Posts tagged ‘CIU’

marzo 4, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

Anuncios
julio 10, 2012

Bankuei dirua emateak gero eta jende gehiago diruz larri ibiltzea ekarriko du

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/07/10

Uztailaren 9 eta 10ean izan zen Eurotaldearen bilerak berretsi egin du ELAk hilabete lehenago izan zen bileraren ostean esan zuena: Hau ez da erreskate bat, amildegirako bultzakada baizik. Bi bileretan erabaki dena (diotenez, gehiago zehaztu beharko da uztailaren 20an) oso larria da, aldez zein moldez. (Euskarazko bertsioa albistean bertan dago entzungai)

Erabiltzen ari diren prozedura ez da demokratikoa. Demokraziaren mamia gardentasuna, egiazko informazioa eta eztabaida sozial zein politikoan datza. Eta Europako Batasunean hain zuzen kontrara jokatzen da. EBko gobernuak bat datoz murrizte politikak ezartzen jarraitu behar delako borondatean, eta gezurretan oinarrituta agintzen dute. Ez dago informaziorik, desinformazioa baizik (oraindik ez dakigu Espainiako gobernuak 100.000 milioiko mailegua jasotzeko zein konpromiso hartu duen). Behin eta berriz esan digute kreditua bankuei emango zaiela, baina hau goitik behera gezurra da: mailegua gobernuarentzat da, eta beronek interesekin itzuli beharko du, baina interes horiek zenbatekoak izango diren ez dute jakinarazi. Iluntasuna, informazioaren ordez. Eztabaida sozial eta politikoa, berriz, elite batek bahituta dauka (finantza-ministroek eta gobernuburuek, alegia); Bruselak inposatzen omen dituen erabakiak eurek hartzen dituzte, ezkutuan eta jakinaren gainean. Eurek erabakitzen dute gauzak noiz azalduko dizkiguten. Eta iaz Konstituzioaren aldaketarekin gertatu zen bezala, oporraldia ere baliatzen dute. Beste garai batzutan bezalaxe.

Emaitza begibistakoa da: helburuak (hots, murrizketek) bitartekoak zuritzen ditu (prozedura demokratikoak saihestea). Estrategia honekin herritarrak lokartzea nahi dute, alternatibarik ez dagoela sinetsarazi. Operazio antolatu bat dugu hau, ezin larriagoa.

Erabakiak piskanaka ezagutzen ari gara. Hauek dira xehetasun batzuk:

· Berretsi egin dute mailegua gobernuari emango diotela, ez bankuei. Mailegua Bankuen Berregituratze Ordenaturako Funtsak (FROB) jasoko du, hots, Espainiako gobernuaren funts publiko batek; horrenbestez, zor publikotzat joko da.

· Finantza-sektoreari baldintzak ezarriko zaizkio: batetik, sistema osoari eragingo diote, eta FROBetik dirua jasotzen duten erakundeei eskari gehigarri batzuk ezarriko dizkiete (bonus eta dibidendoen politikari, aktibo eta bulegoen salmentari eta kaleratzeei dagokienez, etab.).

· Gobernuaren politika publikoak ere baldintzatu egingo dituzte. Espainiar gobernuko arduradunek kontrakoa esan duten arren, maileguen truke zerga-, gizarte- zein lan-politika aldatu beharra izango da. Eurotaldeak bere komunikatuan berariaz aipatzen ditu maiatzaren 30ean Europar Kontseiluak onartu zituen Gomendioak, besteak beste defizit publikoa areago murriztea, gizarte-kotizazioak jaitsi eta BEZ zein beste zeharkako zergak igotzea, pentsioak gehiago murriztea, erreforma laboral gehiago, etab. Rajoyren gobernuak iragarri duenez, hauetako neurri asko berehala ezarriko dituzte.

· Epekako mailegua izango da. Gobernuari 100.000 milioietatik uztaila amaitzerako 30.000 emango dizkiote. Gainerakoa, etorkizunean, ezarritako baldintzak bete ahala. Hots, egin beharrekoa eginez gero, Espainiari kreditu gehiago emango diote; bestela, ez. Mailegua murrizketa gehiago ezartzeko baldintzapean izango da, Grezia, Portugal edo Irlandan bezala.

