Posts tagged ‘Administración’

junio 25, 2013

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Iturria: Eduardo Garzón Espinosa / Attac – 2013/06/24

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

evolución-deuda-por-administraciones

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español.

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

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mayo 28, 2013

La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Iturria: Pilar Martín / María Flores – Público.es – 2013/05/27

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero “agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.

octubre 8, 2012

Historia del decreto que creó un incendio

Iturria: diagonalperiodico.net / Raúl F. Millares – 2012/10/05

Miles de parados son obligados cada año a trabajar para la Administración sin derechos mínimos.

Los parados podrán ser forzados a trabajar en áreas arrasadas por los incendios forestales. Ésta es la idea que con más claridad ha trascendido del decreto ley publicado en el BOE el 8 de septiembre y que entró en vigor al día siguiente. En ese momento, mucha gente descubrió que nuestra legislación incluía un concepto poco conocido: los trabajos de colaboración social.

La idea de forzar a los parados a trabajar en tareas “que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad” no es nueva. Nació en los inicios de la democracia, en junio de 1982, aún bajo mandato de la UCD y cuatro meses antes de que el PSOE de Felipe González arrasara en las urnas. Eran otros tiempos. Entonces, el ministro de Trabajo era Santiago Rodríguez Miranda –hoy presidente de un enorme despacho de abogados–. España tenía una tasa de paro del 16% y el subsecretario de Empleo rompió un pacto secreto con los sindicatos: coló en el Consejo de Ministros de aquel viernes una reforma brutal del mercado laboral que apuntalaba los contratos basura –temporales, a tiempo parcial, en formación y en prácticas–. España jugaba aquella noche contra Irlanda, eran los mundiales y podíamos pasar como primeros de grupo. Casi nadie leyó hasta el capítulo V de aquel decreto, donde nacía la idea de los trabajos –forzados– de colaboración social (España cayó ante Irlanda, así que tuvimos que cruzarnos con la RFA. Perdimos contra la RFA mientras al otro lado del muro Merkel estudiaba química cuántica).

Poco después ganó Felipe y el decreto fue modificado… a peor. El tope inicial de cinco meses fue eliminado en 1986: los desempleados ya podrían trabajar ilimitadamente hasta agotar su prestación; el ministro era Almunia, hoy vicepresidente de la Comisión Europea. Antes de perder las elecciones, el PSOE volvió a remachar la idea en su Ley General de la Seguridad Social, obra de Griñán, hoy presidente andaluz. En su artículo 231 se imponía entre las “obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo” la de “participar en los trabajos de colaboración social”.

Aplicación del texto

A pesar de sus años esta norma no era muy conocida hasta ahora. Incluso algunos piensan que nunca ha sido aplicada. Error. La ley es utilizada constantemente por múltiples administraciones y habitualmente con complicaciones legales para los parados-trabajadores. Según los datos del ministerio, en 2011 se registraron 4.066 contratos de este tipo y la cifra anual oscila entre 4.000 y 5.000 adscripciones de colaboración social en ejercicios anteriores.

Los trabajadores sin empleo que perciben su prestación, para la que han cotizado, son llamados a filas por ayuntamientos o empresas públicas para realizar tareas propias de otros empleados, pero con menos derechos. No pueden pedir una baja por enfermedad, no pueden recibir ayudas como madres trabajadoras, no cotizan normalmente para su jubilación… Y lo peor de todo: no pueden ser despedidos. ¿Por qué? Porque este tipo de contrato no se considera un contrato, no hay relación laboral con la Administración, así que cuando se termina el periodo máximo de explotación posible –es decir, hasta que se agota la prestación por desempleo– el trabajador no recibe ningún tipo de indemnización.

Para colmo, las sentencias son repetidamente demoledoras contra los trabajadores que llevan denunciando está práctica desde hace años. Al final, la doctrina del supremo ha terminado por asentar que incluso los trabajos de un auxiliar administrativo pueden ser considerados “de utilidad general” y redundantes “en beneficio de la comunidad”.

Muchas administraciones ignoraban que tuviesen esta opción. Otras, como el Ayuntamiento de Oviedo, han llegado a contar con un 16% de su plantilla bajo este régimen, según fuentes sindicales. Ahora el Ministerio del Interior –sí, Interior, no Empleo– será el encargado de recordar a las corporaciones afectadas por incendios y pedrisco que tienen derecho a explotar este recurso abundante y barato.

marzo 27, 2012

Una denuncia penal contra los responsables de la Sanidad (Catalunya)

Iturria: lamentable.org – 2012/03/23 – Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción

En el marco de la actual crisis económica, las Administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de deterioro de la situación económica personal y familiar de la ciudadanía con un incremento desbocado de la cifra de personas desempleadas. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrados en la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos, y de privatización mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia. El proceso de descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la asistencia sanitaria.

El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado. Las actuaciones del Departament de Salut que se exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.

La denuncia presentada basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y funcionarios público “que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las “garantías constitucionales”. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse.

Las actuaciones que se consideran indiciariamente constitutivas de delito están detalladas en el relato de hechos, en el que también se hace una puntualizada descripción del funcionamiento de la sanidad pública catalana. La reducción de prestaciones, el cierre de centros sanitarios, de plantas quirúrgicas, de consultas especializadas, la imposición de cierres forzosos de los hospitales, la reducción de la actividad concertada, la supresión de tratamientos, los recortes de personal sanitario, la paralización de mejoras y de construcción de nuevas infraestructuras, el aumento de las Listas y de los Tiempos de Espera, la supresión de tratamientos e intervenciones quirúrgicas con tiempos de espera garantizados y la modificación de la legislación vigente con el objetivo de permitir la privatización del servicio sanitario público catalán constituyen una realidad evidente, como reflejan con toda objetividad y fiabilidad las informaciones publicadas en los medios que para los denunciantes han sustituido las informaciones oficiales, ciertamente limitadas, a causa de la opacidad de la Administración sanitaria de la Generalitat, lo que también se denuncia.

También es materia analizada en el escrito la relación mercantil que tienen y han tenido los actuales Altos Cargos responsables de la sanidad catalana con el sistema sanitario privado. La corrupción es uno de los delitos que más daño hacen a la Democracia. El análisis ofrece sospechas claras y fundadas de corrupción en el sistema sanitario público catalán, basándose en todo momento en la documentación oficial a la que se refieren. Los responsables públicos de la sanidad catalana son conscientes de las consecuencias que están teniendo las decisiones que están tomando desde que asumieron sus cargos. Las declaraciones públicas de los responsables del Departament de Salut, por un lado, asumiendo aumentos en las Listas de Espera y, por otro, invitando a los ciudadanos a contratar un seguro privado, son hechos objetivos que no se pueden valorar de forma independiente: son la muestra de una estrategia con objetivos mercantilistas cuyo producto de mercado es la salud de la ciudadanía y que está provocando daños irreparables en el sistema sanitario público.

Los Altos Cargos con competencias sanitarias del Gobierno de Catalunya, en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad desigual en que vivimos, profundizan esta desigualdad menospreciando el derecho a la salud, como derecho universal. En consecuencia, las medidas de recortes de los servicios públicos de salud están generando discriminación entre los ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra convivencia humanitaria y democrática. El Gobierno está apartándose de la obligación política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades. Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora les corresponde a los ciudadanos. Que, en este caso, han sido miembros del 15M con un elevado grado de compromiso ciudadano y de eficacia frente a la Administración. Bienvenida sea la denuncia, con la confianza puesta en la Fiscalía de Catalunya.

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