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noviembre 10, 2012

“Los bancos han canibalizado la economía real”

Iturria: Maspublico.com / Carlos Sánchez Mato – 2012/10/29

El sistema bancario español está en el punto de mira. Mientras aumentan los desahucios, las entidades de crédito necesitan la respiración asistida del Banco Central Europeo (BCE). El dinero no circula libremente y la economía se resiente, cada día son más las voces que piden una nacionalización bancaria y una banca pública que acabe con esta situación.

Carlos Sánchez Mato, es economista y miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro. En esta entrevista analiza la situación actual y ofrece algunas claves para entender las ventajas de la banca pública.

¿Por qué es necesario nacionalizar las cajas de ahorro?

Bueno, yo creo que estamos ya en otra fase, ahora ya no pedimos tanto la nacionalización, sino la constitución de una banca pública. Nuestra reivindicación ha ido evolucionando con el paso de los tiempos políticos, lo que era una locura para muchos hace unos meses, cuando pedíamos una banca pública y la nacionalización de las cajas como vía más evidente para conseguirlo, ahora el tiempo nos ha dado la razón. El paso del tiempo ha demostrado que era inevitable que el sistema financiero quebrara.

Y en este nuevo escenario de quiebra, ¿porqué es tan vital una banca pública?

Mientras haya necesidad de un sector financiero que comunique el ahorro de la gente que lo tiene con la necesidad de los que lo tienen a la hora de pedir un préstamo, mientras haya un sistema capitalista tal y como lo conocemos, requeriremos una banca pública que debería funcionar con una serie de parámetros regulatorios. De hecho, el sistema está quebrado porque para que sea rentable necesita de una multiplicación del crédito y de asumir unos riesgos absolutamente imposible de conseguir.

Pongamos un ejemplo.

Vamos a trasladarlo al sistema sanitario. Imagina que se opera en un hospital a corazón abierto sin las mínimas condiciones para hacerlo sin una mínima posibilidad de que el enfermo se salve. Eso ocurre cuando tú buscas el beneficio a corto plazo y la máxima rentabilidad. En el tema financiero eso provoca unos daños tremendos porque se juega con los ahorros de la sociedad, igual que en el sistema sanitario se juega con la vida de las personas. Pero hay más, el sistema financiero no puede estar en manos privadas porque lo que provoca es un cataclismo y lo haces con el ahorro de la gente. Los bancos no tienen que ser públicos para perder dinero, sino para asumir riesgos, inferiores a los que asume la banca privada. Además con una diferencia, el estado es el único elemento que puede trabajar con una banca y no quebrar porque tiene la capacidad de emitir dinero.

Pero, a nivel soberano, ¿esa capacidad para emitir dinero no está lastrada por el euro?

No, porque cuando yo hablo de banca pública, hablo a nivel europeo también. Pero aunque España no tenga la capacidad ahora de imprimir euros, sí tiene la capacidad suficiente para presionar, cosa que no hace, para conseguir ese objetivo. Si España quiere que se impriman euros, lo consigue, porque si la posición de España fuera maximalista, diciendo que la alternativa es el impago, la respuesta sería otra. Lo que pasa es que el gobierno está defendiendo los intereses de los acreedores, no de los deudores, se están defendiendo los intereses de los bancos y los gobiernos, no de la ciudadanía. El tema de la banca pública es casi una cosa inevitable, porque llegará un momento en el que la ciudadanía española y europea esté bastante harta de aportar dinero para sanear entidades que luego vuelvan a ser privadas.

Y ante este discurso, ¿a quién no le interesa una banca pública?

Evidentemente a los bancos, eso para empezar. Tienen mucho poder sobre los gobiernos. Mira, todas las reformas bancarias han sido consensuadas y dictadas por las entidades bancarias y los gobiernos, hablo no solo de España sino en general. Eso ocurre porque existe un matrimonio de intereses entre los gobiernos y los intereses económicos, se confunden tanto que hay ocasiones en las que es imposible distinguir uno de otro, pero el resultado final es que realmente se está jugado el futuro de nuestras próximas generaciones y cada vez este tipo de tensiones provocan más daño.

