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octubre 18, 2012

Democracia de excepción y la tragedia de los bienes comunes

Iturria: Rebelion.org / Ignazio Aiestaran – 2012/10/18

Ignazio Aiestaran. Escritor y profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco

La conferencia que UPN censuró en Pamplona

Nota de Rebelión: El pasado 3 de octubre el autor debía haber pronunciado en el Condestable de Pamplona una conferencia cuyo texto publicamos más abajo, inscrita en un ciclo de charlas en euskera con el título El tiempo que nos toca vivir. Pero el escritor y doctor en Filosofía renunció a impartirla ante la exigencia de la directora del área de Cultura del Ayuntamiento (UPN), Teresa Lasheras, para que modificara el título y el resumen de la charla que figuraría en el tríptico del ciclo de conferencias. A la concejala le pareció tan subersivo el título de la ponencia: Salbuespen demokrazia eta ondasun erkideen tragedia (Democracia de excepción y la tragedia de los bienes comunes), como el resumen de la misma donde se citaban a autores como Naomi Klein, Michael Hardt o Antonio Negri y se hablaba de las consecuencias de la globalización, de la doctrina del shock o de la involución democrática que, a juicio del autor, vivimos con la crisis como coartada.

Democracia de excepción

Vivimos tiempos excepcionales, donde la excepción es la norma. O así nos lo quieren hacer creer. Las élites políticas repiten diferentes consignas con el fin de justificar que no hay otra salida posible y que sus decisiones excepcionales son únicas e inapelables, afirmando que “es lo que hay que hacer”, “no se puede hacer otra cosa”, “cueste lo que cueste”. Para dar cobertura a esas proclamas ideológicas recurren a la argucia de la excepcionalidad. En abril del 2012, el presidente del poder ejecutivo del Reino de España justificaba la política de recortes con estas palabras: “Lógicamente eso nos sitúa en una situación excepcional y tenemos que reaccionar con medidas excepcionales”. La vicepresidenta de ese mismo ejecutivo ya había preparado el camino a finales de diciembre del 2011 con la siguiente declaración: “No hay que temer ese tipo de movimientos, puesto que estamos ante medidas temporales, medidas excepcionales; pero, insisto una vez y otra, estamos con medidas temporales, excepcionales”. Es el nuevo movimiento de las medidas excepcionales.

Dada esta situación de excepción, el presidente de la Generalitat de Catalunya ha optado por invertir esta lógica desde una expresión reivindicativa, adelantando las elecciones, en los siguientes términos: “En momentos excepcionales, decisiones excepcionales”. Por último, el mismo presidente de la República Francesa decía en agosto de 2012 que la situación era una crisis excepcional: “Estamos ante una crisis de excepcional gravedad, una crisis larga”. Y añadía que la situación era equiparable a una batalla: “Hace falta tiempo para ganar la batalla del crecimiento, del empleo y de la competitividad, porque es una batalla”. Es la batalla de la excepcionalidad silenciosa y prolongada.

Lo que todas estas voces políticas recogen con variaciones y diferencias no es sino una estrategia diseñada por un sector nada democrático de la Unión Europea. Una de las figuras más sobresalientes en la arquitectura económica y política de esta Europa de los mercaderes es Jean-Claude Trichet. Ha manejado todos los hilos posibles sin pasar nunca por las urnas: gobernador del Banco de Francia (1993-2003), presidente del Banco Central Europeo (2003-20121) y en la actualidad miembro activo del consejo de directores del Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de 60 bancos centrales del mundo, un mega-banco con sede en Suiza que influye y asesora sobre política monetaria y estabilidad financiera. Desde estas posiciones, Trichet se ha convertido en el adalid de la teoría del excepcionalismo en su forma más radical. Él la ha llamado “federación por excepción” o también “excepcionalismo europeo”.

