Posts tagged ‘déficit’

febrero 5, 2013

Pensiones y deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / ATTAC – 2013/02/04

Uno de los objetivos más importantes del capital financiero (es decir, de la banca, de los fondos de alto riesgo y de las compañías de seguros, entre otras instituciones) es privatizar la Seguridad Social y, muy en particular, las pensiones públicas. Éstas representan los fondos más importantes en cualquier país, incluyendo en España. Los trabajadores y empresarios cotizantes pagan sus cuotas a la Seguridad Social para financiar, entre otros beneficios, las pensiones. Y, como hay más ingresos al fondo de pensiones que beneficios, se ha ido acumulando un fondo de reserva considerable (alrededor de 65.000 millones de euros). Es mucho dinero y el capital financiero quiere meterle mano. Representa una gran golosina. En contra de lo que se informa a la población en los medios influenciados por el capital financiero (que son la mayoría), hoy el capital financiero tiene mucho dinero y va en busca de más. Éste es su próximo gran proyecto: que esta reserva pase a manos de las instituciones financieras privadas en lugar de las públicas (esto también ocurre, por cierto, con la sanidad pública, de la que hoy tal capital financiero desea la privatización para poder también meterle mano, beneficiándose de ello. La evidencia de que esto es así es abrumadora).

Uno de los argumentos que utiliza el capital financiero a través de sus portavoces o grupos de investigación afines, como FEDEA, es que el crecimiento de las pensiones públicas es una de las mayores causas del crecimiento del déficit y de la deuda pública. Y de ahí la necesidad de que se reduzcan tales pensiones públicas. Este argumento se ha repetido miles de veces en los mayores medios donde la sabiduría convencional se produce y reproduce. Y de tanto repetirse, la gente normal y corriente, que adquiere su información a través de tales medios, acaba creyéndoselo.

Pues bien, tal argumento es una mentira enorme. Y utilizo el término mentira deliberadamente. Mis lectores saben que no me gusta utilizar expresiones en mis escritos que puedan interpretarse por mis adversarios, que son muchos, como insultos. Pero es imposible que los portavoces del capital financiero no sepan que la Seguridad Social es una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del Estado. No puede, por lo tanto, contribuir al déficit del Estado. Es más, donde sí están entrelazadas ambas instituciones es en la compra de la deuda pública por parte de la Seguridad Social. Los fondos de reserva de las pensiones públicas son uno de los mayores compradores de deuda pública del Estado español, tal como ha indicado The Wall Street Journal en sus series sobre la deuda pública en España. Y lo que es más preocupante es que el 90% de los fondos de reserva de la Seguridad Social están invertidos en bonos públicos del Estado.

La Seguridad Social está, pues, resolviendo, en lugar de dificultando, el llamado problema de la deuda pública española, deuda pública que, por cierto, ha sido creada artificialmente debido al enorme poder del mismo capital financiero. Si el Banco Central Europeo (BCE) (que no es un Banco Central sino un lobby de la banca) hubiera prestado dinero al Estado español a los mismos intereses que ha prestado a la banca, hoy España no tendría ningún problema de deuda pública. Ha sido el capital financiero el que ha creado el problema de la deuda pública a través de su dominio de las instituciones que gobiernan el euro y muy en particular el BCE. Y ahora que la deuda pública está en peligro, son, de nuevo, los fondos públicos de la Seguridad Social los que la salvan. Esto, que está ocurriendo sin que apenas se conozca, se está haciendo a un elevadísimo coste: el de que no puedan pagarse las pensiones del futuro, lo cual no tendrá nada que ver (repito nada que ver) con la famosa transición demográfica y la supuesta inviabilidad de las pensiones (debido a que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos), sino con el elevadísimo riesgo de haber invertido la gran mayoría de los fondos de reserva en la deuda pública que probablemente el Estado no podrá pagar. En realidad, los responsables de los fondos de reserva han actuado bajo presiones del Estado, comprando y comprando deuda pública en dimensiones claramente excesivas, poniendo al propio sistema de pensiones en peligro.

