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mayo 21, 2013

“Se puede producir un estallido social en cualquier momento”

Iturria: eldiario.es – 2013/05/20

  • “Es escandaloso rescatar a los bancos a costa de vulnerar los derechos sociales”.
  • “Es tremendo que Bruselas le dé un toque a la Junta de Andalucía por tratar de aliviar a las familias desahuciadas”.
  • “La política de austeridad suicida de la Unión Europea solo salva al sistema financiero y se olvida de las personas”.
  • “El 15-M ha hecho propuestas concretas para salvar la democracia que deben ser atendidas por las instituciones”.

El actual Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko, Íñigo Lamarca (Donostia, 1959), es el único en la historia de la institución que ha sido reelegido para el cargo. Han pasado ya casi diez años desde que fue elegido por primera vez (julio de 2004) y Lamarca asegura que la crudeza de la crisis ha obligado a la institución a cambiar  de forma notable la forma de trabajar para “ser más incisivos” y resolver con celeridad las quejas de los ciudadanos. Quejas que en buena medida guardan relación con la situación de crisis que se vive. Para Lamarca, resulta “escandaloso” e “indignante” la política de austeridad suicida emprendida desde las instituciones europeas porque “se olvida de las personas, para centrarse en salvar los bancos”. El Ararteko cree que la sociedad está a punto de estallar y alerta de que la democracia en España vive un “momento crítico”. “El sistema necesita ser regenerado. Las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil”.

En su último informe de actividad (el correspondiente a 2012), alerta de la “extraordinaria” subida de las quejas relacionadas con la gestión de las ayudas sociales por parte de las instituciones. Estas quejas, que han pasado de 32 en 2009 a 1.010 el año pasado, son las que más le preocupan. “A la persona que tiene derecho a la ayuda no le basta con que le digan que se la conceden, precisa que se haga de manera urgente porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia”.

Pregunta: ¿Ha tenido que cambiar su forma de trabajar para adaptarse a un nuevo perfil de quejas?

Respuesta: Sí. Las consecuencias de la crisis han afectado a la institución y a su forma de trabajar. Las quejas se han disparado, sobre toda las relacionadas con las ayudas sociales. En concreto, las relativas a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En 2009 fueron 32 y el año pasado 1.010.

P. ¿Coincide el aumento de quejas con el cambio de modelo de gestión de esas ayudas, que pasan a ser gestionadas directamente por Lanbide en lugar de las diputaciones?

R. Algunas quejas sí se deben al cambio de modelo, pero también hay muchas porque han aumentado las personas perceptoras. El hecho de que suban ha hecho que se disparen estas reclamaciones. Los retrasos en la concesión, las suspensiones y denegaciones son los principales motivos de recurso. Las demoras en conceder la ayuda crean una gran angustia en la población que no la comprende porque se trata de un derecho subjetivo, es decir, que les corresponde si cumplen los requisitos. El ciudadano cuenta con ese dinero y los retrasos le afectan mucho. A la persona que tiene derecho no le basta con que le digan que se la concedan, precisa que se haga de manera urgente, porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia.

P. Esa demora en la concesión, ¿la cubren las organizaciones sociales de alguna manera?

R. En Euskadi tenemos un capital formidable de organizaciones sociales que están realizando un trabajo imprescindible para complementar la acción de la administración, bien porque las ayudas no cubren el 100% de las necesidades, las cuantías son insuficientes o por los retrasos.

P. Organizaciones que en parte dependen de las ayudas oficiales para seguir trabajando. Los recortes les están dejando sin margen de maniobra.

R. Esa labor que hacen las organizaciones sociales en el campo de la exclusión social debe ser prioritario y, por lo tanto, la administración debe mantener los programas de estas organizaciones que son fundamentales para una sociedad democrática.Porque hablamos de la dignidad de las personas, cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. El problema es que la gestión de esas ayudas no está resultando eficiente.

P. ¿El nuevo rostro de la pobreza es infantil?

R. La pobreza tiene muchos rostros, pero es cierto que está pegando fuerte en la infancia. Es una realidad muy poco conocida en Euskadi. El estudio que publicó la institución el pasado mes de enero refleja que 35.000 niños están en situación de pobreza, sufren carencias en alimentación y ropa. Los pediatras detectan en sus consultas carencias en la alimentación de los niños y así nos lo han transmitido.

P. Frente a esas carencias en la alimentación de niños, ¿se podría plantear respuestas como la apertura de los comedores escolares los sábados y domingos para garantizar esos alimentos?