En su discurso de despedida como presidente del Banco Central Europeo, en octubre de 2011, ya lanzó la siguiente pregunta amenazadora: “¿Sería demasiado atrevimiento concebir que esta futura unión económica y monetaria, dotada de un mercado, una moneda y un banco central únicos, tuviera además un poder ejecutivo?”. Con ello planteaba la creación de un nuevo poder que asumiría la vigilancia estricta de las políticas fiscales y financieras, con la facultad, “en casos excepcionales”, de adoptar decisiones de castigo en aquellos casos donde los pueblos no adopten las medidas restrictivas de las demandas presupuestarias de la Eurozona En esos casos excepcionales también se podría penalizar a los pueblos o naciones que escojan partidos equivocados o rebeldes que no sigan las consignas de los imperativos de los mercados.

Esta teoría del excepcionalismo ejecutivo supone un peligro para las libertades democráticas de los pueblos. Por caso, en mayo del 2012 Trichet impartió una conferencia en Washington sobre la crisis. Allí propuso un “salto cuántico” en la gobernanza y en la soberanía de la Unión Europea, estableciendo directamente una “federación por excepción”, según sus palabras. Cuando un país adopte “políticas aberrantes” no acordes con los criterios económicos de estabilidad financiera, entonces se podría castigar directamente a los pueblos que sostienen esas políticas, según su criterio.

El filósofo alemán Jürgen Habermas, en su último libro sobre la constitución de Europa, ha criticado esta postura y el hecho de que Trichet reclame un ministerio de finanzas común para la Eurozona, pero sin mencionar la parlamentarización. Habermas se opone con fuerza a esta fórmula porque ve un claro “desequilibrio entre los imperativos de los mercados y la fuerza reguladora de la política” a través de un “federalismo ejecutivo” que gestiona el proyecto europeo a puerta cerrada, sin debatir en el espacio público. Habermas advierte con preocupación que este federalismo ejecutivo posibilita un dominio intergubernamental del Consejo Europeo, bajo el camuflaje de pedir “más Europa”. En realidad, más Europa no significa más solidaridad y más democracia, sino más finanzas y más plutocracia, como cuando el 22 de julio de 2011 Angela Merkel y Nicolas Sarkozy llegaron a un arreglo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés para propiciar una involución posdemocrática contraria al espíritu del Tratado de Lisboa que Habermas rechaza con rotundidad:

“Mediante este camino de una dirección central por parte del Consejo Europeo, podrían trasladar los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales. De este modo, acuerdos tomados sin transparencia y carentes de forma jurídica tendrían que imponerse, con ayuda de amenazas de sanciones y de presiones, a los parlamentos nacionales menguados en su poder. Los jefes de gobierno tergiversarían de esta forma el proyecto europeo hasta convertirlo en su contrario. La primera comunidad supranacional juridificada democráticamente se convertiría en un arreglo para el ejercicio del dominio burocrático-posdemocrático”.

Lo que Habermas advierte como una futura amenaza para las democracias de Europa, por desgracia ya se ha hecho realidad, cuando se aprobó la reforma de la Constitución del Reino de España, para incluir la cláusula que limita la posibilidad de deuda del Estado social, así como para asegurar el pago a los acreedores por encima de los derechos sociales y de las necesidades colectivas. En solo treinta días se hizo el cambio, entre agosto y septiembre de 2011, mediante un procedimiento de urgencia y de una única lectura, en lo que se llegó a denominar “reforma exprés”. Los dos grupos parlamentarios mayoritarios -los más constitucionalistas- la tramitaron sin apenas opción a debate o rectificación, y desde luego sin hacer una consulta popular previa o el referéndum deliberativo correspondiente. Ningún otro grupo parlamentario apoyó esta reforma, con la excepción de un grupo minoritario, Unión del Pueblo Navarro. En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados se recogen las palabras del representante de UPN que bien resumen la trapacería y componenda de este tipo de medidas:

“Es verdad que la presentación de esta iniciativa no ha sido la perfecta, pero, señorías, no exageremos. Otros cambios legales de muy dudosa constitucionalidad se han aprobado en esta Cámara con muchos menos votos, sin consenso, y desde luego sin referéndum.”

