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enero 16, 2013

¿Por qué las desigualdades están creciendo?

Iturria: Vicenç Navarro / vnavarro.org – 2013/01/14

Este artículo critica algunas de las teorías que se han dado para explicar el crecimiento de las desigualdades en los países de la OCDE, incluyendo España. El artículo subraya que las causas más importantes de tal crecimiento son más políticas que económicas.

Que las desigualdades en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) han ido creciendo hasta alcanzar niveles no conocidos desde principios del siglo XX es una realidad que ya casi nadie cuestiona. Sólo algunos ultraliberales, que también niegan que haya cambio climático, continúan negando este hecho. Las explicaciones más frecuentes que se dan a este crecimiento de las desigualdades son predominantemente dos. Una es la introducción de nuevas tecnologías que eliminan muchísimos puestos de trabajo en los países más desarrollados económicamente, eliminación que se centra primordialmente en los puestos de trabajo de escasa cualificación. De ahí que, según tal argumento, haya un elevado desempleo en tales países en los sectores de trabajadores poco cualificados. Esto explica el énfasis que muchos gobiernos dan al desarrollo de un modelo educativo encaminado a corregir tal escasa cualificación. La solución propuesta por aquellas opciones políticas que atribuyen las desigualdades al escaso desarrollo de formación cualificada entre la población es mejorar la cualificación a través de la educación.

Tal argumento, sin embargo, explica muy poco el crecimiento de las desigualdades, pues la automatización de los puestos de trabajo de baja cualificación no es un fenómeno nuevo. Antes al contrario, la automatización ha existido desde el principio del trabajo asalariado, habiendo sido una constante en el diseño del trabajo. No parecería ser, pues, que tal automatización pudiera ser una causa mayor de la destrucción de los puestos de trabajo y de la extensión del desempleo. Es más, tal automatización está afectando también a puestos de trabajo de elevada tecnología y cualificación. Hoy, un técnico especialista en lecturas de radiografías, por ejemplo, sustituye en muchos hospitales a radiólogos con doctorados. En realidad, no hay evidencia de que las nuevas tecnologías estén afectando más a los trabajadores con menos cualificaciones que los que tengan más cualificaciones. Es más, según las estadísticas de empleo del gobierno federal de EEUU, los puestos de trabajo que están creciendo más son los primeros, los de baja cualificación, mucho más que los de elevada cualificación. No parece, pues, convincente que los cambios tecnológicos sean una causa de este enorme crecimiento de las desigualdades.

¿La globalización como causa del crecimiento de las desigualdades?

La segunda explicación más común que se da para explicar tal crecimiento es la globalización económica. Constantemente se hace referencia a los puestos de trabajo que se están yendo, por ejemplo, a la China, puestos de trabajo que por regla general son de escasa cualificación. Hay un elemento de verdad en este argumento. Pero sólo un elemento de verdad pues este argumento ignora que esta exportación de puestos de trabajo se centra primordialmente en puestos de trabajo de baja cualificación y ello a pesar de que en los países donde tales puestos de trabajo se instalan, también tienen muchos profesionales de elevada cualificación que harían gustosamente (y con menor salario) los trabajos de alta cualificación que existen en los países donde se exportan primordialmente trabajos no cualificados. El hecho de que sean estos últimos y no los primeros los que se exportan se debe, como bien dice Dean Baker (del Center for Economic and Policy Research de EEUU), que los profesionales de elevada cualificación tienen mucho más poder en los países que exportan puestos de trabajo que los trabajadores no cualificados. Tales profesionales, a través de sus organizaciones profesionales, son capaces de influenciar al Estado para que desarrolle políticas proteccionistas que no permitan tal competitividad con los profesionales extranjeros. Se me dirá, con razón, que tales puestos de trabajo cualificados también se están exportando. Pero está ocurriendo con menor frecuencia que entre los no cualificados.

Este hecho muestra como las causas mayores del crecimiento de las desigualdades tanto dentro de cada país como a nivel mundial son políticas (es decir, relacionadas con las relaciones de poder) más que económicas. En aquellos países donde el mundo del trabajo tiene mayor poder político hay menos desigualdades. Y en aquellos países donde el capital (los grandes grupos financieros y económicos) tiene mayor influencia política, las desigualdades son mayores. Los países escandinavos que, debido a su escaso tamaño han tenido economías altamente globalizadas (es decir integradas en la economía mundial), son países, sin embargo, con menos desigualdades y ello se debe al gran poder que históricamente han tenido las izquierdas en aquellos países, una situación que es opuesta a la de los países del sur de Europa, que históricamente han tenido unas derechas fuertes y unidas y unas izquierdas débiles y desunidas, responsables de que existan grandes desigualdades en estos últimos países.

Las causas mayores del crecimiento de las desigualdades se deben a la enorme influencia política del mundo del capital a costa del mundo del trabajo

Lo cual me lleva al último punto que quiero subrayar. El enorme crecimiento de las desigualdades es un indicador de la enorme influencia del capital financiero y empresarial sobre los aparatos del Estado a costa de la influencia del mundo del trabajo, que ha ido perdiendo su influencia sobre aquellos aparatos. La incorporación y desarrollo de la ideología neoliberal dentro de las políticas públicas de los partidos gobernantes, incluidas las izquierdas mayoritarias, es una consecuencia de este diferencial de influencias que tienen las distintas clases sociales sobre el Estado. En otras palabras, es la victoria del capital sobre el trabajo la que ha llevado a una enorme concentración de las rentas y de la propiedad, transformando la lucha de clases tradicional en otro conflicto que es mucho más amplio que el existente entre la burguesía por un lado y la clase obrera por el otro. A este último conflicto (que continúa existiendo) hay que añadirle el conflicto de una minoría de la población en contra de la gran mayoría. De ahí que la solución a este enorme crecimiento de las desigualdades sea la democratización de los aparatos del Estado convirtiéndolos en una institución al servicio de la mayoría, en lugar de al servicio a la minoría, como está ocurriendo ahora. La evidencia científica que apoya tal explicación del crecimiento de las desigualdades es abrumadora.

Y esta democratización no ocurrirá a no ser que se rompa el lazo que une los equipos dirigentes de los partidos gobernantes con los equipos gestores de las grandes corporaciones e instituciones financieras. Es más que preocupante ver este lazo reproducirse incluso en los partidos de centroizquierda gobernantes, donde vemos exdirigentes de la socialdemocracia en puestos de servicio a algunas de las empresas que se han beneficiado y continúan beneficiándose más de la intervención del Estado. Este hecho debería denunciarse, pues es esta ligazón la que está en la raíz del problema del crecimiento de las desigualdades. Hoy, la pérdida de legitimidad de la democracia se basa precisamente en el excesivo poder que el mundo del capital (y más en especial el capital financiero) tiene sobre el Estado. No podrá desarrollarse la ya escasamente desarrollada democracia en España a no ser que se rompa este lazo del mundo financiero y empresarial con el Estado. Cuando Endesa, por ejemplo, invita a una ex Ministra de Economía del PSOE a integrarse en su equipo de dirección, no lo hace por su conocimiento del sector energético, sino porque es una fuente de conocimiento y contactos en las estructuras del Estado que beneficia a tal empresa, una empresa cuyo servicio a la sociedad es muy cuestionable y poco ético, comportamiento facilitado por una excesiva influencia sobre el Estado. El número de dirigentes del PSOE que hoy ocupan puestos en las grandes empresas del país es enorme. Esta relación entre mundo financiero y mundo empresarial con los partidos conservadores y liberales ha sido la característica que ha definido a tales partidos de derechas. Lo que es preocupante es que esta relación se está produciendo también en los partidos mayoritarios de izquierda. Ahí está el origen del crecimiento de las desigualdades. Éstas son consecuencias de este maridaje de poder económico y político.

