Posts tagged ‘Angela Merkel’

agosto 30, 2012

“Europako Batasunak hartutako neurriak krisia konpontzen ez duten petatxu hutsak dira”

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/08/30

Errusiako RT telebistak ELAko gizarte politika arduradun Mikel Noval elkarrizketatu du. Elkarrizketan Europako Kontseiluko presidente Herman Van Rompuyk urtea amaitu baino lehen Euroguneko herrialdeetan Bankuen Batasun bat sortzearen proposamena aztertzen da.

Novalen ustez, orain arte Europako Batasunak hartu dituen neurriak petatxu hutsak izateaz gain ez dute inolako eraginik izango bizi dugun abagunetik irteteko.

Hona elkarrizketa

http://actualidad.rt.com/economia/view/52527-crisis-zona-euro-secreto-cubierto-velo-misterio

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agosto 30, 2012

“Las medidas tomadas por la Unión Europea son parches que no resuelven la crisis”

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/08/30

La televisión rusa RT ha entrevistado al responsable de política social de ELA, Mikel Noval. En la entrevista se analizan, entre otros temas, la propuesta del presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy de crear una Unión Bancaria en los países de la zona euro antes de que finalice el año.

En opinión de Noval, las medidas que ha tomado hasta ahora la Unión Europea son parches que no sirven para solucionar la actual coyuntura económica.

Ver la entrevista

http://actualidad.rt.com/economia/view/52527-crisis-zona-euro-secreto-cubierto-velo-misterio

julio 15, 2012

Inermes ante el golpe neoliberal

Iturria: Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

La presidenta de facto de la UE, Angela Merkel, acaba de visitar su protectorado italiano. La crónica del gran Pablo Ordaz nos da cuenta de lo satisfecha que está con los progresos realizados por el tecnócrata que colocaron al mando ella y la troika (UE, BCE y FMI):

No fue de extrañar, por tanto, que Merkel dedicara encendidos elogios a “las reformas realizadas en tiempo muy breve” por Mario Monti. Unas medidas que, según las filtraciones –aunque discrepantes entre sí–, ahorrarían 3.000 millones en Sanidad llevándose por delante 216 pequeñas clínicas y eliminando 18.000 camas hospitalarias. O unos 7.000 millones cortándole el grifo a los entes locales hasta el punto de eliminar algunas provincias. O, en solo cuatro meses, una reducción drástica del monto de las nóminas prescindiendo de uno de cada 10 empleados públicos y suspendiendo las oposiciones hasta el año 2016.

Salivaba la alemana viendo cómo se van a quedar los ciudadanos sin hospitales, camas donde los hubiere, y sin Estado directamente, ése que sufragan con sus impuestos cada vez más elevados. Buen chico este Monti, para eso le nombramos. Y las víctimas están en la inopia.

De madrugada ya, el gobierno tecnócrata italiano ha aprobado las medidas: “ahorrará” -podéis traducir por robará a los contribuyentes- 26.000 millones de euros en tres años. Con las medidas anunciadas, más o menos.

Lo mejor es que Rajoy se dispone a recortar 40.000, casi, casi, el doble, echad cuentas pues. Cospedal ya ha quitado el agua mineral a los enfermos hospitalizados. Artur Mas reparte meriendas a los presos según viene el día. Pero falta lo mejor, lo que se dispone a hacer el gobierno central de Mariano Rajoy: congelar pensiones, reducir la prestación por desempleo (en el país con el récord del mundo industrializado), subir el IVA a productos de primera necesidad… Incluso han apuntado ya que les van a quitar la paga extra de Navidad a los funcionarios. A nuestros médicos, enfermeras, profesores, bomberos, y cuantos sostienen el funcionamiento de uno de los Estados con menor servicio público de Europa.

Y lo que venga, el festín ya ha empezado. Mirad a Italia. Y a Grecia por ejemplo. El diferencial con el bono alemán, tras el rescate, se sitúa en los 2.425 puntos con su bono a diez años en el 25,69%. Por su parte, Portugal tampoco se libra: su riesgo se dispara por encima de los 866 puntos al registrar su bono la cota del 10,11%. Nuestra prima también anda hoy en subida libre. Y eso lo paga quien lo tiene que pagar: los ciudadanos. Y los muy canelos -griegos, portugueses y españoles- votan neoliberal. Los dispuestos a “tragar” deben tener la certeza de que les queda mucho por engullir y que nos están obligando a los demás a su dura dieta.

Y mientras otro de los órganos ejecutores del plan, el BCE da un nuevo balón de oxígeno a los bancos.

