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junio 26, 2012

El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 25 de junio de 2012

Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que un problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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junio 21, 2012

Bienvenidos al futuro: Cada tres horas muere una persona en EEUU por carecer de cobertura sanitaria

Iturria: Kaos en la Red – 2012/06/21

Más de 26.000 adultos en edad laboral mueren de forma prematura en los Estados Unidos cada año porque carecen de seguro de salud, según un estudio publicado a una semana de que el Tribunal Supremo de ese país se pronuncie sobre la validez o no de la reforma sanitaria de Obama.

El estudio, difundido el miércoles por una organización en defensa de los derechos de los consumidores en EEUU, estima que una cifra récord de 26.100 personas de entre 25 y 64 años murieron por falta de cobertura sanitaria en 2010, frente a 20.350 en 2005 y 18.000 en el año 2000. Esto es, a medida que la economía empeora, más personas se ven afectadas por este trágico final.

Esto hace que haya una tasa de alrededor de 72 muertes por día, o tres muertes por hora. Terrible.

La organización sin ánimo de lucro encargada de realizar el estudio basó sus conclusiones en datos de la Oficina del Censo de EE.UU., los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y el Instituto de Medicina 2002. Además de las espelucnantes cifras mencionadas, el estudio mostró que las personas sin seguro médico tienen un riesgo 25 por ciento mayor de muerte que aquellos con cobertura.

Los resultados están en consonancia con un estudio anterior, realizado por el Instituto Urbano de expertos, que estimó unas 22.000 muertes en todo el país en 2006.

El grupo lanzó el estudio para ilustrar las trágicas consecuencias que acarrea una posible sentencia del Tribunal Supremo anulando la ley de Protección del Paciente de 2010 y la Ley de Asistencia Asequible, cuyo fallo se espera la próxima semana.

La ley de reforma extenderá la cobertura a más de 30 millones de estadounidenses que no tienen seguro. Sin embargo, 26 estados de EE.UU. han pedido a la Corte Suprema para revocar la legislación sobre la base de que es superior a la autoridad constitucional del gobierno.

El 2,6 billón dólares EE.UU. sistema de salud, lo que representa casi el 18 por ciento de la economía, es accesible a la mayoría de los estadounidenses en edad de trabajar sólo a través de seguros privados de salud. Pero los costos de seguros – las primas, deducibles, copagos y coaseguros – son inasequibles para muchos y cada vez mayor.

Los datos del censo de Estados Unidos muestran que 50 millones de estadounidenses carecen de cobertura, y los expertos dicen que los que en tales aprietos renunciar a la atención médica, visitas al médico y las pruebas preventivas como el cáncer y exámenes de presión arterial.

Las organizaciones que defienden las reformas dicen que el número de personas sin seguro seguirá aumentando si no se aprueba tal reforma, con lo que las cifras de muertes de personas que carecen de una cobertura médica solo podrán ir en aumento en los próximos años.

Además, muchos ciudadanos de diferentes países europeos, entre ellos el estado español, pueden ver aquí cual es el futuro que les espera, si los políticos que actualmente tienen el mando en tales países siguen adelante con sus planes de privatización de la sanidad pública, y de la desmantelación progresiva de los derechos sociales. ¿Estamos dispuestos a permitirlo?

abril 11, 2012

La doctrina del shock: una contrahistoria del neoliberalismo

Iturria: Benedetto Vecchi – Rebelion – 24-09-2007

Reseña del libro de Naomi Klein, Shock Doctrine

Una cosa es cierta. Naomi Klein, tras el éxito de NoLogo, no se ha quedado mano sobre mano. Se puso nuevamente en ruta, visitando o viviendo por breves períodos en Argentina, Brasil, Sudáfrica, Chile, Bolivia, Irak, Sri Lanka, Tailandia, Líbano, Rusia y, huelga decirlo, EEUU. Desde esos países ha enviado reportajes y en esos países ha entrevistado a economistas y a activistas para periódicos como The Guardian, The Nation o el  New York Times. Al propio tiempo, ha acumulado información sobre los cambios operados en el neoliberalismo tras el ataque al World Trade Center neoyorquino del 11 de septiembre de hace ahora seis años. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha madurado en ella la convicción de que el capitalismo del siglo XX presentaba robustos elementos de continuidad, pero también de discontinuidad, respecto a los elementos que la ensayística contemporánea llama los gloriosos treinta años, es decir, el período de desarrollo económico y social que siguió a la II Guerra Mundial, que vio surgir en muchos países la presencia reguladora del estado en la economía y en la vida social.

