Posts tagged ‘cas madrid’

marzo 14, 2013

Todo lo que querias saber sobre la privatizacion de la sanidad y nadie te ha contado hasta ahora

Iturria:  casmadrid.org / Attac.tv – 11.02.13

[youtube http://youtu.be/IM0QjTumuQQ]
julio 11, 2012

Mentira nº 5: sobran recursos sanitarios

Iturria: CAS Madrid – 2012/07/07

Desmontado mentiras. Dormíamos, despertamos.

Solo tenemos 3,2 camas por 1.000 habitantes frente a las 4,9 de media de la OCDE. (1), situándonos los quintos por la cola de 34 países de la OCDE. En el caso de camas psiquiátricas también nos situamos en los últimos lugares (2), mientras que en camas de agudos tenemos 2,5 camas por 1.000 habitantes frente a las 3,5 de media de la OCDE……………………

descarga el documento completo

junio 26, 2012

Mentira nº 1: Abusamos de los servicios sanitarios

Iturria: CASMadrid – Kaos en la Red. 2012/06/24

La mayor parte el gasto sanitario se produce en la atención especializada, y es ahí donde España se sitúa en los últimos lugares de los países de nuestro entorno, con sólo 10,4 ingresos por 100 habitantes, frente a 15,9 de la media UE-15 E, o a 17,2 de media de los países europeos de la OCDE.

Montoro: “Hay mucho abuso en la cartera de servicios de la Sanidad” (1)

Aunque algunos estudios sitúan a España a la cabeza en el numero de consultas al medico de atención primaria (7,5 por habitante y año, por 6,7 de media OCDE, 2011) (2), esta sobre­frecuentacion no implica mayor gasto, ya que una parte de esas consultas, o bien son para temas burocráticos o para otras necesidades que podrían ser atendidas por otros profesiona­les.

La mayor parte el gasto sanitario se produce en la atención especializada, y es ahí donde España se sitúa en los últimos luga res de los países de nuestro entorno, con sólo 10,4 ingresos por 100 habitantes, frente a 15,9 de la media UE-15 E, o a 17,2 de media de los países europeos de la OCDE.(3)

Otros estudios sitúan incluso a España en la mitad de la frecuentación hospitalaria frente a países como Inglaterra, Gales, etc. (104 ingresos por 1.000 habitantes frente a 251 Inglate­rra) (4); o incluso en pruebas diagnósticas (España 43 resonancias magnéticas por 1.000 habitantes frente a 55,2 de Francia) (5).

El propio Ministerio de Sanidad reconoce que España presenta el menor número de altas hospitalarias de la UE-15(10.411/100.000 habitantes) junto con una frecuentación comparati­vamente baja (6).

De cualquier forma hay que remarcar que las decisiones sobre el gasto sanitario son tomadas por el personal médico, es decir, en el supuesto de que hubiera abuso, cosa que no es cier­ta dados los datos anteriores, éste seria achacable a quien tiene la capacidad de decidir el ingreso hospitalario, la prueba diagnostica o la intervención quirúrgica, no al enfermo.

En el estado español no existe ninguna ley que obligue a políticos y gestores a dar a conocer la información sanitaria relevante de cada centro sanitario (mortalidad, listas de espera, infecciones, reingresos….), así como en qué y cómo se gasta nuestro dinero .

¡¡¡¡Exigimos transparencia y establecimiento de garantías y criterios mínimos en todo el estado para diagnostico y tratamiento ya!!!!

(1) http://www.lavanguardia.com/economia/20120410/54283883212/montoro-abuso-sanidad.html

(2) OCDE, Health Data, 2011

(3) OCDE Health Data, 2009

(4) SESPAS. Informe 2002. http://www.sespas.es/informe2002/cap23.pdf

(5) Sistema de Información Sanitaria del SNS. Información y Estadísticas Sanitarias 2010. Ministerio de Sanidad y Política Social.

