Posts tagged ‘educación’

octubre 16, 2013

Los trabajadores de la concertada seguirán movilizándose contra los recortes

Iturria: eldiario.es – 2013/10/16

  • Todos los sindicatos exigen a las patronales de enseñanza Kristau Eskola y AICE que devuelvan el dinero que adeudan a las plantillas y no apliquen la reforma laboral.
  • Anuncian nuevos paros de una hora para la próxima semana, manifestaciones el 29 de octubre y nuevas acciones de protesta en noviembre si antes no se alcanza un acuerdo.
  • Pedirán en el Parlamento que el Gobierno vasco, al que acusan de ignorar sus peticiones de reunión, haga de intermediario en el conflicto.
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Sindicatos de escuela concertada anuncian nuevas movilizaciones contra los recortes. /G. A.

Todo parece indicar que el conflicto en los colegios concertados vascos va para largo. Tras varios años de tiras y aflojas entre los trabajadores y las patronales del sector, el acuerdo entre ambas partes parece estar más lejos que nunca. Lo que empezó como una protesta laboral debido al recorte de salarios del 5% aplicado en 2010, amenaza ahora con perpetuarse después de que Kristau Eskola y AICE dejaran sin efecto el convenio colectivo aprovechando la reforma laboral del PP. Tras la “exitosa” huelga general del pasado 26 de octubre, las centrales sindicales han convocado paros de una hora para el martes y jueves de la semana que viene como primer hito en su calendario de nuevas movilizaciones.

ELA, LAB, STEE-EILAS, CCOO y UGT han aprovechado para anunciar este calendario la celebración en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del juicio que les enfrenta con Kristau Eskola Y AICE debido a la rotura de la ultraactividad del convenio vasco de enseñanza. Después de que el Tribunal Supremo les haya dado la razón al considerar que las bajadas de salario aplicadas en 2010 fueron ilegales, los sindicatos creen que una vez más la justicia estará de su lado. Sin embargo, esperan un proceso largo de meses o incluso años de duración.

Mientras tanto, tienen una triple exigencia para las patronales de centros concertados. Por un lado, les demandan que cumplan el convenio en vigor hasta julio de este año y devuelvan todo el dinero que adeudan a los trabajadores. Los sindicatos han calculado que la cuantía de la deuda podría rondar el 2,5% de las pagas de los últimos años, aunque han puntualizado que la situación es diferente de un centro educativo a otro. También exigen retomar la negociación para la firma de un nuevo convenio partiendo de un planteamiento sin recortes y que se garantice la no aplicación de la reforma laboral en las plantillas de todos los colegios.

El pasado 5 de julio Kristau Eskola y AICE abandonaron la negociación colectiva y comunicaron a los sindicatos su intención de aplicar la reforma laboral, con lo que los trabajadores de sus centros concertados pasaron a regirse por el convenio estatal. Un marco normativo que contiene unas condiciones bastante peores que las del convenio activo hasta la fecha tanto a nivel salarial como en los que se refiere a permisos, horarios laborales y etc. “Lo que buscan es tener cobertura legal para los recortes que están aplicando desde 2010”, ha comentado Xabi Irastorza, portavoz de ELA, sindicato mayoritaria en la enseñanza concertada.

El juicio que ha comenzado hoy en Bilbao responde precisamente a la demanda interpuesta por todo los sindicatos para invalidar esta acción de las patronales. Las centrales están seguras de que ganarán porque el anterior convenio tiene un artículo que dicta específicamente que no pierde vigor hasta que no se firme uno nuevo. Sin embargo, mientras la vía judicial sigue su curso han planteado un calendario de movilizaciones que empezarán con una comparecencia parlamentaria el próximo lunes, 21 de octubre. El martes 22 y el jueves 24 hay convocados paros de una hora en todos los centros educativos de Kristau Eskola y AICE y el martes 29 por la tarde han hecho un llamamiento para manifestarse en las tres capitales vascas. Si no obtienen ninguna respuesta, las protestas continuarán la semana del 25 al 29 de noviembre.

Ambas patronales de concertada tienen entre las dos más de 180 centros educativos. En torno a 150.000 alumnos se verán afectados por estas movilizaciones, aproximadamente un tercio del sistema.

Otras fuentes de financiación

El conflicto en la enseñanza concertada vasca tiene sus raíces en la reducción salarial del 5% impuesta por el Gobierno de Zapatero a los funcionarios. En aplicación de las indicaciones que llegaban desde Madrid, el anterior Gobierno vasco redujo en consonancia la subvención que reciben los centros concertados y las patronales replicaron este recorte sobre sus trabajadores. El problema es que, al contrario de lo que ocurre con los funcionarios, los profesionales de la concertada están sujetos a un convenio laboral con sus centros educativos en el que la Administración no tiene nada que ver.

La concertada argumentó la necesidad de replicar los recortes aduciendo que la ley no le permite cobrar cuotas a sus alumnos y la reducción de la aportación del gobierno les ataba de pies y manos. El Tribunal Supremo, sin embargo, dio la razón a los sindicatos al considerar que estos colegios disponen de otras fuentes de financiación además de las subvenciones. Esta situación provocó varios momentos de tensión entre las patronales, especialmente Kristau Eskola, y el anterior ejecutivo que parecen haberse calmado con la llegada del Gobierno Urkullu a pesar de que su postura en este aspecto no ha cambiado.

