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febrero 28, 2014

TROIKA, GOBIERNOS Y MULTINACIONALES EN BILBAO

Iturria: naiz.info – 2014/02/27

Ane Garay Zarraga, Erika González y Pedro Ramiro, Júlia Martí Comas, Mikel De la Fuente Lavín y Juan Hernández Zubizarreta. Miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Integrantes del colectivo RETS, y profesores de la  UPV/EHU

«Sus propuestas se dirigen a consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales; diseñan un nuevo orden feudal blindado por su policía. Pero fuera de su castillo, las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento popular y las víctimas de tanto atropello discutiremos sobre cómo desarrollar alternativas fuera del capitalismo, hablaremos de la marcha por la dignidad del 22 de marzo y de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y, además, nos movilizaremos en contra de la cueva de ladrones en que han convertido al museo Guggenheim.»

El 3 de marzo se organiza en el museo Guggenheim de Bilbao la primera edición del Global Forum Spain con el lema “España: de la estabilidad al crecimiento”. A este foro asistirán el presidente del Gobierno español y varios de sus ministros; mandatarios de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE; presidentes y consejeros delegados de empresas transnacionales; el lehendakari, alcaldes y autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca. Según Urkullu, este foro es «una oportunidad para Euskadi porque se va a debatir sobre un modelo de crecimiento basado en la eficiencia, la competitividad y la internacionalización».

Hace unas semanas, el diario económico “Cinco Días” anunciaba este evento con el titular “Un foro como el de Davos, pero en el mismo Bilbao”. Y es que la reunión de las personas más ricas del mundo que se realiza a principios de cada año es, efectivamente, el modelo a seguir en un encuentro que estará blindado y cerrado al debate. En él se hablará de capitalismo puro y duro, de medidas al servicio de las multinacionales y las clases dominantes. Todo ello con el objetivo de fortalecer la imagen del Estado español y de las multinacionales, empleando un sólido aparataje mediático para tratar de dirigir las miradas a las cifras de las grandes corporaciones y bancos y vender, una vez más, la idea de que se ha iniciado la «senda de la recuperación» tras la crisis financiera y económica.

Para ello, entre los invitados se encuentran los líderes de las principales instituciones que nos gobiernan, como el FMI, la Comisión Europea y el Eurogrupo, conformado por los ministros de Economía de la UE. Son ellos quienes dictan las políticas de ajuste estructural a cambio de préstamos que garantizan la continuidad de la deuda ilegítima. Y tienen sus razones: han convertido una tremenda injusticia –la de salvar con una multimillonaria financiación pública a los responsables de la crisis financiera– en una extraordinaria oportunidad de negocio para los grandes capitales.

El Gobierno español, organizador del evento, tiene claro los puntales sobre los que ha de sustentarse el proyecto de marca España: crecimiento económico, atracción de inversión extranjera y ampliación de mercados para las grandes compañías españolas. Así, su política económica se orienta en ese sentido, a pesar de que en el último año hayan ido quedando en entredicho los estandartes de este proyecto de marca-país: el primero de ellos, Eurovegas, que se presentaba como un modelo ejemplar para la atracción de capitales extranjeros y creación de empleo, no hace falta recordar cómo ha terminado; los segundos, las obras de ampliación del Canal de Panamá y de construcción del AVE a La Meca, que reproducen las mismas lógicas de la burbuja inmobiliaria y del tsunami urbanizador que hemos vivido aquí y cuyos efectos, desgraciadamente, conocemos bien.

Pero es que, además, las políticas de «eficiencia, competitividad e internacionalización» no van a producir los supuestos beneficios que las inspiran: según un reciente informe del Servicio de Estudios del BBVA, el crecimiento previsto para el año 2014 (el 0,9% del PIB) dará lugar a un aumento del empleo neto de 60.000 puestos de trabajo; con el desempleo actual, el mantenimiento de ese ritmo exigiría ¡100 años! para eliminar totalmente el desempleo. Apostar por el crecimiento económico para acabar con el desempleo, como hacen tanto la troika como los gobiernos español y vasco, es una apuesta insostenible, ya que con el actual modelo productivo basado en el uso intensivo de recursos naturales ese crecimiento es ecológica y socialmente insostenible. Junto a ello, se justifica la durísima reforma laboral de 2012 y su probable ampliación en la necesidad de reducir el coste del trabajo para mejorar la «competitividad» de las empresas y así aumentar las exportaciones y el empleo. Sin embargo, el aumento del poder empresarial para modificar las condiciones de trabajo no ha conducido a la creación de empleo, sino que se ha incremento el ritmo de su destrucción.