· Dirua bankuei emango diete, baina berreskuratzeko esperantza handirik ez dago. Bankiari 23.500 milioi euro eman nahi dizkiote. Zentzuzko inork ez du uste izango diru hori berreskuratuko denik. Uztailean gobernuari 30.000 milioi ematearen arrazoia Bankiaren zuloa da.

· Gainera, interesak itzuli behar dira, urtean 4.000 milioi euro inguru. Interesa %4 izan liteke, hots, Europako Banku Zentralak (EBZ) joan den abenduan eta otsailean bankuei emandako bilioiaren gaineko %1 baino askoz garestiagoa.

· Espainiar estatuan esku-hartze bat izango da. Aurrerantzean, Europar Batzordeak, EBZk eta Nazioarteko Diru-Funtsak (NDF) hiru hilero epaituko dute gobernuaren eta finantza-sistemaren jokabidea. Behatzeko eta kontrolatzeko ahalmenak izango ditu, eta horrenbestez, subirania galera handia Espainiarentzat. Guztia, bankuak salbatzearren. Ez du merezi.

Honetatik atera daitekeen zenbait ondorio:

· Espainiar estatuan ezartzen ari diren murrizte-politikak herritarrei pobretze orokorra dakarkie, eta politika hori datozen egun eta asteetan areagotuko egingo da. Politika honekin atzeraldia areagotzen ari dira, langabezia gehitzen, gizarte-babesa murrizten eta gero eta jende gehiagok hil amaierara iristeko zailtasunak izatea eragiten dute. BEZa gehitzea edo pentsioak nahiz langabezia-prestazioak murriztea politika bidegabeak dira; krisia beraren ardurarik ez dutenei ordainarazten diete.

· Politika honen oinarria manipulazioa eta gezurra da. Herritarrei erabaki antisozial hauek ezartzeko moduarekin demokrazia hondatzen da, benetako informaziorik eta eztabaida sozialik ez baitago; bitartean, bankuetara dirutza publikoa bideratzen da.

· Bankuen esku halako diru kopuru izugarriak jartzea injustua da, eta ez morala. Bankariak salbatzen dituzte, herritar gehienen ongizatearen lepotik.

· Europa eraikitzeko eredua antisoziala da, eta kutsu hau areagotzen ari da; ELAk hau arbuiatu egiten du. Salatu beharra dago norabide horretan joateko akordio politiko bat egin dutela. Horren adierazgarri, Europar Batasuneko azken Ituna nola berretsi zen, joan den ekainaren 21ean espainiar Kongresuan: aldeko botoa eman zuten PPk, PSOEk, EAJk eta CiUk. Halako eztabaida garrantzitsuak izan duen oihartzun txikia ere nabarmentzekoa da.

· Espainiar estatuan gertatzen denak Grezia, Portugal edo Irlandaren antza gero eta handiagoa du. Betiere, estatu horietan ezartzen ari diren politiken ondorioak ezin okerragoak dira. Onuradunak badira, ordea: soldatak eta gizarte-babesa murrizteekin edo zerbitzu publikoak pribatizatzearekin aberasten direnak. Agintariek azaldu egin beharko lukete zergatik ari diren gutxiengo boteretsu batentzat lanean.

· Haatik, alternatiba badago, eta hau krisiarentzako irtenbide justua litzateke: murrizketarik ez aplikatzea eta zerga- zein gizarte-politikak errotik aldatzea. Politika horrek logika neoliberal eta kapitalistari aurre egitea eskatzen du, baita botere ekonomiko eta finantzarioari ere.

· Politikak aldatzeko bide bakarra daukagu: salaketa eta mobilizazioa.

julio 10, 2012

Dar dinero a la banca va a hacer que cada vez más gente no llegue a fin de mes

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/07/10

La reunión del eurogrupo, celebrada en la tarde-noche del 9 al 10 de julio, confirma lo que ELA denunció un mes antes, tras la reunión del 9 de junio. No se trata de un rescate, sino de un empujón al precipicio. Lo acordado en ambas reuniones (ahora dicen que tendrá que concretarse más el próximo día 20) es muy grave, tanto por la forma como por el fondo.