Hay otros caminos. En la economía y en la democracia. Argentina condena a 50 años de cárcel al dictador Videla por el robo de bebés. Aquí, el PP anda muy molesto con el juez que ha imputado a la cúpula de Bankia. Que se ande con cuidado Andreu, que Garzón, la cúpula policial y el grupo de Hacienda que investigaron Gürtel ya están fuera de juego. El neoliberalismo no viene solo.

En España, algo más de diez millones de personas, el 30,2% del electorado tienen la culpa de esta situación. Quienes en toda Europa votaron esta UE azul también. Y, sin duda, todos los que callan.

La realidad existe aunque no la veamos. En la marea baja, cuando las aguas se retiran, dejan desnuda La Isla (como ésta de Asturias) con las cuevas de Alí Babá al descubierto.

julio 9, 2012

Nuevo y brutal ajustazo

Iturria: Agencias / Kaos en la Red – 2012/07/08

Un nuevo aumento del IVA, más recortes salariales y despidos en el sector público, un nuevo tijeretazo a las pensiones y a la prestación por desempleo –a las que habrá que sumar los recortes que también impondrán las administraciones autonómicas– entre las medidas que quiere imponer Rajoy.

El Gobierno ha comenzado la cuenta atrás para recortar en miles de millones el gasto público e incrementar los ingresos para cumplir los objetivos de déficit fijados por Bruselas y empezará a definir esta semana los nuevos ajustes y reformas. “En las próximas fechas tomaremos decisiones para reducir el déficit público. Tenemos que volver a tomarlas”, anunció ayer Mariano Rajoy, confirmando así que este mes de julio habrá nuevas medidas, ajustes o “lo que algunos llaman recortes”, en palabras del propio presidente del Gobierno.

Rajoy espera conocer este martes si los socios europeos dan un año más a España, hasta el 2014, para situar el déficit público en el 3% del PIB, y, con ese dato, acudirá el miércoles al Congreso. Según apuntan fuentes del Gobierno, su esperada comparecencia en el Pleno, doce días después del Consejo Europeo, no se limitará a una mera rendición de cuentas de los acuerdos aprobados en la cumbre de Bruselas, sino será también el momento de avanzar el calendario de los próximos ajustes, aunque ningún departamento ministerial quiere adelantar qué medidas pasarán este verano por el Consejo de Ministros.

Sobre la mesa están todas las recomendaciones de la Comisión Europea y del FMI, entre las que destaca la subida del IVA, la eliminación de la deducción por compra de vivienda o bajadas en los salarios del sector público.La recaudación de impuestos, en especial el IVA y el de sociedades, está siendo inferior a la prevista debido a la caída del consumo y de la actividad económica al agravarse la recesión en la que está sumida el país.

Subida del IVA

Ante esas cifras, el Ministerio de Hacienda había apostado por no subir los impuestos indirectos este año, pero es previsible que la presión de los organismos internacionales le lleve a reconsiderar sus planes. De hecho, el Gobierno ha desvelado ya que estudia ampliar la base imponible del IVA, de modo que algunos productos que disfrutan en la actualidad de unos tipos más bajos (el reducido, del 8%,o el superreducido, del 4%), como los alimentos básicos o el turismo, pasarían a pagar más impuestos (el tipo general está en el 18%).

El Gobierno espera que el martes la UE dé un año más, hasta 2014, para bajar el déficit público al 3%

Hacienda baraja además, como adelantó la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, aplicar otros impuestos relacionados con el medio ambiente, como el llamado “céntimo verde”, que gravaría los hidrocarburos.

Para decidir qué medidas salen adelante y cuales quedan aparcadas, el Gobierno necesita conocer los resultados de la reunión del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de los diecisiete países de la moneda única) que este lunes estudiará las condiciones bajo las que se concederá la ayuda europea a la banca española, aunque sabe que no se tomará ninguna decisión firme al respecto.

El martes, el Ecofin (los ministros de Finanzas de los veintisiete) podría retrasar en un año el cumplimiento del objetivo de déficit del 3%, tal y como prevé el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, siempre que considere que España, en una situación económica especialmente desfavorable, ha realizado los esfuerzos suficientes. Ese escenario daría oxígeno al Gobierno y le permitiría un mayor margen presupuestario, aunque la CE ha avanzado que para aprobarse esa flexibilización España debe presentar unos presupuestos convincentes para 2013 y 2014.