La continuidad venía del Estado de Bienestar, en sus diversas traducciones nacionales, y de una relación de dominación de algunos países fuertes respecto de otros países “débiles”, usados precisamente como laboratorios de experimentación de políticas económicas desprejuiciadas que en el potente Norte habrían hallado no pocas resistencias por parte de las fuerzas sindicales y políticas  del movimiento obrero y de otros movimientos sociales. Lo difícil, en cambio, era perfilar las discontinuidades. Y son precisamente las discontinuidades las que centran la atención de Naomi Klein.

La constelación neoliberal

El resultado es un libro que puede leerse como una contrahistoria del neoliberalismo contemporáneo. Su título, Skock doctrine [La doctrina del shock], introduce inmediatamente en la tesis del volumen: las crisis –económicas, sociales o políticas—  y las catástrofes ambientales son usadas para introducir unas reformas neoliberales que han llevado a la demolición del Estado de Bienestar.

El libro entra, para empezar, en el corazón de la Guerra Fría. En aquellos años, el futuro premio Nóbel de economía Milton Friedman empieza a urdir su tejido para construir una red intelectual de investigadores favorables al libre mercado. Es un economista brillante, pero sus propuestas a favor de la demolición de la intervención estatal en la sociedad y en la economía resultan demasiado “extremistas” en relación a lo que hacen las empresas y el gobierno de Washington. Con todo y con eso, su centro de investigación recibe financiación de fundaciones privadas y del gobierno. Milton Friedman sostiene ya entonces que las crisis pueden usarse para una “terapia de shock” a favor del libre mercado.

Milton Friedman se convierte en el agit-prop del neoliberalismo, mientras que sus discípulos son enviados por el mundo entero en misión de proselitismo. Sus recetas acabarán convirtiéndose en programas de política económica en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Guatemala, Venezuela. Hay un pequeño problema. Son programas aplicados con carros blindados en las calles y tortura sistemática en las prisiones, mientras el número de desaparecidos llega a ser tan alto, que ni siquiera los medios de comunicación estadounidenses pueden ignorarlo.

La parte del libro que habla de los años sesenta y setenta cuenta la historia de los golpes de Estado y del uso sistemático de la violencia contra los opositores políticos, y puede parecer un dejà vu de historias sabidas desde hace tiempo. Pero Naomi Klein lo presenta como la primera crisis del neoliberalismo. Chile, Argentina y Paraguay son laboratorios en los que se enriquecen muchas transnacionales estadounidenses, a las que se les permite apropiarse de muchas materias primas y abrir nuevos mercados para sus productos. Una especie de renovada acumulación primitiva deslocalizada fuera de las fronteras nacionales. Por eso vale la pena financiar, de consuno con Washington, el terrorismo de estado chileno, argentino, brasileño y paraguayo. Y es precisamente en ese período que la red intelectual tejida por Friedman se consolida y se extiende al mismo tiempo.

Resulta impresionante el trabajo hecho por Naomi Klein de reconstrucción de las carreras políticas, los vínculos de amistad, las relaciones de negocios de hombres –de Dick Cheney a Donald Rumsfeld, de John Ashcroft a Domingo Cavallo, de Michel Camdessus a Paul Bremen, a Paul Wolfowitz y a la familia Bush— que pasan de un consejo de administración de alguna transnacional a la dirección de un think thank neoliberal, de puestos de responsabilidad en algún gobierno a los despachos del Banco Mundial o del FMI.

La hasta ahora contada es historia conocida fuera de los EEUU. Naomi Klein lo sabe, pero también es consciente de que en los EEUU es historia sabida o desvelada sólo para una minoría de activistas o intelectuales radicales. De aquí su obra de sistematización de las informaciones antes de entrar a contar la segunda ola neoliberal, que tiene, como la primera, un apóstol. Es otro economista, se llama Jefrey Sachs y quiere demostrar que el libre mercado, a diferencia de lo que pareció ser el caso en América Latina, no es incompatible con la democracia. Es un auténtico “evangelista del capitalismo democrático”, y ve en el desplome de la Unión Soviética y del socialismo real la mejor oportunidad para conciliar la democracia con las “leyes naturales” del mundo de los negocios. Aconseja –y es escuchado— a la Polonia de Lech Walesa y a la Rusia de Boris Yeltsin una desregulación radical de sus economías. Su receta será un fracaso, pero en ese mismo momento su “terapia de shock” halla un valioso aliado en un FMI ya definitivamente depurado de economistas vinculados todavía a las teorías de Lord Maynard Keynes. La deuda será el arma vencedora empleada por los neoliberales, que concederán préstamos sólo a condición de que se desregularice completamente la economía. Es el llamado consenso de Washington, son su corolario de “programas de ajuste estructural”. Como en el pasado, las transnacionales se harán de oros, pero Sachs, lo mismo que los demás “evangelistas del libre mercado”, sostiene que lo que ahora corresponde es que todas las actividades productivas y los servicios sociales gestionados por el estado sean puestos en almoneda, aun a costa de sacrificar centenares de miles  de puestos de trabajo sobre el altar de la competitividad internacional. La pobreza, no dejan de repetir, es un efecto colateral que sin embargo acabará siendo despejado por la mano invisible del mercado.