En todas estas decisiones y medidas se trasluce una estrategia calculada por aprovechar la crisis como coartada para imponer unas políticas determinadas bajo el discurso del miedo. En su despedida del Banco Central Europeo Trichet mencionó a Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. En sus memorias, Monnet mantenía una teoría concreta sobre el uso de las crisis: “Los seres humanos no aceptan el cambio más que por necesidad, y no ven la necesidad más que en la crisis”. Trichet cita esta referencia y añade: “Confío en que los cambios de hoy, provocados por la crisis mundial, sean precisamente de esos que Jean Monnet esperaba que pudieran promover un nuevo marco institucional”. Así se aprovecha la amenaza de la crisis de la deuda soberana para hacer todas las reformas y todos los recortes que la ciudadanía europea no aceptaría de otra manera. Este pensamiento coincide plenamente con lo que Naomi Klein ha definido como “la doctrina del shock”.

Esta doctrina se inició cuando el economista norteamericano Milton Friedman le escribió una carta en 1975 a Augusto Pinochet, el cual para entonces ya era conocido por sus masacres despiadadas en Chile. Friedman le recomendaba en aquella misiva que aplicara un “tratamiento de choque” para que su país abrazara el “completo libre mercado” con un recorte del 25% del gasto público en seis meses, aún a sabiendas del aumento del desempleo. Friedman subrayó que Pinochet debía actuar de manera decidida y rápida, como la terapia de choque que se le da a un paciente de forma abrupta y repentina. El general aplicó a rajatabla la recomendación del economista de Chicago, aprovechando que el país se había convertido en una dictadura. Desde entonces esa política monetaria de estabilidad financiera se ha aplicado en otros países, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con independencia de los estragos y del sufrimiento que generan en la población.

La teoría de la terapia de choque económica se basa en poner freno a la inflación más allá de la política monetaria: mediante un cambio súbito y brutal de política se alteran rápidamente las condiciones y expectativas de la ciudadanía, dejando claro que se va a recortar el gasto público y que los sueldos ya no subirán. Cuando Pinochet aplicó la receta de Friedman en el primer año la economía chilena se contrajo un 15% y la tasa de desempleo pasó del 3% al 20%. La doctrina del shock aprovecha las crisis para que la clase dirigente que ha perdido su credibilidad ante la ciudadanía aplique duras lecciones bajo una recesión o una depresión. En 1982 Friedman lo dejó claro en sus memorias biográficas: “Sólo una crisis –real o percibida como tal– produce un verdadero cambio”. En esto coinciden Friedman, Monnet y Trichet. Cuando viene una crisis económica de suficiente gravedad, los dirigentes se ven liberados para hacer lo que consideren necesario en nombre de la reacción a una emergencia nacional, y entonces, nos dice Klein, las crisis se convierten en zonas “ademocráticas”, paréntesis en la actividad política donde no parece ser necesario el consentimiento ni el consenso. Eso mismo está ocurriendo en la Unión Europea y es lo que Enzensberger califica como “la expropiación política de los europeos”.

Así, en situaciones de emergencia, la teoría del excepcionalismo somete las democracias a las terapias de choque aplicables en época de crisis. Se empieza reduciendo prestaciones, después se mutilan derechos y luego se termina por recortar la misma democracia, a fin de socializar pérdidas y privatizar ganancias con la excusa de la deuda soberana. Todo aparenta ser excepcionalmente lícito y soberano: se comienza modificando el texto de una constitución, posteriormente se quiere modular el derecho a manifestarse y se acaba por censurar una conferencia. Y todo para engañar y tutelar, que es lo que les gusta a algunos. Todo por la gran mentira. Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando la mayoría hemos vivido y vivimos por debajo de nuestras posibilidades y capacidades. Ese es el verdadero problema. Así que la cosa (pública) solo puede empeorar. Primero fue malestar, después indignación. Ahora ya es asco, el asco indecible.