(6) Informe anual SNS 2010. Ministerio de Sanidad y Consumo.

mayo 18, 2012

El principio del fin de la sanidad universal

Iturria: diagonalperiodico.net – 2012/05/17

Repasamos las consecuencias de la ‘contrarreforma sanitaria’ con las últimas medidas aprobadas por el Gobierno y los cambios en el modelo de sanidad.
ANTONIO GÓMEZ LIÉBANA / Integrante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CASMadrid)

Foto: David Fernández

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno supone un paso más –muy importante– dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes. Para empezar, vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento (excluye de la atención gratuita a quienes no ostenten esta condición) y no establece que éste tenga que ser al régimen general de la Seguridad Social, lo que deja abierta la posibilidad de modelos de aseguramiento diferentes (orientados a la desgravación fiscal de seguros privados).

Apoyándose en el discurso xenófobo de un supuesto abuso, excluye de la atención integral a los inmigrantes no regularizados, limitándola a urgencias, embarazos y a los menores de 18 años, a pesar de que existen múltiples estudios que demuestran que los inmigrantes (regularizados o no) utilizan en menor medida que los nacionales el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, como la sanidad se financia vía impuestos, incluso los irregulares aportan con impuestos como el IVA su dinero para el mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de una medida inhumana, injusta, inmoral, peligrosa desde el punto de vista de la salud pública (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y negativa desde el lado de los costes (al ser el único acceso que les queda, se incrementarán las visitas a urgencias).

Por primera vez, se aprueba el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta. Así se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.

Prestaciones de su bolsillo

También se anuncia el pago por los usuarios de “medicamentos para síntomas menores”, sin definir cuáles, pero que con toda seguridad serán medicamentos útiles y de utilización frecuente (analgésicos, antihistamínicos), que pasarán a ser pagados por el bolsillo del ciudadano. Se instaura asimismo el pago de una parte del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con los enfermos que precisan diálisis u oncológicos que realizan varios viajes semanales?

Sin embargo, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico. En este sentido existen medidas de lógica común y perfectamente asumibles, como las compras al por mayor y la distribución en los propios centros sanitarios de la medicación prescrita; la creación de una industria nacional para los medicamentos básicos (como la tienen las Fuerzas Armadas); la prohibición de que la formación médica esté en manos de las multinacionales; o incluso la no financiación por el sector público de todos aquellos fármacos que se registren, medidas que podrían ahorrar miles de millones de euros, pero que no van ni siquiera a plantearse.

El documento sí ahonda en el camino de los ‘incentivos perversos’ justificados sobre la “racionalización [recorte] del gasto” y la “competencia –en lugar de la colaboración– entre profesionales y centros”. Los nuevos modelos de hospitales privatizados incorporan incentivos económicos a los profesionales que menos pacientes ingresan, más altas dan o menos derivan a los especialistas.

Los 600 millones de euros que según el Gobierno se van a ahorrar con una supuesta “coordinación entre servicios sociales y sanitarios”, no esconden más que el cierre anunciado de más centros públicos de larga estancia para la derivación de los pacientes crónicos a centros privados, como acaba de ocurrir con el cierre de los dos hospitales de crónicos y paliativos de Palma de Mallorca.

Las medidas anunciadas son, por tanto, un paso más dentro del plan perfectamente planificado que se lleva desarrollando años con la complicidad de las cúpulas sindicales y el apoyo imprescindible del partido ex socialdemócrata. En grandes líneas: por una parte, se traspasan las partes rentables del sistema para lucro de todo tipo de empresas, potenciándose los seguros privados para quienes puedan pagárselos; y por otra, se va articulando un sistema similar al antiguo de beneficencia para excluidos, parados y trabajadores.

La respuesta está en la coordinación de las luchas autogestionadas y autónomas del poder, desoyendo los cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’, cuya postura se limita a la llamada e intento de captación del voto representativo, ocultando que no hay vuelta atrás y que el Estado de bienestar no volverá.

 

mayo 17, 2012

Escándalo: la verdad sobre los incentivos médicos en los hospitales de gestión privada. ¿mayor eficacia o mayor negocio a costa de la salud?