La “terapia de shock” se nutre ya de estrategias de marketing, propaganda y falsificación de datos, tratando de demostrar que el mercado libre es la única vía para escapar de la decadencia económica y de la pobreza masiva. Pero el consenso tiene que ser conquistado electoralmente, aun si eso puede llegar a ralentizar el ritmo de “reformas”.

La política woodoo

Para remover ese obstáculo hay una estrategia bien probada durante la “guerra de la deuda” en América Latina: crear el pánico, para luego presionar a fin de que se adopten “terapias” económicas neoliberales. El Banco Mundial y el FMI se convierten entonces en instituciones supranacionales adaptadas al objetivo de limitar la soberanía popular y privar a los gobiernos nacionales de cualquier autonomía decisional. Los programas económicos son, pues, confeccionados en Washington, pero su aplicación in situ viene garantizada por personal político “fiel a la línea”. Nami Klein muestra documentalmente cómo incluso las crisis asiáticas de los años noventa tuvieron como protagonistas al Banco Mundial y al FMI, que orquestaron a sabiendas la crisis financiera a fin de demoler toda presencia estatal en la economía. Y cuando Tailandia, Filipinas, Malasia, Indochina y Corea del Sur capitularon frente al FMI, un “Chicago boy” escribió una columna en el Financial Times parangonando la revolución del libre mercado en Asia con una “segunda caída del Muro de Berlín”.

En América Latina la situación es distinta. Las dictaduras se desplomaron una tras otra y subieron al poder muchas coaliciones de centroizquierda. Es la era, afirma Naomi Klein, de la política woodoo, caracterizada por programas electorales keynesianos y sucesivas políticas económicas rígidamente neoliberales.

La embrollado ovillo que Naomi Klein pacientemente deshilvana muestra no tanto un comité de negocios de la burguesía, cuanto un trust de empresas cuyo negocio consiste en el vaciamiento del estado de toda función, incluida la de la guerra. Es el nacimiento del “estado corporativista”, según lo define la autora, en donde una restringida elite pasa de una empresa a cargos públicos sin el menor respeto a las normas liberales contra el conflicto de intereses. El “capitalismo de los desastres” no puede sino seguir renovando la inseguridad social. El 11 de septiembre es, desde este punto de vista, un maná para los neoliberales. La “guerra al terror” se convierte así en la retórica tras la que ocultar la venta de la defensa nacional a las empresas privadas y el pleno control del petróleo.

Con la invasión de Afganistán y del Irak, el warfare, es decir, el uso de la guerra para relanzar la economía, se ha elevado a sistema, porque la guerra al terror es una guerra total que no sólo implica al sector militar, sino a la sociedad entera. Iluminador a este respecto resulta el capítulo que la periodista canadiense dedica a Israel, haciendo del desarrollo de la industria high-tech de la seguridad y de la llegada de los hebreos de la Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín dos de las claves interpretativas –no las únicas— del paso de una hipótesis de paz con los palestinos al funesto paseo de Ariel Sharon por la explanada de las mezquitas que provocó la segunda Intifada. Los prófugos del Este europeo pudieron substituir la fuerza de trabajo palestina a bajo costo, mientras que las empresas high-tech pudieron ofrecer sus productos al mundo entero, visto que la guerra al terror es la guerra de la civilización occidental contra sus enemigos.

La economía de la catástrofe

Cuando Naomi Klein comienza a analizar los efectos devastantes del huracán Katrina y del Tsunami descubre que las catástrofes son utilizadas por el FMI como misión creep, es decir, expansión indebida de una misión, en este caso de la máquina pública. Los últimos baluartes del estado como garante de la convivencia social son sometidos a ataque. Nueva Orleáns se ha convertido en el laboratorio de esa ulterior privatización del estado. Análogamente, el Tsunami es utilizado para transformar algunas regiones o aun naciones (Sri Lanka, Tailandia y las Maldivas) en clubes de vacación para las elites globales.