Últimas observaciones sobre las desigualdades en España

Existe entre amplios sectores de las izquierdas en España una percepción errónea de que lo que ocurre en España está predominantemente determinado por fuerzas exteriores a España. Esta percepción aparece en la frase constantemente reproducida en forums políticos y mediáticos del país “que los estados están desapareciendo” y/o “es poco lo que pueden hacer hoy en día”.

Tal postura es profundamente errónea y sirve para justificar políticas públicas reaccionarias e impopulares. La congelación de las pensiones (presentada como resultado de las presiones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo) es un ejemplo de ello. El estado podría haber conseguido incluso más dinero revirtiendo la bajada del impuesto de sucesiones que había aprobado en un periodo anterior. Estas políticas de clase se están llevando a cabo por las elites gobernantes en España, en alianza con las elites gobernantes de la Unión Europea con las cuales comparten intereses de clase.

Las enormes desigualdades en España (España es el país que, después de Letonia, tiene mayores desigualdades en la UE) están basadas en la excesiva influencia de la banca y la gran patronal sobre el estado, realidad que es percibida por la ciudadanía correctamente. Según la Encuesta de Tendencias Sociales, los bancos y la CEOE son percibidos como los sectores que tienen más poder en España por la mayoría de la población española. La expresión de su abusivo poder sobre el Estado es la mayor causa de la pérdida de legitimidad de la democracia. Y es esta influenza que ha ya alcanzado unos niveles sin precedentes en el periodo democrático y que explica que, a pesar de que el porcentaje de la población activa ha ido aumentando, las rentas del trabajo como porcentaje de la Rentas Nacional haya disminuido siendo hoy, un porcentaje menor que las rentas del capital, es decir, que los beneficios empresariales, situación que se ha acentuado todavía más en estos años de crisis (desde 2007), en el que el porcentaje de la población con empleo ha disminuido. La crisis ha dañado el nivel de vida de la población trabajadora. Hoy el 20% de la población de mayor renta (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales) poseen más renta que la gran mayoría de la población (el 60%). Y puesto que este 20% domina la vida política y mediática del país, España continúa y continuará siendo el país con mayores desigualdades de la UE. Así de claro.

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enero 6, 2013

¿Quieren saber por qué España debe pagar 40.000 millones al año en intereses de deuda? Listado completo de privatizaciones 1984-2007

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/06

No se pierdan la lista y entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales. Todo lo que estas empresas no aportan al estado, el estado lo debe pedir a los mercados…

Información oficial tal y como aparece en la página del SEPI (http://www.sepi.es)

No se pierdan la lista y ahora entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales.

Con la privatización de estas empresas se robó al estado la capacidad de generar ingresos por otras vías que no sea, casi en exclusividad, la recaudación fiscal. En sectores además que son estratégicos y que garantizan una fuente constante de ingresos (energía, telefonía, obras públicas, transportes, etc, etc.). Los ingresos generados por estas privatizaciones, que se estiman en torno a los 50.000 millones de euros, sirvieron para que los gobiernos de turno pudieran compensar sus respectivos presupuestos y, entre otras, sirvió al PP para cumplir con los objetivos impuestos por la UE para la entrada en el Euro y hablar de un -supuesto- “milagro económico español”. En solo dos años, 1996 y 1997, el gobierno de Aznar, ese que nos han querido vender como un as en la gestión económica, recibió más de 20.000 millones de euros (de la época) con las privatizaciones de las últimas participaciones del estado en Repsol y Telefónica, entre otras. Esto es, 20.000 millones de euros a costa de vaciar al estado de recursos que en el futuro lo pudieran capacitar para generar ingresos y entregar tal capacidad a manos de intereses privados. Vendiendo lo que no era suyo, e ingresando tal ingente cantidad de dinero a costa de dejar al estado sin futuro, ¡cualquiera es un as en la gestión económica! Si encima se acompaña con una burbuja inmobiliaria, ni hablamos.

¿La consecuencia real de todo esto? Solo en los dos próximos años el estado español pagará más en intereses de la deuda que todo lo obtenido en más de veinte años de privatizaciones. ¡Solo en dos años!

Y es que, claro, cuando al estado se lo vacia de su capacidad de generar recursos, el dinero que no entra por esa vía, a la larga, lo tiene que acabar pidiendo prestado a los mercados. A los intereses que todos conocemos y con las dramáticas consecuencias que, en forma de recortes sociales y laborales, estamos viviendo en estos tiempos. Privatizar no solo es entregar lo público a manos privadas, es también condenar al estado a ser esclavo de los mercados. Por eso hoy, solo en un año, el estado español deberá pagar 40.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda generada como consecuencia de no contar con empresas públicas que puedan generar ingresos para el estado. 

El asunto es, además, significativo: los mismos que antes se beneficiaron de que el estado les entregara su patrimonio y su capacidad de generar ingresos, en sectores rentables, por un módico e insignificante precio (en comparación con el beneficio que le han sacado después en la mayoría de casos: señal de que hasta las empresas que daban pérdidas podían llegar a ser rentables), son los mismos que ahora se están lucrando con la crisis y, en concreto, con los recortes sociales y laborales.

Sí, así funciona el capitalismo. No es un caso aislado ni ha pasado solo en el estado español. Ellos ganan, tú pierdes.  

Privatizaciones de 1984 a 1996

En este periodo se realizaron en España en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas. En términos monetarios, el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros hasta 1996.

El objetivo principal de estas privatizaciones era racionalizar y reestructurar el sector público empresarial, así como restablecer la competitividad de sus empresas. Los encargados de realizar estas operaciones fueron los tres grupos públicos empresariales existentes en España: INI, INH y Patrimonio.

Con anterioridad a 1985 el INI había acometido la venta de hasta 17 empresas, como General Eléctrica de España (año 1962), Marconi Española (1969), Sevillana de Electricidad (1971), Boetticher y Navarro (1973) o Petróleos de Navarra (1976).

Fue en la década de los 80 cuando se abordaron las operaciones de venta en el marco de una política industrial y con objetivos más concretos. Estas privatizaciones fueron de dos tipos:

  • Venta industrial directa de empresas pertenecientes a sectores sin interés para el Estado que no podían ser competitivas en el ámbito público.
  • Desinversiones parciales de empresas rentables en Bolsa, a través de Oferta Pública de Venta, conservando el Estado su control.

En el primer caso, la mayoría de las privatizaciones fueron de pequeñas o medianas empresas que no tenían dimensión suficiente para competir en el mercado, siendo el INI el que realizó la mayor parte de las ventas. La primera empresa privatizada por el INI, en 1985 (aunque la operación se aprobó en 1984), fue Textil Tarazona.

En este grupo de privatizadas también figuran empresas de renombre en la industria española y de mayor tamaño, como las de automoción, SEAT y ENASA. También destacan TRASATLANTICA (transporte marítimo); Marsans y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima, ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), y La Luz, OESA y otras pequeñas empresas de alimentación, además de empresas de menor entidad pertenecientes a estos y otros sectores productivos.

Las privatizaciones parciales o de tipo financiero sirvieron para sufragar las pérdidas de otras compañías y autofinanciar el crecimiento de las propias empresas en parte privatizadas, así como reducir el déficit público y cumplir los criterios de convergencia europea. Estas privatizaciones de sociedades rentables y consolidadas se sucedieron ‘caso por caso’, recortando el perímetro del sector público empresarial, pero conservando una presencia estatal en las empresas cotizadas, que podría ser minoritaria pero suficiente para su control.

