Posts tagged ‘derecho a la salud’

abril 5, 2013

“Sanidad y educación son fundamentales en la lucha contra las desigualdades”

Iturria: Manuel Menor / kaosenlared.net – 2013/04/05

Entrevista de Manuel Menor a Àngels Martínez, experta en políticas económicas, feminismo y salud pública, para la revista ESCUELA Núm. 3.978 (560) del 4 de abril de 2013.

Angels Martínez Castells (Mollet del Vallés, 1948) es buena conocedora de las políticas económicas, especialidad de la que ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y sobre la que había escrito su tesis doctoral. Ha aplicado su saber a asuntos como las deslocalizaciones industriales, feminismo, Europa, la crisis económica, las relaciones entre género y trabajo, y, sobre todo, la salud pública. Ha tratado todos estos asuntos en una gama amplia de revistas y también ha participado en obras colectivas de gran impacto lector, como Reacciona (Aguilar, 2011) o Actúa (Debate, 2012). Lo suyo es la defensa de los servicios sociales y el derecho a ser ciudadanos exigentes con lo que es de todos. Es fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica” y acaba de ser elegida para el consejo científico de Attac. Tiene un blog personal bilingüe: http://puntsdevista.wordpress.com/Su asociación es más directamente accesible en: http://dempeusperlasalut.wordpress.com/Si se quiere dialogar sobre cuestiones candentes como las que aquí comenta, se puede twittear con ella en: @angelsmcastells

Salud-sanidad. La sanidad solo es un componente de la salud, del mismo modo que creo estaremos de acuerdo con que la enseñanza solo es un ingrediente más de la educación, por importante y central que sea su papel. La sanidad previene, atiende y trata de curar a las personas enfermas. Pero la salud es mucho más: significa poder vivir la vida de forma autónoma y solidaria (porque las relaciones entre personas son siempre interdependientes) y nos permite ser felices. Para ello hay que considerar la sanidad como un determinante más de la salud, tan importante como un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado que nos permita sobrevivir si hemos perdido el empleo o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores. Y, junto con ello, son determinantes de salud también una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones en un barrio saludable y participar de un buen sistema educativo.

Sanidad-derechos sociales. Sanidad y educación públicas están en el centro de la conquista de los derechos sociales. Si se enfocan hacia la equidad, son instrumentos fundamentales en la lucha contra las desigualdades. Pero también pueden utilizarse para objetivos espurios: la enseñanza puede alejarse de la formación de ciudadanos y ciudadanas, y convertirse en un mero adiestramiento de mano de obra –en diferentes grados de cualificación– según las necesidades de las empresas; y la sanidad pública centrarse, en gran medida, en la mera “reparación de daños” para acortar el tiempo de bajas. Sin embargo, podemos asegurar que cumplan su cometido como derechos fundamentales si ampliamos su dimensión social y conseguimos que se afirmen como núcleo de un amplio sistema de servicios públicos al servicio de las personas.

Derecho universal a la sanidad. Precisamente este verano recordaba en la UIMP, en la presentación del libro Actúa y para explicar la actualidad del capítulo “La sanidad como mercancía, la salud como botín”, la obra legal que, con graves quebrantos, había iniciado el Ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986). Con el RD-ley 16/2012 de 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno del PP nos obliga a un viaje en el tiempo; elimina, de un plumazo, conquistas fundamentales en derechos de ciudadanía. Con el Decreto-ley del pasado abril, Ana Mato se propone enterrar definitivamente la universalidad de la sanidad iniciada por Ernest Lluch.

Junto a la desaparición de los derechos de ciudadanía por derechos derivados de situación laboral, con un claro sesgo de género, reaparece el carácter de la beneficencia, al que se podrán acoger todas las personas con nacionalidad española, extranjeros residentes o “titulares de unas autorización para residir en España”, “siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”.

Desaparecido el ciudadano como sujeto de derecho, en el Decreto-ley se considera imprescindible regular la condición de asegurado, como condición previa a partir de la cual (en tiempo verbal de futuro) “se podrá garantizar una asistencia pública gratuita y universal”… ¡Una asistencia pública universal a la que ya teníamos derecho hasta que se ha puesto en vigor el Decreto- ley! Y así, serán “asegurados”, pues (y tendrán derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos), quienes formen parte de la población activa (personas empleadas por cuenta propia o ajena, o en paro), los pensionistas, quienes acrediten su condición de “beneficiario” por su relación de dependencia, quienes acrediten su falta de medios. El estatuto de “beneficiario” tendrá una relación efectiva similar. Finalmente, se podrá acceder a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de contraprestación o cuota derivada de un convenio especial… Y aquí convendrá leer atentamente la reglamentación que acompañe la medida, porque de hecho puede significar una mayor apertura hacia mutuas privadas (o seguros privados) para que sigan colonizando el servicio público de salud.