Así es narrado el capitalismo de los desastres. Naomi Klein, como ya hiciera en NoLogo, no quiere construir una teoría del desarrollo capitalista. Es una excelente publicista y periodista de investigación que se plantea siempre la pregunta correcta: cómo organizar la resistencia al neoliberalismo. Es verdad que su defensa del estado de Bienestar puede parecer ingenua, pero cuando empieza a enumerar qué hacen y qué proponen los movimientos sociales, el suyo resulta un keynesianismo que abre puertas al autogobierno por parte de los movimientos sociales y a una democracia radical.

Shock doctrine es, pues, un libro ambicioso, porque pretende ofrecer un mapa del “capitalismo de los desastres”. Es ciertamente un fresco de la reorganización del capitalismo tras el 11 de septiembre y empieza a identificar sus puntos de fuerza, las empresas líderes que están emergiendo, su vocación global. Pero también identifica sus puntos débiles. Es, pues, un mapa útil de leer, también para prepararse a resistir la próxima ola de terapia de shock que se alimentará con la próxima catástrofe ambiental y con la próxima etapa de la guerra preventiva. O del anunciado e italianísimo recorte de los gastos sociales para contrarrestar la decadencia económica.

Benedetto Vecchi es un crítico cultural italiano que colabora regularmente con el cotidiano comunista italiano Il Manifesto.

abril 11, 2012

La tiranía del dinero, la democracia secuestrada

Iturria: ATTAC Acordem – Pep Cabayol – 2012/04/08

En Europa se ha impuesto la marktkonforme demokratie. El pasado 1 de septiembre Angela Merkel dijo en el Bundestag: “Vivimos en una democracia parlamentaria y por tanto la confección del presupuesto es un derecho básico del parlamento. Pero encontraremos la manera de hacerlo para que resulte acorde con los mercados”. Frau Merkel dejó claro así que no se aprobaría ningún presupuesto que desagradara a la oligarquía financiera que controla los negocios mundiales.

La mentira.

Leo Strauus, discípulo del nazi Carl Schmitt, siempre defendió que las élites tienen que mentir para poder gobernar: “Los gobiernos, a través de la prensa, sólo deben dar a la población un mínimo de información fidedigna. Si se quiere mantener la fe de las masas en un futuro mejor, no hay ningún otro camino que la mentira y el engaño“. Para Strauss sólo se puede conseguir el “consentimiento” a las propuestas formuladas desde “la alta política”, a través de la mentira. Strauss fue (y es) guía de los neocons, los neoliberales.

En la misma universidad donde impartía ideología Strauss, enseñaba economía Milton Friedman al frente de la famosa y muy liberal Escuela de Chicago. El pensamiento de Friedman se basa en la creencia (interesada, por supuesto) que los mercados competitivos libres de la intervención del estado son buenos para la eficiencia de la economía. Y proponía medidas como: mínima participación del Estado en el gobierno económico, ningún control político, ningún salario mínimo, ninguna subvención, privatizar la seguridad social, ningún estado del bienestar.

La apropiación de los bienes comunes

En la Universidad de Chicago se cocía la usurpación de los bienes públicos y de la ciudadanía. Había que decidir sin embargo, cómo y cuándo hacerlo. Los primeros experimentos fueron en 1973 en Chile. Con el apoyo de la presidencia y de los políticos norteamericanos, la Escuela de Chicago con Friedman a la cabeza, apoyaron a Pinochet, justificaron e impulsaron la violencia de estado y consiguieron su principal objetivo: el enriquecimiento de los más ricos a costa de los más débiles por medio de la represión, cárcel y muerte de muchos ciudadanos que clamaban por sus derechos. El asesinato y la cárcel ensombrecieron Sudamérica en nombre de la guerra al comunismo.

En el transcurso de los años 80 se impuso en EEUU un cambio de hegemonía del pensamiento social que ha llevado del keynesianismo al neoliberalismo. Un dato lo certifica: a finales de los 70 los más ricos podían llegar a pagar en impuestos al estado hasta un 70% de sus beneficios. Robert Reich, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Clinton, explica que por las deducciones al final tan sólo pagaban el 50%. El año 2011 esta cifra descendió al 36%. ¿Del 70 al 36 en 30 años! Pero aún hay más porque por medio vías de escape paralegales y fraudulentas, en 2011, 18.000  familias más ricas de EEUU no pagaron impuestos.