Nos encontramos ante un procedimiento antidemocrático. La democracia se basa en la información, en la transparencia, en la información veraz y en el debate social y político. Y en la Unión Europea ocurre justo lo contrario. Los gobiernos de la UE están de acuerdo en seguir aplicando las políticas de recortes, y han establecido un mecanismo basado en la mentira. En lugar de información hay mucha desinformación (a día de hoy no se sabe el contenido de los compromisos que el gobierno español ha asumido para recibir el crédito de 100.000 millones). Se nos ha repetido hasta la saciedad que el crédito se destina a los bancos, lo cual es totalmente falso: el crédito es para el gobierno, que lo tendrá que devolver con intereses, cuya cuantía tampoco se ha hecho pública. La opacidad sustituye a la transparencia. Y el debate social y político es secuestrado por una élite (los ministros de finanzas o los presidentes de gobierno) que, entre cena y cena, con nocturnidad y alevosía, toman las decisiones que dicen que impone Bruselas. Ellos deciden cuándo nos van a decir las cosas. Y como ocurrió el año pasado con la modificación de la Constitución, se habilita para ello el periodo vacacional. Todo nos recuerda tiempos pasados.

El resultante es claro: el fin (aplicar los recortes) justifica los medios (la anulación de los procedimientos democráticos). Es una estrategia que trata de adormecer a la población, hacernos creer que no hay alternativa. Estamos ante una gravísima operación orquestada.

Los contenidos de lo acordado se van dando a conocer poco a poco. A falta de poder acceder a la totalidad de los mismos, sí se pueden señalar algunos aspectos:

· Se reitera que es un préstamo al gobierno, no a la banca. El préstamo lo recibirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es un Fondo público, del Gobierno español, por lo que dicho préstamo va a computar como deuda pública.

· Se van a establecer condiciones para el sector financiero que, por una parte, afectarán a todo el sistema financiero, a la vez que habrá exigencias para las entidades financieras que reciban dinero del FROB (política de bonus y dividendos, venta de activos y de oficinas, despidos, etc.).

· Se van a establecer condiciones a las políticas públicas del gobierno. En contra de lo reiterado por los distintos responsables del Gobierno español, los créditos estarán condicionados a cambios de las políticas fiscales, sociales o laborales. El comunicado emitido por el Eurogrupo hace una referencia explícita a las Recomendaciones del Consejo Europeo aprobadas el pasado 30 de mayo, que instan a la reducción adicional del déficit público, reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, nuevos recortes de las pensiones, más reformas laborales, etc. El gobierno de Rajoy ha anunciado que muchas de estas medidas las va a aplicar de manera inmediata.

· Es un préstamo a plazos. De los 100.000 millones de euros que se van a prestar al gobierno, antes de finales de julio le darán 30.000 millones. El resto, en el futuro, dependerá de que se cumplan las condiciones que se fijen. Es decir, si el gobierno hace los deberes, se le dará más crédito; si no, no. Es un crédito condicionado a aplicar más recortes. Como en Grecia, Portugal o Irlanda.

· Es un dinero que se va a dar a la banca, sin visos de que se vaya a recuperar. Ahora a Bankia le quieren dar 23.500 millones de euros. Nadie en su sano juicio puede pensar que ese dinero se va a recuperar en el futuro. Que en julio vayan a prestar al gobierno 30.000 millones tiene que ver con el agujero de Bankia.

· Además habrá que devolver intereses, que se calculan en unos 4.000 millones de euros al año. Se habla de que el tipo de interés rondará el 4%, muy por encima del 1% al que el BCE ha prestado un billón de euros a la banca en diciembre y febrero.

· Supone una intervención del Estado español. A partir de ahora, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI van a evaluar cada 3 meses la actuación del gobierno y del sistema financiero. Van a tener poderes de supervisión y control, lo que supone una evidente pérdida de soberanía. Y todo por salvar a la banca. No merece la pena.

Podemos extraer algunas conclusiones:

· Las políticas de recortes que se están aplicando en el estado español, y que se van a intensificar en los próximos días y semanas, suponen un empobrecimiento generalizado de la población. Están agravando la recesión, aumentando el desempleo, recortando la protección social y haciendo que cada vez más gente tenga problemas para llegar a fin de mes. Aumentar el IVA o recortar las pensiones o las prestaciones por desempleo son políticas injustas, que hacen que la crisis la paguen quienes no tienen responsabilidad en la misma.

· Esta política se basa en la manipulación y en la mentira. La forma en que se imponen a la población estas medidas antisociales, a la vez que se destinan cantidades ingentes de dinero público para la banca, deteriora la democracia debido a la ausencia de información veraz y de debate social.