Por su parte, las políticas del Gobierno vasco, tanto del anterior como del actual, son una versión algo edulcorada de las del gobierno central, pero no tanto por un mayor «espíritu social» como por la mayor fortaleza del sindicalismo combativo y del movimiento social. El Plan de Empleo 2014-2016 prevé aportaciones presupuestarias que no permitirán la eliminación de un desempleo que, en el último año, ha aumentado más que el del Estado español, a la vez que no contempla la creación directa de empleo por el sector público; todo ello, cuando las ampliaciones de las jornadas pactadas están siendo acompañadas de despidos del personal eventual en las administraciones públicas. A la vez, el acuerdo fiscal que han alcanzado PNV, PSOE y PP renuncia a obtener los ingresos fiscales necesarios para mantener y mejorar el empleo público y para ampliar las prestaciones sociales, otorgando un trato fiscal muy favorable a las rentas del capital. Mientras tanto, la patronal vasca se felicita por las sucesivas reformas laborales y por el final de la ultractividad de los convenios.

Junto a la Troika, las instituciones internacionales y los gobiernos español y vasco, los otros actores fundamentales de este evento son las empresas transnacionales. No en vano, el Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Consejo Empresarial para la Competitividad son también organizadores del Global Forum Spain. Por eso, en una de las mesas centrales, “La competitividad de la economía europea en un mundo global”, van a intervenir los presidentes de Telefónica, BBVA, Inditex e Iberdrola, cuatro ejemplos de grandes corporaciones expertas en amasar ganancias a costa de la explotación de las y los trabajadores, la destrucción del medio ambiente, la especulación financiera y la acumulación por desposesión.

Ahí estará César Alierta, presidente de Telefónica, que formó parte –al igual que Sánchez Galán, de Iberdrola– del grupo de directivos que el pasado enero acompañó a Rajoy hasta Washington para promocionar los negocios de las grandes empresas españolas en Estados Unidos. Alierta, que en 2012 se embolsó un sueldo de 6,35 millones de euros al tiempo que anunciaba un ERE que afecta a 6.830 trabajadores y trabajadoras, defenderá en el foro el modelo de «eficiencia y competitividad» que sigue su empresa: subcontratación, despidos, represión sindical… A su lado, Francisco González, presidente del BBVA –cargo por el que cobró 2,96 millones y más de un millón en acciones en 2012–, es un claro representante del modelo financiero y de sus malas prácticas: junto a sus inversiones poco éticas, como la financiación de empresas de la industria del armamento o de proyectos energéticos que supondrán graves impactos ambientales, sociales y culturales, el BBVA es responsable del 12% de los desahucios por impago de hipotecas en el Estado español y forma parte del entramado financiero que ha causado la actual crisis de deuda pública.

Junto a ellos se sentarán Pablo Isla e Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejeros delegado de Inditex e Iberdrola, respectivamente. Siguiendo la senda de Amancio Ortega, su predecesor en el cargo y máximo accionista del grupo, Isla cobró un salario de 9,4 millones de euros en 2012 –sin tener en cuenta otros pagos en acciones o fondos de pensiones– y ha combinado una imagen pública de «empresario de éxito» con las graves denuncias por explotación laboral en los talleres que Inditex tiene subcontratados por todo el mundo. Por su parte, Galán, que ganó 6,27 millones de euros ese mismo año –sin contar otros 1,15 millones en acciones–, no mencionará que el crecimiento global de las operaciones de su compañía se sostiene sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas y la destrucción del planeta.

Desempleo, empobrecimiento, desigualdad, exclusión social, pérdida de derechos… todas ellas son secuelas de las políticas que han impuesto los protagonistas de este foro. Sus propuestas se dirigen a consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales; diseñan un nuevo orden feudal blindado por su policía. Pero fuera de su castillo, las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento popular y las víctimas de tanto atropello discutiremos sobre cómo desarrollar alternativas fuera del capitalismo, hablaremos de la marcha por la dignidad del 22 de marzo y de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y, además, nos movilizaremos en contra de la cueva de ladrones en que han convertido al museo Guggenheim.

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abril 30, 2012

La educación para el que la paga

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León. Rebelión 28/04/2012

Las nuevas medidas que el gobierno del PP ha decretado contra las Universidades Públicas suponen el aumento de las tasas académicas para el alumnado entre 500 y 5.000 euros según las situaciones, el incremento de cuatro horas lectivas para el profesorado universitario en activo y la congelación de la Oferta de Empleo sin posibilidad de realizar ninguna convocatoria de plazas en las Universidades .

Este nuevo decretazo, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a cualquier ciudadano o ciudadana, sustituyéndolo por un “modelo elitista” que admite una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.

El incremento general de las tasas matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.

Esta subida de tasas universitarias, que comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, conllevará hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevará las penalizaciones a los repetidores, que podrían llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Se aplica el 100% en las enseñanzas de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes. Si le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición pública y de calidad.