Los 80 fueron años de plomo para las clases populares. En EEUU con Reagan, en Reino Unido con Thatcher. En la vieja y continental Europa el estado del bienestar, de derechos sociales, también retrocedió. Pero no era suficiente.

El neoliberalismo

Llegamos así al 13 de enero de 1993, fecha oficiosa del nacimiento del Consenso de Washington. John Williamson, el economista que había redactado las misiones originales de FMI y Banco Mundial, convocó a la élite neoliberal para decidir cómo “convencer” a los políticos para que adoptaran medidas contrarias a los intereses de la mayoría de ciudadanos. Políticas que deberían facilitar el traspaso de la propiedad de bienes públicos a manos privadas.  La reunión tuvo lugar en el Carnegie Conference Center de Washington. Para asegurar sus intereses y dado que las crisis provocadas son iguales de efectivas que las reales, decidieron que mentir a los ciudadanos no sería un problema si así conseguían sus propósitos. Para lograrlo acordaron aprovechar y favorecer los momentos catastróficos porque entonces la ciudadanía acepta mejor cambios traumáticos. Y señalaron cuatro objetivos a los gobiernos del mundo: eliminar reglas de control, privatizar, adelgazar el estado y aprobar leyes favorables a las transnacionales, lo que oculta el eufemismo liberalizar.

La privatización del futuro

Las crisis reales, las provocadas, las favorecidas y las exageradas, han cuajado. El Norte, como antes le pasó al Sur, ha caído en shock. Asustados, incapaces de reaccionar colectivamente, nos preocupa más la supervivencia personal que la comunitaria sin darnos cuenta de que la oligarquía sólo piensa en imponer la tiranía del dinero en favor del 1% de la población mundial cuando maneja los mercados. Y que los objetivos señalados en 1993 para el Sur, ahora son para el Norte.

¿Qué pretenden? ¿Qué quieren conseguir? Traspasar a su propiedad privada dos de los mecanismos claves para la equidad, las dos cosas a las que los humanos, además de respirar, beber, comer y procrear, nunca renunciaremos: salud para vivir, educación para vivir mejor en el futuro.

Ellos, los oscuros mercados, saben que pagaremos por tenerlas porque no hay futuro sin salud ni educación. ¿Les permitiremos que se las apropien con el único objetivo de acumular riqueza a costa de los derechos sociales de la mayoría? Aceptaremos convertirnos (aún más) en objetos de negocio?

No todos los políticos pero…
Merkel dijo que el Bundestag no aprobaría ninguna medida que no fuera bendecida por los mercados. Es decir, por el poder financiero. En todos los parlamentos europeos pasa lo mismo. ¿Dónde están los políticos independientes de los mercados? La democracia controlada, supervisada, y dirigida. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿podemos considerar democrático un sistema político que decide en sede parlamentaria secuestrar buena parte de la soberanía popular? ¿Es esta la democracia que nos proponen? ¿Es esto democracia? ¿No deberíamos exigir a los partidos políticos y a sus representantes que si no están de acuerdo con esta “percepción” de la democracia, salgan a la calle y denuncien inequívocamente lo que ya es para muchos una perversión democrática y una violación sistemática de los derechos humanos? ¿Estamos asistiendo a un crimen económico contra la humanidad cuando a la mayoría se le dificulta por ley, cuando no se le impide, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al buen vivir?

abril 9, 2012

¿Quién define la confianza de los mercados financieros?

Iturria: Publico.es – 2012/04/05

– Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para justificar los enormes recortes de gasto público en España es la necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática averiguar cómo se define tal supuesta confianza de los mercados, y quién tiene el poder de definición. Es sorprendente, en este sentido, la escasa atención mediática sobre estos puntos.

El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de los mercados son los intereses que el Estado debe pagar para poder vender su deuda pública. A mayor desconfianza, mayores los intereses, y viceversa. A mayor confianza, menores intereses. Pero, ¿quién define los intereses? La respuesta conforme a la ortodoxia neoliberal es que son los “mercados”. Pero, como toda ortodoxia, ésta se basa en fe más que en evidencia. Ésta muestra que, en general, son las agencias de valoración de bonos las que, con sus evaluaciones, guían el comportamiento de tales mercados financieros. En realidad, uno de los instrumentos más valiosos que tienen las instituciones financieras (tales como los bancos, las compañías de seguros y los fondos de alto riesgo) que intervienen en el supuesto mercado, son las agencias de evaluación de los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) que, en teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados- y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en ellos o no. Cuando una de tales agencias valora negativamente los bonos públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los mercados”.