Hasta 1996 se completaron 16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas) y que permitió la salida al mercado bursátil de empresas, encuadradas en el segundo grupo, como ENDESA, REPSOL, ARGENTARIA, TELEFÓNICA y ENCE.

Empresas privatizadas por INI y TENEO mediante venta no bursátil

Año Empresa Sector % desinvertido Operaciones complementarias
1985 Textil Tarazona
C.Soler Almirall
Ingenesa
Igfisa
Secoinsa
Pesquisa
SKF
Viajes Marsans
PBA
Indugasa
Textil
Rodamientos
Electrónica
Alimentación
Electrónica
Energía
Rodamientos
Turismo
Alimentación
Automoción
69,56
100
67,6
100
69,1
45,4
98,8
100
85
50
1986 Entursa
Frigsa
La Luz
Gypisa
Olcesa
Telesincro
Insisa
Motores MDB
Remetal
Issa
Pamesa
SEAT
Tovisa
Miraflores
Cabsa
Aluflet
Mipsa
Turismo
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Cont. Naval
Aluminio
Metalurgia
Papel
Automoción
Bienes de equipo
Alimentación
Alimentación
Aluminio
Minería
100
100
100
100
50,5
100
60
60
66,2
100
100
75
99,3100
40
100
Privatización completada en 1990
1987 Dessa
Evatsa
Litofan Española
Purolator Iber.
Vict. Luzuriaga
Diasa
Miel Española
Alumalsa
Cont. Naval
Metalurgia
Metalurgia
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Alimentación
Alimentación
Aluminio
80
100
100
94,7
33,34
50
51
44
1988 Grupo Lesa
Carcesa
Fridarago
Coisa
Astican
Promural
Pamensa
Acuasur
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Const. Naval
Alimentación
Alimentación
Alimentación
99,9
99,9
98
100
90,7
53
99,9
66,7
1989 MTM
Ateinsa
Enfersa
Oesa
Pesa
Ancoal
Fodina
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Fertilizantes
Alimentación
Electrónica
Minería
Fertilizantes
85
85
80
100
97,5
75,2
100
El 15% restante se vendió en 1992
El 15% restante se vendió en 1992
El 20% restante se vendió en 1991
1990 Saldosa Minería 51
1991 ENASA
GEA
TSD
Automoción
Artesanía
Informática
100
90
100
El 10% restante se vendió en 1992
1992 Icuatro Electrónica 100
1993 Palco
Automoción 2000
Ibermática
Fábrica San Carlos
Aluminio
Automoción
Informática
Bienes de equipo
50
100
39
100
El 50% restante se vendió en 1994
1994 Sodiga
ASDL
Gyconsa
Trasatlántica
Artespaña
Desarrollo Ind.
Electrónica
Electrónica
Trans. Marítimo
Artesanía
46,2
86,67
9
99,98
100
Privatización completada en 1997
1995 Refínalsa
Indra
Aluminio
Electrónica e Inf
50
24,9%
Privatización total en 1999 con OPV
1996 Auxini
Sodican
Construcción
Desarrollo Ind.
40
41
Privatización completada en 1997
El 10% restante se vendió en 2001

Privatizaciones de 1996 a la actualidad

A partir del 28 de junio de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc.. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV. Estos ingresos se aplicaron fundamentalmente a cubrir las necesidades operativas de las empresas del Grupo y a cancelar la mayor parte de la deuda histórica del INI.

Para la venta de estas empresas se aplicaron distintos métodos de privatización: ventas industriales, OPVs, ventas mixtas (Venta industria + OPV) y subastas.

  • Mediante OPV, se han privatizado, total o parcialmente (porque ya tuvieran parte del capital en Bolsa): Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica.
  • A través de ventas mixtas: Aceralia (47,1% para socios industriales, 52,8 en OPV), Ence (25% + 1 acción para socios industriales, 26% + 1 acción en OPV institucional), Iberia (40 %, socios industriales e institucionales, 54% en OPV), Indra (previa -en 1995- reordenación estructura accionarial -24,5 %- y OPV del 66,09%) y CASA (Acuerdo de integración de negocios con creación de EADS y simultánea OPV de este consorcio).
  • El método de subasta se aplicó a Comee, filial de Red Eléctrica, en aplicación de la Ley Sector Eléctrico, y para la venta de 15 fincas de Expasa.

En todas las empresas se privatizó la totalidad del capital público, excepto en los casos de green shoe no ejecutado en las OPVs, por obligaciones contractuales (CASA) o por imperativo legal (Red Eléctrica).

La privatización de Turbo 2000, completada en 2004, ha puesto fin a este periodo de 8 años en el desarrollo del plan de privatizaciones, cuya última gran operación de venta fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003.

Tras ese periodo, son pocas las empresas de SEPI que por su actividad pudieran ser objeto de venta, ya que la mayoría de ellas son sociedad con objetivos de interés públicos o de carácter instrumental, y algunas otras sometidas a planes de reconversión. Por ello, las privatizaciones han dejado de ser objetivo prioritario.

En este tiempo, SEPI ha concretado la venta de algunas pequeñas empresas, de las participaciones en Aldeasa, Altadis y Endesa, correspondientes a los green shoe de anteriores OPVs, y del 8,5% de Red Eléctrica, así como de activos de IZAR en Liquidación. Los ingresos obtenidos por estas ventas han alcanzado los 2.000 millones de euros.