Techo de gasto

El primer paso para los presupuestos será la aprobación del techo de gasto, que podría llegar al Consejo de Ministros el viernes. Pero Europa también pide que se controle lo que considera un “gasto excesivo” en las comunidades autónomas. Precisamente al esfuerzo de las comunidades autónomas volvió a apelar ayer Rajoy y, aunque reconoció su labor en la contención del déficit, consideró que el esfuerzo debe ser aún mayor. El Ministerio de Hacienda ha citado ya para el jueves a los responsables autonómicos para pedirles que aceleren esos nuevos recortes necesarios para rebajar el déficit.

La disposición de Rajoy a adoptar nuevas medidas “por muy difíciles que sean” va acompañada de sus reiterados llamamientos a que la UE tome decisiones con urgencia. El último Consejo Europeo dio luz verde a la mayoría de sus reivindicaciones, compartidas con el Gobierno del italiano Mario Monti, pero su mensaje no ha calmado a los mercados y la prima de riesgo ha retomado su escalada tras constatar que el BCE no va a volver por el momento a comprar deuda soberana. En previsión de que el escenario se repita durante la semana crucial que empieza mañana, el Gobierno pidió el viernes serenidad y ratificó su compromiso con su agenda reformista.

julio 4, 2012

La deuda pública en Francia y en Europa. Los bancos privados se hacen ricos a costa de los ciudadanos

Iturria: Salim Lamrani , Opera Mundi.uol.com.br / Kaos en la Red – 2012/07/03

Los gobiernos europeos de filosofía liberal, simbolizados por la Alemania de Ángela Merkel, son unánimes en cuanto a la importancia que conviene dedicar al “desendeudamiento” público, aplicando políticas de austeridad.

Todos los países europeos se enfrentan al problema de la deuda que afecta severamente a las finanzas públicas. Francia, la quinta potencia mundial, tampoco se libra de la crisis que hace la felicidad de los bancos privados.

Ninguna nación europea se salva del problema de la deuda pública, aunque la gravedad de la crisis difiere de un país a otro. A un lado se encuentran los “buenos alumnos” tales como Bulgaria, Rumania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, acompañados de los países bálticos y escandinavos, con un endeudamiento inferior al 60% del PIB. Al otro lado están los cuatro “malos alumnos”, cuya deuda pública supera el 100% del PIB: Irlanda (108%), Portugal (108%), Italia (120%) y Grecia (180%). Entre estos dos extremos se hallan el resto de los países de la Unión Europea, tales como Francia (86%), cuya deuda oscila entre el 60% y el 100% del PIB.(1)

Los gobiernos europeos de filosofía liberal, simbolizados por la Alemania de Ángela Merkel, son unánimes en cuanto a la importancia que conviene dedicar al “desendeudamiento” público, aplicando políticas de austeridad. Del mismo modo, Pierre Moscovici, a pesar de que es el ministro de Economía francés del gobierno socialista de François Hollande, ha fijado como objetivo prioritario “reducir los déficit”, y se ha comprometido a limitarlos a un 3% del PIB por año, entre otras cosas a través de la reducción de los gastos públicos.(2)

No obstante, es de notoriedad pública que las políticas de austeridad que promueven la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y que se aplican en el Viejo Continente, son económicamente ineficaces. Incluso tienen el efecto contrario, ya que lejos de estimular el crecimiento, la reducción de los gastos, la disminución de los salarios y de las pensiones de retiro –además de las consecuencias sociales y humanas catastróficas que ocasionan– conducen inevitablemente a una contracción del consumo. De hecho las empresas se ven obligadas a reducir la producción y los salarios e incluso a prescindir de sus empleados. Consecuencia lógica, los recursos tributarios del Estado disminuyen mientras que sus gastos –para atenuar los efectos del desempleo– estallan, creando así un interminable círculo vicioso, cuyo símbolo es la crisis griega. Así, varios países europeos se encuentran en recesión.

Cómo nació la deuda pública de Francia

En 1973, Francia no tenía problema de deuda y el presupuesto nacional se encontraba equilibrado. En efecto, el Tesoro Público podía financiarse directamente con el Banco de Francia para construir escuelas, infraestructuras viarias, portuarias y aéreas, hospitales y centros culturales, sin tener que pagar una tasa de interés exorbitante, y entonces apenas tenía déficit. No obstante, el 3 de enero de 1973, el gobierno del Presidente Georges Pompidou, él mismo antiguo director general del Banco Rothschild, influenciado por el mundo financiero, adoptó la Ley n°73/7 sobre el Banco de Francia, apodada la “Ley Rothschild” por el cabildeo del sector bancario a favor de su adopción. Elaborada por Olivier Wormser, gobernador del Banco de Francia, y Valéry Giscard d’Estaing, entonces ministro de Economía y Finanzas, la ley estipula en su artículo 25 que “el Tesoro Público no puede ser presentador de sus propios efectos a descuento del Banco de Francia”.(3)