A aquellos que continúan alarmando a la ciudadanía indicando que las pensiones no son viables o que la deuda pública está causada por las pensiones, hay que señalarles que la evidencia científica no apoya ni lo uno ni lo otro. Es más, la deuda pública podría resolverse fácilmente, bien imprimiendo euros por el Banco de España y con ello comprar deuda pública (lo cual es permitido en la normativa del Sistema Europeo de Bancos Centrales) o estableciendo agencias públicas de crédito que pudieran pedir prestado dinero al Banco Central Europeo a los mismos intereses que la banca privada (lo cual es permitido por el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa) como bien documenta Juan Torres en su artículo “Hay alternativas, incluso dentro del euro” en la revista Alternativas Económicas. Que no se consideren estas alternativas, se debe al enorme poder del capital financiero. Así de claro.

 Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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octubre 24, 2012

José María Gay de Liébana, el economista indignado

Iturria: Asesores Fiscales Comunidad Valenciana – 2012/10/19

Cinco minutos de la intervención del economista catalán José Maria Gay de Liébana durante la mesa debate que tuvo lugar en Elche (Alicante), a finales de septiembre, como cierre de la celebración de las XIX Jornadas Tributarias de la Comunidad Valenciana.

José Maria Gay de Liébana, Economista, Profesor Titular en Universidad Barcelona, Doctor en Economía Financiera y Contabilidad y Administración de Empresas y Doctor en Derecho.

julio 4, 2012

El Presidente de la CEOE plantea revisar la prestación por desempleo, despedir funcionarios y subir el IVA

Iturria: Agencias / Kaos en la Red – 2012/07/04

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha emplazado este miércoles al Gobierno a aplicar medidas “dolorosas y difíciles” contra el déficit, porque el mantenimiento de su nivel actual llevará a España “al abismo, al precipicio y a la muerte”. Esas medidas, claro, ya sabemos contra quien van…

Durante la presentación del informe sobre ‘Libertad económica en el mundo’ en la sede de ‘El Economista’, Rosell ha asegurado que el Gobierno “está en la sala de operaciones y sabe cómo está el enfermo”, a lo que ha añadido que quizá sea el momento de “cortar” algo que nunca se ha cortado.

“Debemos tratar de digerir las medidas de la mejor manera posible”, ha dicho Rosell, que ha pronunciado estas palabras tan sólo unas horas después de que el Gobierno anunciara que estudia nuevas medidas contra el déficit y un paquete “severo” de restricciones presupuestarias.

Entre las posibles medidas a considerar, Rosell indicó que no se trata de “inventar nada”, sino de seguir las recomendaciones internacionales, como lo están haciendo otros países de la UE.

Así, se remitió a las propuestas de Bruselas y del FMI, pero fue más allá y se remontó a la carta enviada por el BCE al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011. Según recalcó, la institución presidida por Mario Draghi recomendaba revisar las prestaciones por desempleo.

Y es que el dirigente patronal ve preciso tomar buena nota de lo que se está haciendo en otros países, “ver hasta donde se puede llegar y hacerlo”.  En este sentido, ve necesario “analizar” la duración y la cuantía de la prestación, al tiempo que considera “básico” que ésta se ligue a la formación. “Si la gente está desempleada debe estar formándose”, ha sentenciado.

REDUCIR FUNCIONARIOS Y SUBIR EL IVA.

En cuanto a la posibilidad de que se recorten sueldos e incluso empleo en el sector público, Rosell recordó que es una medida que se está barajando en otros países como Italia. A su juicio, en el actual momento económico, “cualquier medida debe ponerse sobre la mesa”.

Preguntado por una eventual subida del IVA, Rosell ha vuelto a volver la vista Europa: “La UE dice desde hace tiempo que hay que poner el IVA los niveles europeos”.

No obstante, el presidente de la CEOE, que ya ha señalado en anteriores ocasiones que la patronal acataría esta decisión, aprovechó para recordar que esas recomendaciones llevan aparejadas una rebaja de las cotizaciones sociales, unas de las reclamaciones históricas de las empresas.

junio 27, 2012

Dos años de calvario ¿para qué?