· Destinar grandes cantidades de dinero a la banca es injusto e inmoral. Supone salvar a los banqueros a costa del bienestar de la mayoría de la población.

· Se está profundizando en un modelo de construcción europeo claramente antisocial, que ELA rechaza. Queremos denunciar que existe un acuerdo político de fondo para ir en esa dirección. Un ejemplo significativo de ello es la ratificación del último Tratado de la Unión Europea, realizada el pasado 21 de junio en el Congreso español, con el voto favorable de PP, PSOE, PNV o CIU. La poca relevancia concedida a un debate tan importante es también destacable.

· Lo que ocurre en el estado español es cada vez más parecido a lo sucedido en Grecia, Portugal o Irlanda. El resultado de las políticas que se aplican en todos estos lugares es nefasto. Solo favorecen a quienes se enriquecen a costa de los recortes salariales, sociales y las privatizaciones. Quienes gobiernan deberían explicar por qué trabajan a favor de una minoría poderosa.

· Existe una alternativa, que supone una salida justa a la crisis, y que consiste en la no aplicación de los recortes y un cambio radical de las políticas fiscales y sociales. Esta política supone confrontar con la actual lógica neoliberal y capitalista, y con el poder económico y financiero.

· El rechazo social y la movilización supone la única vía para cambiar las políticas.

marzo 21, 2012

ELA dice que la reforma convierte a los jóvenes en “precarios perpetuos”

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/03/21

EL SINDICATO LLAMA A COMBATIR UNA REFORMA QUE DEJA A LOS MENORES DE 30 “POR DEBAJO DEL SMI”

El sindicato ELA anima a los jóvenes a combatir frontalmente la reforma laboral aprobada por PP, UPN, CiU y FAC, “ya que ellos forman uno de los colectivos más directamente perjudicados por el nuevo decreto”, explicó el sindicato en un comunicado en el que pide apoyo a la huelga del 29 de marzo.

De entrada, la suma de esta reforma y la anterior del Gobierno de Zapatero (agosto de 2011) convierte a los jóvenes en “trabajadores precarios a perpetuidad, ya que les condena a trabajar con el nuevo contrato de formación hasta cumplir los 33 años (solo lo pueden firmar menores de 30 años, pero se prolonga durante tres)”. Según dicho contrato, los jóvenes trabajarán un máximo del 75% de la jornada, y el salario irá en proporción, con el único suelo del salario mínimo interprofesional (641 euros, cuyo 75% es 480 euros mensuales).

“Es decir -señala ELA- la reforma laboral permite a las empresas tener a todos sus trabajadores menores de 33 años con sueldos máximos de 480 euros al mes, incluso aunque lleven en plantilla diez o doce años, ya que este contrato, en principio limitado a tres años, se podrá aplicar de nuevo a la misma persona, tan solo con cambiarle de puesto (hasta ahora, esto no estaba permitido)”.

Además, la nueva reforma permite que los empleados con jornada no completa puedan realizar horas extras, ya que se ha derogado la prohibición de realizarlas con contratos a tiempo parcial. Con ello, “las empresas no tendrán ya ninguna obligación ni necesidad de convertir contratos parciales en otros de jornada completa y les bastará con imponer horas extras a un precio baratísimo”. “Ni que decir tiene que son las mujeres y los jóvenes los colectivos más perjudicados por esta modificación”, explican desde ELA. Según el sindicato, otro golpe a jóvenes y mujeres viene con el recorte a la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, así como por la desaparición total de dicha indemnización en el llamado contrato de apoyo a emprendedores: “si la empresa es de menos de 50 trabajadores (pymes), el despido será libre y gratuito durante el primer año, y además la empresa será subvencionada”.

marzo 19, 2012

«La reforma dinamita la negociación colectiva»

Iturria: Gara.net – 2012/03/16. Juanjo BASTERRA

Joseba Villarreal – Responsable de negociación colectiva de ELA

«La negociación colectiva cambiará, a partir de este momento, porque el Gobierno del PP ha concedido a los empresarios todas las bazas: pone fin a la ultraactividad de los convenios en dos años, obliga al arbitraje obligatorio y los empresarios pueden descolgarse de los mismos siempre que aduzcan reducciones de facturación». Joseba Villarreal llama a confrontar para darle la vuelta a esta situación.