¿Por qué?

Porque el sistema bancario ha ‘canibalizado’ la economía real hasta un punto que lo ha convertido en una situación de dependencia, en lugar de ser intermediarios para poner en comunicación ahorradores y necesitados de ahorro. Ha destrozado la economía real y se están poniendo las piedras para que la próxima crisis será todavía mucho más devastadora, porque la solución que se adopta es tener menos entidades y más grandes, con lo que se está agravando el problema.

¿Quién acabó con las cajas de ahorro?

Yo creo que son culpables tanto el gobierno como la banca privada. Estos últimos necesitaban la cuota de mercado que tenían las cajas y siempre consideraban que jugaban en desventaja. Lo que está claro es que el hecho de que existieran las cajas de ahorro había permitido años de crecimiento económico sin ningún tipo de problema. Lo que sucede es que se ha aprovechado esta situación para cargarse esa cuota de mercado que tenían las cajas y acabar con un modelo que había demostrado ser útil durante muchos años. Se ha aprovechado el modelo de representación para pervertirlo. Se ha logrado desacreditar el modelo y a la banca privada le interesaba quitarse competencia, además lo ha hecho, no con sus propios medios, sino con los medios de toda la ciudadanía. Por ejemplo en el caso de la CAM, mal gestionada y todo lo que queramos, se le ha regalado por un euro al Banco Sabadell y además se le ha dado un seguro contra todas las pérdidas del sector inmobiliario.

¿Qué aventuras en el sistema bancario español para los próximos meses?

Las entidades bancarias tienen el problema solucionado en cuanto a liquidez. Es decir, ninguna entidad va a quebrar, no porque no estén quebradas, sino porque tienen la respiración asistida del Banco Central Europeo, la cifra de deuda con el banco europeo está en máximos históricos, 400 mil millones de euros.

¿Y eso qué implica para la ciudadanía?

Puede parecer que no implica nada, pero lo que hay que decir es que durante todo este procedimiento lo que se está haciendo es salvar a los inversores privados. A la gente le puede dar igual, pero el BCE es un banco público, que no defiende los intereses de los ciudadanos, gobernado por una élite, pero es un banco de todos. Lo que estamos haciendo durante todo este tiempo es salvar a los inversores privados y sustituir en el pasivo de las entidades la inversión privada por inversión que estamos poniendo los estados o el Banco Central Europeo. Esto es la mayor transferencia de renta desde lo público a lo privado que se ha producido en la historia de la humanidad.

Y se va a devolver, ¿o no?

No, de hecho, las entidades financieras no van a poder devolver, tienen un problema de capital, necesitan capital para tapar pérdidas que ya se han producido, ese dinero por más que diga el señor Rajoy que va a ser devuelto por las entidades, es imposible que lo devuelvan. Un ejemplo en números: 600.000 millones de euros, entre el BCE y el gobierno español, que hemos entregado a las entidades, a ritmo de beneficios de ante de la crisis, tardarían 100 años el conjunto del sector en devolverlo, o sea que no lo van a devolver.

¿Y entonces ese dinero quién lo devuelve?

Todos los trabajadores y trabajadoras de este país en forma de impuestos y recortes sociales en los próximos años, así lo vamos a devolver. Los que no lo van a pagar son los responsables del desaguisado, que son unos y muy concretos, que son los que están interesados en no pagar ellos como accionistas los platos rotos.

noviembre 8, 2012

MALO NO, PEOR. Certezas sobre el “Banco Malo”

Iturria: Carlos Sanchez Mato – Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública – 2012/11/01

El proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno español el 20 de julio del presente año. Se ha publicado el Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53 mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros, ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las inevitables pérdidas que ocultan en sus balances. El siguiente paso ha consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de recapitalización. A continuación, solamente en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos, inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y Caja España-Duero). El Gobierno defiende que la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del sector bancario. Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

1. La Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han desplomado.

2. Los recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800 millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada) la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55 mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más apalancamiento.