Insisto en la necesidad de leer con atención, puesto que el retroceso de la universalidad entendida como un derecho ciudadano fundamental, se expresa claramente en el propio texto del Decreto-ley cuando dice textualmente, que lo que era en anteriores disposiciones legales un sistema de salud “universal”, pasa ahora a tener “vocación universal” (2ª línea Decreto-ley)… Y por los artículos y disposiciones que siguen, creo que cabe dudar, con sobrados motivos, de dicha “vocación universal”.

Salud pública-salud privada. La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública. Vale la pena insistir en la diferencia porque ayuda a entender mejor las causas inmediatas de la enfermedad, los condicionantes de salud y las políticas (o causas de las causas) que pueden fomentar una sociedad autónoma y solidaria (sana) o una sociedad con paro, marginación, precariedad, miedo… (una sociedad enferma). Pero es que además, cuando la atención sanitaria se convierte en mercancía (y, por ejemplo, se obtiene a cambio del pago de una cuota a una mutua privada), solo se nos aceptará como “clientes” si gozamos de buena salud. Probemos a contestar a alguna de las ofertas que actualmente proliferan: “su oferta me viene de maravilla porque tengo 65 años, padezco diabetes, una enfermedad autoinmune y me han hecho un triple bypass”…; le colgarán el teléfono antes de que pueda acabar de contar sus males reales o imaginarios. Si no fuera por la sanidad pública, una auténtica conquista de civilización, la selección natural de nuestra sociedad sería incluso peor –de forma relativa– que en sociedades de muchos menos recursos.

Privatización del sistema sanitario público. En el inestable equilibrio de un sistema mixto público-privado, basado en el supuesto de “colaboración” entre ambos, descubrimos de hecho un proceso de colonización del sistema privado que parasita el sistema público y consigue que se privaticen los servicios más rentables. Con ello convierte la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos universales en maximización de beneficios para unos pocos bolsillos. Tenemos las alertas sobre qué significa este proceso para el bienestar, la salud y la vida, en los múltiples estudios realizados sobre el proceso de privatización del sistema público británico iniciado en tiempos de Margaret Thatcher; y conocemos también los pobres resultados en términos de esperanza de vida, bebés muertos al nacer y mujeres que fallecen durante el parto en países con alto nivel de PIB, pero con sistema privado de salud.

Pago/copago/repago. El agravamiento en las condiciones de co-repago, con la exclusión de prótesis y productos por determinar, la introducción del repago en servicios ambulatorios fundamentales como el transporte asistido para diálisis, tratamientos invalidantes, etc., va a significar (significa ya, de hecho) la pérdida de servicios y medicamentos fundamentales para personas que los necesitan para su salud y bienestar, en tanto que supondrá una carga burocrática costosa e inefi caz por la complicada (e injusta) aplicación de los distintos tramos de repago, incluido el repago con que se grava a pensionistas y la fórmula (todavía por concretar) en que se efectuará la devolución de los límites de gasto permitido (pero siempre en contra de la persona enferma).

El repago ha dado lugar a acciones de protesta de distinto tipo. Por ejemplo, en Catalunya, desde asociaciones de vecinos, iaioflautas y Dempeus per la Salut Pública, hasta negarse a pagar el euro adicional que impone el govern de CiU por receta, y que discrimina con alevosía a las personas más enfermas. Algunas han elegido no tomar sus medicamentos, con el consiguiente peligro para su salud. Personal de atención sanitaria de primaria ya está advirtiendo que mujeres y hombres que antes no pagaban por sus medicamentos por estar en la jubilación y siguen necesitando sus medicamentos, les preguntan si se los pueden facilitar de muestras gratuitas porque, de otra manera, tienen que escoger entre comer o pagar a la farmacia…

Mujeres y nuevo sistema sanitario (repercusiones). Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tan duramente conquistados. También es salud la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud. Volvemos a ello casi 30 años después de la Ley Orgánica 9/1985. Aquella “Ley de despenalización del aborto” o “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” –que incluía la reforma del Artículo 417 bis del Código Penal (Anexo 1) –, tuvo que hacer frente a fuertes oposiciones y graves problemas. Vino precedida por otra conocida sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) – que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proyecto de despenalización parcial del aborto durante dos años–, y a su amparo se elaboró el texto definitivo que entró en vigor en 1985. Dicha Ley, aprobada después de superar todos los escollos clericales y acientíficos, despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada o supuesto terapéutico; el supuesto criminológico, cuando el embarazo era el resultado de violación; y, finalmente, el supuesto relacionado con malformaciones o graves defi ciencias físicas o psíquicas. Naturalmente, el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Ley, aunque valoró que se abriera un proceso despenalizador que debía continuar a medida que se fueran venciendo las hipocresías de sacristía que implican –siempre– el sometimiento de las mujeres.