En teoría, tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que tras dejar la compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis  financiera, que lo más importante para tal agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales estudios (citado en el artículo de John Ryan “Do we need Credit Rating Agencies?” en Social Europe Journal. 16.03.12). Más claro imposible.

Para comprender y predecir sus valoraciones basta conocer quiénes les financian. Así, en EEUU, ha habido una campaña promovida por Wall Street, el centro financiero de EEUU, que tiene como objetivo desacreditar la deuda pública del gobierno federal como manera de forzar recortes en la Seguridad Social y privatizar las pensiones y los programas sanitarios a las personas de la tercera edad. Con la ayuda de los medios afines, Wall Street ha estado promoviendo tal mensaje a través de sus agencias de valoración, devaluando su valoración de los bonos públicos federales. (Antonio Caño en sus sesgados informes sobre EEUU –ver El País de 18.03.12- también transmite este mensaje sobre la deuda pública federal de EEUU). Tales bonos, sin embargo, no tienen ningún problema. Prueba de su salud es que los bonos federales tienen los intereses más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Si tuvieran problemas, tendrían intereses elevados. La desvaloración de los bonos del Estado federal por parte de tales agencias no tuvo ningún impacto, excepto desacreditar en EEUU todavía más a tales agencias, incluso más de lo que ya lo estaban. Un tanto semejante ocurrió con la devaluación de los bonos públicos del Estado francés, valoración que respondía a una campaña encaminada a penalizar al gobierno francés por su petición de establecimiento de una agencia pública europea que las sustituyera.

El gobierno español, sin embargo, raramente las criticó. Antes al contrario, la ministra de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero, Elena Salgado, las alabó, y se opuso al establecimiento de las agencias públicas europeas. Su docilidad hacia tales agencias privadas era sorprendente en una ministra de un gobierno socialista. Su temor (algunos dirían pánico) a antagonizarlas llegó a niveles extremos. Un tanto semejante ocurre con el actual ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, que fue el director en España del Banco Lehman Brothers que, al colapsar debido a sus prácticas especulativas, creó la crisis financiera. Su obediencia a los mandatos de tales agencias es absoluta.

¿Por qué no se las ignora y se crea una agencia pública europea?

La evidencia de que tales agencias son meros instrumentos de las instituciones financieras hace que se haya estado explorando el desarrollo de agencias públicas de valoración que sean más objetivas y más creíbles que las actuales. El Parlamento Europeo ya ha recomendado el establecimiento de tal agencia. Predeciblemente, la mayor fuerza opositora procede del capital financiero que las financia y sostiene y, como no, del Banco Central Europeo que, como he indicado muchas veces, no es un banco central, sino un lobby de la banca. La avalancha de lobbies intentando que no se constituya esta entidad pública es abrumadora, y es probable que no se apruebe. Y así estamos.

En Estados Unidos, sin embargo, se ha aprobado una ley –The Dodd Frank Act- que elimina la regla que instruía hasta ahora el deber de las pensiones publicas, así como de los bonos públicos, de vender sus activos valorados negativamente por tales agencias. Esta regla les dio un enorme poder que ahora desaparecerá. Nada de esto está pasando en la UE, cuyas instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo, continúan considerando tal evaluación como criterio de valoración de la deuda pública. Y ello ocurre a pesar de que la motivación política de tales agencias es obvia si se mira cómo se creó el llamado “problema de la deuda pública” que se inició en Grecia, cuando el Presidente socialista, George Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la anunciada por el gobierno conservador anterior. En teoría, tal declaración del Sr. Papandreu parecería “haber descubierto” que las cuentas del Estado no eran correctas. Pero, en realidad, la falta de credibilidad de las cuentas griegas era bien conocida antes de que el Presidente Papandreu lo indicara. Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas de la UE –Eurostat-había indicado que las cuentas del Estado griego no eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública griega. Fue al anunciarlo el Presidente Socialista cuando se cambió la evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente la deuda publica de todos estos países y sólo hasta aquel momento se cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación ganó pingües beneficios.