Los sindicatos han asegurado hoy que han pedido al departamento de Educación dirigido por Cristina Uriarte que haga de intermediario en el conflicto y han dicho no tener todavía “ninguna respuesta”. “Por eso hemos solicitado una comparecencia parlamentaria, para que todos los partidos exijan al Gobierno hacer frente a estas políticas de recorte y den solución al conflicto”, ha apuntado Irastorza. “Porque lo que están haciendo las patronales desde el primero momento es trasladar los recortes de financiación directamente sobre los trabajadores”, ha añadido.

septiembre 27, 2013

Huelga mayoritaria en la enseñanza concertada por un convenio propio

Iturria: Gara – 2013/09/27

La huelga convocada en los más de 250 centros de enseñanza privada concertada de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en protesta por los recortes y en demanda de un convenio propio, «sin chantajes ni recortes», obtuvo un seguimiento de más del 80% de los trabajadores, según los datos de los sindicatos, que estimaron en cerca de 100.000 el número de alumnos afectados. La patronal rebajó la cifra de seguimiento al 48%.

La convocatoria del paro, que estaba dirigida a casi 12.000 trabajadores de los centros de la red privada concertada de la CAV -excepto las ikastolas, que tienen convenio propio-, fue secundada de forma «muy amplia», lo que se dejó notar en la práctica totalidad de los centros del sector, «salvo contadas excepciones», según la información difundida por ELA, sindicato mayoritario en este sector.

En las asambleas celebradas en las últimas semanas, muchos centros habían tomado la decisión de cerrar sus puertas, aunque los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Gasteiz les obligaban a abrir, «a pesar de que no ha acudido ningún trabajador».

Los datos de ELA apuntan a que «en general», en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa más del 80% de los trabajadores secundaron el paro. La estimación de los sindicatos es que la protesta afectó a cerca de 100.000 alumnos que cursan estudios de Primaria y ESO en estos centros.

La huelga convocada por ELA, CCOO, STEE-EILAS, LAB y UGT tenía como objetivo denunciar los recortes que están aplicando las patronales de los centros de iniciativa social de la enseñanza concertada -Kristau Eskola y AICE- y exigir que se vuelva a aplicar el convenio de la CAV.

Manifestaciones

Además de la huelga, se celebraron manifestaciones en Gasteiz, Bilbo y Donostia bajo el lema «Gure lan baldintzak borrokatu, murrizketarik ez». En la capital alavesa, los actos se iniciaron con una concentración ante el Parlamento, que acogía el Pleno de política fiscal, mientras en Donostia se llevaron a cabo una caravana de coches y una marcha por las calles céntricas.

En la movilización de Bilbo, el responsable de Enseñanza de ELA, Xabier Irastorza, criticó tanto al Gobierno de Gasteiz como a las patronales, ya que el Ejecutivo del PNV ha aplicado su política de recortes a la enseñanza concertada y la patronal ha trasladado estos recortes a los trabajadores.

«Se trata del mayor ataque a la educación de los últimos 25 años», subrayó, para añadir que desde 2012 se están aplicando recortes de entre un 2,5 y un 5% a los salarios, y a la vez, también aumentan las cargas de trabajo y se han registrado despidos.

Resaltó que si la patronal no está de acuerdo con los recortes del Gobierno, que «confronte con el Ejecutivo y le pida cuentas, en vez de traspasar ese problema a los trabajadores».

También denunció a la patronal por «romper» la mesa de negociación y aplicar el convenio estatal del sector desde el 7 de julio, fecha en la que decayó el convenio de la CAV.

Desmentido de Kristau Eskola

Kristau Eskola negó este extremo y aseguró que los centros mantienen «íntegramente» las condiciones laborales sujetas al módulo de financiación del Gobierno de Gasteiz y no las establecidas en el convenio estatal, al que «se ha visto obligado a recurrir de forma transitoria». Denunció asimismo que se haya trasladado la conflictividad a los centros, «lugar de la defensa de los derechos del alumno y de sus familias».

Para las próximas semanas, las centrales han convocado paros parciales del 21 al 25 de octubre y del 25 al 9 de noviembre y no descartan que el conflicto «se prolongue en el tiempo».

Paro del 90% en los centros de autistas de Apnabi

Los centros de la asociación vizcaina Apnabi, que acogen a personas afectadas de autismo, vivieron también una jornada de huelga para reclamar un convenio propio, que fue seguida por más del 90% de la plantilla -compuesta por unos 200 trabajadores- «pese a los servicios mínimos abusivos», según el sindicato LAB.

Esta central explicó que la convocatoria se hizo después de que Apnabi notificase que «iba a imponer el convenio estatal, dejando al margen los acuerdos adoptados en las negociaciones de un nuevo convenio».

julio 18, 2013

La UPV recorta en un 9,24% su presupuesto para 2013

Iturria: eldiario.es – 2013/07/18

  • De los más de 432 millones de euros de presupuesto, solo destinará 23 millones a inversiones, un 54% menos que en 2012.
  • El pleno del Consejo Social ha dado luz verde al proyecto aprobado por el consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco el pasado 20 de junio

El Pleno del Consejo Social de la UPV/EHU ha aprobado el presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2013, que asciende a 392,9 millones de euros, un 9,24 por ciento menos que el ejercicio anterior, que fue de 432,9 millones de euros.

Según ha informado la entidad universitaria, el Pleno del Consejo Social ha adoptado el acuerdo tras analizar el Proyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU el pasado 20 de junio y el informe que sobre dicho Proyecto ha emitido la Comisión Económica y Financiera del propio Consejo Social, en el que se han estudiado las principales novedades, se realiza un exhaustivo análisis económico financiero por capítulos, programas y unidades de gasto y se realizan algunas recomendaciones de mejora.