Gallardón se opone a la actual ley de interrupción del embarazo mintiendo: dice que es por la liberación de las mujeres, que por “opresión” se ven obligadas a abortar (y mientras, el Gobierno del cual forma parte recorta sanidad, enseñanza, prestaciones y todas las políticas amigas de las mujeres para “activarlas”, seguramente, y que encuentren su liberación en embarazos no deseados…). Y lo hace engañando: porque alega que quiere volver a la Ley de 1985, pero sin contemplar el supuesto de malformación, equiparando al ser nacido con problemas a los embriones (una vieja polémica que el Ministro se empeña en reabrir). Y lo hace enfureciendo con toda razón a las mujeres que siguieron luchando por la ampliación de derechos que había abierto la Ley de 1985 hasta la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los grandes beneficiados del nuevo sistema. Sin duda, las mutuas y las clínicas privadas, los laboratorios farmacéuticos que han intervenido en la elaboración de las listas de medicamentos excluidos de financiación… Pero sus beneficios privados son insignificantes comparados con los graves quebrantos para toda la sociedad y la salud pública de este nuevo sistema que intenta parecerse al de Estados Unidos. Pero hay que saber que, en dicho país, el primer riesgo de quiebra para muchos hogares de clase media es una intervención quirúrgica complicada y una larga enfermedad. En ambos casos, incluso teniendo seguro de enfermedad, las mutuas procuran abandonar a las personas enfermas a su suerte, con mil y una excusas que las eximen del contrato suscrito. Y que no quieran presentar como beneficio que se excluya a personas inmigrantes de la atención primaria, porque significa mayor afluencia al servicio de unas urgencias ya ahora colapsadas en muchos casos y un peligro real para la salud pública. Los policías y los burócratas distinguen entre papeles en regla y no. Los microbios y los virus no distinguen en absoluto.

SANIDAD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE CONTACTO

Como Dempeus per la Salut Pública nos parecería que un programa mínimo inicial que potenciara la salud en nuestra época debería pasar por:

1) Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria, como la quieren el control privado, la infl uencia del neoliberalismo y la industria biomédico- farmacéutica. En este sentido, rechazar tanto las propuestas de recortes de salarios del personal como de plantilla, copago, etc., que en la práctica reducen las prestaciones que reciben los pacientes y tienen por objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares, y otra acelerada y diligente para quienes paguen también un seguro privado).

2) Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.

3) Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública, haciendo especial hincapié en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Por ello, es imprescindible hacer pedagogía activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud. Potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, en una sociedad más justa.

4) Vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las políticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las políticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 25% de la población activa –que prácticamente se dobla en la población menor de 25 años–, es un elemento de desigualdad y una atentado a la salud pública de primer orden.

5) Hay que conseguir que el lema de salud –en todas las políticas– sea más útil que nunca. Esto significa hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la política planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades debe desestimarse e impulsar otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.

6) Hay que explicar qué es la equidad en salud y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parece más igualitario. Como se sabe perfectamente en el mundo de la enseñanza, ni es justo ni permite alcanzar la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…

7) Hay que hacer énfasis en la figura del trabajador/a social, que junto con los médicos y médicas de atención primaria constituyen una fi gura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, donde hay que invertir más solidaridad y toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.

8) Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, así como la situación de proximidad cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias, sitúa a los agentes educativos como elementos claves en la promoción de modelos de vida y entornos físicos y psicosociales saludables.

9) Finalmente, nos parece fundamental democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. Mejora su salud de forma directa –por la misma acción e implicación de las personas– e indirecta –por el impulso de objetivos que de otra manera podrían no llegar nunca a estar en la agenda de quienes hacen las políticas–. Esta participación debe ser libre e insurgente, con voz propia; debe crear un contrapoder fuerte, real, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.

La propuesta de Dempeus per la Salut Pública es por una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonía, autonomía y solidaridad. Y exigimos además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y se eduquen en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores de magias trasnochadas, fundamentalismos integristas, y el virus empobrecedor para las mentes y la convivencia en democracia que representa el pensamiento único.

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septiembre 12, 2012

Gobierno foral expulsa a pacientes para ‘maquillar’ las listas de espera

Iturria: ABC.es / EFE – 2012/09/11

El sindicato ELA ha asegurado que el Gobierno foral pretende “expulsar” a pacientes para “maquillar” las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, “a la par que se aumenta la jornada” al personal de este organismo.