Iturria: CAS-Madrid – 2012/05/16

Una doctora especialista refiere cómo son los sistemas de incentivación en los hospitales de gestión privada.

Soy médico de urgencias y trabajo en el cada vez más reducido sistema público de salud. Por diversas circunstancias, durante un periodo de mi vida, me vi obligada a trabajar en un hospital de gestión privada, y supongo que, por eso, me han pedido que aporte algunos datos sobre ese tipo de sanidad que parece abocada a implantarse en todo el territorio nacional.

Antes de comenzar, quisiera explicar en qué consiste el sistema de triaje en urgencias. Cuando un paciente entra por la puerta de urgencias de un hospital es evaluado por un profesional sanitario, normalmente un enfermero/a, que toma las constantes vitales y cuestiona al enfermo para, según la gravedad de su patología, adjudicarle un color. De esta forma, por un código específico de colores, se atenderá con mayor celeridad al paciente que más grave esté. En mi comunidad autónoma, por ejemplo, se utiliza el sistema Manchester que funciona parecido a los semáforos de tráfico: el rojo (muy grave) se atiende antes que el verde (leve). Este sistema se creó para optimizar la atención de todos los pacientes, y me parece que funciona bastante bien.

Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si a ese mismo código se le asocia un valor económico? ¿Qué pasaría si por cada paciente atendido con un código rojo se cobrase una productividad 10 o 20 veces superior a la de otro paciente con código verde?

En el hospital de gestión privada donde trabajé, el 50% del sueldo de los facultativos era variable y basado directamente de la productividad, productividad dependiente de si se había atendido a pacientes rojos, naranjas o amarillos…por lo que es fácil deducir qué tipo de pacientes era mejor atendido que otro.

Otra variante en el dividendo de la productividad consistía en el hecho de que un paciente acabara hospitalizado o fuera dado de alta a su domicilio. Aportaban mayor cantidad de dinero los que se marchaban que los que ingresaban. Dato éste que por si solo me parece suficientemente gráfico, y pienso no necesite más comentarios.

Además, me di cuenta de que algunos facultativos no atendían a los pacientes que no estaban acreditados. Por acreditado se entiende al individuo con su tarjeta sanitaria en regla y que, por lo tanto, el hospital de gestión privada cobraría al Estado una cantidad X por tratarlo.

¿Y por qué? Pues porque el hospital, al no poder facturar por su asistencia, tampoco pagaba al profesional que lo había atendido.

Salí espantada huyendo de un sistema sanitario que cosificaba a los enfermos y los convertía en mercancías; pero desgraciadamente, estos últimos meses están ocurriendo alarmantes cambios en el sistema público de salud.

En estos momentos, el sistema informático con el que recetamos la medicación, se bloquea en los pacientes sin acreditación. Población ésta de las más vulnerables, y a la cual se nos impide ni siquiera prescribirle un antibiótico.

Pero esto no solo ocurre a inmigrantes. En estos momentos también se nos bloquea el sistema con españoles con todos sus papeles en regla y que han cotizado toda su vida en la Seguridad Social, pero que se encuentran en una comunidad autónoma distinta de la de su lugar habitual de residencia. A esos pacientes que quizás hayan salido de casa durante un fin de semana, tampoco podemos prescribirles fármaco alguno.

Y por último, quiero explicar lo que sucede con los especialistas en los hospitales de gestión privada. Alguien muy cercano a mí, desgraciadamente, sufre una de las enfermedades que podrían etiquetarse como raras. Dicha persona tenía un seguro privado y, al inicio de los síntomas, se le atendió en un precioso hospital privado con habitación individual con 2 camas, baño, TV y un catering con suculentas comidas. Hasta ahí todo iba bien. Confort, mucho confort. Pero ¿qué ocurre en los hospitales de gestión privada? Pues que te atiende un internista. ¿y quién es un internista? Pues un médico que sabe de todo. Sabe de todo, pero no es especialista de nada. Sería algo parecido al médico de familia, pero a nivel hospitalario. En principio y en la mayoría de los casos, un internista podrá atenderte correctamente. Ellos se ocupan de todos los pacientes con patología médica y el especialista solo está como consultor o para realizar pruebas complementarias. Por ejemplo, si tienes una neumonía, el internista te pautará un antibiótico, y solo en el caso de que necesites una broncoscopia, vendrá un neumólogo para realizarte dicha prueba y nada más.