Ignazio Aiestaran. Escritor y profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco
octubre 16, 2012

El MEDE, la consolidación del golpe de estado financiero en la UE

Iturria: quiendebeaquien.org / Rebelion.org / Albert Sales e Inés Marco – 2012/10/16

El 8 de octubre empezó a funcionar el MEDE (Mecanismo Europeo De Estabilidad), una nueva institución financiera intergubernamental que tiene como objetivo garantizar la solvencia de los estados miembro facilitándoles crédito y asumiendo las funciones hasta ahora desempeñadas por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. La creación del MEDE ha sido posible gracias a la modificación del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se llevo a cabo en 2011 para “salvaguardar la estabilidad de la zona euro” e introducir “condiciones estrictas” para los beneficiarios de la ayuda financiera. El MEDE debe convertirse en una especie de Fondo Monetario Internacional para los estados miembros de la UE. La capacidad de crédito inicial prevista es de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 procederan de la aportaciones directas de los estados y el resto se alcanzaran mediante capital “movilizable” y garantías, es decir, comprometiendo futuras cuotas de los países antes de haberlas ingresado. Las explicaciones técnicas sobre la capacidad de crédito del MEDE son, como es habitual en estos casos, auténticos jeroglíficos para la ciudadanía. Ni la información resulta de fácil acceso, ni es comprensible para la gran mayoría de personas que acabaran sufriendo las consecuencias del funcionamiento de esta institución, ni el tema tiene la relevancia mediática que merece, atendiendo al atentado contra el funcionamiento de las instituciones democráticas que supone el articulado del tratado fundacional del MEDE.

El único debate sobre el MEDE que ha tenido cierta repercusión ha sido el rechazo de Alemania a la propuesta inicial de que esta institución pudiera requerir capital ilimitado de los estados miembros para ampliar su capacidad de crédito. A pesar de que organizaciones ciudadanas presentaron multitud de recursos de inconstitucionalidad por considerar que el MEDE agrede la soberanía de las instituciones democráticas, el Tribunal Constitucional Alemán abrió las puertas a la firma del tratado exigiendo tan sólo una modificación: que se fijará un límite a la aportación alemana de 190.000 millones de euros (efectivo más avales). Más allá de esta cifra, la contribución deberá ser votada en el Parlamento. El resto de recursos han sido rechazados considerando que el MEDE es creado el 11 de julio de 2011 por los ministros de Finanzas de la zona euro actuando como representantes de la soberanía de sus respectivos estados.

Pero el texto del tratado por el que se constituye el MEDE contiene otros muchos aspectos preocupantes des de el punto de vista político y de calidad democrática que escapan al debate de las cifras. Según el articulado inicial, que todos los diputados y diputadas el Europarlemento han tenido en sus manos, el MEDE, sus propiedades y sus activos, van a gozar de una inmunidad total frente a los estados miembro. No podrán ser objeto de ninguna forma de acción legal en su contra ni podrán ser “intervenidos, confiscados o embargados” ya sea por vía ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa. Lo cual coloca a esta institución, creada a la sombra de la opinión pública europea (si es que existe tal cosa), fuera del control de las instituciones de las ya debilitadas democracias liberales estatales. En el terreno de las responsabilidades personales, el tratado establece que directores, subdirectores, director ejecutivo y demás empleados del MEDE serán inmunes a cualquier tipo de proceso legal por actividades ejercidas en el desempeño de sus funciones, y gozarán de inviolabilidad de sus archivos y documentos oficiales. Lo que significa que los tribunales de los países europeos no podrán, bajo ningún concepto, investigar las actividades profesionales de los altos cargos del MEDE.