¿Qué balance hace de las medidas sobre la negociación colectiva que acompañan a la reforma laboral del PP?

Esta reforma dinamita la negociación colectiva como la hemos conocido hasta ahora. Tiene razón la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría cuando dice que va a haber un antes y un después. Cambian las reglas de juego, el terreno, y hacen saltar por los aires la negociación colectiva que hemos conocido hasta ahora. La ha impuesto el Gobierno del PP con el apoyo de CiU y de UPN. Busca exclusivamente rebajar salarios.

¿Cómo llega a esa conclusión?

Porque es una reforma que la han exigido las grandes empresas aprovechándose de la crisis. Está diseñada para cuando ganen dinero. No es para hoy, sino que está pensada para cuando tengan beneficios. No nos hacemos una idea real de dónde nos van a colocar con todo esto.

¿Pretende terminar con los sindicatos, porque la negociación colectiva queda en manos de los empresarios?

Busca sin ninguna duda el debilitamiento de la defensa de la negociación colectiva, por lo tanto sí puede pretender buscar que desaparezcan los sindicatos. Pero si están pensando en eso, nos tendrán en frente. Estamos viendo qué alternativas nos deja la reforma para explorarlas y nuestra obligación es ofrecer a nuestra gente seguir confrontando y reivindicando en el marco que nos permita la reforma de la negociación colectiva. Vamos a continuar reivindicando el marco vasco de relaciones laborales y de protección social. En este tema tenemos que entrar en las tripas de qué es y qué quiere decir. Tenemos claro que vamos a reivindicar un modelo diferente de sociedad y de hacer sindicalismo. Sobre esas bases, desde ELA tendemos la mano a quienes sigan esos mismos objetivos.

¿A qué alternativas se refiere?

Son complicadas. No son uniformes. Estamos profundizando con nuestra gente y organizaciones sindicales amigas hacia dónde podemos tirar. Es evidente que la reforma cambia el terreno de juego. Uno puede seguir mirando atrás para no ver lo que tiene delante; nosotros miramos hacia adelante para ver alternativas que tengan garantías jurídicas. Porque es cierto que incorpora actuaciones que hacen desaparecer la negociación con el fin de la ultraactividad en los convenios. El 12 de febrero de 2014 todos los convenios que están en proceso de negociación decaen con todos los contenidos. Además, no limita la ultraactividad, sino que la hace desaparecer. Se modifican las condiciones de trabajo con el arbitraje obligatorio. Da al empresario la posibilidad que haga lo que sea con nosotros.

Antes que el PP, en 2011, el Gobierno español de Rodríguez Zapatero ya rompió las reglas de juego que estaban vigentes.

Sí. La reforma de Zapatero les dio los instrumentos para centralizar la negociación en Madrid y adoptar qué corresponde acordar en cada parte. Es lo que nos ha pasado con los convenios del Metal, Comercio y Construcción, que se han centralizado. Con la reforma del PP la prioridad absoluta es el modelo de empresa, cualquier empresario puede firmar con cualquiera que marque condiciones mínimas, independientemente de lo que regulen otros. No es nuestra reforma. Nunca hemos reclamado una reforma de estas características. Lo que sí puedo decir es que ELA tiene el compromiso de hacerla frente y donde estemos organizados, donde haya correlación de fuerzas estaremos en mejor condición para la pelea.

¿La patronal ha ganado la partida en este tema?

De momento, está encantada. Aplaude con las orejas; en la felicidad constante desde el 12 de febrero. Le han dado más de lo que jamás hubiera pensado que un Gobierno le iba a dar. Dice que no le han dado suficiente, porque es insaciable por naturaleza. De hecho, ya reclama cambios en el derecho a la huelga, más flexibilidad, el contrato único, las restricciones en el desempleo, entre otras medidas. Venía buscando esto hace mucho tiempo, y lo ha conseguido.

¿La huelga general les aguará esa felicidad desbordante?

Es muy importante. Que quede claro, la huelga general sirve siempre. En el ámbito cercano, para que el empresario vea que no estamos de acuerdo, que vamos a pelear esa reforma. La suma de empresa a empresa sector a sector en la huelga general sirve, además, para que el Gobierno vea que hay una realidad diferente en la que no gobierna. Sirve de advertencia de que no aceptamos los recortes que vendrán a finales de marzo. La huelga tiene que servir para el inicio de algo muy importante.