Esto significa que las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que lo que venían costando hasta el momento. A nadie se le escapa, que con el aumento tan desmesurado de los precios públicos, acabarán cerrándose muchos títulos, sobretodo de Masters, porque con la situación económica del país y los bajos salarios, muchas familias no se lo podrán permitir.

En Europa el grupo de países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total y que además proporcionan recursos muy importantes para becar a sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… etc., mientras que otro grupo de países con tasas caras disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. Incluso el tercer conjunto de países, en el que estábamos incluidos hasta la llegada del PP, proporcionan pocos recursos a las ayudas al estudio pero mantienen los precios bajos en las tasas de matrícula (Italia, España hasta la llegada del PP…).

De esta forma, la subida de tasas sumada al recorte de becas suponen una barrera en la Universidad pública para los estudiantes con renta más baja, tendiendo a una educación no universal, sólo permitida a aquellos que tengan rentas suficientes para poder pagársela, lo cual expulsará a miles de personas del sistema universitario.

Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha decidido aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. No es entendible que sea el sexenio, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales anglosajonas durante seis años, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, transferencia del conocimiento) asociadas a la investigación.

El profesorado, ve así cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Porque se varía la dedicación de la actividad docente del Profesorado en función de la actividad investigadora reconocida, siendo con carácter general de 24 créditos ECTS y de 16 créditos para quienes lleven en el puesto al menos más de 18 años con evaluación de su investigación positiva de forma consecutiva, lo que representa un porcentaje mínimo de la plantilla, con una edad no inferior a los 55 años.

Pero para quienes no tienen el primer período de 6 años de actividad investigadora reconocida la docencia será de 32 créditos ECTS. Es decir, para la gran mayoría del profesorado universitario que combina la investigación con la docencia y la atención individualizada a sus alumnos y alumnas y que dedica parte de su actividad a tareas de gestión en las titulaciones, en los departamentos o en los centros.

Lo cual supone que quienes no tienen un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación, porque al incrementarles las horas de clase se les reducen las horas para poder iniciar o reengancharse a la actividad investigadora. Por eso, parece que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la regeneración del sistema, van a quedar excluidos.

Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría “secundaria”, ya que, de alguna manera, la docencia se convierte en el “castigo” que se impone a “los que no investigan”. Es más, aquellos que no quieran ser penalizados a largo plazo, tendrán que ingeniárselas para asegurarse el sexenio a pesar de tener más horas de docencia.

El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en el que ellos denominan “kilómetro 0” de los recortes, como así lo manifiestan en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos anuncia que esto solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.

En conclusión, las medidas de recorte en las universidades españolas, al simultanear la reducción de 166 millones en el presupuesto destinado a las becas y el incremento del 25%-200% en las tasas, sumadas al Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre con medidas que afectan directamente a las universidades y al recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Educación, implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización en proceso de privatización y mercantilización de la Universidad española.


abril 30, 2012

La agenda oculta de la política universitaria

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. – Público 24/04/2012

La única medida realmente impactante de la política universitaria que el gobierno ha puesto en marcha en estos días es la que todo el mundo estaba temiendo: la desproporcionada subida de los precios de matrícula. Nadie ha calculado todavía qué repercusión tendrá esto sobre los ciudadanos de a pie. Pero hay algo que ya podemos adelantar: 1) Una subida del 50% en el precio de cualquier servicio deja a una parte de la población “fuera del mercado”. 2) En el caso de las universidades los afectados negativamente no serán los hijos de los poderosos, ni de los ricos, muchos de los cuales ya están pagando elevados precios por conseguir en el sector privado nacional e internacional lo que sus méritos académicos no les permiten conseguir en el sector público.

Una de las joyas de la corona de la democracia española es que habíamos conseguido un elevado nivel de formación superior, con un elevado nivel de igualdad de oportunidades y de homogeneidad territorial. Pero al gobierno actual esto no le gusta y va a aprovechar la crisis económica para echar de la universidad a los menos ricos. Y de paso ha calentado el ambiente desprestigiando a las universidades, mintiendo acerca de su productividad científica y lanzando sombras de sospecha sobre sus profesores, su organización interna y su capacidad para afrontar los problemas de nuestra sociedad.

¿Por qué? Yo no creo que los ataques a la universidad ayuden a justificar la subida de los precios de matrícula; si el objetivo solo era ese, la artillería utilizada parece completamente inapropiada. Así que seguramente estamos asistiendo tan solo al preludio de toda una agenda oculta de política universitaria que pronto se irá desvelando ante nuestros ojos, y cuya partitura, me temo, sonará más o menos así:

1. La universidad pública será sometida a una presión social insoportable hasta conseguir que una parte, al menos, de la actividad universitaria pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y las fuerzas de orden público. Para ello, además de la política de tasas, y de restricción de las becas, se intentará abrir de nuevo las guerras corporativas en torno al catálogo de títulos oficiales, se agitará la demagogia sobre la gobernanza de las universidades, y se promoverá la criminalización del inconformismo académico. Los desórdenes públicos confirmarán el diagnóstico: la universidad necesita profundas reformas.