3. Como consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo, la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de financiación a corto plazo.

4. El traspaso de activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad. Dada la normativa, cambian activos con riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin riesgo. El resultado es que los requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen las exigencias con un nuevo artificio contable.

5. SAREB se presenta como una sociedad “que no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.

6. Los inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto sobre Sociedades). Si se trata de inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por su participación en SAREB.

7. Aún con las ventajas fiscales, será extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los precios de transferencia son similares a los del escenario adverso planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado altamente improbable hace un mes). Se trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados será posible su venta. La media será un descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

8. Se ha optado por realizar el traspaso de los activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”. Es decir, se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649 millones para Unicaja-Caja España, de 1.724 millones para KutxaBank, de 1.272 millones para Sabadell-CAM. El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000 millones para poner sus activos a precios del ’banco malo’ y el Popular tendría que asumir un deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34 mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han “aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que las que han precisado apoyo público.

9. Para alcanzar la rentabilidad presupuestada, SAREB deberá conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual: financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su cuota de mercado en el sector inmobiliario.

10. SAREB no ha planteado en su plan de negocio ninguna alternativa en materia de política de vivienda diferente a las estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.

La conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados.

No es malo, es peor.

agosto 22, 2012

Draghi debería ser procesado

Iturria: Juan Torres López – attacmadrid.org – 2012/08/20

Los medios de comunicación han festejado que una sola frase de Draghi (“Haré lo que sea necesario para salvar el euro, y será suficiente”) haya bastado para salvarnos, deteniendo la acelerada subida de la prima de riesgo española.

Lo muestran como un todopoderoso dios monetario capaz de paralizar de un solo golpe la furia de los especuladores, la “irresponsabilidad” de los mercados que el Ministro de Economía denunciaba días atrás, cuando sus ataques encarecían la venta de nuestra deuda hasta niveles prohibitivos.

Y lo es. Es el titular de un poder nuevo, pero de un poder no democrático y que, como este mismo caso demuestra claramente, no se ejerce en beneficio de los pueblos sino infligiéndole un sacrifico tan inhumano como innecesario y cruel.

Por eso me parece que lo noticioso no debería ser la acción todopoderosa de Draghi sino que no haya comparecido para explicar por qué no la llevó a cabo antes.

Si el Banco Central Europeo, como a nadie le cabe ya la menor duda y como acaba de ser de nuevo demostrado, puede evitar tan fácilmente el sobrecoste artificial que los mercados imponen a nuestra deuda, lo que tendríamos que preguntarnos es la razón del retraso en la acción salvadora, las causas de una omisión tan flagrante del deber de protección y auxilio económico que las instituciones tienen respecto a las economías y a los pueblos que las han creado.

No se trata de un hecho baladí. De una semana a otra se suceden subastas que al ir encareciéndose aumentan en miles de millones de euros la factura que pagan los estados, y si el Banco Central Europeo no hace nada, pudiéndolo hacer, para que no sea más elevada de lo necesario, lo que está provocando es un daño terrible a las naciones, a las personas y a las empresas concretas, a sus patrimonios y a su capacidad de creación de riqueza y empleo. Un daño, además, que se hace solamente en aras de permitir que los inversores se enriquezcan todavía más simplemente apostando en un casino en donde se juega a costa del bienestar y la paz de las naciones.

No es la primera vez que Draghi se ve inmerso en acciones de este tipo, que ocasionan un daño tan evidente y grave a las economías. Fue directivo de Goldman Sachs e inevitablemente corresponsable, si no responsable directo, de los engaños que el todopoderoso banco urdió en Grecia, y parece que también en Italia, para hacer negocio manipulando sus cifras de déficit. Y su presencia está vinculada igualmente a escándalos (que terminaron también beneficiando a Goldman) relacionados con la privatización de empresas públicas en Italia. Sabe bien lo que significa utilizar recursos públicos para beneficiar a los intereses privados.