Esta institución, que tendrá su sede en Luxemburgo, cristaliza la subordinación de toda forma de ejercicio de la soberanía popular en Europa a las necesidades financieras que, ante la deriva de los acontecimientos, son las necesidades de los grandes bancos. Las condiciones ligadas a los créditos y la conversión de deuda privada en deuda pública, consolida el golpe de estado financiero que vive la Unión Europea como consecuencia del profundo déficit democrático que arrastra desde su fundación.

octubre 16, 2012

Hans Magnus Enzensberger: El expolio de Europa

Iturria: firgoa.usc.es – 2012/10/12

A fuerza de rescates y de tratados de urgencia negociados a puerta cerrada, a los ciudadanos de la UE se les va despojando poco a poco del control sobre sus instituciones, denuncia el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger

¿Crisis? ¿Qué crisis? Los cafés, las terrazas, los restaurantes no se quedan vacíos, los turistas se atropellan en los aeropuertos alemanes, se nos habla de récords de exportaciones, de que el paro disminuye. La gente bosteza ante la “cumbre” política de cada semana y las oscuras disputas de los expertos. Todo esto parece desarrollarse en una retórica vacía llena de discursos oficiales ininteligibles que no tienen nada que ver con la llamada vida real.

Es manifiesto que nadie o casi nadie se percata de que desde hace cierto tiempo los países europeos ya no están gobernados por instituciones que cuenten con una legitimidad democrática, sino por una ristra de siglas que han ocupado su lugar. Ahora mandan el MEDE, el FEEF, el BCE, la ABE y el FMI. Hace falta ser un experto para saber a qué corresponden esos acrónimos.

Por otra parte, solo los iniciados llegan a comprender quién hace qué y cómo en el seno de la Comisión Europea y del Eurogrupo. Todos esos organismos tienen en común que no figuran en ninguna constitución del mundo y que no asocian a los electores a su toma de decisiones.

Una indeferencia que produce escalofrío

La indiferencia con que los habitantes de nuestro pequeño continente aceptan que se les despoje de su poder político produce escalofríos. Quizá se deba a que se trata de una novedad histórica. A diferencia de las revoluciones, los golpes de Estado y los alzamientos militares, que no escasean en la historia de Europa, esta desposesión se está llevando a cabo sin ruido y sin violencia. Todo ocurre pacíficamente, en un reservado.

Ya no asombra a nadie que no se respeten los tratados. De las reglas existentes, como el principio de subsidiariedad establecido por el Tratado de Roma o la cláusula que prohíbe los rescates financieros en el de Maastricht, se hace caso omiso cuando hace falta. El principio pacta sunt servanda [hay que respetar lo pactado] se convierte en un eslogan carente de significado, obra de algún jurista puntilloso de la Antigüedad.

La abolición del Estado de derecho queda meridianamente clara en el tratado fundacional del MEDE (el Mecanismo Europeo de Estabilidad). Las decisiones de los pesos pesados de esta “sociedad de rescates” tienen validez inmediata en el derecho internacional y no están sujetas al consentimiento de los parlamentos. Se les llama “gobernadores”, como era habitual en los antiguos regímenes coloniales, y, como en estos, no tienen que rendir cuentas ante la opinión pública. Muy al contrario: se les concede expresamente la categoría de secreto. Recuerda a la omertà, que forma parte del código de honor de la mafia. Nuestros “padrinos” están exentos de todo control judicial o legal. Y gozan de un privilegio que no posee ni el jefe de la Camorra [la mafia napolitana]: la inmunidad penal absoluta (según los artículos 32 a 35 del tratado fundacional del MEDE).

Un eslogan inepto

El espolio político de los ciudadanos alcanzaba así un ápice provisional. Empezó mucho antes, cuando se introdujo el euro, incluso antes. Esta moneda es el fruto de maquinaciones políticas que no han tenido en cuenta en absoluto las condiciones económicas necesarias para poner en marcha semejante proyecto.

Bien lejos de reconocer y corregir las malformaciones congénitas de su creación, el “régimen de los rescatadores” insiste en la necesidad de seguir a toda costa la hoja de ruta establecida. Proclamar sin cesar que no tenemos “otra salida” viene a ser negar el peligro de explosión inducido por el aumento de las disparidades entre los Estados miembros. Hace ya años que las consecuencias se dibujan en el horizonte: división en vez de integración, resentimiento, animosidad y reproches en vez de concertación. “Si el euro se hunde, Europa se hunde”. Este eslogan inepto trata de movilizar a un continente de quinientos millones de habitantes en la empresa azarosa de una clase política aislada, como si 2000 años no fuesen nada comparados con una moneda inventada hace muy poco.