En otras palabras, el Estado francés ya no puede financiar el Tesoro Público contratando préstamos sin interés con el Banco de Francia, sino que tiene que abastecerse en los mercados financieros. Así, el Estado se encuentra obligado a contratar préstamos y pagar intereses a las instituciones financieras privadas, mientras que hasta 1973 podía crear moneda para equilibrar su presupuesto mediante el Banco Central. Los bancos comerciales disponen ahora del poder de creación monetaria mediante el crédito, mientras que antes era una prerrogativa exclusiva del Banco Central, es decir del Estado, y se enriquecen a costa de los contribuyentes, con un estatus de casi monopolio.

Así, los bancos privados pueden prestar, gracias a los sistemas de reservas fraccionarias, más de seis veces la suma que tienen en moneda central. En otras palabras, por cada euro de que disponen pueden prestar hasta 6 euros gracias a la creación monetaria mediante el crédito. Si no es suficiente, pueden contratar con el Banco Central todos los fondos que necesiten con una tasa a menudo del 0%, con el fin de prestarlo luego… a los Estados con una tasa del 3% al 18%, como es el caso de Grecia. Así, la creación monetaria mediante el crédito representa el 90% de la masa monetaria en circulación en la zona euro.

Maurice Allais, Premio Nobel de Economía francés, denunció esta situación y afirmó que la creación monetaria debía ser una prerrogativa del Estado y del Banco Central. Según él,

“Toda creación monetaria debe ser del Estado y sólo del Estado: toda creación monetaria distinta de la moneda de base del Banco Central debe ser imposible, de modo que desaparezcan los ‘falsos derechos’ que resultan actualmente de la creación monetaria bancaria […]. Por esencia, la creación monetaria ex nihilo que practican los bancos se parece a –no vacilo en decirlo para que la gente entienda bien lo que está en juego– la fabricación de dinero por falsificadores, tan justamente sancionados por la ley. Concretamente, lleva a los mismos resultados. La única diferencia es que los que se benefician de ello son distintos”.(4)

En la actualidad la deuda de Francia se eleva a más de 1,7 billones de euros. Ahora bien, entre 1980 y 2010, el contribuyente francés rembolsó más de 1,4 billones de euros a los bancos privados sólo a título de intereses de la deuda. Así, sin la ley de 1973, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, la deuda francesa sería apenas de 300.000 millones de euros.(5)

Francia paga cada año 50.000 millones de euros de intereses, lo que pone dicho pago en el primer puesto del presupuesto, antes de la educación. Con semejante suma, el gobierno podría construir 500.000 viviendas de 100.000€ o crear 1,5 millones de empleos en la función pública (educación, salud, cultura, ocio) con un salario mensual neto de 1.500€. El contribuyente se ve despojado de más de 1.000 millones de euros cada semana en provecho de los bancos privados. Así, la categoría más rica de la población ha recibido del Estado el fabuloso privilegio de enriquecerse a costa del contribuyente sin ninguna contrapartida y sin el menor esfuerzo.

Por otra parte, este sistema permite al mundo financiero someter a la clase política a sus intereses y dictar la política económica mediante las agencias de calificación, ellas mismas financiadas por los bancos privados. En efecto, si un gobierno adopta una política contraria a los intereses del mercado financiero, esas agencias bajan la nota de los Estados, lo que tiene como efecto inmediato el alza de las tasas de interés.

Al mismo tiempo, cuando el Estado y el Banco Central Europeo reflotan los bancos privados en dificultad –es decir, que proceden a su nacionalización de facto sin beneficiarse de ninguna ventaja, como por ejemplo un poder de decisión en el Consejo de Administración-, lo hacen con tasas de intereses menos elevadas que las que esas mismas entidades financieras aplican al Estado.

El sistema de crédito que se ha establecido en Francia desde 1973 y que se ha ratificado en los tratados de Maastricht y de Lisboa sólo tiene un objetivo: enriquecer a los bancos privados a costa de los contribuyentes. Es una lástima que no se abra un debate sobre los orígenes de la deuda pública en Francia en los medios informativos ni en el Parlamento. No obstante, bastaría con devolver la exclusividad de la creación monetaria al Banco Central para resolver el problema de la deuda.

[Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: Salim.Lamrani@univ-mlv.fr“> Salim.Lamrani@univ-mlv.fr – Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

*Profesor encargado de cursos en la Universidad Paris Descartes y la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée; periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y EE.UU

junio 26, 2012

El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 25 de junio de 2012

Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que un problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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