En el análisis por capítulos, se observa que la UPV/EHU destinará 288,29 millones de euros a gastos de personal (Capítulo I), un 73 por ciento del total y un 4,15 por ciento más que en 2012. Un total de 76,22 millones de euros irán a gasto corriente (Capítulo II), un 19,4 por ciento del total y un 23,72 por ciento menos que el año anterior.

Un total de 23 millones serán para inversiones (Capítulo VI), el 5,86 por ciento del presupuesto, con una bajada del 54,11 por ciento sobre 2012. El resto, (el 1,38% del total), corresponde a gastos financieros, transferencias y subvenciones y Consejo Social, cuyo presupuesto se sitúa en 215.402 euros, un 39,45 por ciento menos que en 2012 y un 60,2 por ciento por debajo de 2011.

El Consejo Social también ha decidido elevar a la Comunidad Autónoma su informe favorable para la implantación de la amplia oferta de programas de doctorado adaptados al R.D. 99/2011. La oferta se compone de 15 programas de Ciencias, 10 de Ciencias de la Salud, 15 de Ingeniería y Arquitectura, 16 de Ciencias Sociales y Jurídicas y 9 de Arte y Humanidades.

El Pleno ha fijado también las tasas académicas de 43 títulos propios de postgrado, dos de grado, seis de estudios complementarios y del título propio de pregrado en Ciencias Humanas. Entre los primeros, seis son de nueva creación, 12 modifican su precio y 25 mantienen las tasas del año anterior. Los de grado mantienen igualmente su precio. En cuanto a los estudios complementarios, se trata de seis cursos de nueva creación y sus tasas oscilan entre los 250 y los 2.880 euros por curso. Por último, el Consejo ha fijado en 12 euros las tasas por crédito en Ciencias Humanas.

Salud y envejecimiento

Por otra parte, el Pleno ha aprobado en la misma sesión la adhesión de la UPV/EHU a la “Asociación  KICAgeing”, cuyo fin es promover a nivel nacional la localización en el sur de Europa del Knowledge and Innovation Communities” (KIC) sobre salud y envejecimiento. Además, se ha dado el visto bueno a la desafección del servicio público universitario del edificio de la antigua E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao, y su reversión a la DFB/BFA.

Por otro lado, se ha asignado, atendiendo al ranking de puntuación de los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno vasco, las seis becas de colaboración convocadas por el Ministerio de Educación correspondientes al curso 2013-2014 a los departamentos de Química Orgánica I, Química Analítica, Neurociencias, Fundamentos del Análisis Económico I, Geografía, Prehistoria y Arqueología e Ingeniería de Comunicaciones.

Finalmente, el Pleno ha aprobado diversas modificaciones presupuestarias y ha adoptado varios acuerdos sobre ejecución de sentencias relacionadas con los complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador.

abril 5, 2013

“Sanidad y educación son fundamentales en la lucha contra las desigualdades”

Iturria: Manuel Menor / kaosenlared.net – 2013/04/05

Entrevista de Manuel Menor a Àngels Martínez, experta en políticas económicas, feminismo y salud pública, para la revista ESCUELA Núm. 3.978 (560) del 4 de abril de 2013.

Angels Martínez Castells (Mollet del Vallés, 1948) es buena conocedora de las políticas económicas, especialidad de la que ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y sobre la que había escrito su tesis doctoral. Ha aplicado su saber a asuntos como las deslocalizaciones industriales, feminismo, Europa, la crisis económica, las relaciones entre género y trabajo, y, sobre todo, la salud pública. Ha tratado todos estos asuntos en una gama amplia de revistas y también ha participado en obras colectivas de gran impacto lector, como Reacciona (Aguilar, 2011) o Actúa (Debate, 2012). Lo suyo es la defensa de los servicios sociales y el derecho a ser ciudadanos exigentes con lo que es de todos. Es fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica” y acaba de ser elegida para el consejo científico de Attac. Tiene un blog personal bilingüe: http://puntsdevista.wordpress.com/Su asociación es más directamente accesible en: http://dempeusperlasalut.wordpress.com/Si se quiere dialogar sobre cuestiones candentes como las que aquí comenta, se puede twittear con ella en: @angelsmcastells

Salud-sanidad. La sanidad solo es un componente de la salud, del mismo modo que creo estaremos de acuerdo con que la enseñanza solo es un ingrediente más de la educación, por importante y central que sea su papel. La sanidad previene, atiende y trata de curar a las personas enfermas. Pero la salud es mucho más: significa poder vivir la vida de forma autónoma y solidaria (porque las relaciones entre personas son siempre interdependientes) y nos permite ser felices. Para ello hay que considerar la sanidad como un determinante más de la salud, tan importante como un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado que nos permita sobrevivir si hemos perdido el empleo o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores. Y, junto con ello, son determinantes de salud también una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones en un barrio saludable y participar de un buen sistema educativo.

Sanidad-derechos sociales. Sanidad y educación públicas están en el centro de la conquista de los derechos sociales. Si se enfocan hacia la equidad, son instrumentos fundamentales en la lucha contra las desigualdades. Pero también pueden utilizarse para objetivos espurios: la enseñanza puede alejarse de la formación de ciudadanos y ciudadanas, y convertirse en un mero adiestramiento de mano de obra –en diferentes grados de cualificación– según las necesidades de las empresas; y la sanidad pública centrarse, en gran medida, en la mera “reparación de daños” para acortar el tiempo de bajas. Sin embargo, podemos asegurar que cumplan su cometido como derechos fundamentales si ampliamos su dimensión social y conseguimos que se afirmen como núcleo de un amplio sistema de servicios públicos al servicio de las personas.