Lo que pasó en Grecia había pasado antes en EEUU. Recordemos que en EEUU tales agencias valoraron muy positivamente los productos de los bancos estadounidenses (incluido el Lehman Brothers del Sr. Luis de Guindos, actual Ministro de Economía), que colapsaron el día después de que les dieran matrícula de honor. En ambos casos, en las dos vertientes del Atlántico, su comportamiento fue el que respondió a los intereses del capital financiero. El famoso “problema de la deuda pública” fue y continúa  siendo un problema artificial, creado, en parte, por las agencias de valoración, para obtener los intereses de aquellas instituciones que las financian. El hecho de que se haya creado este problema (un problema que es falso) se debe a que a los bancos les ha ido muy bien con la existencia de tal problema. Así de claro.

febrero 29, 2012

Las falacias que se escriben y/o se dicen sobre salarios y competitividad en España

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 27 de febrero de 2012

Este artículo expande otro anterior publicado en Público (Salarios y competitividad, 23/02/12) en el que se critican los errores y/o falsedades que se están reproduciendo en los mayores medios de difusión sobre la necesidad de reducir los salarios como medida para salir de la crisis. Este artículo señala que tal medida empeorará en lugar de mejorar la productividad, la competitividad y la eficiencia económica de España, manteniendo a España en la situación actual de bajos salarios.

Una postura característica de la sabiduría convencional dominante en las élites gobernantes de la Unión Europea, tal como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), así como del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, es que España debe salir de la crisis a base de disminuir sus salarios, hecho que le permita aumentar su competitividad, estimulando así la economía a base del crecimiento de sus exportaciones. De ahí que el gobierno Rajoy está siguiendo el mandato de aquellas instituciones, realizando la reforma laboral más radical que se haya hecho hasta ahora en España en el periodo democrático que tiene como principal objetivo la reducción salarial y el debilitamiento, cuando no la eliminación de la protección social.
El punto débil de tal postura es que la evidencia empírica científica existente no la avala, es decir no muestra ni su veracidad, ni su certeza, ni su credibilidad. Veamos los datos (ver también mi artículo en Público “Salarios y competitividad”, 23.02.12). El argumento que asume que el estancamiento de la economía española se debe al elevado nivel de los salarios y al escaso crecimiento de la productividad, (lo cual lleva a una pérdida de competitividad, causa de la lenta recuperación económica) ignora varios hechos. Uno es que España fue uno de los países de la UE-15 con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de empleo durante los últimos diez años (antes de que se iniciara la crisis) y ello a pesar de tener un nivel salarial bastante parecido al actual. El salario medio (descontando inflación) de 1995 era casi el mismo que en 2008 y ello no fue obstáculo para que el crecimiento económico y la creación de empleo fueran mucho mayores que ahora, en el momento de recesión. Algo debería ocurrir, ajeno s los salarios, que explicara el estancamiento económico ahora y no entonces. Y este algo, es que la demanda doméstica y exterior fue mucho mayor que ahora, punto al que haré referencia más tarde.

Otro dato que se ignora es que tal como ha señalado Marc Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research en Washington, EEUU, en su artículo “Spain’s troubles are Tied to Eurozone Policies” publicado en The Guardian (11.02.11), el nivel de productividad del sector manufacturero (el sector exportador más importante) en España ha sido alrededor del 64% del nivel de productividad del mismo sector en Alemania durante el periodo 1999 (cuando España ingresó en la Eurozona) a 2009.Y durante el mismo período el salario por hora del sector manufacturero creció en los mismos porcentajes en España y en Alemania. No ha habido, pues, un declive de la productividad en el sector manufacturero (un sector clave en la competitividad española) tal como se está indicando con excesiva frivolidad, siendo el último ejemplo de tal frivolidad, las últimas declaraciones sobre competitividad del gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez.

El tercer hecho que se desconoce es que, en realidad, el crecimiento de la economía alemana en los últimos años no se debe a la moderación de los salarios de los trabajadores alemanes, ni tampoco al precio de los productos exportados. La propia Comisión Europea ha indicado que el crecimiento de las exportaciones el periodo 1999-2008 (un crecimiento del 7,3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores. Sólo un 0,3% se debió al cambio de los precios de los productos exportados. Estudios económicos realizados en Alemania muestran que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. Todos los datos disponibles muestran que la moderación salarial alemana no ha sido un factor en el crecimiento de las exportaciones. Sí, en cambio, ha sido un factor muy importante en determinar el enorme incremento de los beneficios empresariales. Y ahí está el punto que ni siquiera se considera. La distribución del producto creado a base de incrementar la productividad (véase mi artículo “Productividad y renta” en Público. 24.03.11). Una situación semejante ocurre en España. La variabilidad en los precios no es el mayor determinante en las exportaciones españolas. El punto clave es la demanda de los países importadores.