R. Podría ser una posibilidad. Estamos analizando diferentes opciones y recomendaciones. Tenemos sobre la mesa varias opciones para plantear a la administración.

P. Los desahucios es una de las peores consecuencias que está deparando la crisis. ¿Es favorable a la dación en pago para aliviar la deuda de esas familias?

R. Si al final hay desahucio, hay que aplicar la dación en pago.

P. Y mientras se producen los desahucios en Euskadi existen casi mil viviendas de protección oficial (VPO) vacías.

R. La vivienda es un derecho constitucional y hay que dar un techo a las personas que se quedan sin casa. Efectivamente en Euskadi hay un parque vacío de VPO que debería albergar a estas personas. Estas viviendas deben ofrecerse en alquiler a los que las necesitan. Estoy convencido de que serán ocupadas por personas que han sido desahuciadas y por demandantes de vivienda que ahora no pueden comprar, pero sí alquilar. No puede ser de otra manera

P. ¿El rescate de los bancos está socavando los derechos sociales?

R. Desde luego. Es absolutamente escandaloso que se siga rescatando a los bancos privados con dinero público y que se haga a costa de socavar el estado social y vulnerando los derechos sociales. Hay que denunciarlo ante Bruselas en primer lugar. Es tremendo que, por ejemplo, ante propuestas como la de la Junta de Andalucía que tienen por finalidad aliviar la situación de muchas familias desahuciadas, Bruselas le dé un toque al día siguiente. España está en una situación de emergencia y Bruselas no tarda en desacalificar una medida social dirigida a ayudar a las personas. Parece que lo único que les preocupa a las instituciones europeas con sus políticas de austeridad suicida es salvar a los bancos, despreocupándose radicalmente de las situaciones de emergencia que se viven en el sur de Europa. Las políticas que está adoptando Bruselas son equivocadas, vulneran los derechos sociales, socavan el estado de bienestar y suponen un desastre y la ruina del país.

P. Se han cumplido dos años del movimiento 15-M. ¿Cómo ve los frutos que ha dado esta movilización de la sociedad civil?

R. El movimiento 15-M tuvo y sigue teniendo un  valor formidable que todos deberíamos tener en cuenta. Supuso una protesta espontánea y después organizada de una sociedad que sufre en sus carnes las consecuencias de políticas nefastas de la Unión Europea. El 15-M recogió el malestar y realizó propuestas concretas y bien fundamentadas para la regeneración democrática que deben ser analizadas por las instituciones. Es muy importante para cualquier democracia hacer evaluación periódica de su estado de salud y aquí no se ha hecho. El sistema necesita ser regenerado y las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil.

P. ¿Teme un estallido social?

R. Estamos a punto. Puede pasar perfectamente en cualquier momento. Las condiciones para ello existen. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, sin recursos y sin futuro. A una familia que sufre una situación delicada, que no tiene ingresos le añades que en el futuro inmediato no ve salida y tienes el caldo de cultivo perfecto para que surja un estallido social grave. Nos encontramos en un momento crítico. España es un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el Estado democrático sea sostenible en el tiempo.

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abril 4, 2013

El Ararteko destaca que las ayudas sociales “están evitando situaciones dramáticas”

Iturria: Deia.com – 2013/04/04

La necesidad de protección social crece con la crisis y ya hay 60.000 familias que reciben la RGI

El Ararteko, Iñigo Lamarca, reconoció ayer “el enorme esfuerzo que están haciendo todas las administraciones vascas de todos los colores” para mantener el sistema de protección social y destacó que la red de ayudas sociales está impidiendo que las situaciones “sean más dramáticas”. Y es que a pesar de sus imperfecciones y de las dificultades presupuestarias, el sistema de prestaciones vigente en Euskadi -que incluye la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)- está demostrando su eficacia para mitigar los dramáticos efectos de la crisis en muchas familias.

