva años desmantelando. De esta manera, no sólo se eliminan derechos y apoyos públicos cada día en nombre del crecimiento económico y la llamada crisis de la deuda retornando la responsabilidad de garantizarlos de manera gratuita al seno de las familias, sino que además, a partir de ahora, las mismas familias que se han visto obligadas a hacer mil malabarismos para compensar la pérdida de apoyo público, se encontrarán en la situación de que alguno(s) de su(s) miembro(s) sin empleo tiene(n) que trabajar para pagarse el paro realizando servicios que, como resultado de los recortes, ha(n) dejado de recibir.

En tercer lugar, esta medida va encaminada a incrementar el ejército de reserva de trabajadores y trabajadoras. La incorporación de personas paradas, previsiblemente en una situación de alta vulnerabilidad “laboral”, a “servicios de interés general” conllevará el despido de trabajadores y trabajadoras de la función pública que en estos momentos realizan estos servicios y/o compensará, de manera gratuita para la administración, los despidos masivos de este tipo de profesionales llevados a cabo en los últimos años y que en el futuro próximo, sin lugar a dudas, el gobierno pretende incrementar. De esta manera, los y las nuevas componentes del ejército de reserva son obligadas a competir con otros y otras trabajadoras por empleos, salarios y otras condiciones laborales. Ello sólo puede derivar en una encarnizada pugna fratricida en el seno de la propia clase trabajadora, así como su amansamiento, con efectos dramáticamente negativos en las condiciones de empleo de todas y todos.

La perversión de la reforma está clara. Lo que no lo está tanto es el calibre nuestra respuesta. Quizás el otoño que tenía que ser tan tórrido acabó siendo decepcionante, pero el cambio de estación se acerca. El frío gélido de febrero anuncia la cercanía de la primavera, y la brutalidad glacial de las políticas del Partido Popular sólo puede ser contrarrestada por el calor de la lucha.

¿A qué estamos esperando?

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