Derecho universal a la sanidad. Precisamente este verano recordaba en la UIMP, en la presentación del libro Actúa y para explicar la actualidad del capítulo “La sanidad como mercancía, la salud como botín”, la obra legal que, con graves quebrantos, había iniciado el Ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986). Con el RD-ley 16/2012 de 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno del PP nos obliga a un viaje en el tiempo; elimina, de un plumazo, conquistas fundamentales en derechos de ciudadanía. Con el Decreto-ley del pasado abril, Ana Mato se propone enterrar definitivamente la universalidad de la sanidad iniciada por Ernest Lluch.

Junto a la desaparición de los derechos de ciudadanía por derechos derivados de situación laboral, con un claro sesgo de género, reaparece el carácter de la beneficencia, al que se podrán acoger todas las personas con nacionalidad española, extranjeros residentes o “titulares de unas autorización para residir en España”, “siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”.

Desaparecido el ciudadano como sujeto de derecho, en el Decreto-ley se considera imprescindible regular la condición de asegurado, como condición previa a partir de la cual (en tiempo verbal de futuro) “se podrá garantizar una asistencia pública gratuita y universal”… ¡Una asistencia pública universal a la que ya teníamos derecho hasta que se ha puesto en vigor el Decreto- ley! Y así, serán “asegurados”, pues (y tendrán derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos), quienes formen parte de la población activa (personas empleadas por cuenta propia o ajena, o en paro), los pensionistas, quienes acrediten su condición de “beneficiario” por su relación de dependencia, quienes acrediten su falta de medios. El estatuto de “beneficiario” tendrá una relación efectiva similar. Finalmente, se podrá acceder a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de contraprestación o cuota derivada de un convenio especial… Y aquí convendrá leer atentamente la reglamentación que acompañe la medida, porque de hecho puede significar una mayor apertura hacia mutuas privadas (o seguros privados) para que sigan colonizando el servicio público de salud.

Insisto en la necesidad de leer con atención, puesto que el retroceso de la universalidad entendida como un derecho ciudadano fundamental, se expresa claramente en el propio texto del Decreto-ley cuando dice textualmente, que lo que era en anteriores disposiciones legales un sistema de salud “universal”, pasa ahora a tener “vocación universal” (2ª línea Decreto-ley)… Y por los artículos y disposiciones que siguen, creo que cabe dudar, con sobrados motivos, de dicha “vocación universal”.

Salud pública-salud privada. La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública. Vale la pena insistir en la diferencia porque ayuda a entender mejor las causas inmediatas de la enfermedad, los condicionantes de salud y las políticas (o causas de las causas) que pueden fomentar una sociedad autónoma y solidaria (sana) o una sociedad con paro, marginación, precariedad, miedo… (una sociedad enferma). Pero es que además, cuando la atención sanitaria se convierte en mercancía (y, por ejemplo, se obtiene a cambio del pago de una cuota a una mutua privada), solo se nos aceptará como “clientes” si gozamos de buena salud. Probemos a contestar a alguna de las ofertas que actualmente proliferan: “su oferta me viene de maravilla porque tengo 65 años, padezco diabetes, una enfermedad autoinmune y me han hecho un triple bypass”…; le colgarán el teléfono antes de que pueda acabar de contar sus males reales o imaginarios. Si no fuera por la sanidad pública, una auténtica conquista de civilización, la selección natural de nuestra sociedad sería incluso peor –de forma relativa– que en sociedades de muchos menos recursos.

Privatización del sistema sanitario público. En el inestable equilibrio de un sistema mixto público-privado, basado en el supuesto de “colaboración” entre ambos, descubrimos de hecho un proceso de colonización del sistema privado que parasita el sistema público y consigue que se privaticen los servicios más rentables. Con ello convierte la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos universales en maximización de beneficios para unos pocos bolsillos. Tenemos las alertas sobre qué significa este proceso para el bienestar, la salud y la vida, en los múltiples estudios realizados sobre el proceso de privatización del sistema público británico iniciado en tiempos de Margaret Thatcher; y conocemos también los pobres resultados en términos de esperanza de vida, bebés muertos al nacer y mujeres que fallecen durante el parto en países con alto nivel de PIB, pero con sistema privado de salud.

Pago/copago/repago. El agravamiento en las condiciones de co-repago, con la exclusión de prótesis y productos por determinar, la introducción del repago en servicios ambulatorios fundamentales como el transporte asistido para diálisis, tratamientos invalidantes, etc., va a significar (significa ya, de hecho) la pérdida de servicios y medicamentos fundamentales para personas que los necesitan para su salud y bienestar, en tanto que supondrá una carga burocrática costosa e inefi caz por la complicada (e injusta) aplicación de los distintos tramos de repago, incluido el repago con que se grava a pensionistas y la fórmula (todavía por concretar) en que se efectuará la devolución de los límites de gasto permitido (pero siempre en contra de la persona enferma).