La realidad descrita ayer por el Ararteko hace referencia a las graves dificultades económicas que viven muchas personas que han perdido su empleo, que eran autónomos y ya no pueden ganarse la vida o las que han dejado de recibir la prestación por desempleo, así como la de familias amenazadas por un desahucio inminente o que ya han perdido su vivienda. Todas estas situaciones, que ya eran conocidas pero que se han agudizado en los últimos meses, encienden las luces de alarma de instituciones como el Ararteko, que tratan de minimizar los efectos negativos y maximizar los escasos recursos disponibles.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Iñigo Lamarca confirmó ayer que los datos constatan que “la crisis es muy aguda, que afecta a cada vez más familias y personas y que las consecuencias son terribles”. Explicó que un claro reflejo del impacto que la crisis económica y la falta de trabajo están teniendo en los ciudadanos vascos es que las quejas recibidas en su oficina relativas a las ayudas sociales y otras prestaciones económicas “han crecido muchísimo en los últimos años”. En concreto, en 2010 el Ararteko tramitó 32 expedientes de quejas relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social, y el año pasado ya fueron 1.010. De hecho, este tipo de quejas se han más que triplicado con respecto al año pasado y han experimentado un incremento de un 3.056% en dos años. De las 1.010 quejas recibidas sobre ayudas sociales, casi el 90% (un total de 875) se refirieron a problemas diversos relacionados con el mal funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la RGI, así como de la Prestación Complementaria de Vivienda.

Un 65% de las cuestiones planteadas por los ciudadanos en la oficina del Ararteko “tienen que ver con las consecuencias de la crisis” y son presentadas por personas que se han quedado sin ingresos y requieren la atención de las instituciones. Pero probablemente lo que mejor demuestra que la demanda de ayudas está creciendo en paralelo al deterioro de la situación económica y laboral es que a finales de 2008 había unas 37.000 familias vascas que percibían la RGI y ahora ya son 60.000.

“EL MEJOR” Sobre el sistema de protección social del País Vasco Iñigo Lamarca dijo que “en términos comparativos” es el mejor del Estado español, tal y como acreditan diferentes expertos, y que “funciona de una manera razonablemente buena”. Otro aspecto positivo destacado por el Ararteko es el mantenimiento de las cantidades destinadas a las ayudas sociales, tanto a la RGI, como a las AES, a pesar de que los presupuestos del Gobierno vasco y de las diputaciones forales sufren recortes. “La cuantía de las ayudas se mantiene -dijo ayer el Ararteko- haciendo un esfuerzo muy grande”.

En este sentido cabe destacar que justo antes de Semana Santa el Consejo de Gobierno vasco aprobó la autorización de un gasto de 17,3 millones de euros que se destinarán a lo largo de este ejercicio a las Ayudas de Emergencia Social, cuyo objetivo es la prevención del riesgo de exclusión, paliando situaciones puntuales y facilitando la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes.

FAMILIAS Y ONG Según reconoció Iñigo Lamarca, la red de ayudas sociales del País Vasco, cuyo pilar son las prestaciones institucionales, se apoya también en “la importantísima labor que hacen las familias” y “la labor ingente de las organizaciones sociales, las ONG que trabajan en el ámbito de la intervención social y, en concreto, en el campo de la inclusión social”. “Todo esto suma un cuadro de ayudas que, de momento, está evitando que existan fracturas sociales o que las bolsas de pobreza -que pese a todo existen, aunque en porcentajes pequeños- aumenten”. El Ararteko también destacó en Onda Vasca que la red de ayudas sociales “está impidiendo que las consecuencias de la crisis sean más dramáticas” de lo que serían si esas prestaciones no existieran y “de lo que ya lo están siendo en otras comunidades autónomas” donde no cuentan con el mismo nivel de ayudas y “donde la situación para muchas familias es bastante desesperante”.

Las palabras de ayer de Iñigo Lamarca no hacen más que corroborar las conclusiones de un informe elaborado por el año pasado el Gobierno vasco sobre Pobreza y desigualdades sociales en el que se observa que el sistema de garantía de ingresos conformado por la RGI, la AES y la PCV “contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la CAV por debajo de las cifras medias de la Unión Europea” y lejos “de la situación que caracteriza a España”, al tiempo que reduce las desigualdades.

Hace un par de semanas, el Ararteko ya manifestó su convicción de que, aunque el sistema de garantía de ingresos en Euskadi, es “bastante bueno”, hay que “mantenerlo, reforzarlo y alimentarlo” porque la actual situación de crisis “es mucho más grave” que la que había cuando se creó. “En situaciones excepcionales hay que actuar de manera excepcional”, afirmó.

Diversos colectivos vascos se han manifestado en varias ocasiones en contra de los recortes en los servicios sociales. (Zigor Alkorta)

Diversos colectivos vascos se han manifestado en varias ocasiones en contra de los recortes en los servicios sociales. (Zigor Alkorta)

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