Pero ¿qué pasa si tus síntomas no encajan con ninguna enfermedad conocida? ¿Qué ocurre si tu médico no sabe qué tratamiento ponerte? Podrá consultar a dicho especialista que probablemente tampoco conozca la citada patología, y empezarás un largo peregrinaje de un especialista a otro, esperando toparte algún día con el iluminado que pueda ayudarte.

Y eso hicimos nosotros, buscar y buscar hasta que convencimos a nuestro enfermo para que se cambiase de sistema sanitario y fuera atendido en la Seguridad Social. A diferencia de los hospitales privados, en los públicos no tienes una habitación individual ni una selecta cocina, pero hay facultativos de todas las especialidades. Médicos especialistas que además se reúnen entre ellos y hacen sesiones clínicas. Sesiones interdisciplinarias donde no solo estarán los neumólogos, por ejemplo, sino que estos se juntarán también con los cardiólogos o digestólogos para discutir esos casos raros que difícilmente una sola persona podrá resolver. Muchas mentes pensantes, reunidas y trabajando juntas por un mismo paciente, tienen siempre muchas más probabilidades de acertar que una sola pensando en solitario.

Me siento profundamente agradecida a todos mis compañeros del sistema público de salud que dedicaron su tiempo y esfuerzos a estudiar la enfermedad de mi familiar. Trabajo y horas de estudio no remuneradas económicamente, pero que seguro les aportaron una gran satisfacción personal por su carácter altruista y humano.

Expongo estos datos de mi experiencia personal esperando que sirvan de punto de reflexión a los escépticos y a los aletargados que todavía piensan que los cambios que ya sufrimos y los que se avecinan en nuestro sistema público de salud no son tan graves.

Por razones obvias, guardamos el anonimato de la doctora que nos envía esta denuncia.

 

mayo 4, 2012

La previsión del Gobierno para 2015 es haber reducido casi ¼ parte del presupuesto de la sanidad pública

Iturria: CAS Madrid 2012/05/04

El Consejo de Ministros del pasado día 27 de abril, el Gobierno aprobó la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas 2012 (http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/8A9ED6BD-9183-41EA-A8AC-E4DA56487D8E/202008/PNRDEFINITIVO.pdf) y la actualización del Programa de Estabilidad Programa de Estabilidad 2012-2015 (http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/8A9ED6BD-9183-41EA-A8AC-E4DA56487D8E/202009/ActualizacinProgramaEstabilidad2.pdf).

De los datos que aparecen en dicha documentación se deduce que el dinero público dedicado a sanidad descenderá del 6,5 % del PIB en 2010, al 5,1 % del PIB en 2015; lo que supone para ese año -2015- y según sus propios datos, una disminución del 21,5 % del gasto sanitario total (más de 15.000 millones sobre los cerca de 70.000 actuales).

Para hacerse una idea más concreta, 15.000 millones equivalen al presupuesto sanitario anual de Cataluña y Madrid juntas (unos 15 millones de habitantes); o, en otro ejemplo, al cierre de 40 grandes hospitales públicos del tamaño de La Paz o Valle Hebrón (con una media de 400 millones de presupuesto cada uno).

A estas medidas de “recorte” hay que añadir las intenciones del Gobierno de privatizar la gestión de centros públicos y ponerla en manos de empresas lucrativas, con las que se suscribirán contratos que exigirán el pago de altísimos cánones o alquileres, lo que reducirá todavía más la parte de los presupuestos dedicados a la asistencia a los pacientes.

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