El repago ha dado lugar a acciones de protesta de distinto tipo. Por ejemplo, en Catalunya, desde asociaciones de vecinos, iaioflautas y Dempeus per la Salut Pública, hasta negarse a pagar el euro adicional que impone el govern de CiU por receta, y que discrimina con alevosía a las personas más enfermas. Algunas han elegido no tomar sus medicamentos, con el consiguiente peligro para su salud. Personal de atención sanitaria de primaria ya está advirtiendo que mujeres y hombres que antes no pagaban por sus medicamentos por estar en la jubilación y siguen necesitando sus medicamentos, les preguntan si se los pueden facilitar de muestras gratuitas porque, de otra manera, tienen que escoger entre comer o pagar a la farmacia…

Mujeres y nuevo sistema sanitario (repercusiones). Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tan duramente conquistados. También es salud la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud. Volvemos a ello casi 30 años después de la Ley Orgánica 9/1985. Aquella “Ley de despenalización del aborto” o “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” –que incluía la reforma del Artículo 417 bis del Código Penal (Anexo 1) –, tuvo que hacer frente a fuertes oposiciones y graves problemas. Vino precedida por otra conocida sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) – que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proyecto de despenalización parcial del aborto durante dos años–, y a su amparo se elaboró el texto definitivo que entró en vigor en 1985. Dicha Ley, aprobada después de superar todos los escollos clericales y acientíficos, despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada o supuesto terapéutico; el supuesto criminológico, cuando el embarazo era el resultado de violación; y, finalmente, el supuesto relacionado con malformaciones o graves defi ciencias físicas o psíquicas. Naturalmente, el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Ley, aunque valoró que se abriera un proceso despenalizador que debía continuar a medida que se fueran venciendo las hipocresías de sacristía que implican –siempre– el sometimiento de las mujeres.

Gallardón se opone a la actual ley de interrupción del embarazo mintiendo: dice que es por la liberación de las mujeres, que por “opresión” se ven obligadas a abortar (y mientras, el Gobierno del cual forma parte recorta sanidad, enseñanza, prestaciones y todas las políticas amigas de las mujeres para “activarlas”, seguramente, y que encuentren su liberación en embarazos no deseados…). Y lo hace engañando: porque alega que quiere volver a la Ley de 1985, pero sin contemplar el supuesto de malformación, equiparando al ser nacido con problemas a los embriones (una vieja polémica que el Ministro se empeña en reabrir). Y lo hace enfureciendo con toda razón a las mujeres que siguieron luchando por la ampliación de derechos que había abierto la Ley de 1985 hasta la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los grandes beneficiados del nuevo sistema. Sin duda, las mutuas y las clínicas privadas, los laboratorios farmacéuticos que han intervenido en la elaboración de las listas de medicamentos excluidos de financiación… Pero sus beneficios privados son insignificantes comparados con los graves quebrantos para toda la sociedad y la salud pública de este nuevo sistema que intenta parecerse al de Estados Unidos. Pero hay que saber que, en dicho país, el primer riesgo de quiebra para muchos hogares de clase media es una intervención quirúrgica complicada y una larga enfermedad. En ambos casos, incluso teniendo seguro de enfermedad, las mutuas procuran abandonar a las personas enfermas a su suerte, con mil y una excusas que las eximen del contrato suscrito. Y que no quieran presentar como beneficio que se excluya a personas inmigrantes de la atención primaria, porque significa mayor afluencia al servicio de unas urgencias ya ahora colapsadas en muchos casos y un peligro real para la salud pública. Los policías y los burócratas distinguen entre papeles en regla y no. Los microbios y los virus no distinguen en absoluto.

SANIDAD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE CONTACTO

Como Dempeus per la Salut Pública nos parecería que un programa mínimo inicial que potenciara la salud en nuestra época debería pasar por:

1) Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria, como la quieren el control privado, la infl uencia del neoliberalismo y la industria biomédico- farmacéutica. En este sentido, rechazar tanto las propuestas de recortes de salarios del personal como de plantilla, copago, etc., que en la práctica reducen las prestaciones que reciben los pacientes y tienen por objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares, y otra acelerada y diligente para quienes paguen también un seguro privado).

2) Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.

3) Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública, haciendo especial hincapié en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Por ello, es imprescindible hacer pedagogía activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud. Potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, en una sociedad más justa.

4) Vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las políticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las políticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 25% de la población activa –que prácticamente se dobla en la población menor de 25 años–, es un elemento de desigualdad y una atentado a la salud pública de primer orden.

5) Hay que conseguir que el lema de salud –en todas las políticas– sea más útil que nunca. Esto significa hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la política planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades debe desestimarse e impulsar otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.

6) Hay que explicar qué es la equidad en salud y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parece más igualitario. Como se sabe perfectamente en el mundo de la enseñanza, ni es justo ni permite alcanzar la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…

7) Hay que hacer énfasis en la figura del trabajador/a social, que junto con los médicos y médicas de atención primaria constituyen una fi gura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, donde hay que invertir más solidaridad y toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.

8) Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, así como la situación de proximidad cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias, sitúa a los agentes educativos como elementos claves en la promoción de modelos de vida y entornos físicos y psicosociales saludables.

9) Finalmente, nos parece fundamental democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. Mejora su salud de forma directa –por la misma acción e implicación de las personas– e indirecta –por el impulso de objetivos que de otra manera podrían no llegar nunca a estar en la agenda de quienes hacen las políticas–. Esta participación debe ser libre e insurgente, con voz propia; debe crear un contrapoder fuerte, real, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.

La propuesta de Dempeus per la Salut Pública es por una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonía, autonomía y solidaridad. Y exigimos además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y se eduquen en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores de magias trasnochadas, fundamentalismos integristas, y el virus empobrecedor para las mentes y la convivencia en democracia que representa el pensamiento único.

abril 5, 2013

La propuesta educativa: privatizar la FP y sustituir becas por “préstamos del Estado a bajo interés”

Iturria: vozpopuli.com – 2013/04/05

La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos

La lucha contra el paro juvenil pasa también por una reforma del sistema educativo, diagnostica la OCDE en su informe sobre el paro entre los más jóvenes en España. Además de reformar el mercado laboral, la OCDE dicta recetas de reforma educativa en las que apuesta por reforzar la Formación Profesional. Sin embargo, el organismo sostiene que no puede depender completamente de fondos públicos y apuesta por fórmulas semi-privadas: “sería más eficiente —afirman las conclusiones— que el coste fuera soportado por el gobierno, los empleadores y los estudiantes, de acuerdo con los beneficios que obtienen del sistema”.