Iturria: Juan Torres López, Sistema Digital. 2012/06/22

Hace ahora más o menos dos años que los mercados, léase los demás gobiernos europeos al dictado de la gran patronal y de la banca, impusieron las primeras reformas y medidas severas de recortes que llevó a cabo Rodríguez Zapatero.

Se dijo entonces que eran las imprescindibles para cambiar el rumbo peligroso que tomaba la economía española y que el sacrificio que suponían se vería compensado porque con ellas saldríamos de la crisis.

Muchos afirmamos que no sería así, porque no se conocía caso alguno en la historia de economías que hubieran salido de situaciones parecidas por el camino de recortar gasto y de imponer frenos a la actividad de las empresas y al consumo, que era lo que se imponía a España.

No se puede decir que nos descalificaran mucho, porque las voces mayoritarias que se asientan en tertulias y en las tribunas de los medios simplemente resuelven la discrepancia por el fácil expediente de no darla por existente. La opinión dominante se hace eco de lo que dictan los focos de poder y suele ser con ello suficiente. Pero el tiempo ha pasado ya y ahora podemos comprobar desde la distancia el efecto real que han tenido aquellas medidas que se decía que eran las que había que tomar “para salir de la crisis”.

Se pusieron en marcha urgentemente porque la prima de riesgo, que a primeros de junio estaba a 170, se consideraba desorbitada. Pero en los últimos días hemos llegado a los 575.

Se justificaron también porque la deuda era demasiado elevada. Pero la de las administraciones del Estado al finalizar el segundo trimestre de 2010 era del 56,6% del PIB y dos años después supera el 72%.

Ha habido dos reformas laborales que, naturalmente, se presentaron como las medidas que volverían a crear empleo. Pero hoy la tasa de paro es casi cinco puntos más elevada.

Se han dado todo tipo de ayudas a los bancos, se han hecho reformas financieras afirmando que con ellas volvería a fluir el crédito e incluso a bajar los precios de las viviendas. Pero nada de eso ha ocurrido.

Se ha debilitado, como nunca antes en democracia, la capacidad de negociación de los trabajadores, se han reducido los costes del despido y se han dado todo tipo de facilidades a los empresarios, pero las empresas siguen cerrando por cientos.

Se han recortado derechos de pensionistas, se ha reducido la financiación de los servicios públicos, pero ni siquiera eso ha permitido, como decían, que aumente la actividad económica o, como acabo de señalar, que baje la deuda.

Lo que ha sucedido en estos dos años últimos de aplicación continuada de reformas y recortes ha sido que nuestro PIB per capita se ha situado por debajo de la media europea, lo que no había ocurrido desde hace diez años.

Y no solo ha disminuido la riqueza monetaria que mide el PIB sino que han empeorado realmente las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las personas. La pobreza ha aumentado considerablemente hasta llegar a afectar, en 2011, al 22,2% de los hogares españoles, dos puntos más que en 2009, y lo que hace pensar que ha seguido subiendo (Cáritas, “Exclusión y Desarrollo Social. Análisis y Perspectivas 2012).

Como se indica en este informe, ahora hay más pobres y son más pobres que el año pasado y eso está íntimamente relacionado con el incremento de la desigualdad que se ha producido también como consecuencia de la aplicación de las medidas de recortes y que ya es casi cinco veces mayor que la media de países de la Unión Europea, sin que esto parezca preocupar a nuestros gobiernos. Como tampoco parece que le llame la atención que ya haya en España 205.000 niños en situación de pobreza según el estudio La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños, de UNICEF.

Las medidas de austeridad que se vienen tomando (que en realidad no son de racionalización inteligente del gasto sino simplemente de pérdida de impulso público y freno a la actividad) son completamente inútiles para resolver los problemas que tiene nuestra economía. Es una evidencia que las políticas impuestas no han conseguido que vuelva a fluir el crédito, ni que se cree empleo, ni incluso que se reduzca la deuda, porque al deprimir la actividad disminuyen los ingresos fiscales. Y, como es igualmente evidente, tampoco sirven para disminuir la prima de riesgo. Son un fracaso, salvo en un aspecto que es lo que se quiere ocultar: llevan inexorablemente a la declaración de default, de impago y, por tanto, de rescate a lo grande que es lo que se viene buscando por los acreedores europeos.