Pero en este caso estamos hablando de algo mucho peor y más grave. Es cierto que el comportamiento del Banco Central Europeo y su falta de acciones determinantes para evitar que los problemas de liquidez de los estados se conviertan en uno muy dramático de solvencia viene dado por las restricciones de su estatuto (que lo consolida como un engendro que en realidad no responde a su nombre de banco central). Pero es que incluso en el macro de sus restringida capacidad de actuación puede hacer mucho más de lo que hace, y algo muy distinto a lo que viene haciendo, como el propio resultado de las palabras de Draghi acaba de mostrar.

Los pueblos no pueden continuar en silencio ante este tipo de hechos. Debemos pedir cuentas. El Banco Central Europeo actúa como un auténtico pirómano al servicio de la banca privada, que sin disimulo se ha encargado de poner a su cabeza a unos de sus representantes más conocidos y preeminentes, precisamente porque lo que está ocurriendo no es un accidente sino una estrategia bien urdida para consolidar el poder de los grandes grupos financieros y ocultar a la ciudadanía su responsabilidad criminal en el estallido de la crisis y en las consecuencias que trae consigo.

Estamos hablando de un auténtico crimen porque esa actuación (por activa cuando el Banco Central Europeo toma decisiones tan claramente beneficiosas solo para los bancos privados y por pasiva cuando no hace nada para evitar el daño) produce, como ya es mucho más que evidente, un sacrificio doloroso y cruel a las personas. Es un crimen económico de los que llamamos contra la Humanidad que se debe perseguir y castigarse de modo ejemplar.

Es imprescindible tipificarlos con rigor y crear los tribunales necesarios para que juzguen estos comportamientos evaluando el daño y precisando la responsabilidad concreta de quienes los llevan cabo, así como el grado de complicidad que se da en otras autoridades que asienten o que incluso reclaman que el BCE actúe de esta forma. Y por supuesto, es una exigencia democrática de primer orden que se desvele y difunda la naturaleza real del discurso que envuelve sus actuaciones, que se haga pedagogía y se muestre a la ciudadanía el engaño y la impostura con las que se reviste esta gigantesca operación de saqueo a los pueblos europeos, un crimen que ya se ha llevado a cabo con anterioridad en otras latitudes y cuyas consecuencias muy lesivas para los pueblos son, por tanto, perfectamente conocidas.

agosto 20, 2012

EL BANCO MALO: OTRA ESTAFA A LOS CIUDADANOS. Por Carlos Sanchez Mato. «Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro»

Iturria: quiendebeaquien.org – Carlos Sanchez Mato – 2012/08/08

El ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos acaba de anunciar recientemente la próxima aprobación de disposiciones legales en las que “se establecerán las líneas generales de funcionamiento de las compañías de gestión de activos”. Podemos esperar sin lugar a dudas que en el Consejo de ministros que tendrá lugar el 24 de agosto se pondrá en marcha el “banco malo”. El Memorándum de Entendimiento rubricado por España con los países integrantes del Eurogrupo, obliga a tener plenamente operativo este instrumento en el mes de noviembre de este año y para ello es imprescindible la articulación legal previa.

La nueva rectificación del actual Gobierno (cuyos miembros se manifestaron contrarios a su implantación tanto en la oposición como en su actual responsabilidad) supondrá inyectar dinero público a las entidades financieras a cambio de sus “activos tóxicos”. En resumen, la operación consistirá en la adquisición créditos en situación de difícil cobro y activos inmobiliarios (viviendas y suelo) por parte del banco malo a cambio de la entrega a los bancos de liquidez inmediata que les permita mejorar su actual situación. La clave a la hora de evaluar el coste de la operación para el erario público, es el valor de transmisión de los activos. Si el banco malo los adquiere al valor “inflado” que actualmente tienen en el balance de las entidades, será éste (es decir, todos nosotros) el que asuma la totalidad de las pérdidas derivadas de su futura enajenación. Sin embargo, no podemos hacernos ilusiones en el que caso de que la opción adoptada contemplara que los activos fueran adquiridos al valor actual de mercado de los mismos. Si fuera esa la decisión, aflorarían mayores pérdidas en las entidades bancarias que en el marco del “rescate” también se ha acordado que tendrían que ser afrontadas por el sector público. En definitiva, sea cual sea la opción finalmente adoptada, gana la banca y perdemos los ciudadanos.

