Posts tagged ‘abogados’

octubre 24, 2012

No habrá justicia para los pobres ni abogados de oficio para los mileuristas

Iturria: Cuartopoder.es – 2012/10/23

Cuando más aprieta el paro y la depresión económica, llega el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón con una subida de las tasas judiciales tan “inmoral” que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 24 de la Constitución. El calificativo de “inmoral” además de “preconstitucional e inconstitucional” no es del cronista, sino del portavoz socialista en la materia y exministro de Interior Antonio Camacho. Gallardón dejará además sin derecho a abogado de oficio –principal expresión del famoso “beneficio de justicia gratuita”– a los mileuristas, entendidos como “las unidades familiares que superen dos veces y media el Iprem”, ahora situado en 532 euros mensuales.

Todos los grupos parlamentarios, menos el PP, rechazaron el lunes en el pleno del Congreso el proyecto de ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por entender que penaliza a los pobres, obstaculiza el acceso de los trabajadores a la Justicia, cercena la apelación de los impecunes a la segunda instancia judicial y, en cambio, beneficia a los ricos y a las empresas. Pero el PP aplicó su mayoría absoluta para tomar en consideración el proyecto, y las enmiendas de devolución surtieron el mismo efecto que la patada de un mosquito sobre un elefante.

El ministro defendió el patadón hacia arriba a las tasas en todas las jurisdicciones y la implantación del pago de los trabajadores en la jurisdicción social –por ejemplo, en el caso de un despido el recurso de súplica costará un mínimo de 800 euros– adoptando en un momento el papel de un charlatán de feria, leyendo en otro momento un anuncio publicitario y acusando siempre a los españoles de ser “muy litigantes”. De feria pareció cuando dijo que “de 48 países del Consejo de Europa, 47 tienen unas tasas judiciales del 29,7%” y él no va a implantar “ni el 30 ni el 20 ni siquiera el 15%, sino que lo deja en el 10%” del coste del proceso. Según datos oficiales, las tasas representan ahora el 3% del coste del aparato judicial.

En otro momento preparó a sus señorías para una gran sorpresa. “No voy a citar el nombre de la empresa, llamémosle X”, dijo antes de leer un anuncio explicativo sobre cómo la “empresa X” recurría las multas de tráfico. El reclamo concluía: “¿Sabías que este partido puede durar de seis meses a dos años?”. Y para que quedase claro, lo volvió a leer. Cierto es que la sorpresa no fue tal, y el fino jurista quedó en evidencia cuando el socialista Camacho le pidió que no confundiese las sanciones administrativas con los procesos judiciales y, de paso, le tildó de “demagogo”.

En todo caso Gallardón quiso demostrar que los españoles somos muy litigantes y tenemos “un interés especial en dilatar los procesos, con el consiguiente coste para los contribuyentes”. Y eso, según argumentó, se debe a que la Justicia nos sale barata. Nada más hay que ver, dijo, que en España se tramitan “nueve millones de asuntos al año” y en Francia, “con 20 millones más de habitantes, se tramitan 6,5 millones”. Para evitar los abusos, lo mejor es subir las tasas. “Yo no creo sea desorbitado hacer pagar el 6,3% del coste de un proceso por desahucio”, sentenció.

Después de bordear la cuestión de fondo, que según coincidieron todos los portavoces, menos el del PP, es la dudosa constitucionalidad de una norma que impedirá de hecho a los pobres recurrir las sentencias en segunda instancia, Gallardón afirmó que el dinero que se obtenga por la subida de las tasas irá a pagar a los abogados de oficio. Y a continuación anunció la “recentralización” y reforma del sistema de “justicia gratuita”. Así, dijo que “los Colegios de Abogados podrán facturar el cien por cien de la asistencia de oficio a la Administración Central” en vez de a las Comunidades Autónomas, y éstas “devolverán las cantidades que corresponda, según el último presupuesto liquidado, aminorado en un 20%”. Ese porcentaje deberán dedicarlo a la “mejora del sistema judicial”, precisó.