A cambio, las empresas ganarían influencia sobre el plan de estudios de los jóvenes y deberían poder aprovechar más los llamados “contratos de formación” ya que –según la organización– “la formación profesional no parece responder a las necesidades laborales del país”. Sin embargo, el informe advierte que los planes del Gobierno español de conceder subvenciones en los pagos a la Seguridad Social a las empresas que recurran a contratos de aprendizaje corre un riesgo: “existe la posibilidad de que las compañías abusen del contrato de formación hasta convertirlo en una forma barata de contratar en prácticas para realizar labores de baja cualificación”.

La OCDE, además, plantea otras dos modificaciones a caballo entre la educación y la economía:

  • Sustituir las becas por “créditos del Estado a bajo interés” para los estudios universitarios: La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos
  • Terminar con la figura del repetidor: La OCDE asegura que el sistema de repetición de cursos vigente en España “crea grandes costes para la sociedad”. Según sus estimaciones, el sistema de repetición de cursos supone un 10% del coste total destinado a educación primaria y secundaria en España. Por ello, concluye la organización, “debieran tomarse medidas para evitar la repetición de cursos”, algo en lo que ya trabaja la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert.
FOTO:EFE

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enero 21, 2013

ELA, LAB y STEE-EILAS rechazan el anteproyecto de ley de educación

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/01/21

Denuncian que la nueva normativa busca “la recentralización del Estado” y además supone “un ataque directo al euskera”,  que pasará a convertirse en un “idioma subsidiario”

ELA, LAB y STEE-EILAS han mostrado hoy su rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y han pedido a gobiernos y partidos políticos que se opongan a su aplicación en Navarra y Euskadi.

Para estos sindicatos, nos encontramos en una “senda de ataques” a la educación en la que este anteproyecto del Ministerio es “el último y extremadamente grave”.

En este sentido sostienen en un comunicado que la nueva normativa busca “la recentralización del Estado” y “limitar” la capacidad de Euskal Herria para decidir sobre su propia educación, y es además “un ataque directo al euskera” pues se convertirá en un “idioma subsidiario”.

Critican también que el anteproyecto da un “grave paso hacia la mercantilización de la educación”, “abre el camino para el adoctrinamiento ideológico, político y religioso, la españolización y la uniformización” e impulsa una educación “segregadora y clasista”.

Además, afirman, “limita el desarrollo personal, la educación integral y la igualdad de oportunidades” al adelantar la elección de itinerarios, “impone exámenes generales obligatorios y evaluaciones externas en función de los criterios del Estado español”, “limita la participación” de agentes educativos e “incrementa las posibilidades para privatizar servicios públicos”.

Por todo ello, ELA, LAB y STEE-EILAS rechazan la iniciativa del Ministerio de Educación, piden a los gobiernos navarro y vasco y a los partidos políticos que se opongan a su aplicación en ambas comunidades y reclaman más recursos e inversiones para un sistema educativo que debe ser “el que necesita y quiere nuestro pueblo”, lo que implica que se debe “decidir y construir en Euskal Herria”.

Una opinión que las tres centrales señalan que compartirán “con con todos los agentes de la comunidad educativa (sindicatos, asociaciones de padres y madres y estudiantes) con el fin de que la respuesta sea lo más mayoritaria posible”, ya que para el próximo 2 de marzo anuncian movilizaciones.

noviembre 29, 2012

Lan-legepeko irakasleen seiurtekoen kobrantza arazoan Auzitegi gorenak arrazoia eman dio ELAren salaketari

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

Epaiak Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan Legepeko Irakasleok 4. eta 5. seiurtekoak kobratzeko dugun eskubidea baieztatzen du. ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

2010ean Eusko Jaurlaritzak eta CC.OO. eta UGTek gutxiengoan sinaturiko irakasle funtzionarioen hitzarmenean irakaskuntza karrera profesionala martxan jartzeko konpromisoa hartzen zuten. Akordio haren ondorioz administrazioak irakasle funtzionarioei 4. eta 5. seiurtekoak ordaintzeko erabakia hartu zuen.

ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

Eta hau gutxi balitz, Eusko Jaurlaritzak bigarren diskriminazio onartezin bat egin zuen irakasle funtzionarioei seiurteko hauek ordainduz eta lan berdina egiten duten lan-legepeko irakasleei ordainsari bera ukatuz. Gogoratu beharrean gaude lan-legepeko irakasleen hitzarmenak argi adierazten duela irakasle funtzionarioen soldata bera izango dutela.

Hori dela eta, ELAk helegitea aurkeztu zuen bigarren diskriminazio hau salatu asmoz eta EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zigun langileoi. Jaurlaritzak ordea helegitea aurkeztu zuen Estatuko Epaitegi Gorenera eta orain Gorenak, beste behin ere, arrazoi ematen digu langileoi administrazioaren eskaera atzera botaz.

Hauxe da Auzitegi Gorenaren epaiak diona: “Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Epai honek Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan-Legepeko Irakasleoi 4. seiurtekoa(669,57€) eta 5. seiurtekoa ( 554,82 + 669,39=1.224,39€) 2010eko Urtarrilaren 1etik aurrera kobratzea onartzen digu.