A falta del diseño concreto que salga del poder ejecutivo, el banco malo dispondría de 10 años para vender o recobrar los activos tóxicos en él aparcados. Actuaría como una entidad “liquidadora de activos” a la que se inyectaría un capital inicial que provendría de la línea de liquidez firmada con el Eurogrupo. El capital inicial podría ascender hasta un importe de 25 mil millones de euros pero esa cantidad es absolutamente insuficiente para resolver el grave problema oculto en el balance de los bancos (309 mil millones de euros solo en el sector inmobiliario para los que existen 70 mil millones de euros de provisiones).

Por ese motivo, a partir de ahí, actuaría como un banco tradicional emitiendo deuda y utilizando esos bonos emitidos para pagar los activos adquiridos a las entidades. Con estos bonos, siempre y cuando el Banco Central Europeo los acepte como garantía, los bancos obtendrían liquidez para aliviar su extrema necesidad. Además de la socialización de las pérdidas que no podemos consentir, la evidencia económica muestra que esta medida en los términos en la que está planteada no servirá para solucionar el problema que tienen las entidades bancarias. Utilizar deuda (aunque sea emitida desde este nuevo banco malo) para resolver un problema de sobreendeudamiento garantiza un nuevo fracaso.

Una vez más se trata de una operación de salvamento en toda regla de las entidades bancarias utilizando para ello el dinero público e intentando disimular sobre “el pequeño detalle de quien pagará la fiesta”. No hay que ser muy listos para pensar que la factura no estará a cargo de los responsables de la quiebra sino de los ciudadanos

Carlos Sánchez Mato
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahor
ro

junio 12, 2012

Las siete grandes mentiras sobre el rescate español

Iturria: Ignacio Escolar – 2012/06/12

Luis de Guindos: “Es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate”. “No hay ni el más mínimo rescate al respecto”.

Falso. El dinero sale de los fondos europeos de rescate y se presta al Estado, no directamente a los bancos, como pretendía España. Aunque las condiciones sean algo diferentes al de los demás países rescatados, la realidad es que España se ha convertido en el cuarto país de Europa en recurrir a estas ayudas, tras Grecia, Irlanda y Portugal. Así lo ve toda Europa y la prensa internacional.

Mariano Rajoy: “Lo que hay es una línea de crédito”.

Falso. No son los bancos quienes piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB –no los podrían devolver–, sino inyecciones de capital.

Mariano Rajoy: “No afecta al déficit público”.

Falso. Todo el dinero que pida prestado al FROB irá a la deuda pública y sus intereses, al déficit. Si se alcanzan los 100.000 millones y el tipo de interés, como se dice, es del 3%, supondrá 3.000 millones de euros más en el déficit anual: por comparar, es dos veces lo que ahorró Zapatero congelando las pensiones en 2010.

Mariano Rajoy: “El que ha presionado he sido yo. A mí nadie me ha presionado”.

Falso. Europa –especialmente Alemania y los países del norte– ha presionado a España para que acepte esta opción. Dentro del desastre, el procedimiento de rescate no es especialmente malo: había opciones mucho peores. Pero tampoco es el modelo soñado por el Gobierno español, que habría preferido una intervención del BCE o un rescate directo a los bancos sin que el Estado tuviese que avalar la operación.

Luis De Guindos: “Ayudará a las familias y a las empresas”. “Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo”.

Falso. El dinero público inyectado a los bancos irá a provisiones de pérdidas, no al crédito. De hecho, a corto plazo lo más probable es que el crédito se restrinja aún más porque todas las entidades financieras –las buenas, las malas y las regulares– tendrán que aumentar aún más sus provisiones, por lo que no podrán prestar.