Los beneficios son también costes de producción
Otro supuesto también cuestionable es que los salarios de los trabajadores juegan un papel clave en determinar los precios y, por lo tanto, la competitividad de los productos. De nuevo, tal supuesto debe cuestionarse. Los costes laborales representan un porcentaje menor en los costes totales de la producción (siendo España el país donde tal porcentaje es uno de los menores), habiendo disminuido este porcentaje durante el periodo 2000-2008. La relación entre costes laborales e ingresos netos de explotación es de alrededor de un 20% en la mayoría de países de la UE, comparado con un 14% en España (ver Alvarez Peralta, I. y Luengo, F., Competitividad y Costes Laborales en la UE. ICEI Working Papers. 2011).

Es significativo comparar esta gran atención mediática en los salarios con el silencio y/o ocultación del impacto de los beneficios empresariales en la competitividad, otro elemento de los costes de producción que apenas aparece en el debate de cómo reducir los costes de producción para aumentar la competitividad. En realidad, durante todos estos años hemos visto como el crecimiento de los beneficios ha sido mayor que el crecimiento de los salarios. Hoy las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo. A estos beneficios empresariales hay que añadir también los pagos a directivos y accionistas, cuya contribución al coste de producto no es menor.

Es importante señalar que el crecimiento elevado de los beneficios se justifica con el argumento de que además de incentivar a los empresarios (argumento que se ignora frecuentemente en el impacto desmotivador que tiene la bajada de salarios) genera inversión, asumiendo que parte de los beneficios van a la inversión productiva. Pero ello no es siempre así. Antes al contrario, la tendencia en los últimos años no ha sido aumentar la inversión productiva, sino incrementar la inversión financiera especulativa, que es mucho más rentable que la productiva. Y ahí está parte del problema. Los súper ricos no invierten en producir coches porque hay una disminución de la demanda de coches. Pero sí que invierten, por ejemplo, en los sectores inmobiliarios, como hicieron los súper ricos alemanes (y los ricos españoles), depositando sus fondos en bancos de inversión que invirtieron en la burbuja inmobiliaria española. Esta burbuja dio grandes beneficios a los accionistas de los bancos alemanes donde se depositaba el dinero conseguido del aumento de los beneficios, consecuencia del aumento de la productividad de los trabajadores alemanes. Si en lugar de depositarlo en el sector inmobiliario español hubieran permitido una disminución de los beneficios a costa de un aumento de los salarios alemanes, el estímulo económico hubiera dependido más del consumo doméstico que de las exportaciones de capital financiero, lo cual hubiera beneficiado a toda la UE.

La desigualdad como problema en la competitividad
Y ello nos lleva al tema más silenciado de todos los temas. El impacto de las desigualdades en la competitividad. Bajos salarios quiere decir escasa demanda y baja productividad. Altos salarios quiere decir elevada demanda y elevada productividad. El dogma neoliberal asume que la baja productividad es la responsable de los bajos salarios, cuando la realidad sigue un orden inverso, pues mantener los salarios bajos es la mejor garantía de mantener la baja productividad. Si los salarios son altos, además de garantizar mayor demanda y estímulo económico, estimula a una mayor inversión, mayor incentivación y mayor productividad. De ahí el enorme error de las políticas públicas impuestas por el gobierno Rajoy. Bajar los salarios es mantener a España en el terreno de la baja productividad. La evidencia de ello es abrumadora. Rajoy y su gobierno transformarán España en un país del tercer mundo, con una enorme polarización de las rentas, donde la mayoría de la población, que deriva las rentas del trabajo, perderá todavía más su poder adquisitivo, su bienestar y la calidad de vida de sus miembros.

Esto es lo que está haciendo el gobierno que se autodefine como popular. No tengo ninguna duda de que, como en Grecia, será muy pronto muy impopular. El problema es que la posible alternativa, el socialismo español, no ha hecho suficiente autocrítica, cambiando 180º la orientación de sus políticas. Esperemos que las movilizaciones populares vayan radicalizando sus posturas, a lo cual puede contribuir el crecimiento de los partidos y movimientos a su izquierda. Esta es la esperanza. En este aspecto es muy positiva la creciente agitación por el movimiento 15-M y el movimiento sindical a fin de protestar por aquellas políticas de austeridad y recortes salariales. Tales movilizaciones son necesarias y urgentes.

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