ELA denuncia en un comunicado que eliminar a pacientes y ampliar la jornada y modificar el horario del personal “no es la solución al problema de las listas, y mucho menos el camino a una sanidad pública de calidad”.

El Gobierno de UPN, considera el sindicato, “siempre ha intentado maquillar las cifras de lista de espera, derivando pacientes a centros privados, con las peonadas o ahora quitando gente de las mismas, siempre bajo la política de desmantelamiento del sector público y en favor de lo privado”.

Por estos motivos, ELA exige al Gobierno de Navarra que “fomente la red sanitaria pública, con un mayor gasto que permita garantizar una atención médica de calidad, la cual es imposible sin unas condiciones laborales dignas”.

septiembre 3, 2012

Desmontando mentiras sobre la reforma sanitaria

Iturria: yosisanidaduniversal.net

“Este Real Decreto-Ley afecta solamente a los y las inmigrantes sin papeles. No va a afectar a las personas españolas.”

El Real Decreto-Ley  deja sin cobertura sanitaria a los siguientes colectivos:

1. Inmigrantes irregulares sin permiso de residencia en vigor.

2. Ciudadanía de paises de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de SUIZA que no sean residentes en España o Ascendientes de dicha ciudadanía.

3. Ciudadanía española y extranjera con permiso de residencia, mayor de 26 años, que no hayan percibido nunca prestación por desempleo y que tengan rentas superiores a una cantidad anual aún por determinar. Entre los que se encuentran los siguientes colectivos:

  • Estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF.
  • Personas que no han conseguido su primer empleo.
  • Personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge.
  • Personas separadas de parejas de hecho no formalizadas.
  • Personas discapacitadas en grado inferior al 65%.
  • Personas pertenecientes a población nómada.
  • Profesionales liberales.

“Esta reforma afectará a aquellas personas que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad Pública”

Lo más grave de esta  reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como  la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin  que se vaya a generar un ahorro importante.

Además, ni siquiera es cierto que cada persona vaya a contribuir pagando la sanidad con sus cotizaciones, porque la sanidad pública no se paga con dichas cotizaciones a la Seguridad Social sino que se costea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que se pagan con el total de los impuestos, incluidos todos los indirectos también.

Estas frases tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de las personas que cotizan.

“Privatizar garantizará la calidad en la gestión”

Como ya se demuestra en otros países tales como EEUU, una Sanidad que gestione personas aseguradas y no pacientes abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

“Echániz dice que el sistema sanitario está en ‘situación de riesgo vital grave’ por culpa de los socialistas”, “Con la reforma se ahorrarán 7.000 millones de euros”

El Sistema Nacional de Salud  español es perfectamente sostenible. Es un falso debate que pretende justificar las medidas basándose en una política del miedo.Lo que se pretende es un cambio del modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, trabajadores/as sanitarios y no sanitarios, etc.)

En realidad:

  1. Es uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo según la mayoría de las valoraciones de instituciones expertas y organismos internacionales.
  2. El gasto sanitario público esta en un 6,2 del PIB y es uno de los más económicos de la Unión Europea. Para mantener y mejorar la salud de cada ciudadano/a del Estado Español se dedican 1250 € por persona y año. Esto es claramente sostenible.
  3. El déficit económico en el Sistema se debe fundamentalmente a la infra-financiación crónica y persistente, y a la mala gestión del Sistema por los diversos Gobiernos, y a la ausencia de control y participación ciudadana.
  4. Existe margen de mejoras en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, sin cambio de las características esenciales como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención
  5. El objetivo no es hacer un sistema sostenible sino privatizable. Esto les permite nuevas oportunidades de negocio.

Además, el actual Gobierno del Partido Popular alega que el sistema sanitario no es sostenible y que, en consecuencia, se aprueban una serie de medidas urgentes para garantizar dicha sostenibilidad, argumentando que ello se debe a la mala gestión del gobierno anterior del Partido Socialista, sin contar con su propia contribución a dicha situación.

“Las circunstancias mandan”, “La atención sanitaria española es más cara que en otros estados del entorno”, “No hay dinero”

El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea (inferior con más de un 28% de diferencia).

¿No hay dinero?

La Banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras y que numerosas pensionistas.

Las personas detrás de las grandes fortunas del pais ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de los salarios está disminuyendo.

El fraude fiscal alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) –somos la 10ª potencia mundial en fraude-. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis.

Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).