La insistencia en aplicar medidas que producen los efectos contrarios a los buscados y que llevan a una situación peor que la inicial no puede entenderse, salvo que se busque precisamente lo que no se dice. Es decir, que se quiera provocar lo que dicen que quieren evitar, esto es, la intervención en toda regla de nuestra economía. Algo que puede ser ya irremediable si no se da pronto un golpe en la mesa de las autoridades europeas, sabiendo que Alemania sería posiblemente la economía que peor parada saldría a medio plazo de una desarticulación de la zona euro.

abril 13, 2012

¿Hasta cuándo el engaño del recibo de la luz?

Iturria: Público.es – 2012/04/03

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.

Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.

El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.

En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.

A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven  las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.

Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.

Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.

Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.

Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.

Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.

Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

febrero 13, 2012

Ante la reforma laboral y el gélido frío de febrero, volvamos al calor de la lucha

Sandra Ezquerra – 11/02/2012  –

Las portadas de los periódicos, las redes sociales, las tertulias radiofónicas y los programas televisivos vienen hoy todos cargados de información, celebraciones y, sobre todo, enérgicos rechazos de la recién aprobada reforma laboral del nuevo gobierno. En líneas generales la “extremadamente agresiva” reforma constituye el ataque más lesivo contra los derechos de los y las trabajadoras asalariadas del Estado español en los últimos 40 años: el gobierno instaura el despido casi gratuito, rebaja la indemnización por despido a 20 días por año trabajado en la mayoría de los casos, reduce el tope de mensualidades a cobrar en caso de pérdida de empleo, elimina el requisito de autorización de la Autoridad Laboral de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), limita severamente la cobertura de los convenios colectivos y pone en peligro la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras en la función pública.

Si bien todas estas medidas constituirán, como cínicamente afirma Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después” en la regulación del mercado laboral, la reforma laboral introduce otro elemento que, a riesgo de ser invisibilizado tras las duras agresiones en torno al despido y la negociación colectiva, debería ser también objeto principal de análisis y, cómo no, de crítica. Me refiero al “impulso” que el gobierno se dispone a dar a que las personas en situación de desempleo realicen servicios “de interés general en beneficio de la comunidad” mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas.

La apuesta de hacer a las personas receptoras de prestaciones públicas trabajar por ellas no es nueva: fue la esencia de la cruda reforma del estado del bienestar de Bill Clinton en 1996 y desde entonces se ha introducido en las regulaciones sociales y laborales de no pocos países occidentales. El objetivo práctico es sencillo, reducir los costes presupuestarios de las alarmante tasas de desempleo y hacer que las personas en paro trabajen para justificar la ayuda recibida. El objetivo ideológico no podría ser más contraproducente para las clases trabajadoras: consolidar la noción neoliberal del y la desempleada como insostenible carga al erario público y culpable de su propia desdicha. Así, esta medida concreta es profundamente perversa en varios sentidos:

En primer lugar, independientemente de los eufemismos utilizados por el gobierno, significa que se hará trabajar a personas en situación de desempleo para justificar la recepción de una prestación que han pagado ampliamente con anterioridad mediante su participación y cotización en el mercado de trabajo remunerado. Lo que no queda claro son las condiciones laborales y de trabajo bajo las que estas personas llevarán a cabo sus tareas. Por otro lado, resulta de vital importancia recordar que las personas paradas no reciben ayudas caritativas de las administraciones públicas sino que obtienen una prestación económica proveniente de la suma de las cotizaciones de todas las cotizaciones, incluidas la suya, de las personas asalariadas en la economía formal. Con la reforma laboral los y las trabajadoras pagarán por su propio paro dos veces: mediante sus cotizaciones pasadas y mediante los “servicios” que se vean obligadas a ofrecer para poder obtener la prestación.