Epaiketa egin aurreko adiskidetze saiakeran (PREKOA) Hezkuntza Sailak hitzarmen berriaren negoziaketan gai hau sartuko zuela esan arren adostasunik gabe amaitu zen saiakera eta orain esan dugun bezala epaia langileon alde atera da.

ELA inola ere ez dago ados langileen artean hierarkizazio eta ezberdintasuna areagotzen dituen soldata mailak ezartzearekin, eta hau honela, oso larria iruditzen zaigu, honelako inposaketak egin ondoren oraindik ere langileen artean diskriminazioak egiten dituzten honelako erabakiak.

Epaiketak arrazoia eman digunez Hezkuntza Sailak eginiko diskriminazioa zuzendu eta irakasle guztiei berdin ordaindu beharko lieke. Horrela ez bada, salaketa publikoa eta norbanako erreklamazioak egitea beste biderik ez digu utziko.

noviembre 29, 2012

El tribunal Supremo da la razón a la denuncia de ELA en el cobro de sexenios de los laborales docentes

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

La sentencia rechaza la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales y reconoce el derecho de los laborales docentes al cobro del 4º y 5º sexenio. ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación. 

En 2010 CCOO y UGT suscribieron con el Gobierno Vasco en minoría el convenio de funcionarios docentes que recogía el compromiso de la puesta en marcha de la carrera profesional en educación. Como consecuencia de este acuerdo la administración decidió poner en marcha el abono del 4º y 5º sexenio.

ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación.

Por si esto fuera poco, el Gobierno Vasco llevó a cabo una segunda e inaceptable discriminación entre las trabajadora y trabajadores del sector, al pagar los sexenios al funcionariado y no hacerlo a los laborales docentes por el mismo trabajo, cuando el convenio de laborales docentes deja claro que el salario será el mismo.

La decisión del Gobierno Vasco fue denunciada por ELA ante el Tribunal Superior de la CAPV que le dió la razón en primera instancia, pero la sentencia fue recurrida por la administración. Ahora ha sido el Tribunal Supremo quién, una vez más, ha dictaminado a favor de las trabajadoras y trabajadores.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Esta sentencia deja en evidencia la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales docentes y reconece el derecho de estos últimos a percibir el 4º (669,57€) y 5. sexenio (554,82 + 669,39=1.224,39€) con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2010.

Aunque el Departamento de Educación se comprometió en el PRECO a llevar este tema a la mesa de negociación, no fue posible el acuerdo y ahora son los juzgados quienes nos dan la razón.

ELA no esta de acuerdo con ningún tipo de jerarquía o diferencias salariales entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, pero siendo esto así, consideramos muy grave que el Departamento de Educación además de estrablecer los mecanismos de jerarquización, discrimine a algunos de esos trabajadores.

Siguiendo el dictado de la sentencia, el Gobierno Vasco debe abonar las diferencias. En caso contario no cabe otra posibilidad que la denuncia pública y la presentación de los correspondientes reclamaciones individuales.

noviembre 22, 2012

El TS rechaza el recorte salarial del 5% a los trabajadores de centros educativos de iniciativa social

Iturria: Europa Press – 2012/11/21

ELA EXIGE QUE NO HAYA “NINGÚN RECORTE” EN LA RED CONCENTADA
 
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por las patronales Kristau Eskola y AICE a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contraria al recorte salarial del 5 por ciento en 2010 a los trabajadores de los centros de iniciativa social, con lo que se reconoce su derecho a “cobrar íntegro su salario”, según ha informado ELA.El central ha recordado que los representantes sindicales de la “práctica totalidad” de los trabajadores de los centros de enseñanza concertada presentaron conflicto colectivo ante el tribunal, en contra de los recortes salariales “impuestos por las patronales” a sus trabajadores desde otoño de 2010.

La sentencia del Tribunal Superior vasco fue favorable a los trabajadores al “reconocer el derecho a cobrar el salario íntegro”, tras lo que las patronales Kristau Eskola y AICE presentaron recurso ante el Tribunal Supremo. La resolución de este tribunal, según ha destacado ELA, “da nuevamente la razón a la denuncia presentada por los sindicatos y a los derechos de los trabajadores”.

El conflicto se produjo después de que el Gobierno central decidiera en mayo de 2010 reducir los salarios del sector público en un 5 por ciento “con excusa de la crisis” y de que, según ha censurado, los ejecutivos navarro y vasco, “además de imponer esta decisión en Euskal Herria, decidieron extenderla a la enseñanza concertada”.

Según ha denunciado el sindicato, las patronales de la educación concertada “cargaron el peso de este recorte sobre los salarios” de sus trabajadores, “violando los convenios y el derecho a la negociación colectiva y sus reglas de juego”.

“La sentencia hecha público ahora ratifica la denuncia que hizo ELA en su día de que estos recortes violaban la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y protege los derechos y las condiciones laborales recogidos en el convenio, declarando, en este caso, que la quita de parte del sueldo es contraria a la ley y que los trabajadores tienen derecho a cobrar íntegro su salario”, se ha felicitado ELA.

NINGÚN RECORTE EN CENTROS CONCERTADOS

 Finalmente, ha instado a los trabajadores a “defender sus derechos” y aprovechar “la cobertura que da la sentencia” para reforzar sus reivindicaciones de que “no haya ningún tipo de recorte en los centros concertados”. Según ha indicado, tiene previsto trasladar esta exigencia tanto al Gobierno vasco como a las patronales.