2. Con la excusa de introducir la cacareada competitividad del sector privado en la enseñanza superior, se facilitará la privatización del sector público, de forma directa o indirecta, parcial o total, a través de medias como flexibilizar el régimen de compatibilidades del profesorado, facilitar la entrada de capital privado en las universidades públicas, etc.

3. El gobierno no resistirá la tentación de controlar los contenidos de la enseñanza universitaria, empezando por las carreras más vinculadas a la Administración (abogados, economistas, médicos, ingenieros) y terminando por los curricula de ciencias y humanidades: diseño inteligente en biología, negacionismo del cambio climático, recuperación de las visiones más rancias de la historia en humanidades, reivindicación de la ideología nacional-católica-neo-liberal-conservadora, barra libre para la presencia de la religión en las facultades….

4. Cuando el sistema esté a punto de colapsar alguien ofrecerá una solución mágica: dos o tres instituciones internacionales de prestigio se ofrecerán para instalar en los Monegros o en los aledaños de la Complutense una franquicia que garantizará que los estudiantes más afortunados puedan acceder a una de las universidades que figuran entre los 100 primeros puestos del ranking de Shanghay y estudiar en inglés sin necesidad de salir de la casa de papá. El gobierno se apresurará a subvencionar la iniciativa y a cambiar la legislación, si fuera preciso, para que se pueda integrar fácilmente en nuestro sistema.

¿Exagerado? Hago una apuesta. Si antes de las próximas elecciones generales no se han cumplido al menos el setenta por ciento de estas lúgubres previsiones, me comprometo a invitar a una cena en un comedor universitario al sucesor del ministro Wert.


marzo 13, 2012

Manifiesto de profesores de la Universidad frente a los recortes de la reforma laboral

Gara.net – 2012/03/13

Profesores y catedráticos de universidades del Estado español, entre los que se encuentran miembros de la UPV-EHU, de Deusto y de la Universidad Pública de Nafarroa, rechazan que para despedir o no cumplir los convenios las empresas puedan alegar «pérdidas previstas».

Un total de 190 profesores y catedráticos universitarios de la rama de contabilidad han firmado un manifiesto contra la utilización de las «pérdidas previstas» como causa económica de despido y de «descuelgue» de convenio colectivo que permite la reforma laboral. A su juicio, esas medidas son subjetivas y suponen dejar en manos de los empresarios todas las posibilidades para despedir o no acatar las reglas de los convenios firmados entre las partes.

Entre los firmantes hay prestigiosos profesores y estudiosos de la contabilidad de todas las universidades del Estado español, entre ellas la UPV-EHU y la Universidad de Deusto y la Universidad Pública de Navarra, habiendo ocupado alguno de ellos puestos institucionales, como el anterior presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo, el antiguo responsable de la Sindicatura de Cuentas de Valencia, Vicente Montesinos Julve, o la antigua presidenta del Consejo de Coordinación Universitaria, María Antonia García Benau.

Todos ellos rechazan que las empresas puedan alegar «pérdidas previstas», como dice la ley de la reforma laboral, para establecer «las causas económicas de despido y de descuelgue de los convenios colectivos».

Afirman que la información empresarial que se utilice con propósitos externos debe ser fiable y estar auditada, pero que su pretendida objetividad es imposible con «las pérdidas previstas», porque se trata de una estimación hipotética y subjetiva que se elabora «de parte» por la empresa en situaciones como el despido o la modificación de condiciones laborales.

El manifiesto precisa que la inclusión de esta cláusula contamina los principios jurídicos más básicos al obligar a los jueces «a fundamentar sus resoluciones en pruebas que no son de hechos ciertos, sino de sucesos en todo caso futuribles». Porque, como explican, «el resultado previsto -beneficios o pérdidas- solo puede estar basado en el establecimiento de una serie de hipótesis previas subjetivas, cuya definición puede provocar grandes oscilaciones en los resultados. El resultado previsto es una magnitud meramente hipotética», apostillaron los profesores y catedráticos.

Por otro lado, el manifiesto señala que la reforma incurre en una contradicción, al pretender en su «exposición de motivos haber eliminado de la nueva redacción elementos valorativos de proyección futura e imposible prueba, cuando en el articulado se insiste en las pérdidas previstas como causa económica de despido y descuelgue de convenio colectivo».

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