En segundo lugar, el gobierno anuncia que las personas desempleadas realizarán “servicios de interés general en beneficio de la comunidad”. Dejando de lado la verborrea oficial, este tipo de servicios es lo que hasta hace poco toda hija de vecino llamaba estado del bienestar, el mismo estado de bienestar que la clase política lleva años desmantelando. De esta manera, no sólo se eliminan derechos y apoyos públicos cada día en nombre del crecimiento económico y la llamada crisis de la deuda retornando la responsabilidad de garantizarlos de manera gratuita al seno de las familias, sino que además, a partir de ahora, las mismas familias que se han visto obligadas a hacer mil malabarismos para compensar la pérdida de apoyo público, se encontrarán en la situación de que alguno(s) de su(s) miembro(s) sin empleo tiene(n) que trabajar para pagarse el paro realizando servicios que, como resultado de los recortes, ha(n) dejado de recibir.

En tercer lugar, esta medida va encaminada a incrementar el ejército de reserva de trabajadores y trabajadoras. La incorporación de personas paradas, previsiblemente en una situación de alta vulnerabilidad “laboral”, a “servicios de interés general” conllevará el despido de trabajadores y trabajadoras de la función pública que en estos momentos realizan estos servicios y/o compensará, de manera gratuita para la administración, los despidos masivos de este tipo de profesionales llevados a cabo en los últimos años y que en el futuro próximo, sin lugar a dudas, el gobierno pretende incrementar. De esta manera, los y las nuevas componentes del ejército de reserva son obligadas a competir con otros y otras trabajadoras por empleos, salarios y otras condiciones laborales. Ello sólo puede derivar en una encarnizada pugna fratricida en el seno de la propia clase trabajadora, así como su amansamiento, con efectos dramáticamente negativos en las condiciones de empleo de todas y todos.

La perversión de la reforma está clara. Lo que no lo está tanto es el calibre nuestra respuesta. Quizás el otoño que tenía que ser tan tórrido acabó siendo decepcionante, pero el cambio de estación se acerca. El frío gélido de febrero anuncia la cercanía de la primavera, y la brutalidad glacial de las políticas del Partido Popular sólo puede ser contrarrestada por el calor de la lucha.

¿A qué estamos esperando?

febrero 10, 2012

La próxima estafa de los 40.000 millones de euros

Jesús Gellida – (Rebelión 10-02-2012 )

En su discurso de investidura Rajoy auguró un ajuste de unos 16.500 millones de euros en el presupuesto del 2012 basándose en datos sobre el déficit del gobierno anterior. Pero hace pocos días, después del inicio del inicio del ajuste con unos recortes de 8.900 millones y del aumento del IRPF y el IBI (con el apoyo de CIU), la cifra a ajustar ha aumentado hasta alrededor de los 40.000 millones de euros. Ahora se justifican diciendo que no conocían los datos y que, por lo tanto, los cálculos del anterior gobierno fueron erróneos. Aún así, es curioso que esta cifra sea la misma que la agencia de calificación Moody’s exigió que se tenía que ajustar, es decir, que recortar en gasto público.

Esta situación hace plantearse la pregunta de quién manda en el Estado. La respuesta creo que es bastante clara puesto que este gobierno, al igual que el anterior, y junto con otros de Europa, está bajo la dirección de los mercados financieros, es decir, de la banca, las compañías aseguradoras y los fondos especulativos; sin olvidar a las grandes patronales, como es el caso de la CEOE en el Estado español.

Estos poderes financieros y empresariales controlan, o cuanto menos tienen gran influencia sobre instituciones internacionales como el FMI, e instituciones europeas como el BCE o la Comisión Europea. Así, como consecuencia directa de su influencia, previa rebaja por parte de las agencias de calificación de las notas de solvencia de algunos países europeos, estas instituciones (que no tienen mucho de democráticas, por no decir nada) presionan a los Estados para que apliquen más medidas de austeridad (recortes) que ponen en peligro derechos sociales y laborales históricamente conquistados. Situación que ya les va bien a algunos de estos gobiernos para justificar unas medidas que hace tiempo que su clase social persigue.