“El Real Decreto Ley 16/2012 se hará efectivo a partir del 31 de Agosto de 2012”

Su ejecución se hace de forma escalonada para las distintas medidas que se han aprobado:

  1. Con respecto al acceso al Sistema se reintroduce la clasificación de personas aseguradas y no aseguradas desde el principio pero se escalona su aplicación para preparar todo el aparato administrativo que se necesita. La expulsión del Sistema Sanitario se hará efectiva el 31 de agosto a quién no tenga la documentación en regla. En la comunidad autónoma de Madrid existe ya una circular interna destinada a que el personal estatutario deje de tramitar las tarjetas de “personas sin recursos” a inmigrantes no comunitarios/as sin tarjeta de residencia. Esto se traduce en que aquellas personas a las que esta tarjeta se les ha caducado, ya no están recibiendo efectivamente la tarjeta sanitaria  y por lo tanto su acceso a los distintos servicios de salud está siendo menoscabado. Tanto es así, que los y las responsables de la Comunidad se han visto obligados a emitir circulares a los hospitales recordándoles que deben seguir atendiendo a estos pacientes hasta el 31 de Agosto. Incluso después de ésto, en los hospitales de gestión privada se siguen poniendo impedimentos para tratamientos tales como VIH, oncológicos y diálisis. ¿Qué va a pasar con estas personas enfermas después de esa fecha?
  1. El 1 de julio del 2012 se empieza aplicar el “repago” en los medicamentos y otras prestaciones complementarias a todas las personas aseguradas y beneficiarias según su nivel de renta y/o pensión.
  1. La fijación de las prestaciones sanitarias que la ciudadanía va a poder recibir se empezará a aplicar en los próximos meses (julio-agosto 2012) según vayan siendo aprobadas.
  1. Limitación de la cartera de servicios. Se establecen tres categorías: prestaciones básicas -que serán gratuitas-, suplementarias y accesorias, que conllevan copago tanto para población activa como para pensionistas. Las prestaciones básicas van a ser redefinidas siguiendo el carácter restrictivo de las políticas gubernamentales. Pagar según renta conlleva un aumento del coste burocrático, que varias fuentes expertas han valorado entre 500 y 900 millones de €, cuando para discriminar las aportaciones de cada persona según la renta ya existe el IRPF.

“La Reforma busca la equidad y mejor eficiencia del sistema”

Se espera que, con todas las medidas tomadas en estos años y el RD 16/2012, se ocasione un aumento de las desigualdades sociales en salud y los problemas en la población, confirmado en múltiples informes y estudios internacionales. Se especifican a continuación:

  • Aumento de la morbi-mortalidad de la población por deterioro condiciones de vida, aumento de la pobreza, la marginación y de hábitos insalubres.
  • Aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas.
  • Aumento del sufrimiento, y agravamiento de patologías mentales, tales como ansiedad, depresión, suicidio, etc.
  • Aumento de los efectos adversos del sistema sanitario en la población (yatrogenias, errores, listas de espera aún más prolongadas) y del deterioro de la calidad de la atención sanitaria.
  • El deterioro de las condiciones laborales y aumento de la precariedad en el empleo es productor de enfermedad.
  • Y con el RD también se aumenta el riesgo de exclusión de la cobertura sanitaria.

En conclusión, y al contrario a lo que nos dicen, con el RD se genera un sistema menos eficiente en salud y mucho más injusto.

La ciudadanía estará menos segura pues las circunstancias por las que en el futuro se pueda tener o no derecho al “aseguramiento” podrán ser modificadas, al suponer todo lo expuesto un intento de  hacer desaparecer el sistema universal de protección.

“La población migrante abusa de la Sanidad. Todo el mundo viene a los hospitales españoles y eso no puede ser”

Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es una persona joven y con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española.

En lo referente al llamado “turismo sanitario” (que corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Comunidad Europea), aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan España. Es interesada la confusión con el resto de las/los migrantes, alentando sentimientos xenófobos.

“NO tendrán tarjeta pero sí asistencia ‘básica’, como en el resto de la UE. No es ninguna violación de derechos de asistencia y ningún problema de salud pública”

Los y las inmigrantes no regularizados/as sólo tendrán derecho a la asistencia de urgencias.

La consecuencia evidentes serán la saturación de las urgencias por motivos “no urgentes” al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública.

Nuestro Sistema Sanitario estaba considerado a nivel internacional (Derechos Humanos de los Migrantes en la ONU) como un sistema que garantizaba una buena asistencia a este grupo de población y un modelo a imitar. Con este RD retrocedemos claramente. El que la totalidad de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, y sólo a la de emergencia, supone un error en la gestión de la  Salud Pública, al dejar de hacerlo de forma global e igualitaria.