Privatizaciones realizadas por SEPI, SEPPa y AIE

Año Empresa Sector % vendido Agente privatizador Comprador
1996 Repsol
Argentaria
Sagane
Gas Natural*
Sefanitro
Petróleo
Banca
Gas
Gas
Fertilizantes
11
24,83
91
3,81
52,6
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
AIE
OPV
OPV
Enagas
OPV Instituc.
Fertiberia
1ª venta tras 28/06/96
Filial de AHV
1997 Sodiga*
Telefónica
Almagrera
Iongraf
Repsol
Surgiclinic Plus
Sodical
Auxini
Endesa
Aldeasa
Telefónica Int.*
Elcano
Ferroperfil
Barreras
Aceralia
Prom. Industrial
Comunicación
Minería
Aluminio
Petróleo
Prod. Médicos
Prom. Industrial
Construcción
Energía
Distribución
Comunicación
Transp. Marítimo
Aluminio
Const. Naval
Siderurgia
5
20,9
99,99
100
10
50
51
60
25,44
74,94
23,78
100
100
99,9
100
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPPa
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Xunta Galicia
OPV
Navan Resources
Directivos
OPV
Grupo Hambros
Acc.-Caja Duero
OCP Construcc.
OPV
OPV
Telefónica
Gpo Marítimo Ibér.
Directivos
Grupo Barreras
Arbed y otros
Filial de InespalFilial de Santa BárbaraVendido 40% en 1996
Filial de Inespal
Filial Grupo Aesa
Venta industr. Y OPV
1998 Infoleasing
Argentaria
Inespal
Tabacalera
Endesa
Comesa
Inima
Productos Tub.
Enagás*
Grupo Potasas
Financiero
Banca
Aluminio
Tabacos
Energía
Eléctrico
Medio Ambiente
Siderurgia
Gas
Minería potasa
100
29,2%
99,66
50,43
30
100
100
100
9
100
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Leasing Catalunya
OPV
Alcoa
OPV
OPV
Subasta
Lain
Tubos Reunidos
Gas Natural
Iberpotash
Filial de Red Eléctrica
Filial de Cofivacasa
1999 Telefónica
Indra
Red Eléctrica
Icsa / Aya
Astander
LM Composites
Enatcar
Comunicación
Tc. Información
Energía
Composites
Const. Naval
Composites
Transporte
0,28
66,09
31,5
100
100
50
100
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Block trade
OPV
OPV
Masa
Italmar
LM Glasfiber
C. Alianza Bus
Filiales Santa BárbaraFilial de Santa Bárbara
2000 Sodican
Initec
Casa
COPE*
Prom. Industrial
Ingeniería
Aerospacial
Comunicación
10
100
99,28
2,42
SEPI
SEPI
SEPI
SEPPa
Com. Aut. Canarias
Tec. Reunidas
Integración Grupo
Cope
Constitución EADS
2001 Conv. Aluminio
Santa Bárbara
Iberia
Expasa^
Ence
Babcock Wilcox
Arsa / Austral
Impresión
Defensa
Transp. aéreo
Agricultura
Celulosa
Bienes de equipo
Transp. aéreo
100
100
88,2
fincas
51
100
99,1/90
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Alucoil
General Dynamics
Socios Ind. y OPV
Subasta
Socios Ind. y OPV
Babcock Borsing
Air Comet
Venta de 7 fincasTraspaso Austrian Energy
2002 Coosur / Olcesa
Química Estr.
Expasa^
Trasmediterránea
Aceites
Química básica
Agricultura
Trans marítimo
100/89,4
51
Fincas
95,24
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Consorcio Jaenoliva
Fertiberia
Subasta
OPA
Filiales de Al. y AceitesVenta de 8 fincas
2003 Ebro-Puleva*
ENA
Musini, S.A
. Musini Vida
Alimentación
Autopistas
Seguros
Seguros
4,24
100
98,07
100
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Inst. Hisp. Arroz
Consorcio Sacyr
Mapfre
Mapfre
Participación de Mercasa
Filial de Musini
2004 Turbo 2000 Aeronáutico 50% SEPI Sener Tenedora 53,1% ITP
2005 Aldeasa
Altadis
Clínica Castelló
Inisas
Navalips
Red Eléctrica
Sodicaman
Distribución
Tabacos
Sanitario
Seguro sanitario
Hélices barcos
Energía
Prom. Industrial
5,06%
1,93%
100
100
50
8,5
51
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
OPA (Retail Airp.)
Bought Deal
Mapfre
Adeslas
Wartsila Propuls
Bought Deal
J. Castilla La Mancha
Green shoe de OPV 1997
Green shoe OPV Tabacalera 1998
Participada AesaFilial de Sepides
2006 Wesser Eng.
Aresbank*
Sodiar
Izar Liquidación^
Ingeniería
Banca
Prom. Industr.
Const. Naval
100
7,34
51
Activos
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Taim-TFG
Lybian Arab F. B.
Savia (Gob. Aragón)
Compañías navales
Participada por Aesa
Astilleros Sestao, Gijón y Sevilla
2007 Ionmed
Endesa
Esterilización Industrial
Energía
99,65
2,95
SEPI
SEPI
Ionisos
OPA Acciona-Enel
Filial de Enusa
Green Shoe OPV de 1998

(*) Ventas de participaciones minoritarias

(^) Ventas de activos

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diciembre 29, 2012

Los recortes en la sanidad pública, otra vez

Iturria: Vicenç Navarro (vnavarro.org ) – 2012/12/28

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.

diciembre 15, 2012

España es el segundo país de la Unión Europea en el que más caen los salarios

Iturria: Javier Ruiz / vozpopuli.com – 2012/12/14

SÓLO IRLANDA REGISTRA MÁS RETROCESO SALARIAL

La OIT advierte que la práctica de “devaluar salarios” está sustituyendo a la de devaluar la divisa que se practicaba antes de 1999 pero advierte que puede tener efectos imprevistos por el empobrecimiento que genera. “La austeridad coordinada se está convirtiendo en recesión coordinada”, advierte el organismo.

Aunque el Gobierno pide tiempo para comprobar los efectos de la reforma laboral, su verdadero reflejo se está mostrando ya: los salarios de los españoles se están abaratando más que casi ningún otro en la Unión Europea. Esa caída es de tal calibre que España es ya el segundo país en el que más caen las nóminas de toda la Unión, sólo superado por Irlanda, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La situación española contrasta con la de países como Francia, Italia o Reino Unido donde, pese a la crisis, el poder adquisitivo de sus trabajadores está subiendo, según esos datos.

La OIT reconoce que la práctica de “devaluar” salarios está sustituyendo a la de devaluar la divisa que se practicaba antes de 1999 en los países con grandes déficits comerciales. Sin embargo, advierte que esa práctica puede tener ahora efectos muy diferentes a los que se han vivido en otros momentos históricos porque esa devaluación salarial se está produciendo de manera simultánea en toda la zona euro. La aplicación de las mismas prácticas –asegura la OIT– está produciendo que “la austeridad coordinada se convierta en una recesión coordinada”.

Los países que han aplicado políticas como éstas en el pasado han disminuido su impacto interno combinándolas con devaluaciones de moneda. Es lo que hicieron Suecia en 1992, Argentina en 2002 o Islandia en los últimos años. Ahora ese colchón no existe y la OIT advierte: “la lección es que las políticas válidas para un país no son necesariamente igual de válidas para un grupo de países altamente interdependientes”.

El Gobierno asegura que ese abaratamiento atrae inversión

Algunos destacados miembros del Ejecutivo reconocen que ese empobrecimiento se está produciendo. Sin embargo, lo justifician con la inversión que está atrayendo. Es lo que sostiene el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien afirma que “gracias a la reforma laboral y a la reforma energética” se está atrayendo la inversión de la industria del automóvil. Según ese análisis, compañías como Renault, Ford o GM plantean ahora su regreso a España porque los menores costes les compensan producir en este país.

La OIT se enfrenta al Ejecutivo y concluye: “volver al pleno empleo requerirá medidas más justas, más valientes y más profundas que las contempladas en la actualidad”

noviembre 24, 2012

La desvergüenza de la banca española

Iturria: Juan Torres López / Publico.es – 2012/11/23

Las declaraciones del portavoz de la banca española (y antiguo subgobernador del Banco de España, por cierto) con motivo de las normas recién aprobadas por el gobierno sobre desahucios muestran que los banqueros españoles están perdiendo ya los niveles mínimos de responsabilidad, decencia y vergüenza.

Jueces y expertos y, por supuesto, las personas y familias afectadas, han puesto de relieve que se trata de una reforma muy tímida y que de ninguna manera va a evitar la inmensa mayoría de los desahucios tan injustos e inhumanos que se vienen produciendo, además de ser muy beneficiosa para la banca: los supuestos que contempla son muy restrictivos y ni siquiera todos los de gran necesidad, no tiene carácter retroactivo, solo se refiere a los expedientes promovidos por la banca, y permite que se sigan acumulando intereses cuando se suspendan temporalmente, lo que evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos. Pero, a pesar de ello, los banqueros dicen que es muy negativa, que “pone en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” porque puede hacer que la gente deje de pagar caprichosamente las hipotecas, e incluso que se puede cerrar el grifo del crédito se si aprueba.

Parece mentira que los españoles tengamos que oír esto de la banca, como si fuésemos estúpidos. Si nuestros bancos y banqueros se jactan de ser los mejores del mundo, ¿qué es lo que explica entonces que aquí tenga que haber condiciones hipotecarias (y en general bancarias) más asimétricas que en los demás países de nuestro entorno? ¿Por qué la banca española no puede operar en las mismas condiciones que la francesa, la alemana, la inglesa o la de Estados Unidos, si en esos países compite en igualdad de condiciones con otros bancos? ¿Qué tipo de razón financiera es la que justifica que aquí haya pervivido una legislación casi decimonónica tan favorable a ellos? ¿Son razones económicas, de eficiencia financiera y de mercado, o sencillamente que los banqueros han tenido aquí más poder que en otros lugares y que se han podido hacer fuertes en sus privilegios, entre otras cosas, porque fueron el soporte principal de la dictadura fascista de Franco?

Si tuvieran vergüenza, los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma es simplemente porque quieren seguir teniendo los privilegios de siempre que les hacen estar entre los bancos con más rentables del mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder político y social mucho mayor que en casi todos los demás países.

Y es igualmente desvergonzado que los banqueros aludan, aunque formalmente no utilicen esta expresión, al llamado riesgo moral que en su opinión conlleva la reforma. Es decir, que afirmen que crea un incentivo que puede permitir que los individuos trasladen su responsabilidad hipotecaria a los bancos, convirtiéndose voluntariamente en malos pagadores, como si la gente estuviera deseosa de perder sus viviendas caprichosamente.

Parece mentira que sean los banqueros los que digan eso cuando son precisamente los bancos los que deben el dinero que ha puesto a la economía española a los pies de los caballos por su gestión avariciosa e irresponsable y lo que ha provocado que tengamos que ser rescatados, haciendo que el conjunto de los españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos extranjeros. Son los banqueros y no las familias ni los pequeños y medianos empresarios los que se han aprovechado de la información privilegiada que tienen para trasladar sus responsabilidad a los demás, encareciendo artificialmente la financiación, haciéndola más difícil de obtener, y provocando una rémora inmensa a la actividad productiva en nuestro país.

El auténtico y más negativo riesgo moral que puede influir sobre nuestra economía es el que está haciendo que los propietarios y directivos de las entidades financieras que la han hundido, que han volatilizado el dinero de sus clientes en operaciones especulativas muy arriesgadas, que han estafado a miles de clientes y que les hacen pagar comisiones y gastos muy por encima de los habituales en otros países de alrededor, se vayan de rositas y no den cuenta ante la justicia de los daños que han producido.

El mal ejemplo para millones de españoles es comprobar que los banqueros que han cometido delitos son indultados graciosamente cuando son condenados, y que esto último sea algo excepcional porque los fiscales y los jueces raramente actúan contra ellos, como demuestran tanto casos de crisis y quiebras bancarias que se han saldado con costes enormes para los contribuyentes y aire fresco para quienes las han provocado.

Lo que paraliza a la economía y destroza a las empresas que crean riqueza es que los banqueros utilicen su poder para echar por alto la imprescindible financiación de la actividad económica al convertir el negocio bancario en el motor que alimenta las burbujas, la especulación, la evasión fiscal, la fuga de capitales a los paraísos fiscales y los negocios más sucios que existen. O que hoy día estén ganando miles de millones generando más deuda para todos los españoles a base de recoger dinero barato del Banco Central Europeo y de rentabilizarlo comprando los bonos que luego le permiten ofrecer condiciones inmejorables a los grandes poseedores de liquidez, y todo ello racionando la financiación que necesitan urgentemente las empresas.

Y lo que es una barbaridad y nos lleva al desastre no es que se tomen medidas de justicia elemental para proteger a los débiles frente a los poderosos, como dicen los banqueros, sino que éstos utilicen su poder para seguir tratando de imponer un modelo productivo caótico, depredador e insostenible. El portavoz de la banca lo ha dicho claro: “hay que dar más créditos y crear más casas”. Eso es lo que se le ocurre proponer a los banqueros en un país en donde hay casi cinco millones de viviendas vacías, urbanizaciones enteras sin utilizar consumiendo recursos naturales y energía sin cesar, y la experiencia de una burbuja que ha enriquecido a unos pocos pero que ha dejado desolada a nuestra economía llevándose por delante la posibilidad de modernizarla y de situarla en la vanguardia de las naciones. Tienen a miles de empresarios carentes de financiación, reclamando crédito urgente y asequible para crear empleo y riqueza y lo que quieren es destinar el dinero a mover otra vez cemento y a dar pelotazos a base de corrupción y barbaridades urbanísticas. Están locos y esto es la mejor prueba de que hay que combatir la irresponsabilidad y la desastrosa gestión de los recursos que hacen nuestros banqueros.

Si los españoles queremos de verdad salir de esta crisis provocada por la banca no podemos seguir manteniendo el sistema financiero tal y como lo están moldeando el anterior y el actual gobierno con las reformas que han realizado. Hay que acabar con los privilegios y con el poder político y mediático de los bancos si es que no queremos que los banqueros acaben con la democracia. Es imprescindible disponer de una banca pública, bien dirigida y estrictamente controlada, que no pueda financiar sino a las empresas y consumidores que lo necesiten para hacer que crezca la generación de riqueza y no las actividades especulativas. Una banca firmemente asentada en principios éticos (y no, como quería el gobierno en “buenas prácticas” de asunción voluntaria), y en un compromiso radical con el desarrollo económico y social y con el equilibrio medioambiental, lo que significa, sobre todo, que no se puede dedicar, como hacen los bancos actuales, a financiar la corrupción, modelos productivos insostenibles y la creación constante y artificial de deuda.

octubre 24, 2012

Los intereses de los préstamos bancarios: ¿qué justificación tienen y por qué no deberíamos pagarlos?

Iturria: Rebelion.org – 2012/10/24

Cualquier persona que haya tenido que devolver un préstamo sabe lo que significan los intereses a la hora de pagarlo. Uno recibido, por ejemplo, al 7% supondría tener que devolver casi el doble del capital recibido al cabo de diez años.

Tanto es el peso de lo intereses que llevan consigo los préstamos que durante mucho tiempo se consideró que cobrarlos por encima de unos niveles determinados más o menos razonables se consideraba no solo un delito de usura sino una acción inmoral, o incluso un pecado grave que condenaría para siempre a quien lo cometiera.

Hoy día, sin embargo, casi todos los gobiernos han eliminado esa figura delictiva y a todo el mundo le parece natural que se cobren intereses legales de hasta un 30% (esto es lo que cobran en estos momentos los bancos españoles a los clientes que sobrepasen su línea de crédito) o que haya naciones hundidas en la miseria no exactamente por lo que deben sino por la cuantía de los intereses que han de pagar.

Los países de la Unión Europea renunciaron a tener un banco central que los financiara cuando necesitasen dinero y entonces tienen que recurrir a la banca privada en esas circunstancias. En consecuencia, en lugar de financiarse al 0%, o a un interés mínimo que simplemente cubra los gastos de administrar la política monetaria, tienen que hacerlo al 4, 5, 6 o incluso al 15% en algunas ocasiones. Y eso hace que cada año los bancos privados reciban entre 300.000 millones y 400.000 millones de euros en forma de intereses (¿tengo, entonces, que explicar quién estuvo y por qué detrás de la decisión de que el Banco Central Europeo no financiara a los gobiernos?).

Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones de euros en intereses desde 1980 (cuando el banco central dejó de financiar al gobierno) a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año ( Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système?, Ed. Yves Michel, París, 2009). Es decir, que si Francia hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se habría ahorrado 914.000 millones de euros y su deuda pública sería hoy insignificante.