Así pues, con este panorama y con un contexto de alrededor de 5 millones de parados en el Estado y de más de 700.000 en Cataluña (1) la CEOE, a través del gobierno actual, no quiere dejar pasar la oportunidad que le brinda esta estafa (quiero decir esta crisis) para conseguir abaratar todavía más el despido (se habla de un despido improcedente de 20 días), para reducir los salarios, para devaluar la negociación colectiva o para limitar el derecho de huelga, entre otros. Así, tenemos que en este periodo de shock en el que se encuentra la mayoría de la población, por las carencias y necesidades que sufre, los poderes financieros y empresariales imponen a gran velocidad, a través de sus gobiernos, un programa de destrucción sistemática de los servicios públicos y de los derechos laborales que, al menos, aseguraban un mínimo de protección social.

Todos y todas tenemos constancia de los rescates de la banca con miles y miles de millones de euros públicos, así como de las facilidades que para ella ofrece el BCE (no así para los Estados). Así mismo, conocemos que hay alternativas a los recortes como por ejemplo una reforma fiscal progresiva que grabe a las grandes fortunas, la persecución del fraude fiscal, etc. (2). Pero hay que destacar que todo esto y más hay que exigirlo, que lucharlo. Por lo tanto, la movilización continuada y intensa, lo más unitaria posible, y las acciones de protesta activa como cierres en los centros de trabajo (públicos y privados) son los instrumentos que tenemos que utilizar para hacer frente a esta estafa que los banqueros y los grandes empresarios han creado para su beneficio.

Notas:

  1. Según datos de la EPA del tercer trimestre de 2011.
  2. En este enlace podéis ver algunas medidas para ajustar 40.000 millones de euros sin recortar en gasto social. http://www.publico.es/dinero/416942/como-ajustar-40-000-millones-sin-tocar-el-estado-del-bienestar

Jesús Gellida es Técnico de Empleo y Máster en Trabajo y política social por la Universidad Autónoma de Barcelona.

febrero 10, 2012

Zerbitzu publikoetan deitutako lau ordutako lanuzteak jarraipen zabala izan du

ELA, LAB eta EILAS sindikatuek murrizketak salatzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoak exijitzeko deitutako lanuzteen jarraipena oso zabala izan da Euskal Autonomia Erkidego osoan. Eguerdian zerbitzu publikoetako langileek manifestazio jendetsuak egin dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen.

Seguimiento generalizado en los paros de cuatro horas convocados en los servicios públicos

ELA, LAB y STEE-EILAS se muestran muy satisfechos con el seguimiento que ha tenido el paro de cuatro horas convocado en el sector público de la CAPV en protesta por los recortes sociales. En las manifestaciones convocadas en Bilbo, Donostia y Gasteiz han participado más de 22.000 personas; 10.000. 7.000 y 5.000, respectivamente.

febrero 10, 2012

El fracaso de los recortes

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra – Público 2012/02/09

El dogma neoliberal que ha estado imponiendo unas políticas de austeridad con recortes muy marcados del gasto público, incluyendo del gasto público social (en transferencias –como pensiones y ayudas a las familias–, así como en gastos en servicios públicos del Estado del bienestar –como sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales y otros–, que determinan en gran manera la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población), ha dominado todo el discurso y la práctica política del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la mayoría de gobiernos de la UE durante estos años de crisis. Estas políticas de recortes han sido particularmente acentuadas en los países que despectivamente se conocen en la terminología anglosajona como PIGS (cerdos), y que incluyen a Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain) a los que últimamente han añadido otra I (PIIGS), al incluirse Italia.

Tales recortes se han presentado como necesarios para recuperar la “confianza de los mercados financieros”, manida frase que se ha utilizado con gran frecuencia para justificarlos. Otra frase también en gran uso en la sabiduría convencional neoliberal es la necesidad de “mostrar responsabilidad fiscal”, como si responsabilidad y recortes fueran sinónimos. Ahora bien, un simple análisis de los datos muestra que, a pesar de que aquellos países han estado recortando y recortando, la famosa “confianza de los mercados” no ha aparecido por ninguna parte. Los intereses de la deuda pública en la mayoría de estos países han continuado elevadísimos, con niveles insostenibles en todos ellos. La desconfianza continúa a pesar de los recortes, y ello ha ocurrido país por país.