Cristóbal Montoro: “No van a venir los hombres de negro”. Falso. La temida troika –el FMI, el BCE y la Comisión Europea– también va a aterrizar en España. Serán ellos quienes decidan la reestructuración del sector financiero y también quienes vigilen “de cerca y regulamente” el cumplimento de los compromisos españoles contra el déficit.

Luis de Guindos: “Las condiciones se les van a imponer a los bancos”.

Falso. España va a tener que firmar un ‘memorandum of understanding’: un tratado, como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos anteriores de España en la lucha contra el déficit. No hay condiciones explícitas, pero sí las hay implícitas. En breve veremos nuevos recortes y subidas de impuestos, por mucho que el Gobierno hoy los niegue con la misma contundencia con la que antes negó el rescate.

 

mayo 11, 2012

Mikel Noval Errusiako RT telebistan Bankiaren nazionalizazioari buruz

Mikel Novali elkarrizketa Errusiako RT telebistan Bankiaren nazionalizazioari buruz.
Entrevista a Mikel Noval en la televisión rusa RT sobre la nacionalizacion de Bankia

2012/05/10

marzo 18, 2012

Rescatar a los bancos del 1%, no a los Ayuntamientos del 99%

Iturria: Rebelión. 2012/03/18 – Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León

Caja España-Duero recibirá 475 millones más del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para sanear todos los activos inmobiliarios “tóxicos” que ha ido acumulando mediante especulación y operaciones de alto riesgo por los que esperaban obtener grandes beneficios para sus accionistas. Esta inyección de más ayudas públicas es lo que ha posibilitado la fusión de Unicaja y España-Duero y lo que facilita que se externalicen a un “banco malo” todos esos activos inmobiliarios “tóxicos”, que “sanearemos” con el dinero público de todos.

Estos 475 millones de euros se unirán a los 525 millones de euros que ya había concedido el FROB, sumando la escandalosa cifra de 1.000 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes, es decir, 166.000 millones de las antiguas pesetas. Esta orgía de rescate bancario se une a los 30.000 millones de € con que fue rescatada la banca privada española en el año 2008, hasta 90.000 millones de € con la creación del FROB, y a los 1,6 billones de euros de dinero público que la banca europea recibió entre 2008 y 2010 y que Joaquín Almunia, Comisario de Competencia, aprobó prorrogar en diciembre de 2011 la concesión de más ayudas públicas a los bancos por parte de los Gobiernos nacionales.

Me pregunto por qué siempre los gobiernos tanto del PSOE como del PP encuentran dinero público, de nuestros impuestos, para rescatar a la banca privada cuya finalidad es conseguir más beneficios para sus accionistas y que ha sido la causante de buena parte de esta crisis, y no encuentran dinero para “rescatar” a los Ayuntamientos y administraciones públicas que prestan servicios a 45 millones de ciudadanos y ciudadanas.

Quizá sea porque ese 1% que controla los bancos y las grandes fortunas ya no sólo influye en el ámbito político con su riqueza y su presión económica, sino que directamente ha tomado la política. Recordemos que el expresidente de Lehman Brothers España, De Guindos, es el actual ministro de Economía o que Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia, viene de ser vicesecretario del consejo del Banco de Santander, por poner sólo dos ejemplos. Por eso no es sorprendente, como exclama el movimiento “Occupy Wall Street”, que dicha minoría esté tomando las decisiones económicas, políticas y sociales en contra de los intereses de la inmensa mayoría de la población, del otro 99%.

No tenemos más que verlo en reciente Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, que ha sacado el Ministro Montoro para financiar el pago a las empresas proveedoras de los ayuntamientos españoles. Porque el dinero que se presta para que las administraciones locales puedan pagar a sus proveedores por los servicios que dan a la ciudadanía es un “préstamo envenenado”.

En primer lugar porque va a ser un préstamo a través de los Bancos. Esto le va a suponer a los Ayuntamientos un coste de un interés añadido a la deuda del 5%. Es un “negocio redondo” para los bancos, a quienes les hemos prestado miles de millones de euros al 1% a través del Banco Central Europeo, con el dinero de todos. Se lo hemos dado al 1% y ahora ellos nos lo prestan al 5%, aprovechando la crisis y la situación de endeudamiento, con la complicidad del gobierno del PP que nos da esta “ayuda envenenada” como única solución.