También en esta materia fue socialmente regresivo. Si ahora tienen derecho a asistencia letrada gratuita quienes ganen menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está en 641 euros, el nuevo sistema utilizará el Indicador de Precios y Rentas Múltiples (Iprem), que está en 532 euros y es un índice a la baja, dada la depresión económica española. Aunque la diferencia entre 2,5 veces el Iprem y dos veces el SMI es insignificante, el socialista Camacho acusó a Gallardón de hacer “juegos de circo”. Emilio Olabarría, del PNV, le tildó de “prestidigitador” y le acusó de infligir un “daño histórico” al derecho a la tutela judicial efectiva con la nueva regulación de unas tasas que, según Rosa Díez, de UPyD, van a general “mayor desigualdad” y obedecen a “un furor recaudatorio que le nubla la vista” y además de ser “injustas” suponen, según remarcó Joan Tardà, “un nuevo ataque al Estado social y democrático de derecho”. Más gráfico, si cabe, Gaspar Llamazares apeló al símil médico: “Para usted la primera opinión (sentencia) es la que vale y la segunda es un lujo de repago”, dijo antes de deplorar que tome a los “ciudadanos como rehenes” y liquide por la vía económica su derecho a la tutela judicial efectiva.

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octubre 16, 2012

El Colegio de Abogados de Bizkaia recurre el decreto de Justicia gratuita

Iturria: Elpais.com – 2012/10/16

Entiende que en el mes y medio de su entrada en vigor ha demostrado “su ineficacia”

El decano considera que causa un serio perjuicio a los ciudadanos

El Colegio de Abogados de Bizcaia ha recurrido  ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto de Justicia gratuita, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, promulgado por el Gobierno, y que regula la atención jurídica a personas sin recursos. Según el decano del Colegio, Nazario Oleaga, “en el escaso mes y medio desde que entró en vigor el decreto se ha confirmado su ineficacia y se corre un serio riesgo de que se produzcan casos de indefensión debidos al retraso en las designaciones de los abogados de oficio”. Con el nuevo marco legislativo, dichas designaciones pueden demorarse hasta que el usuario tenga concedida formalmente por parte de la Comisión el derecho a la Justicia gratuita. Esto supone esperas de hasta dos meses, mientras que hasta la fecha las designaciones se han venido efectuando de una forma mucho más rápida, en la mayoría de los casos en menos de tres días.

La situación está generando ya una ralentización de los procesos judiciales que tenderá a empeorar en los próximos meses y que va a acarrear consecuencias muy negativas en el funcionamiento del propio sistema judicial. A esto ha contribuido de forma significativa el incremento de la carga burocrática que el nuevo decreto impone a todas las solicitudes de justicia Gratuita, al aumentar los requisitos y documentación necesarios para su presentación.

El Colegio considera que el Departamento de Justicia incumplió un mandato del Parlamento vasco en el que se le requería para que negociara con los Colegios de Abogados el contendido del decreto antes de su publicación. Por el contrario, el Departamento de Justicia aprobó la nueva regulación con la oposición de los tres Colegios de Abogados vascos y del propio Consejo Vasco de la Abogacía, que son los profesionales que lo deben poner en práctica casi en su integridad.

Además, según constata el Colegio, la entrada en vigor del decreto se ha producido con una total improvisación, de manera que el Gobierno ni siquiera ha elaborado los formularios que deben ser cumplimentados por usuarios y letrados, y la aplicación informática no está operativa a fecha de hoy. Un ejemplo de esta improvisación e interinidad es que novedades como la libre elección de abogado, que era uno de los principales motivos esgrimidos por el Gobierno para modificar la legislación, no puede ejercitarse porque falta el desarrollo de la norma. De hecho, destaca el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia “en el mes y medio que lleva en vigor el decreto no se ha producido ninguna designación en turno de oficio con libre elección de Letrado por parte del ciudadano”.

Para Oleaga, “este es un decreto que ha demostrado su ineficacia y que no beneficia a nadie. Más bien al contrario; perjudica notablemente a los ciudadanos más necesitados, que corren un grave riesgo de indefensión y a los propios abogados, que en algunos casos no cobran por los servicios que prestan porque finalmente se declara que su defendido no tiene el derecho a obtener la Justicia gratuita”. “Sin embargo – afirma el decano- el más afectado es el propio ciudadano, que ya empieza a sufrir retrasos en temas tan relevantes como casos de violencia de género, los desahucios por ejecuciones hipotecarias o los impagos de rentas”.

En estos momentos el recurso presentado por el Colegio de Abogados está pendiente de la admisión a trámite del Tribunal Superior de Justicia, que es el organismo que debe tomar una decisión al respecto. Recursos similares han sido presentados también por los Colegios de Abogados de Gipuzkoa y Álava, así como por el Consejo Vasco de la Abogacía.

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