De nuevo,  mencionar el hecho de que la emergencia es más cara que la atención ordinaria y no permite atender los mismos contenidos, deja fuera la imprescindible prevención, y está orientada a la atención urgente, necesaria por supuesto, pero es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Y se deteriorarán las prestaciones de los servicios de urgencias para ser sobrecargadas con demandas de atención en servicios que no están preparados para ello.

Es absolutamente  falso que se conserve para las personas “no aseguradas” una asistencia sanitaria básica. Y se producirán deterioros por esta medida en los servicios sanitarios destinados a toda la población.

septiembre 2, 2012

Con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos

Iturria: es.amnesty.org – 2012/08/31

Cuatro organizaciones reclaman que el gobierno revise el Real Decreto para cumplir con sus obligaciones internacionales

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria

Cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.

Las organizaciones firmantes vienen denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.

Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Orden ministerial

A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las entidades firmantes temen que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.

En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.

Estas peticiones internacionales contrastan con declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria “no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto”, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.

Otros gobierno autonómicos, sin embargo, han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Según se desprende del estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea, España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección.

Postura del personal sanitario

En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

Los miembros de este sector que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración anteriormente citada.

Efectos sobre las personas más vulnerables

Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.

Solicitantes de asilo y víctimas de trata

Las entidades promotoras acogen con satisfacción la inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.

La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.

Además, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.

Cumplimiento de las obligaciones internacionales

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.

 

agosto 21, 2012

Osakidetza, de luto por los recortes

Iturria: diariovasco.com – 2012/08/18

Los ambulatorios de Pasaia llevan a cabo movilizaciones de protesta. Se suman a las concentraciones que se celebran todos los viernes, a mediodía, con pancartas y prendas de color negro

Pasaia Antxo, 12.00 del mediodía. Mientras las campanas de la cercana parroquia de San Fermín tañen anunciando la hora, a las puertas del centro de salud del citado distrito sale buena parte de la plantilla de trabajadores. Médicos, enfermeras y demás miembros del personal dejan a un lado sus batas de trabajo para mostrar las prendas de riguroso negro con las que visten.
La coincidencia no es en absoluto casual. Cada viernes, desde hace unas semanas, la escena se repite en este ambulatorio. Los trabajadores aseguran estar «de luto» y remiten a todos aquellos que preguntan el porqué al leer el texto que muestran en su pancarta, también de negro: «estamos haciendo 15M de paro-protesta por el deterioro de la sanidad pública y el maltrato y desprestigio a sus trabajadores».
Según han explicado a este periódico, «nos concentramos en contra de los recortes que se nos están aplicando. No lo hacemos sólo nosotros. Es algo que está ocurriendo todos los viernes en los diferentes centros de salud de Pasaia y en todos los demás de Osakidetza. La idea no es nueva. Otros funcionarios también la están poniendo en práctica tanto en el ámbito de la sanidad como en el de la educación».
Sólo urgencias
El personal del centro de salud de Antxo anuncia que continuará con sus movilizaciones en las próximas semanas y tal y como informan tanto en su pancarta como en las instalaciones situadas en Usoz, sólo se atenderán las urgencias de 12.00 a 12.15 horas, el tiempo en que llevan a cabo su concentración.
Los usuarios del ambulatorio se muestran comprensivos e incluso algunos han expresado su intención, al parecer, de sumarse a la protesta. «Es algo que nos afecta a todos y más teniendo en cuenta que parece que vamos camino de tener una sanidad pública privatizada», comentaba el personal de Osakidetza en Antxo. «Puede que no consigamos nada, pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada», decían.
agosto 16, 2012

Niegan la tarjeta sanitaria europea a una joven porque su padre está en el paro

Iturria: levante-emv.com – 2012/08/08

Asegura que en la Seguridad Social le han recomendado que se haga un seguro privado

Pilar Marco, una estudiante de periodismo de la Universidad de Valencia cuyo programa Erasmus comienza el 31 de agosto en Viena, tendrá que viajar al Austria sin la cobertura de la tarjeta sanitaria europea.

Según los funcionarios de la oficina de la Instituto Nacional de la Seguridad Social de Torrent, donde intentó obtener el documento, al estar su padre, de quien depende económicamente, en el paro «no tengo derecho a a la cobertura», manifestó Pilar.

Los responsables del despacho, «de muy malos modos y sin atender a los papeles que les presenté, se negaron a hacerme la tarjeta sanitaria europea», explica la estudiante de Periodismo, que va a presentar «uno o los recursos que hagan falta, ya que si tengo derecho a la Seguridad Social en territorio español lo he de tener en la Unión Europea».

Alternativas
Falta menos de un mes para que la mayor parte de los estudiantes Erasmus inicien sus estudios y son muchos los que se pueden encontrar con este problema.