En este sentido, ha emplazado a los trabajadores de la red concertada, tras esta “buena noticia”, se organicen y “luchen junto a los demás trabajadores” de educación y de otros sectores para defender los derechos laborales, además de “la inversión y la calidad en educación”.

octubre 22, 2012

El Gobierno lleva a los tribunales a 15 universidades públicas

Iturria: Manuel Planelles / Neus Caballer /Kaos en la Red – 2012/10/22

Hacienda recurre sus convocatorias de plazas para nuevos profesores

El pulso que mantiene el Gobierno central con las universidades públicas sube de intensidad y llega hasta los tribunales. El departamento de Cristóbal Montoro, encargado de velar por la austeridad presupuestaria, ha ordenado a la Abogacía del Estado que recurra las convocatorias de acceso a plazas del cuerpo docente de 15 universidades. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entiende que se ha superado la tasa de reposición vigente, que obliga a que solo se cubran 10 de cada 100 bajas que se generen en la enseñanza.

El recorrido jurídico de los recursos del departamento de Montoro es una incógnita. En el caso de las 15 universidades afectadas la vía sería la del contencioso-administrativo y tendrá que ser un tribunal el que decida en cada caso si aplica la suspensión cautelar de las convocatorias.

“Cuando se resolviera el recurso, si fuera en contra de las universidades, técnicamente el catedrático perdería su condición pero conservaría su plaza de profesor titular de Universidad. No se quedaría en el paro, volvería al cuerpo al que pertenecía antes de presentarse a la oposición”, explica el rector de Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, sobre las repercusiones de este conflicto.

El precedente más reciente es el de las oposiciones de secundaria de Andalucía, que Hacienda paralizó al presentar un recurso en abril. El ministerio también entendía que la oferta andaluza superaba la tasa de reposición de bajas fijada. Y la Junta argumentaba que su oferta había sido aprobada con anterioridad a los decretos que reducían la cobertura de vacantes. La vía elegida por Hacienda en el caso andaluz fue la del Tribunal Constitucional, donde presentó un “conflicto positivo de competencias”, una figura reservada para las disputas entre el Estado y las comunidades. El Constitucional decidió el 13 de septiembre suspender cautelarmente las oposiciones andaluzas hasta que se pronuncie sobre el fondo del conflicto.

La relación entre los máximos responsables de la Universidad y el Ejecutivo de Mariano Rajoy arrancó con muy mal pie. Los rectores llegaron a plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades de mayo. Mostraron así su desacuerdo con la decisión de Wert de no incluir en el orden del día de aquel encuentro el debate sobre el decreto ley de recortes aprobado en abril. Los claustros de muchas de las instituciones, donde están representados todos los sectores de la enseñanza superior, han ido aprobando desde entonces declaraciones de rechazo a los ajustes del Gobierno, como la subida de las tasas o las restricciones en las becas.

Los estudiantes también han protestado contra el Ejecutivo. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, los alumnos paralizaron toda la actividad docente durante los últimos 15 días del curso pasado. “Es una reivindicación justa”, dijo entonces el rector de esta institución, Antonio Ramírez de Arellano, sobre la protesta estudiantil. El rector de la Complutense, Santiago Carrillo, también se ha mostrado partidario de las movilizaciones contra los ajustes.

Y, precisamente, son los recortes que intenta imponer el Gobierno central los que han provocado un nuevo encontronazo, en este caso, con el departamento de Montoro. El enfrentamiento se remonta al mes de julio, cuando, a través de un burofax, el Ministerio de Hacienda conminó a varias universidades a que retiraran las ofertas de empleo que habían sido publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado. “Si transcurrido un mes desde la recepción de este requerimiento no se hubiera obtenido contestación, se entenderá rechazado, momento en el que este órgano directivo solicitará a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, se señalaba en el escrito enviado a las academias afectadas. Ese plazo se ha cumplido y Hacienda intentará frenar estos concursos en los tribunales.

“Es una intromisión del Gobierno en la autonomía universitaria”, opina el vicerrector de Planificación Docente y Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José Antonio Sánchez Medina. A ellos también les llegó un burofax en verano en el que se les pedía que dejaran en suspenso 19 plazas publicadas en el BOE, que habían sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de dicha universidad en febrero.

Los responsables del campus sevillano, como la mayoría de los afectados, decidieron seguir adelante con sus convocatorias al entender que eran legales, ya que se habían aprobado —que no publicado en el BOE— con anterioridad al decreto de recortes de abril.

Sin embargo, lo cierto es que no existe una posición unitaria respecto a este asunto. Los escritos enviados por Hacienda fueron analizados en la asamblea general extraordinaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) celebrada el 6 de septiembre. “Se observa gran disparidad de actuaciones entre las distintas universidades, por lo que resulta difícil aunar criterios comunes de actuación en lo que respecta a 2012”, se señala en el acta de aquella reunión. Cada rector decidió tomar su camino. Y la mayoría escogió seguir adelante con las convocatorias. Así lo han decidido la Universidad de Sevilla (13 plazas en disputa), la de Granada (59) o la Jaume I de Castellón (18).

También la Universidad de Valencia, con 45 plazas de catedrático y profesor titular en el aire. “El Consejo de Gobierno votó en contra de suspender las oposiciones. Por una razón: porque el burofax de Hacienda no lo pide expresamente. Simplemente pidió que se retirarán del BOE las publicaciones de las convocatorias de plazas”, explica su rector, Esteban Morcillo. “Los concursos se están celebrando con normalidad en todas las universidades y los nombramientos se están enviando al BOE. Si hubiera un recurso de Hacienda y el juez accediera a la suspensión cautelar podría paralizar los nombramientos ganados por oposición”, añade Morcillo.

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