En España ha habido unos recortes sin precedentes (acentuados ahora más con el Gobierno del Partido Popular), aprobándose incluso una reforma de la Constitución que dificultará en el futuro la reducción del enorme déficit de gasto público social que tiene España, el más bajo, per cápita, de la UE-15 (el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico al nuestro). A pesar de estos recortes, los intereses de la deuda pública han ido subiendo de manera tal que el presidente Rajoy ha indicado que llevará a cabo las reformas que hizo Portugal cuando fue intervenido, posibilidad que el presidente Zapatero creía haber evitado con sus políticas de recortes, las cuales se justificaban para prevenir lo que ha acabado ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿cómo se justifica tanto recorte cuando la famosa “confianza de los mercados financieros” no ha aparecido por ninguna parte?

Una situación parecida ha tenido lugar en Grecia, donde los recortes están generando una gran agitación social, sin que los intereses de la deuda hayan bajado. Antes al contrario, han alcanzado unos niveles insostenibles. Un caso parecido es el de Irlanda, donde a pesar de los recortes de las pensiones (de más del 10%) y de la reducción sin precedentes de los beneficios sociales y del empleo en los servicios del Estado del bienestar, los intereses de la deuda pública continúan ahogando a la deuda pública. Y lo mismo está ocurriendo en Italia.

Todos estos países PIIGS han estado gobernados por partidos conservadores (dictatoriales en el caso de Grecia, Portugal y España) en la mayoría del periodo pos II Guerra Mundial, siendo las fuerzas conservadoras todavía las dominantes en su vida política y mediática. En todos estos países –al revés que en el norte de Europa– el mundo del trabajo es débil y el del capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte. En consecuencia, tienen políticas fiscales regresivas, enormes fraudes fiscales y estados del bienestar poco desarrollados. Y en todos ellos la reducción del déficit público ha sido primordialmente a base de recortes del gasto público social. A pesar de ello, su deuda pública, como porcentaje del PIB, ha continuado aumentando desde 2007 sin que los recortes la hayan reducido. En España ha subido del 36% del PIB al 68%, en Portugal del 68% al 102%, en Grecia del 107% al 161%, en Irlanda del 25% al 107% y en Italia del 103% al 120%. En realidad, estos recortes han empeorado la situación en lugar de mejorarla, tal como algunos de nosotros predijimos. Los famosos “mercados” creen que, a no ser que crezcan, estos países jamás podrán pagar su deuda. Y tales recortes están dificultando que crezcan. Como ha dicho Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times: “No entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía” (“Why Europe’s Officials Lose Sight of the Big Picture”, The Financial Times, 16/10/11).

Por fin comienza a percibirse que algo no funciona con los recortes. Incluso los neoliberales comienzan a decir que tales recortes tienen que ir acompañados de un estímulo económico. Pero asumen erróneamente que la falta de crecimiento económico (que antes decían que se debía al inexistente excesivo gasto público) la causan los salarios “excesivamente altos”. Según tal dogma, los sueldos deben reducirse, lo cual hundirá todavía más las economías de tales países, porque el mayor problema que tienen estas es la falta de demanda, resultado del enorme descenso de las rentas del trabajo (que han disminuido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población) y de la especulación financiera, consecuencia del obsceno crecimiento de las rentas del capital financiero, y que ha provocado la escasez de crédito. La bajada de los salarios, junto con la reducción del gasto público, reducirá todavía más tal demanda, llevándonos a una Gran Depresión. En realidad, para amplios sectores de las clases populares, la Gran Depresión ya está aquí.

febrero 9, 2012

Bilboko manifestazioa argazkietan

Bilbon milaka eta milaka elkartu garen lagunak. Eta, norbaitek sinistuko ez balu, hona hemen hainbat argazki.

En Bilbo nos hemos juntado miles de personas. Y, como muestra, un botón.

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