«Ante casos como éste nos aconsejan que nos hagamos un seguro privado y se desentienden», cuenta Pilar Marco indignada.

«Para estar tanto tiempo fuera es necesario contratar un buen seguro y además de que son muy caros, solo cubren el 80 % de los costes, con lo que tendría que pagar el 20% restante en efectivo», añade la joven, para quien resulta «increíble» que de repente la Seguridad Social «haya dejado de ser para todos», y señala que no entiende cómo es posible que estando su padre en el pa­ro le sugieran que contrate un seguro privado. «Cómo si por estar en el paro no pagáramos impuestos», dice.

Tras mucho insistir sobre su situación, a Pilar le han ofrecido la posibilidad de expedirle un certificado provisional sustitutorio, que sólo dura 3 meses, y que tendría que ir renovando, a la espera de que no se lo denieguen nunca.

Además, la joven podría encontrarse con que en las oficinas del INSS se le exige renovar personalmente el documento, algo complicado si al vencimiento se encuentra en Austria.

«Me dicen que es lo mismo pe­ro no es cierto, me he informado y se supone que es lo que te dan hasta que recibes la tarjeta sanitaria», añade la joven, quien resalta que nadie le garantiza que una vez allí no se quede «abandonada sin seguro médico».

«Además, no es lo mismo ir a una consulta médica con la tarjeta sanitaria que con un papel en español del que pueden no fiarse», sentencia.

Tras superar un examen de capacitación en el idioma del lugar solicitado y lograr la concesión de tan ansiada beca, el estudiante tiene que llevar a cabo numerosas gestio­nes en la Administración pública. Y uno de los trámites más importantes es la obtención de la tarjeta sanitaria europea que garantiza a cualquier español la total cobertura ante cualquier enfermedad o incidente en el extranjero.

agosto 9, 2012

ELA considera una “discriminación intolerable” la restricción de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/08/09

El sindicato ELA ha exigido a los Gobiernos vasco y navarro que se nieguen a aplicar la medida del PP de restringir el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares, que ha calificado como una “discriminación intolerable” que ocasionará “consecuencias humanitarias dramáticas”.

En un comunicado, la central ha denunciado que la situación “aún se agrava más” con la propuesta de que estas personas abonen 710 euros al año para ser atendidas, y han insistido en que se trata de un servicio “esencial”.

“Estas medidas van a perjudicar de una manera mucho mayor al colectivo de las personas inmigrantes a las que, salvo el caso de urgencias hasta alta médica, embarazo o menores de 18 años, deja sin ninguna cobertura, a menos que abonen esos 710 euros”, han explicado.

Según ELA, la medida pretende hacer pagar “a los más pobres” por una asistencia sanitaria “que debe ser universal y gratuita, como hasta ahora”. “Estos recortes son parte de una política de asfixia que busca estigmatizar y culpabilizar socialmente a un colectivo particularmente castigado por la precariedad social y laboral”, han agregado.

El sindicato considera que “no existe ningún argumento para negar el derecho a la salud” y ha afirmado que la decisión del Gobierno central es “rechazable desde cualquier principio ético”, además de que “atenta contra la cohesión social y la solidaridad más elemental”.

ELA ha recordado que estas medidas se suman a las decisiones tomadas por el Gobierno vasco y el Gobierno de navarra “para restringir el acceso a la renta básica o la Renta de Garantía de Ingresos, que no han hecho sino empujar a la exclusión y la marginación social a miles de personas”.

julio 11, 2012

Los médicos vascos denuncian recortes sin criterios clínicos

Iturria: Deia.com – 2012/07/10

Los tijeretazos “son indiscriminados tanto en fármacos como en personal”

bilbao. Los médicos vascos discrepan de la aplicación de medidas reduccionistas bajo criterios exclusivamente económicos y señalan la necesidad de mecanismos clave y cohesionadores para afrontar los cambios y la situación actual. En un encuentro celebrado en el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia denuncian que los recortes sanitarios no están basados en criterios clínicos, “ni los que se están realizando en el Estado ni tampoco los que se llevan a cabo en Euskadi”, explican a DEIA.

Los expertos apoyan el papel de las Sociedades Científicas en la toma de decisiones y en las relaciones con la Administración ya que consideran que es vital para la sostenibilidad de la Sanidad. Aunque subrayan que, por ahora, la situación de recortes en fármacos y personal que se está viviendo en la sociedad vasca no es comparable al resto de las comunidades del Estado, sí comienzan a ser más que preocupantes.