En España ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos pagado ya, a cuenta de los intereses (227.000 millones en total desde entonces), tres veces la deuda que teníamos en 2000 y a pesar de ello ahora seguimos debiendo todavía el doble de lo que debíamos en ese año (Yves Julien y Jérôme Duval, España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra? ). Eduardo Garzón ha calculado que si un autentico banco central hubiese financiado los déficits de España desde 1989 a 2011 al 1%, la deuda ahora sería también insignificante, del 14% del PIB y no de casi el 90% ( Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública ) .

Y lo curioso es que estos intereses que cobran los bancos a las personas, a las empresas o a los gobiernos y que lastran continuamente su capacidad de crear riqueza no tienen justificación alguna.

Se podría entender que alguien cobrase un determinado interés cuando concediese un préstamo a otro sujeto si al hacerlo renunciase a algo. Si yo le presto a Pepe 300 euros y eso me impide, por ejemplo, pasar un fin de semana de vacaciones con mi familia podría quizá justificarse que yo le cobrase un interés por la renuncia que hago a mi disfrute. Pero es que eso no es lo que sucede cuando un banco presta .

Lo que la mayoría de la gente no sabe, porque los banqueros se encargan de disimularlo y de que no se hable de ello, es que cuando los bancos prestan no están renunciando a algo porque, como decía el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, el dinero que prestan no existe previamente sino que lo crean ex nihilo, es decir, desde la nada.

El procedimiento es muy sencillo y lo explicamos Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los amos del mundo. las armas del terrorismo financiero (p. 57 y siguientes):

“Supongamos que Pedro se deja convencer por un banquero y deposita los 100 euros de los que dispone en un banco, a cambio de recibir un interés del 4% al año. En ese momento, el banco hace dos anotaciones en su balance, que es el libro en donde registra sus cuentas:

Por un lado, anota que tiene 100 euros como un activo (los activos son los bienes o los derechos sobre otros que tiene alguien), y más concretamente en concepto de dinero metálico entregado por Pedro.

– Por otro, anota que tiene un pasivo (los pasivos son las obligaciones de alguien) de 100 euros, puesto que ese metálico es en realidad de Pedro y tendrá que devolvérselo en el momento en que lo reclame.

Al hacerse este depósito tampoco ha cambiado la canti- dad de dinero en la economía. Sigue habiendo 100 euros, aunque ahora estén físicamente en otro lugar, en la caja del banco.

Ahora supongamos que otra persona, Rebeca, necesita 20 euros y veamos qué ocurre en la economía si Pedro le presta esa cantidad o si es el banco quien lo hace.

Si Pedro tiene 100 euros y le da 20 en préstamo a Rebeca la cantidad de dinero existente en la economía sigue siendo la misma: 100 euros, solo que ahora 20 están en el bolsillo de Rebeca y 80 siguen en el de Pedro. El préstamo entre particulares no ha alterado la cantidad de dinero total aunque sí produce un efecto importante: Pedro ha renunciado a poder gastar una parte de su dinero, los 20 euros que le presta a Rebeca.

Pero ¿qué ocurre si no es Pedro quien le da un préstamo de 20 euros a Rebeca sino el banco?

Rebeca irá seguramente atemorizada a la sucursal banca- ria preguntándose si el señor banquero le hará el favor de concedérselo. Pero el banquero no tiene duda: desde que recibió el depósito de Pedro está pensando que este, con toda seguridad, no va a retirar la cantidad depositada de un golpe, de modo que si deja una parte de esos 100 euros depo sitados para atender a sus reembolsos y encuentra a otra per- sona que desee un crédito puede hacer un buen negocio siempre que le cobre más del 4%.

Cuando llega Rebeca a su banco, el banquero se frota las manos y, aunque seguramente le pondrá pegas para disimular quién hace el favor a quién, le concederá enseguida el présta- mo deseado de 20 euros a un tipo desde luego superior al 4%, pongamos que al 7%.

Supongamos que le pone esa cantidad a su disposición en un depósito a su nombre y que le entrega unos cheques o una tarjeta con los que puede utilizarlo.

¿Cuánto dinero hay en la economía en el momento en que se concede dicho crédito?

Como la inmensa mayoría de la gente piensa que el dinero es simplemente el dinero legal, contestará que sigue habiendo 100 euros. Pero si entendemos que el dinero es lo que es, es decir, medios de pago, veremos claramente que hay más: Pedro puede hacer pagos con su talonario de cheques por valor de 100 euros y Rebeca puede pagar hasta gastar los 20 euros que le han dado de préstamo. Por tanto, desde el mismo momento en que se hizo efectivo el préstamo, en la economía hay 120 euros en medios de pago. No se han crea- do ni monedas ni billetes (siguen existiendo por valor de 100 euros) pero sí medios de pago que llamamos dinero bancario por valor de esos 20 euros”.  

Así es como los bancos crean dinero desde la nada cuando dan un préstamo. El banco crea el dinero en la medida en que crea deuda, pero lo cierto es que esta también se crea desde la nada: simplemente anotando el banco en el activo de su balance que los 100 euros que Pedro había depositado ahora se convierten en 80 mantenidos en la caja y 20 en un préstamo concedido a Rebeca y que esta se obliga a devolver. Si no fuese así, si el dinero que crean los bancos no naciese de la nada, la cantidad de dinero no podría aumentar, puesto que un billete o una moneda no pueden reproducirse materialmente a partir de sí mismos.

Y si sabemos estas cosas tan simples ya podemos responder a la pregunta del título: ¿qué justificación tiene que los bancos cobren intereses cuando conceden préstamos y por qué hemos de pagarlos?

La respuesta es clara: no hay ninguna justificación y no deberíamos pagarlos porque proceden de dinero creado de la nada. Si los pagamos es solo porque los banqueros tienen un privilegio desorbitado que nos imponen gracias a su enorme poder. Una agencia pública podría crear esos medios de pago sin ánimo de lucro y sin apenas ningún coste, simplemente controlando que se mantenga la proporción adecuada entre actividad económica y medios de pago.

Pero cuando la creación de dinero se convierte en el negocio de la banca, es lógico que esta lo cree sin cesar, promoviendo la mayor generación de deuda posible. La banca privada tiende a aumentar así la circulación monetaria sin necesidad, artificialmente, y sin que al mismo tiempo esté aumentando la circulación de activos reales (porque esto obviamente no está a su alcance).

Esta es la razón de que aumente tanto la deuda y no el que vivamos por encima de nuestra posibilidades o porque se gaste mucho en educación o sanidad, como nos dicen siempre.

Ya sabemos entonces lo que hay que hacer para que la economía funcione mucho mejor: acabar con el privilegio de la banca e impedir que pueda crear dinero desde la nada aumentando la deuda.

Otro día explicaré la forma alternativa en que podría funcionar perfectamente el sistema bancario sin que los banqueros disfruten de este privilegio que nos arruina constantemente.

octubre 24, 2012

Pagar la deuda es más paro

Iturria: Adrià Alos / En Lucha – 2012/10/24

La oración “Pagar la deuda es más paro” cuenta con dos elementos claves que hay que analizar para entender la relación directa que guardan entre ellos. El primer elemento: la deuda. Se crea cuando se establece la relación acreedor / deudor y como toda relación, los participantes tienen nombre.

El primer participante es el sistema financiero español, que, según el Banco Internacional de Pagos (BIS), tiene a principios de 2012, una deuda total de 571.519 millones de dólares. ¿Con quién? Principalmente, los otros dos protagonistas son los sistemas financieros alemanes y franceses, que osan de la privilegiada posición de acreedores.