En ésta, lo novedoso es la incorporación de los colectivos sociales que, junto a los sindicatos de la mayoría vasca, logramos una gran respuesta en la calle el pasado 25 de febrero. El objetivo es sumar gente que compartamos causa, aunque sea por diferentes motivos, pero tenemos los mismos objetivos. La huelga del 29 será el inicio de algo más grande, sin duda.

marzo 17, 2012

Cataluña abre el camino del copago al resto del Estado

Iturria: CAS Madrid – Plataforma Matusalén – 2012/03/16
Por primera en una Comunidad Autónoma se establece el copago, disimulado de “tasa” para poder ser aplicado “legalmente”. El apoyo del PP a la medida abre sin duda la puerta a su implantación en el resto del Estado.

El 14 de marzo de 2012, el Parlamento de Cataluña, con los votos de CiU y la decisiva abstención del PP, aprobó la Ley de Medidas Fiscales que establece el primer copago sanitario del Estado: se pagará 1 euro por cada receta médica.

Las medidas adoptadas se concretan en:

  • Deberá abonarse 1 euro por receta excepto para los medicamentos cuyo precio sea inferior a 1,67 euros.
  • Quedarán exentas del pago las personas que perciban una pensión no contributiva1 y quienes reciban la renta mínima de inserción2.
  • Al resto de ciudadanos se le aplicará hasta un máximo de 62 recetas al año.
  • Entrará en vigor el 1 de junio de 2012.

Con esta medida se establece por primera vez el copago, disimulado de “tasa” para poder ser aplicado “legalmente” por una comunidad autónoma (la competencia para establecer copagos depende exclusivamente del Gobierno estatal).

El apoyo del PP (su abstención ha sido decisiva ante la falta de votos de CiU para  sacar adelante la medida), que hasta ahora -como en tantos otros temas (IRPF)- se ha venido mostrando en contra del copago, abre sin duda la puerta a su implantación en el resto del Estado.

Que el copago supone un impuesto a la enfermedad y que afecta fundamentalmente a los más enfermos y los más pobres, no tiene duda alguna según toda la evidencia internacional.

Ahora, en el caso de Cataluña, se confirma lo anterior:

–      Nadie que no sea enfermo crónico requiere 62 recetas en un año (más de 5 al mes). Si el límite se pone tan alto es porque no quieren dejar exentos de pago a este colectivo.

Los enfermos crónicos deberán abonar 62 euros al año como nuevo impuesto a su enfermedad.

–      Sólo exime del pago de la nueva tasa a la población en situación de extrema pobreza. Las pensiones no contributivas suponen 5.007,80 €/año (357,70 €/mes) y la Renta Mínima de Inserción en Cataluña oscila entre 105,93 y 641,40 euros mensuales (en función del número de miembros de la unidad familiar).

Sin embargo deberán pagar la tasa los parados, quienes perciban el salario mínimo (641,40 €/mes), los pensionistas (pensión mínima mensual para 2012: 763,60  y 618,90 en el caso de viudedad), el inmenso colectivo de mileuristas o de trabajadores sin trabajo permanente, ……

Difícilmente estos colectivos van a poder hacer frente al pago de la vivienda, la luz, el transporte, la comida, …, con lo que sin duda se verán obligados al abandono de tratamientos médicos.

Desde CAS Madrid y la Plataforma Matusalén alertamos a la población y llamamos a la organización y la lucha mantenida hasta la retirada de esta medida salvaje e indecente.

CAS Madrid y Plataforma Matusalén, 15 de marzo de 2012

1Pensiones no contributivas: Son las prestaciones económicas que se reconocen a los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad protegible y carezcan de recursos suficientes para la subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

La cuantía íntegra de las pensiones no contributivas, para 2012, es de 5.007,80 €/año (357,70 €/mes).

2Renta Mínima de Inserción: Es una subvención para ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y en situación de extrema pobreza.

La cuantía en Cataluña, para 2012, se sitúa entre 105,93 y 641,40 euros mensuales (en función del número de miembros de la unidad familiar).

En Madrid, una familia con dos hijos, que haya agotado ya cualquier otra prestación, percibe una media de 532 €/mes.

febrero 18, 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

A %d blogueros les gusta esto: