Posts tagged ‘administraciones públicas’

julio 2, 2013

Trabajadores de Gan se concentran en el Circuito de Navarra y el Pabellón Arena: “Este derroche es nuestro paro”

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/07/02

Las concentraciones han tenido lugar en estas instalaciones como “ejemplo” de empresas de la CPEN que se mantienen pese a ser deficitarias

Trabajadores de Gan se concentran en el Circuito de Navarra y el Pabellón Arena. (Archivo)

Trabajadores de Gan se concentran en el Circuito de Navarra y el Pabellón Arena. (Archivo)

Los trabajadores de la empresa Gestión Ambiental de Navarra (GAN) se han concentrado en las sedes de las empresas públicas del Circuito de Los Arcos y el Pabellón Arena, en Pamplona, para protestar por el ERE de rescisión de contratos presentado en esta sociedad.

Las concentraciones, explica el comité de empresa en un comunicado, han tenido lugar en estas instalaciones deportivas como “ejemplo simbólico” de empresas de la CPEN que se mantienen pese a ser deficitarias.

En este sentido, el comité señala que la CPEN ha decidido mantener “actividades lúdicos-recreativas” como éstas y las acciones de Iberdrola, “cuya devaluación aportan 18 millones de euros a la deuda” del sector público, “en detrimento de la calidad de los servicios desarrollados por las empresas que están afectadas por los recortes de la masa salarial”.

“Este derroche es nuestro paro”, destaca el comité, que asegura que, “ante esta elección, queremos reafirmarnos en la defensa de nuestros puestos de trabajo y de los servicios públicos medioambientales en Navarra”.

El comité muestra su rechazo al expediente de extinción de empleo planteado por la empresa y la CPEN y considera “inadmisible su postura inmovilista en la mesa de negociación, ofreciendo unas condiciones indignas”.

junio 25, 2013

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Iturria: Eduardo Garzón Espinosa / Attac – 2013/06/24

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

evolución-deuda-por-administraciones

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español.

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

mayo 28, 2013

La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Iturria: Pilar Martín / María Flores – Público.es – 2013/05/27

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero “agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.

diciembre 20, 2012

¿Dónde están la transparencia, la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas?

Iturria: Gara.net – 2012/12/20

ASIER BLAS PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICA EN LA UPV-EHU

El aspecto más preocupante es la falta de asunción de responsabilidades por parte de TIE por casos como los del Ayuntamiento de Sabadella

El 27 de noviembre de 2012 me sorprendieron dos noticias: la ONG Transparencia Internacional España (TIE) presenta unos datos que dicen que, junto al Gobierno de La Rioja, el Gobierno Vasco es la administración autonómica más transparente; ambas CCAA obtenían 97,5 puntos de transparencia sobre un máximo de 100. A mí, por tiempos, la noticia me daba ganas de ir al baño. La cuestión es que pocos días antes acababa de tener una experiencia con la administración autonómica vasca en la que ha reinado la opacidad y falta de transparencia en comparación con la práctica habitual de las diferentes administraciones del Estado español, es decir, la administración autonómica vasca es la campeona de las opacas como mínimo en un aspecto (de esto ya hablaré en otra ocasión porque me va a dar juego el asunto).

La cuestión es que mientras el Gobierno Vasco ponía a enfriar el champagne apareció otra noticia que debería haber invalidado o, al menos, cuestionado el «galardón» en forma de mención que había recibido el ejecutivo de Vitoria-Gasteiz. Resulta que el mismo día se puso en marcha una operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell. Nada nuevo en el horizonte, no hay ciudadano catalán que no sepa que en algunas instituciones catalanas están arrastrando un problema muy serio de corrupción. Lo de la seriedad también tiene que ver mucho con el tamaño, porque miren a su alrededor, pongan un poco de atención y verán que la administración pública y la empresa privada están plagadas de pequeñas corruptelas o pseudocorruptelas que son muy difíciles de probar. Pero, volviendo al tema, en el año 2010 la ONG TIE había calificado y premiado al Ayuntamiento de Sabadell, junto a otros cinco, como los más transparentes (100 puntos de 100 puntos posibles). Sin embargo, para muchos medios de comunicación parece ser que este detalle poco importaba para juzgar la veracidad del que califica al Gobierno Vasco como muy transparente.

Lo preocupante de este caso es la ausencia de reflexiones sobre cómo valorar una noticia de este tipo antes de lanzarse a promocionarla a bombo y platillo sin ningún espíritu crítico y con un tinte publicitario, aunque no sea intencionado. La simple presentación de la noticia, por muy objetivamente que se haga, puede ser propaganda pura y dura. Por ejemplo, si mañana elaboramos un índice de transparencia, organizamos una rueda de prensa, lo presentamos y decimos que el Gobierno Vasco es la institución autonómica menos transparente, no creo que la noticia fuera recogida por los medios de comunicación. Pero claro, quizás ustedes pensarán que nosotros no somos Transparencia Internacional España, y sí, tienen razón, por ello deberíamos de tener más credibilidad que quien entrega un premio de transparencia a un Ayuntamiento como el de Sabadell. Es más, tendríamos la oportunidad de meter la pata y créanme que mucho tendríamos que meterla para llegar al nivel de TIE.

El problema es que muchos medios de comunicación antes de elaborar y publicar sus informaciones no se hacen preguntas tan simples y necesarias como las siguientes: ¿quiénes son los que hacen el índice? ¿Quiénes están detrás y quién los ha elegido? ¿Dónde consiguen el dinero? ¿Cómo hacen el índice?… y así hasta llegar a las preguntas claves: ¿hacen bien su trabajo y son eficaces? ¿Cuál es el grado de fiabilidad del índice?

En el caso que nos ocupa, no hay más que mirar su página web, ver quiénes son y la información que hay en ella. Generalidades, sobre todo, para explicar lo que es Transparencia Internacional a nivel internacional y poca cosa más. Diría que es poco transparente la información que dan, especialmente en el caso español. No se dice nada sobre cuándo y cómo fueron elegidos sus miembros, sobre quiénes financian la ONG, etc. En casa de herrero cuchillo de palo. No obstante, que cada uno/a juzgue visitando su página web y sus informes, más bien informaciones poco desgranadas y extremadamente incómodas de consultar. La estrategia podría no ser inocente, ¿tanto cuesta colgar un documento PDF donde se recoja todo, en lugar de tener que ir clickando enlaces para entrar en una tabla, en otra tabla, en una pequeña explicación, etcétera?

Sin embargo, el aspecto más preocupante es la falta de asunción de responsabilidades por parte de TIE tras casos como los del Ayuntamiento de Sabadell, del que al parecer no ha ofrecido explicación alguna. Tampoco tengo la impresión de que la mayoría de los medios de comunicación hayan tratado de averiguar qué dice TIE al respecto y, por supuesto, tampoco me ha parecido que haya sido lo habitual relativizar el índice de transparencia autonómico de esta ONG a la vista de los antecedentes. Nada nuevo en el horizonte, es demasiado habitual que se les reconozca legitimidad a organismos privados que han demostrado hacer mal su trabajo.

El ejemplo más conocido es el de las agencias de calificación crediticia o agencias de rating, recordemos que Bernard Madoff, posiblemente uno de los mayores estafadores de la historia, estaba calificado por Standard & Poors con una triple A. En aquella ocasión, la crisis de las subprime (hipotecas basura) fue completamente obviada por las agencias de calificación, de igual manera que lo hicieron con empresas quebradas como Parmalat o Enron. Pueden ustedes sacar sus conclusiones.

diciembre 14, 2012

ELA denuncia ante la Fiscalía a un ejecutivo de Euskotren por “prevaricación y cohecho”

Iturria: Deia.com – 2012/12/13

Acusa al jefe de Recursos Humanos de no inhibirse en un proceso de contratación que ganó su mujer

Nuevo conflicto en la gestión laboral de Euskotren. El sindicato ELA ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Bizkaia al jefe de Recursos Humanos de la compañía, José Ángel Orbegozo, por un presunto delito de “prevaricación y cohecho” al no abstenerse en un proceso de promoción interna en el que su mujer, F. U. A., era candidata y, además, terminó obteniendo el primer puesto. El sindicato argumenta que Orbegozo tenía que haberse retirado del proceso, en el que ejercía el papel de presidente del Tribunal del Proceso de Selección, por un evidente conflicto de intereses.

El sindicato ha pedido a la Fiscalía que investigue tres presuntos delitos. En concreto, “contra los derechos de los trabajadores, cohecho y/o prevaricación por la adopción de todos los acuerdos adoptados por José Ángel Orbegozo”.

Los hechos denunciados esta semana ante la Justicia se remontan a la primavera pasada cuando la compañía dependiente del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco sacó a concurso una promoción interna entre los empleados eventuales con el fin de generar una lista de espera para los puestos que se vayan a crear en los próximos dos años en la compañía. Para ello, el responsable del área de Planificación y Formación, José Ángel Orbegozo, descongeló una oferta de trabajo que permanecía dormida desde 2008. Aquel año, el comité de empresa acordó con la dirección anterior la creación de tres puestos de trabajo en Bizkaia y otros tantos en Gipuzkoa para operador de información y atención a clientes. En este puesto, el empleado atiende vía telefónica o por medio de los interfonos de las estaciones las reclamaciones y consultas que llevan a cabo los clientes de la compañía, tanto en sus trenes como en los tranvías que gestionan.

El pasado verano, Orbegozo, que tiene su domicilio particular en Durango, decidió variar el acuerdo anterior y redistribuyó los seis puestos pactados, creando cinco para Bizkaia y uno para Gipuzkoa.

NÚMERO UNO Así las cosas, la esposa del ejecutivo de Euskotren se presentó a esta convocatoria interna, dada su condición de eventual de la compañía, resultando “número uno de dicha convocatoria”, según se especifica en el escrito registrado en la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico. Hay que tener en cuenta que Orbegozo desempeña el puesto de trabajo de responsable de Planificación y Organización de Euskotren y que también es la autoridad máxima en la labor de identificación de las necesidades en recursos humanos y en el diseño de las convocatorias, así como de las condiciones de la convalidación de títulos y exenciones de elaboración de exámenes. Pero es, además, presidente del Tribunal Examinador de Euskotren y la persona encargada de custodiar un ejemplar de las pruebas a realizar en los exámenes de las pertinentes convocatorias.

Entre sus responsabilidades también se incluye el tener un voto de calidad en el seno del tribunal, “por tanto puede influir de manera decisiva en las reflexiones y decisiones adoptadas por el mismo en cualquier tema”, concreta la denuncia.

Con este panorama, y ante la posibilidad de que se hayan cometido varios delitos, el sindicato ELA ha decidido poner el caso en manos de la Fiscalía Provincial de Bizkaia.

La denuncia argumenta la petición hasta con siete diferentes leyes, reglamentos y sentencias, las cuales avalan la tesis de que Orbegozo se tenía que haber inhibido de los concursos y no haber sido partícipe ni de su desarrollo ni de su decisión, ante el hecho de que se presentaba su cónyuge.

Entre los argumentos jurídicos destaca el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El mismo recoge una serie de causas que, en caso de darse, determina el deber de no intervenir en la tramitación y en la decisión a adoptar. Una de ellas es expresamente “tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con las administraciones de entidades o sociedades interesadas”. Por ello, en su petición de investigación a la Fiscalía, se incide en que “habida cuenta de la relación conyugal de la persona que decide con la persona directamente afectada”, algo que considera “objetivo y demostrable”, “sin duda, la persona que está en el proceso selectivo debe abstenerse en este asunto”.

IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALIDAD La petición también recoge la Ley de abril de 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se detalla que las administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen entre otros principios “la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”. Asimismo, recoge de forma expresa que ello debe ser así “para asegurar su independencia en el ejercicio de las potestades que les corresponden”. Por todo ello, solicita a la Fiscalía que abra una investigación “de las actuaciones desempeñadas por José Ángel Orbegozo Ercilla”, ya que creen que “no se abstuvo en el Tribunal del Proceso de Selección” y consideran que ello supone “actuaciones lesivas e ilegales contra los derechos de los trabajadores”.

Según ha podido saber este periódico, la esposa del responsable de Recursos Humanos todavía no ha ocupado su nueva labor dentro de la empresa, aunque es casi seguro que el cambio será efectivo antes de que finalice el año y de que accedan los nuevos responsables de la compañía a sus cargos con el inminente cambio del Gobierno vasco que se concreta esta semana.

las claves

El recorrido de José Ángel Orbegozo por Euskotren ha sido fulgurante desde que el exalcalde socialista Javier Cruz tomó las riendas de la compañía como consejero delegado. Orbegozo, anterior sindicalista liberado de UGT, empezó su carrera en la compañía como maquinista, labor que llevó a cabo hasta 2005, cuando un convoy que manejaba sufrió un descarrilamiento en Durango. Tras varios meses de baja, la empresa le otorgó una incapacidad que le obligó a cambiar de puesto. Entonces, pasó a formar parte del equipo de inspectores de fraude, los tradicionalespicas que inspeccionan si el cliente viaja con el billete oportuno. Con la llegada en 2009 del equipo socialista, Orbegozo ascendió a inspector de línea y, posteriormente, dejó las vías para incorporarse a los despachos. Fue nombrado responsable de Planificación en la dirección de Recursos Humanos, para posteriormente ascenderle de nuevo. En febrero de este año, la última reestructuración firmada por Cruz le elevó a responsable de Planificación y Formación, con la normalización lingüística y control de absentismo, y siendo de facto el responsable de Recursos Humanos.

noviembre 7, 2012

Arrasar lo público y silenciar la protesta

Iturria: Rebelion.org – 2012/11/07

Doble objetivo del gobierno del PP

A pesar de los desastrosos resultados económicos y sociales de su política neoliberal, el gobierno del PP sigue aplicando un listado oculto de medidas que contradicen su programa electoral. Cegado por su mayoría absoluta en el parlamento y mecido por la edulcorada propaganda de los medios siempre dispuestos a apoyar al poder, en los últimos meses ha acelerado el ritmo, temiendo quizá no tener tiempo para acabar de hundir en la miseria a la mayoría de la sociedad española. Señalemos algunas de estas recientes medidas: fuerte aumento del IVA, amnistía fiscal a los defraudadores, contrarreforma de la enseñanza, introducción de medidas legales que favorecen los despidos colectivos en la Administración Pública, restricciones en el derecho al aborto, privatización inminente de AENA ─ primer operador aeroportuario del mundo─ ya prevista por el gobierno del PSOE, desarticulación y privatización de RENFE. Como coronación siniestra de esta política económica que nos recuerda la implantación del neoliberalismo llevada a cabo a sangre y fuego en América Latina por las dictaduras del Cono Sur, está la alarmante cifra de casi seis millones de parados, una parte de los cuales no percibe ningún tipo de ingresos. Pueden estar orgullosos de estos vergonzosos logros tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como su brazo derecho en el área económica, Luis de Guindos, exasesor del quebrado banco estadounidense de inversión Lehman Brothers, ideólogo de FAES y profesor de la universidad de Navarra, entre otros méritos.

La mentira como instrumento político

En una primera etapa, el lenguaje gubernamental se caracterizaba por su eufemismo, en un claro intento de encubrir la realidad. Así se nos hablaba de “rigidez del mercado laboral”, de la falta de “competitividad” de nuestra economía, de la necesidad de “adelgazar el Estado”, de la “solidez de nuestra banca” después de los exámenes a que habían sido sometidos, de la “austeridad” como condición para salir de la crisis, del inevitable “cumplimiento del déficit” al que consideraban la panacea a nuestros males, de la causa de la burbuja inmobiliaria debida según el PP a “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”.

No se atrevían a defender abiertamente el despido laboral más fácil y barato, los bajos salarios a semejanza de los países en desarrollo, la primacía de lo privado en detrimento de lo público. Tampoco deseaban reconocer la falta de liquidez de la banca y los inmensos beneficios obtenidos por empresas inmobiliarias y entidades de crédito a costa de una desenfrenada inversión en el ladrillo. Los sectores privilegiados que se han enriquecido como nunca y que han vivido durante largos años en el lujo más insolente defienden ahora a través del PP (como antes a través del PSOE con los ministros Boyer, Solchaga, Croissier, Solbes y Salgado) la “austeridad” para los de abajo, incluida la clase media.

Dando un paso adelante, envalentonados al no tener enfrente un bloque sólido de partidos, sindicatos y organizaciones sociales, los gobernantes del PP se burlan de los ciudadanos empleando las mentiras más groseras. Sirvan de muestra estos ejemplos:

─ “Son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española”. Afirmación del ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación de los presupuestos para 2013.

─ “Estamos saliendo de la crisis: se ven señales esperanzadoras”. Declaraciones de Fátima Báñez, ministra de empleo y seguridad social, tras conocerse los alarmantes datos del paro registrado.

─ “No es por afán recaudatorio”. Justificación del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la próxima imposición de un euro por receta médica.

Silenciar la protesta y criminalizar la rebeldía ciudadana

Los recortes económicos y las restricciones de los derechos sociales han provocado una profunda indignación popular de la que dan fe las continuas manifestaciones de los más variados sectores sociales (mineros, trabajadores de la industria, funcionarios, profesores y estudiantes, médicos y personal sanitario, jubilados, policías, bomberos, agricultores y ganaderos, etc.).

La gota que está colmando el vaso es el inmisericorde espectáculo de miles de familias que a diario son expulsadas de sus hogares en los desahucios promovidos por los bancos, algunos de ellos nacionalizados, los mismos que han recibido miles de millones de euros de ayuda estatal. El suicidio del librero granadino ante su inminente desahucio, comentado por Paco Puche en días pasados, deja al descubierto la miseria moral de un régimen que protege a los especuladores y defraudadores mientras pisotea los derechos más elementales de los ciudadanos, en especial de los más desprotegidos.

Ha aglutinado este malestar social el movimiento del 25S. Con su lema de “rodear el Congreso” lograron poner el foco de la protesta en la actitud de la mayoría de los diputados, cómplices con las medidas antipopulares dictadas por el gobierno. Parece que a sus señorías les disgusta aparecer así ante la opinión pública y hasta algunos de ellos intentan convencernos de que son ellos la voz del pueblo y que, por tanto, no procede que el pueblo mismo exprese a gritos en la calle su hartazgo de una política hecha a sus espaldas y sobre sus espaldas. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho todo lo posible por criminalizar a los manifestantes. En un alarde de fuerza, desplegó alrededor del Congreso a 1500 policías en una concentración de 6000 manifestantes, según sus propios cálculos. Ahora anda muy callada ante la muerte por aplastamiento de cuatro jóvenes en el centro municipal del Madrid Arena. Según las fuentes más fiables, asistían a este megaconcierto unos 15000 jóvenes: según fuentes policiales, sólo 12 policías municipales vigilaban el recinto. Ésta es la doble vara de de medir de unos políticos que reducen las libertades de la ciudadanía a un mero problema de orden público y que no garantizan como debieran la seguridad en un recinto municipal. En su primera aparición ante los medios tras la tragedia, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, exoneró de responsabilidad a la empresa organizadora del evento y transmitió la versión de ésta que, como se ha visto después, no reflejaba en absoluto la realidad.

Los medios predican la resignación ante el desastre actual. Los políticos próximos al poder se atreven a hablar con desvergüenza de “brotes verdes”. La CEOE, en línea con el FMI, insiste en más recortes sociales y más privatizaciones. El PP prosigue mientras tanto su ciega política económica, temeroso de que los aires de fronda que están en el ambiente se conviertan de golpe en huracán.

octubre 18, 2012

Los trabajadores sociales recrudecen sus protestas

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/10/18

Empleados de todas las administraciones de Álava han protestado esta mañana contra los recortes formando una cadena humana que simulaba un cortejo fúnebre

Todos los sindicatos con representación en el sector de la Intervención Social de Álava han unido sus fuerzas para intensificar las movilizaciones en protesta por la negativa de los gobiernos del PP del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación a negociar un convenio del sector.

Los trabajadores de Intervención Social de Álava han celebrado esta mañana una asamblea en el centro cívico Aldabe de Vitoria y posteriormente han formado una cadena humana en forma de cortejo fúnebre que, tras recorrer varias calles, ha llegado a la plaza de la Provincia, donde se encuentra la sede de la Diputación.

Tras una pancarta en la que se leía “Servicios Sociales de Calidad” y las siglas de los sindicatos UGT, ELA, CCOO, LAB y ESK, los manifestantes han coreado gritos contra el PP y a favor de un convenio digno.

Este colectivo, integrado por unas 800 personas, trabaja en empresas subcontratadas por el Ayuntamiento y la Diputación dedicadas principalmente a la atención de centros de salud mental, discapacidad física y psíquica y menores desprotegidos, entre otros sectores relacionados con la integración social.

Los empleados carecen de un convenio colectivo en Álava, lo contrario que ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa, según ha explicado a Efe Hibai Ollora, uno de los portavoces del sindicato ELA.

Ollora ha lamentado que los gobiernos municipal y foral se “cierren en banda” para negociar un convenio y ha denunciado la congelación de sueldos que sufren los trabajadores desde hace tres años y la pérdida de calidad del servicio que se presta como consecuencia de la reducción de, entre un 7 y un 9 por ciento, de los presupuestos que el Ayuntamiento y la Diputación dedican a contratar a las empresas del sector.

El portavoz sindical ha recordado que, al no existir un convenio del sector en Álava, las condiciones salariales y laborales de los trabajadores son muy diferentes, de ahí la necesidad de un acuerdo provincial que regule estos aspectos.
Ha señalado además que los partidos políticos, excepto el PP, y las empresas del sector han expresado a los sindicaos su voluntad de lograr un convenio.

A partir de ahora los trabajadores intensificarán las movilizaciones aunque por el momento no se han planteado convocar una huelga.

agosto 31, 2012

Italia: Monti despedirá a 300.000 funcionarios

Iturria: Giuseppe Bottazzi (Milán) – Kaos en la Red – 2012/08/31

El Gobierno italiano aplicará un plan de recorte que afectará de nuevo a la sanidad (5.000 millones menos en 2013), a las administraciones locales y a los funcionarios.

EN 2015, ITALIA PAGARÁ CIEN MIL MILLONES DE INTERESES DE LA DEUDA DE DOS BILLONES

El último tijeretazo al sector público italiano está a punto de implantarse, camuflado como un plan de crecimiento económico.Serán 4.500 millones de euros cuyo objetivo es “evitar” en 2013 la anunciada subida del IVA. El Gobierno de Mario Monti, a menos de un año de su toma de posesión, ya le ha costado a los italianos unos 60.000 millones de euros entre nuevos impuestos y recortes a los servicios públicos. Ajustes sangre, sudor y lágrimas que tenían que “tranquilizar a los mercados” y que, sin embargo, no han conseguido hacer mella en los altos costes de financiación de la deuda italiana que sigue por las nubes, un paso por detrás de la española.

El último retoque a la Spending review —el tecnócrata Monti prefiere utilizar estos términos en inglés para llamar a su plan de control del gasto público— afectará a las administraciones locales en diferentes provincias. Este verdadero golpe de hacha para el sector público transalpino llegó el pasado 5 de julio, cuando el Ejecutivo del antiguo comisario europeo lanzó el plan de ahorro, más profundo que las ya negras previsiones.

Tras un Consejo de Ministros que duró más de siete horas, Monti anunció que Italia iba a ahorrar 26.000 millones de euros durante 2014, un esfuerzo comparable al decreto Salva Italia (de 30.000 millones) que impuso nada más llegar al Gobierno a finales de 2011.

4.500 millones del gasto público

La prioridad era recortar 4.500 millones en 2012, una cantidad prevista para evitar otra subida del IVA programada para octubre de 2012. El tijeretazo, sin embargo, ha ido más allá para generar un ahorro de 10.500 millones en 2013 y de 11.000 millones en 2014. Dinero que, una vez más, se utilizará para hacer frente a las consecuencias de la especulación. Según las previsiones, en 2015 Italia habrá pagado unos cien mil millones de euros para hacer frente a los intereses sobre su enorme descubierto de dos billones de euros.

La recaudación de fondos no es el único objetivo del Ejecutivo italiano. El plan de control del gasto, según el Ejecutivo italiano, pretende “reducir de manera estructural el peso del Estado” para aumentar la eficiencia del país. Un propósito que afectará en primer lugar a casi 300.000 funcionarios cuyo destino es ser despedidos o prejubilados. De hecho, la medida de mayor impacto estructural de la spending review ha sido la reducción del 20% de los cargos directivos en la administración pública y del 10% en el resto de niveles.

Otro recorte importante de Monti se ha dado contra los gobiernos provinciales. El primer ministro italiano ha intentado eliminar totalmente la administración pública en las provincias, aunque finalmente ha optado por reducir el número de provincias (de provincias, de 110 a 49, se eliminan 61), con un ahorro de 7.200 millones de euros en 2013. Se trata de un nivel de Gobierno local inútil, se justifican los tecnócratas, que supone un despilfarro para las finanzas públicas, dicen. La cuestión es ver si los recortes afectarán a algunas de las competencias de las provincias, entre otras la gestión de las escuelas.

Eliminación de coches oficiales

El discurso de Monti y de sus ministros se basa en la lucha contra el despilfarro y los privilegios de la clase política italiana. Sin embargo,junto a una medida popular como la reducción del 50% del número de coches oficiales (recorte por el que esperan recaudar 1.500 millones en 2012 y 3.000 millones de euros en 2013), el Gobierno de Roma ha dado también un tijeretazo a los servicios básicos, empezando por la sanidad.

Aunque en el Consejo de Ministros del pasado julio no se ha aprobado el previsto cierre de los hospitales más pequeños, la sanidad contribuirá de manera significativa al plan de recortes, con unos 5.000 millones en 2013. A esto hay que añadir el efecto de la austeridad impuesta a las regiones. Se cierra el grifo que financiaba los fondos de los servicios públicos locales.

El resultado es que los gobiernos autonómicos están recortando todo lo que pueden, empezando, ellos sí, por los hospitales. La situación de los Ayuntamientos es parecida. Monti ha intentado compensar los recortes a nivel local con la introducción de nuevos impuestos sobre la vivienda. Sin embargo, la medida no ha resultado muy eficaz.

Tras la aprobación de la spending review la asociación italiana de ayuntamientos ha lanzado la alarma: “Nos han confirmado la destrucción del fondo para las políticas sociales, que antes era de mil millones y ahora se ha reducido a 11 millones. Es el funeral del Estado de bienestar”, han declarado. Con el coste de financiación de la deuda, que sigue por las nubes, Mario Monti y sus ministros han indicado un único camino para salir del circulo vicioso: el crecimiento de la economía.

Su receta para estimular un país en recesión, sin embargo, no pinta bien: el ministro de desarrollo económico y antiguo banquero Corrado Passera acaba de lanzar un plan basado en desgravaciones fiscales para quien financie nuevas autopistas y líneas de trenes de alta velocidad. Pero, sobre todo, ha anunciado una estrategia para aliviar el elevado coste de abastecimiento energético: se doblará la producción nacional de petróleo, para hacer más fáciles las nuevas perforaciones en los mares italianos.

El 1 de Mayo miles de estudiantes denunciaron los recortes de Monti en Turín. Foto: Mirko Isaia.
agosto 8, 2012

El Gobierno lanza la ley para el despido colectivo de personal laboral fijo

Iturria: laopiniondemalaga.es/Kaos en la Red – 2012/08/08

El Gobierno central ultima el Real Decreto que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal laboral fijo.

El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la «regulamentación» de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterá la administración central, autonómica, local y los entes instrumentales.

Faro de Vigo, periódico que pertenece al mismo grupo editorial Prensa Ibérica que La Opinión de Málaga, ha tenido acceso a la documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales bajo el epígrafe «proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada». Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.

Aviso por carta
Las centrales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para realizar «observaciones» sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.

«Se remite una nueva versión del proyecto de Real Decreto», indicó en su misiva Javier Thibault. «Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III –continúa– que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador» del 23 de mayo de este año, dice textualmente. «Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores», atacó una fuente sindical de CSIF, que pidió el anonimato.

¿Para quién es?
Los despidos masivos se ejecutarán por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción», y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al «10% del número de trabajadores» de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos también podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

Causas de despido
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. «A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas», dice el texto, «se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». El déficit presupuestario –que se produce cuando el gasto supera a los ingresos– afecta a prácticamente todas las administraciones públicas. Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar ERE colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior.

También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.

Con y sin oposición
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una «memoria explicativa de las causas económicas», así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos –no funcionarios de carrera– que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.

En todo caso, la Secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad, como refrenda el proyecto.

julio 5, 2012

El Gobierno eliminará 300.000 empleos públicos con el nuevo plan de austeridad

Iturria: Eleconomista.es – 2012/07/04

El paro se redujo en junio en 98.853 personas, el mejor dato de los últimos 16 años para este mes con el que comienza el verano. Entonces, ¿por qué el Gobierno no aprovechó para sacar pecho y lucir los resultados de su reforma laboral? Habrá medidas “muy severas”: Margallo allana el camino de los grandes recortes.

La razón fundamental es que los próximos ajustes que realizará el Ejecutivo, que incluirán una reforma de las Administraciones Públicas, se llevarán por delante cientos de miles de empleos públicos, según informan fuentes del propio Gobierno. 

Los ajustes, tanto los ya realizados como la nueva ronda de recortes que el presidente Mariano Rajoy anunciará el día 11 de julio, van a tener como resultado la destrucción de alrededor de 300.000 empleos públicos, según señalaron a elEconomista fuentes cercanas al Ejecutivo.

Esto, sumado a las estimaciones que manejan en Moncloa de pérdida de empleo por las dificultades derivadas de la restricción del crédito, han marcado una horquilla de entre 500.000 y 600.000 empleos menos cuando acabe el ejercicio.

La pasada semana, la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, aseguraba que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles, por lo que habrá que eliminar empleos públicos “a la fuerza”.

Estas razones explican la cautela de los miembros del Gobierno ante un dato de paro tan positivo. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, optó ayer por ser “extremadamente prudente”. El titular de Economía aseguró que lo último que quiere hacer es generar expectativas. En su opinión, hay que trabajar para que el dato se consolide en los próximos meses.

Ayer, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunció que en el mes de junio el paro se redujo en 98.853 personas con respecto a mayo, con lo que el total de desempleados se sitúa en 4.615.269 personas. Se trata de la mayor caída producida en un mes de junio de toda la serie histórica, iniciada en 1996, y es mejor de lo que se esperaba.

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