Este plan para pagar las facturas pendientes a los proveedores se saldará así con más deuda pública y el pago de los intereses correspondientes por parte de todos los españoles a través de los presupuestos locales. Se calcula que la banca se embolsará con la operación 6.000 millones de euros, de los que ganará globalmente 4.000 millones. El PP ha decidido por tanto volver a rescatar y sanear las cuentas a los bancos, en vez de “rescatar” a los Ayuntamientos con una Banca Pública que recibiera dinero al 1% y lo prestara a ese mismo 1%.

En segundo lugar, este decreto de “ajustazo municipal”, como ya se le conoce, tiene otra faceta todavía más envenenada. Imitando el peor proceder del Fondo Monetario Internacional en sus peores tiempos, chantajea a los municipios con la situación dramática de endeudamiento que viven. Exigiendo que los propios Ayuntamientos se autoapliquen un “plan de ajuste”, reduciendo servicios o cobrando por los mismos, mediante el copago o la privatización, si quieren recibir dicha ayuda para refinanciar su deuda.

De esta forma el Real Decreto-Ley obliga a aplicar un Plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los Ayuntamientos. Parece que tras esta decisión está la filosofía de la privatización que preconiza el PP en todo lo público, como argumentó el Ministro Montoro refiriéndose a este Real Decreto: “este plan beneficiará principalmente a las grandes empresas españolas y multinacionales relacionadas con la sanidad, las políticas sociales y la educación, despejando su futuro y su presente”.

Es necesario recordar que una parte de la deuda de los Ayuntamientos proviene de la escasa financiación de las Comunidades Autónomas, de la parte que le corresponde de servicios que prestan los Ayuntamientos, así como de su impago. Eso significa que la deuda generada por las Comunidades Autónomas la deberán pagar los Ayuntamientos. De esta forma, se están aplicando medidas restrictivas y sancionadoras a los Ayuntamientos sin resolver el problema real que es la financiación, pues ni el PP ni el PSOE han querido establecer una Ley de Financiación de las Administraciones Locales. Sólo con una financiación estable, derivada de una recaudación justa y progresiva que frene el fraude fiscal, los ayuntamientos y las administraciones locales podrán tener ingresos suficientes con los que hacer frente a sus gastos cotidianos y corrientes y mantener los servicios que necesitan los vecinos y vecinas.

Esto supone que los ayuntamientos queden intervenidos y un asalto a la democracia municipal, renunciando a sus objetivos de desarrollo y bienestar social, viéndose obligados a renunciar a sus obligaciones de prestar servicios necesarios a la ciudadanía. Se impone así el gobierno del 1% sobre el 99%, socializando las pérdidas al 99% de la población y privatizando aún más los beneficios a favor de ese 1%.

marzo 12, 2012

Ciudadanía: el gran negocio de la banca

Publicado en Rebelión.org, por Jorge Alcázar González. Colectivo Prometeo de Córdoba. 12-03-2012

Durante esta semana hemos asistido a un nuevo atraco perpetrado “al alimón” por la banca privada y las instituciones europeas. La operación se ha perpetrado a dos bandos y en un lapso de tiempo tal, que nos puede hacer sospechar acerca de la sincronización de estos acontecimientos.