Evidentemente, la propia naturaleza del epicentro capitalista, el banco privado, tiene como principal objetivo, cobrar la deuda insostenible para la banca privada. La herramienta para ello se convirtió la deuda privada en deuda pública mediante el famoso “rescate” del sistema financiero español, que por lógica pura no es más que el “rescate” de los sistemas financieros alemanes y franceses.

De repente, el Estado pasa a ser el deudor de la relación. Voilá! De un día para otro, los contribuyentes entran en la relación sin haberlo deseado. Para más inri, el documento que en el 99,9% de los casos se intocable, sagrado, y con poderes sobrenaturales, la Constitución, se cambia en 15 días, incluyendo “La regla de oro”: eliminar el déficit por encima de todas las cosas.

Pero volvamos con los acreedores, que por estar tranquilos necesitan una garantía de pago, la población que anteriormente no había tenido voz ni voto en el funcionamiento de la relación. Damos la bienvenida a los recortes.

La banca privada, en un momento donde su rentabilidad no pasa por sus mejores días, ve en el desmantelamiento de los sectores aún públicos, una oportunidad de negocio generalmente desaprovechado y una vez más, niega el crédito. El trabajador y la trabajadora ahogando su economía doméstica gracias a los recortes, millones de personas se ven privadas de sus derechos fundamentales y la pequeña empresa, el autónomo y la autónoma van desapareciendo y engrosar las filas del paro, el segundo elemento.

El paro, que acumula en Cataluña la terrorífica cifra de 632.457 personas y en el conjunto del Estado español de 5 millones de personas, crece día a día e incluye en él la mitad de los jóvenes, en teoría, el motor de las sociedades futuras , condenados a una vida precaria y al pago de una deuda ilegítima.

Mientras la disposición de los poderes políticos se centra en el pago de la deuda impagable, las grandes empresas, que siguen aumentando sus beneficios espectacularmente, encuentran, en la nueva reforma laboral un margen de precarización del trabajador y la trabajadora insultante. Además, la disposición de una mano de obra de reserva casi ilimitada, les permite reducir sistemáticamente sus derechos.

Una vez patente la relación entre los dos elementos, es hora de decir que no pagamos una deuda ilegal eilegítima, producido por un sistema capitalista salvaje. Estamos condenados al paro ya la precariedad por encima de nuestras posibilidades.

octubre 22, 2012

Las cifras de la estafa

Iturria: Ricardo Molero Simarro / Colectivo Novecento – 2012/10/22

El retraso en la aprobación de las medidas para constituir la denominada “unión bancaria” dentro de la UE va a hacer que se confirme lo que era un secreto a voces: el rescate a la banca privada (o privatizada) española va a ser definitivamente incorporado al montante de la deuda pública. Este va a ser el penúltimo paso del proceso de socialización de pérdidas privadas que estamos viviendo desde que comenzó la crisis. Una crisis que, como ya es evidente para una mayoría de la población, no es una crisis, sino una auténtica estafa. El montante al que está llegando dicha socialización es ciertamente difícil de calcular, pero es posible obtener una cifra aproximada con simplemente resumir las principales operaciones de rescate bancario que se han llevado y se siguen llevando a cabo.

Tenemos que empezar por recordar que, a pesar de la falsa retórica del “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, como explica Eduardo Garzón, la deuda pública aún no supone más que un 20% del total de la deuda de la economía española. Hay que tener en cuenta, además, que esta cifra es de finales del año pasado, una vez que según los datos de la Comisión Europea la deuda estatal se ha prácticamente doblado desde su nivel anterior a la crisis, pasando de suponer un 36,3% en 2007 (uno de los niveles más bajos de toda la UE) a un 68,5% en ese año 2011 (una cifra que aún sigue siendo más baja que las de Alemania o Francia y, por supuesto, Grecia, Italia, Irlanda o Portugal). Es decir, que contrariamente a la extendida idea de que el problema de la deuda proviene del despilfarro del sector público y por ello la disminución de su tamaño y el recorte de los servicios que presta sería la solución a la crisis, en realidad, dicha deuda tiene una clara naturaleza privada.

No en vano, del montante total del endeudamiento de la economía española, el cual supera el 300% del PIB, un 80% lo constituye la deuda de bancos, empresas y familias. La deuda de estas últimas sólo representa un 25%, mientras que la de bancos y empresas supone un 75%. Y dentro de la deuda de las segundas, un 95% es deuda de las grandes empresas. Más aún, como también detalla Eduardo Garzón, el 40% de las familias de menor renta, dedican casi un 75% de la deuda que han contraído a la financiación de la hipoteca sobre su primera vivienda, algo cuya ostentación es un derecho social básico garantizado por la Constitución. Es decir, que contrariamente a la también extendida idea de que toda la población habría participado en la bacanal de la burbuja inmobiliaria y, por ello, tendría ahora que pagar la factura de la crisis, en realidad quienes habrían hecho negocio con la especulación inmobiliaria serían únicamente quienes tenían capacidad para ello: las familias de mayor poder adquisitivo, las constructoras, las promotoras y los propios bancos.

A pesar de que en su momento los beneficios del crecimiento económico generado con la burbuja quedaron en manos de muy pocos, desde 2008 las pérdidas de la crisis financiera que aquélla provocó no han dejando de canalizarse hacia las cuentas públicas. Según los datos de la misma Comisión Europea, el montante de ayudas estatales dadas a la banca entre 2008 y 2010, es decir, antes incluso de que el famoso rescate se pusiese en el horizonte, podría llegar a ascender a un 8,4% del PIB. Como explica Bibiana Medialdea, dicha cantidad, transferida al sector bancario en buena medida a través del FROB, se habría repartido en 10.800 millones de ayudas para recapitalizar los bancos, 55.830 de avales y garantías que se les habría dado para endeudarse con terceros y 22.180 millones en facilidades de financiación e inyecciones de liquidez. Estos importes, que pasaron a contabilizarse como deuda pública, explican, junto con la merma de ingresos fiscales generada por la crisis, que el monto de aquélla esté llegando al equivalente al 80% del PIB este año 2012, después de haberse incrementando el gasto en pago de los intereses que genera en un 80% entre 2007 y 2012.

Sin embargo, aunque esto supone una carga ilegítima para el Estado, esos fondos públicos dedicados a la ayuda del sector bancario no tendrían que haber supuesto tal incremento en los intereses. Si en vez de proveer de crédito público subvencionado a la banca privada, el Banco Central Europeo (BCE) se hubiese dedicado a financiar directamente a los Estados el precio de su financiación hubiese sido mucho menor. El problema último es que mientras desde el inicio de la crisis ha puesto a disposición de la banca privada europea una facilidad de crédito a un tipo de interés de entre el 1% y el 1,5%, el BCE tiene prohibido por sus estatutos prestar a los Estados. Lejos de canalizar este crédito hacia empresas o familias, dicha banca lo ha dedicado a la especulación con la deuda pública de países como España, obteniendo rentabilidades de más del 5% (diferencia entre esos tipos a los que le ha prestado el BCE y aquellos a los que el Estado español se ha visto obligado a colocar sus títulos de deuda). Para hacernos una idea de la magnitud de este mecanismo, según los datos del mismo Banco de España (BdE), el montante neto que la banca privada española había obtenido a través de él llegó a alcanzar el pasado mes de agosto la cifra de los 388.000 millones de euros.