En el País Vasco se producen casi 5.000 ictus al año. De ellos, 1 de cada 3 casos se podrían evitar si se apostara por implementar estrategias y políticas activad orientadas a diagnosticar a tiempo los factores de riesgo, así como reducir el número de accidentes cerebrovasculares con tratamiento anticoagulante preventivo. Esta medida evitaría solo en la CAV cerca de 1.700 ictus al año.

En este sentido, el doctor Iñaki Lekuona, jefe del Servicio de Cardiología del hospital de Galdakao, explica que “la fibrilación auricular es el tipo de arritmia más frecuente que tratamos. Los análisis demuestran que anticoagulantes como Sintrom eran los que mejoraban los resultados de la aspirina, y ahora se ha demostrado que otros son más eficaces”.

criterios economicistas Según este especialista “existe un problema para cuadrar las cuentas y adquirir compromisos. Está muy claro que esto está llevando a recortes indiscriminados, pero no solo en fármacos sino también en personal”.

Por su parte, Isabel Hidalgo, paciente y secretaria de la Asociación Vizcaina de Enfermos de Trombosis (AVET), ha reclamado a Osakidetza la prescripción del nuevo tratamiento alternativo al Sintrom, “al aplicarse medidas de ahorro se dejan de prescribir una serie de medicamentos con los que el paciente está más protegido y tiene menos riesgo de sufrir un ictus.

Para Hidalgo, “con los nuevos tratamientos se reducirían las consultas, las visitas a los médicos y los ingresos hospitalarios, además de salvar vidas y evitar casos de discapacidad grave”, sentencia.

marzo 27, 2012

Una denuncia penal contra los responsables de la Sanidad (Catalunya)

Iturria: lamentable.org – 2012/03/23 – Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción

En el marco de la actual crisis económica, las Administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de deterioro de la situación económica personal y familiar de la ciudadanía con un incremento desbocado de la cifra de personas desempleadas. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrados en la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos, y de privatización mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia. El proceso de descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la asistencia sanitaria.

El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado. Las actuaciones del Departament de Salut que se exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.

La denuncia presentada basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y funcionarios público “que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las “garantías constitucionales”. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse.

Las actuaciones que se consideran indiciariamente constitutivas de delito están detalladas en el relato de hechos, en el que también se hace una puntualizada descripción del funcionamiento de la sanidad pública catalana. La reducción de prestaciones, el cierre de centros sanitarios, de plantas quirúrgicas, de consultas especializadas, la imposición de cierres forzosos de los hospitales, la reducción de la actividad concertada, la supresión de tratamientos, los recortes de personal sanitario, la paralización de mejoras y de construcción de nuevas infraestructuras, el aumento de las Listas y de los Tiempos de Espera, la supresión de tratamientos e intervenciones quirúrgicas con tiempos de espera garantizados y la modificación de la legislación vigente con el objetivo de permitir la privatización del servicio sanitario público catalán constituyen una realidad evidente, como reflejan con toda objetividad y fiabilidad las informaciones publicadas en los medios que para los denunciantes han sustituido las informaciones oficiales, ciertamente limitadas, a causa de la opacidad de la Administración sanitaria de la Generalitat, lo que también se denuncia.

También es materia analizada en el escrito la relación mercantil que tienen y han tenido los actuales Altos Cargos responsables de la sanidad catalana con el sistema sanitario privado. La corrupción es uno de los delitos que más daño hacen a la Democracia. El análisis ofrece sospechas claras y fundadas de corrupción en el sistema sanitario público catalán, basándose en todo momento en la documentación oficial a la que se refieren. Los responsables públicos de la sanidad catalana son conscientes de las consecuencias que están teniendo las decisiones que están tomando desde que asumieron sus cargos. Las declaraciones públicas de los responsables del Departament de Salut, por un lado, asumiendo aumentos en las Listas de Espera y, por otro, invitando a los ciudadanos a contratar un seguro privado, son hechos objetivos que no se pueden valorar de forma independiente: son la muestra de una estrategia con objetivos mercantilistas cuyo producto de mercado es la salud de la ciudadanía y que está provocando daños irreparables en el sistema sanitario público.

Los Altos Cargos con competencias sanitarias del Gobierno de Catalunya, en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad desigual en que vivimos, profundizan esta desigualdad menospreciando el derecho a la salud, como derecho universal. En consecuencia, las medidas de recortes de los servicios públicos de salud están generando discriminación entre los ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra convivencia humanitaria y democrática. El Gobierno está apartándose de la obligación política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades. Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora les corresponde a los ciudadanos. Que, en este caso, han sido miembros del 15M con un elevado grado de compromiso ciudadano y de eficacia frente a la Administración. Bienvenida sea la denuncia, con la confianza puesta en la Fiscalía de Catalunya.

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