El día 29 de Febrero, el BCE inyectó, en dos sesiones, más de un billón de euros (1 millón de millones de euro) a la banca privada, a unos intereses más que atractivos; de hecho, muchos editoriales han destacado la operación como si de un bufé se tratara. Éstos –los bancos- han podido adquirir tales fondos faraónicos a un interés del 1% y con un cómodo plazo de devolución de tres años. Las entidades españolas (y esto es ironía, pues hay que entenderlas como apátridas que sólo sirven a sus consejos de administración y a los grandes grupos de poder) han pedido entre 120.000 y 150.000 millones. Entre ellas figuran BBVA (12.000 millones), Santander (similar a la anterior), Bankia (casi 20.000 millones), etc. El Presidente del BCE, Mario Dragui (ex Goldman Sachs), concibe dicha subasta ante las reiteradas negativas del gobierno alemán para que el BCE compre bonos en el mercado de segunda mano. De esta manera, la banca privada adquiere dinero a un 1% para invertirlo en bonos españoles o italianos a intereses más elevados, consiguiendo así una ganancia fácil e indirectamente una relajación de las primas de riesgo. En el caso de las entidades anteriormente citadas, se prevé que inviertan parte en deuda española, garantizándose unos dos puntos porcentuales de margen financiero.

Abiertamente y en muchos foros se comenta la jugada con total impunidad. Dinero público, que sale de las arcas de una institución europea que supuestamente pertenece a toda la ciudadanía, es utilizado de esta forma para que la banca arroje nuevos dividendos.

La segunda fechoría se produce simultáneamente el mismo día. Debido al gran problema de liquidez por el que atraviesan los ayuntamientos y comunidades españolas, se han dejado de cumplir las obligaciones contraídas con todo tipo de proveedores. Esto ha provocado que muchas empresas, cuyo volumen central de negocio dependía de las administraciones públicas, se hayan visto abocadas al cierre o hayan tenido que reducir drásticamente sus plantillas. Pues bien, la banca privada se ha ofrecido a dar crédito a ayuntamientos y gobiernos autonómicos al 5% de interés y con un plazo máximo de 5 años. Es más, el Ejecutivo ya ha solicitado 40.000 millones de euros para entes locales y comunidades. En este caso se aprietan más las tuercas. Casi el 4% de margen porcentual. Formidable negocio el de estas entidades, cuyo proveedor, que a su vez es mercado, les garantiza tales ganancias y sin riesgos a correr, pues como ha ocurrido, en caso de pérdidas, éstas se socializan.

Mientras tanto, desde el mismo lugar en el que se ha perpetrado el atraco, se conmina a los gobiernos a ajustar sus déficits, a llevar a cabo reformas laborales que sesgan derechos adquiridos durante siglos o a abocar a la pobreza y a la miseria a millones de personas. El número de desempleados aumenta vertiginosamente y el Estado, que hasta ahora actuaba como sostén, queda paulatinamente desmantelado. Los recortes se suceden bajo el amparo de gobiernos contumaces de ideario neocon, intransigentes e inhumanos; y a este ritmo, lo dejarán todo como un solar. Este simple razonamiento matemático pasa desapercibido y se incide en la falta de competitividad e iniciativa del trabajador, en su carencia de compromiso y en su deslealtad para con su patrón. El atolondramiento colectivo y el miedo inducido les sirve de máscara perfecta para, ante nuestras narices, desmantelar un estado de bienestar ya cojo. Y mientras tanto, la ciudadanía se ha convertido en el gran negocio donde lucrarse. El mercado perfecto para hinchar los bolsillos nunca satisfechos.

¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Cuántas cifras más estamos dispuestos, como ciudadanía, a asumir? ¿Hasta dónde debemos transigir?

Cabría preguntarse si no es momento de asumir nuevas ideas, nuevas políticas y nuevas formas de hacer economía. Más justas, lógicas y sostenibles. Políticas económicas que no dañen los intereses de una inmensa mayoría en beneficio de una minoría absoluta que responde al nombre de plutocracia.

Y para empezar, los estados europeos deben plantearse la necesidad de retomar las riendas de sus propias decisiones económicas y para ello, se hace urgente la figura de una banca pública que evite estos expolios y sirva, en todo momento, a la ciudadanía que lo sustente y no a los grupos de poder que se esconden tras estas entidades, públicas o privadas. No es el único argumento que como sociedad hemos de blandir, sin duda, pero la banca pública se presenta como una reivindicación impepinable e imprescindible, y como piedra angular sobre la que edificar un futuro menos oscuro y tenebroso que el que se cierne sobre nosotros.

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