Pero ni siquiera con este mecanismo, que ha contribuido decisivamente a multiplicar el montante de intereses pagados por el Estado, ha sido suficiente para sanear la banca. Según los cálculos realizados por la consultora privada Oliver Wyman, las entidades bancarias españolas aún necesitarían unos 55.000 millones de euros de inyección directa de capital por parte del sector público. Esta cifra es la que va a ser financiada con el dinero procedente del mecanismo de rescate de la UE. La cantidad que el Estado tomaría para el rescate de la banca privada incorporándola, como contábamos al principio, al total de la deuda pública, sería de 40.000 millones de un total de 100.000 millones de euros de los que estaría provista la línea de crédito abierta por la UE.

Sin embargo, tampoco estos fondos serían suficientes, ya que después de poner en marcha el rescate aún quedaría la guinda del pastel: la “limpieza” de los denominados “activos tóxicos” (principalmente derivados del mercado inmobiliario) presentes en los balances de la banca, los cuales, según los cálculos del BdE, superarían los 180.000 millones de Euros. De ellos, está previsto que el denominado “banco malo” que se dispone a crear el Gobierno adquiera unos 90.000 millones, cuya financiación, tal y como explica Antonio Sanabria, provendrá en buena medida de transferencias del FROB o estará garantizada por el Estado.

En total, todo ello supone que la ayuda pública dada a la banca privada desde 2008 ascendería a 218.000 millones de euros, equivalente aproximadamente al 20% del PIB de la economía española y a un tercio de la deuda pública en 2011. De ellos, al menos 73.000 millones serían ayuda directa. A estas cantidades habría que sumar los casi 400.000 millones provenientes de la facilidad de préstamo del BCE. Es todo ello lo que explica que, tal y como afirmé en un artículo anterior, en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año se hayan tenido que recortar 40.000 millones de gastos en servicios como la sanidad, la educación, la investigación y desarrollo, o la dependencia, como contrapartida a los, al menos, 38.000 millones de euros que va a suponer el pago de intereses de la deuda.

Según reza el lema de la Plataforma por una Auditoria Ciudadana de la Deuda, ésta es una deuda que no debemos y que, por lo tanto, no tendríamos que pagar. Lo primero porque es completamente injusto que sea asumida por toda la población cuando los que la han generado son, como hemos visto arriba, únicamente un grupo de privilegiados. Lo segundo, porque como apunta Miguel Montanyà, los rescates no funcionan. Y por último, porque las medidas para tratar de que lo haga nos están empujando, al igual que está pasando en Grecia, Irlanda o Portugal, hacia una auténtica dislocación económica y social. No en vano, la economía española se ha situado a la cola del crecimiento mundial, sólo por delante de Grecia, y las cifras de desigualdad y pobreza no se están sino disparando. Por ello, porque no debemos, y, sobre todo, porque no debemos pagar, esta semana toca volver a movilizarse. No hay otra manera de parar esta estafa.

octubre 22, 2012

“El gasto militar previsto para el año 2013 es de 16.492 millones de euros, más del doble de lo que el Gobierno ha dicho”

Iturria: periodismohumano.com / Centro de Estudios para la Paz Delàs de Justìcia i Pau- 2012/10/18

  • La deuda en gasto militar del Ministerio de Defensa amenaza con engrosar el déficit público
  • La deuda por los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) alcanza los 32.000 millones de € y los créditos entregados a las empresas militares ascienden a 15.559 millones de €

La economía del Ministerio de Defensa es insostenible y puede derivar en una situación de suspensión de pagos técnica y en un endeudamiento que podría convertirse en déficit público en 2013. El principal causante de la difícil situación económica del ministerio es el gasto militar, concretamente los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), cuya deuda asciende a 32.000 millones de €. Estos programas de armas tienen escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de defensa y la mayoría de ellos acabarán su vida útil sin haber entra nunca en combate.

El informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013 publicado por el Centro de Estudios para la Paz JM Delàs recoge los principales datos de la realidad del presupuesto militar español con el objetivo de mostrar cómo el Ministerio de Defensa esconde cada año en partidas de otros ministerios más de la mitad del presupuesto militar. En el documento se analizan la incidencia del gasto militar sobre el montante final de la deuda pública, su efecto negativo sobre el gasto social y el preocupante caso de los PEAS y el crédito extraordinario concedido para cubrir su escandalosa deuda. El Centro Delàs también incluye en el informe el análisis detallado del presupuesto de defensa de 2013 y lo compara con el 2012, haciendo especial hincapié en comprobar si los recortes del Gobierno en esta área son definitivos o si las cifras sufrirán una modificación a mitad del ejercicio para aumentar la partida presupuestaria.

En lo que se refiere a gasto militar -16.492 millones de € previstos en 2013-, el informe destaca que éste entorpece el crecimiento de la economía productiva. Los nuevos riesgos y amenazas de los países industrializados ya no pueden combatirse con el armamento de una economía de defensa y por ello el modelo debe virar y poner a las personas, y no a los estados, como sujeto central de la seguridad. Países como Alemania y Francia, entre otros, ya han diseñado programas de reducción de efectivos y plantillas militares. España puede también reducir el endeudamiento y el déficit público apostando por la seguridad común a escala regional y por las políticas de desarrollo humano en educación, salud, derechos humanos y de disminución de las desigualdades económicas.

octubre 19, 2012

España, a la cabeza de Europa… en los sueldos de los consejos de administración

Iturria: R. Pozo / vozpopuli.com – 2012/10/18

La delicada situación económica en la que se encuentra España no tiene correlato en la retribución de las grandes empresas del país a sus consejos de administración. Si en algo es capaz España de estar a la cabeza de Europa es en la remuneración de los consejeros, algo que se pone de manifiesto en un informe elaborado por la firma francesa Alphavalue.

En este capítulo, España ha logrado encaramarse a lo más alto después de remontar tres puestos. Hace un año, los consejos de administración españoles eran los cuartos mejor remuneradosde Europa, por detrás de los belgas, los británicos y los luxemburgueses. Sin embargo, un incremento del 28% en la media de las retribuciones ha hecho que la situación cambie y ha permitido poder afirmar que un consejero de una gran empresa española percibe, de media, más que uno en la City.

Todo un desafío si se tiene cuenta que los órganos ejecutivos de las grandes empresas españolas perciben un 16% más que los británicos, un 23% más que los alemanes, un 45% más que los franceses y un 64% más que los italianos, por mencionar los países del entorno de España. Unos mercados, eso sí, en los que es mucho más frecuente una retribución basada en incentivos y ligada a la trayectoria y objetivos de las empresas.

Porque uno de los aspectos que más llama la atención es que las cifras que no se corresponden precisamente con el rendimiento de las grandes empresas a lo largo del ejercicio, tanto en resultados corporativos como en su rendimiento bursátil. Los beneficios de las compañías que integran el Ibex-35 cayeron un 34% mientras que el índice selectivo cerró 2011 con un descenso del 13%, un retroceso agravado además por el hecho de que la bolsa española ya acumulaba tres años consecutivos de caídas.

Atención de los inversores institucionales

No obstante, la situación podría revertirse próximamente, toda vez que un buen número de empresas cotizadas ha decidido congelar las retribuciones del consejo de administración ante el escenario de prolongada crisis y también por los resultados de las corporaciones.

El Gobierno también ha querido poner fin al descontrol en torno a las retribuciones, al menos de las entidades financieras que han tenido que ser intervenidas por el Ejecutivo como consecuencia de su desesperada situación.

Las cuestiones relacionadas con las retribuciones entran en el capítulo del gobierno corporativo, que es cada vez más observado por los inversores institucionales a la hora de tomar una decisión de mercado. De hecho, las compañías españolas han hecho numerosos guiños al gobierno corporativo en los últimos meses buscando precisamente la atención en especial de fondos de inversión y de pensiones, que cada vez emplean más estos parámetros.

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