La “crisis del euro” prueba que esto no acabará con el expolio político de los ciudadanos. Su lógica quiere que conduzca a su pareja, el espolio económico. Hay que estar donde los costes económicos se hacen manifiestos para comprender lo que significa. La gente baja a la calle en Madrid o Atenas porque no le queda, literalmente, otro remedio. Y no dejará de ocurrir también en otras partes.

Poco importa de qué metáforas se adorne la clase política, poco importa que bautice a sus nuevas criaturas MEDE, bazuca, Gran Berta, eurobono, unión bancaria, mutualización de la deuda: los pueblos saldrán de su letargo político a más tardar cuando tengan que meterles mano a sus bolsillos. Presienten que, tarde o temprano, tendrán que pagar los destrozos causados por los rescatadores del euro.

Humillación del principio de subsidiariedad

No se vislumbra en el horizonte ninguna solución simple para salir de este derrotero. Se ha cortado el paso a todas las opciones prudentes que hasta ahora se han propuesto. A la idea de una Europa a varias velocidades se la ha perdido ya de vista. Las cláusulas de salida sugeridas con la boca pequeña jamás han encontrado un lugar en los tratados. La política europea, sobre todo, ha humillado el principio de subsidiariedad, una idea demasiado convincente para tomársela en serio. Esa palabra bárbara significa, ni más ni menos, que, de la escala municipal a la regional, del Estado-nación a las instituciones europeas, siempre debe ser la instancia más cercana a los ciudadanos la que mande dentro de su marco de competencias, y los niveles superiores no deben herederar más competencias reglamentarias que las que no se puedan ejecutar en otros niveles. No es más que un propósito piadoso: la historia de la Unión es la prueba.

El horizonte estaría, pues, cerrado. Período propicio para las casandras, que no solo profetizan el hundimiento del sistema bancario y la bancarrota de los Estados cargados de deudas, sino también, al mismo tiempo, si es posible, ¡el fin del mundo! Pero, como suele ocurrir con los agoreros, estos adivinos se frotan las manos demasiado deprisa. Pues los 500 millones de europeos no capitularán sin haber opuesto resistencia.

Este continente ya ha fomentado, atravesado y superado conflictos muy diferentes, y más sangrientos que la crisis actual. Salir del callejón sin salida donde nos han arrinconado los apóstoles de que se nos ponga bajo tutela tendrá un coste y no se logrará sin conflictos y sin dolorosos recortes. El pánico, en una situación como esta, es el peor de los consejeros, y quienes predicen que Europa va a entonar su canto del cisne ignoran las fuerzas que tiene. Antonio Gramsci nos ha dejado esta máxima: “Al pesimismo de la inteligencia tiene que acompañarle el optimismo de la voluntad”.

abril 13, 2012

¿Hasta cuándo el engaño del recibo de la luz?

Iturria: Público.es – 2012/04/03

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.

Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.

El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.

En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.

A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven  las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.

Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.

Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.

Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.

Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.

Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.

Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

febrero 18, 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

febrero 6, 2012

La crisis de la UE: guía de bolsillo

Una útil guía de bolsillo que explica cómo la crisis de Wall Street se vio agravada por las políticas de la UE y cómo ha enriquecido al 1% de la población en detrimento del 99%, y apunta a posibles soluciones que priorizan a las personas y el medio ambiente por encima de los beneficios empresariales.

Índice

  • Cómo una crisis de la deuda privada se convirtió en una crisis de la deuda pública y en una excusa para la austeridad
  • La forma en que los ricos y los banqueros se beneficiaron, mientras que la gran mayoría perdió
  • Las devastadoras consecuencias sociales de la austeridad
  • La respuesta de la UE a la crisis: más austeridad, más privatizaciones, menos democracia
  • Diez alternativas presentadas por grupos de la sociedad civil para que la gente y el medio ambiente sean más importantes que la codicia empresarial
  • Recursos para mayor información
Fuente: Transnational Institute (TNI) – Noviembre 2011
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