Archive for ‘Pribatizazioak’

junio 27, 2013

Reparten “chorizos” contra la privatización del Registro Civil y de la Administración de Justicia

Iturria: lahaine.org – 2013/06/27

Se hiere de muerte al derecho universal, poniendo las bases para una justicia clasista, una justicia sólo para ricos.

chorizada

Según han manifestado con este acto han querido denunciar las políticas de destrucción masiva de todo lo público, los ataques y recortes no sólo en la Administración de Justicia, sino también del resto de servicios públicos y sociales. Añadiendo que aunque desde los gobiernos se dice que falta dinero, ellos dicen que NO, que no falta dinero sino que SOBRAN CHORIZOS. De ahí el reparto público de chorizos en la calle.

Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es un ejemplo de cómo dilapidar dinero público. Ya que, según han manifestado, después de haberse gastado, en los últimos años, casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los vetustos libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles de hasta el más remoto pueblo del estado español, AHORA se pretende regalar todo ese esfuerzo de las arcas pública a los intereses privados (Registradores de la Propiedad y Notarios, curiosamente cuerpos muy ligados a eminentes miembros del P.P); haciendo recaer, al mismo tiempo, en la ciudadanía un nuevo copago-repago inaceptable.

Según han expresado en nota de prensa no se debe olvidar que, el Registro Civil es sólo un ejemplo de la política privatizadora de las administraciones públicas en general, y de la Administración de Justicia, en particular. La ley de tasas, el endurecimiento de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, la privatización de los servicios de notificaciones y ejecución, el alejamiento de la Justicia de la ciudadanía con el proyecto de desaparición de los Juzgados de Paz, la reducción de partidos judiciales, suponen en la práctica, han añadido, el fín del concepto de justicia universal para todas y todos.

Según sus palabras “si hasta ahora una gran parte de la población intuía que la Justicia no era igual para todas y todos, con estas medidas se corrobora. Se hiere de muerte al derecho universal, derecho constitucional, no lo olvidemos, a una tutela judicial efectiva, poniendo las bases para una justicia clasista, una justicia sólo para ricos.

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junio 25, 2013

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Iturria: Eduardo Garzón Espinosa / Attac – 2013/06/24

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

evolución-deuda-por-administraciones

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español.

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

junio 21, 2013

Los despidos de Onkologikoa no pasaron por los órganos competentes

Iturria: naiz.info – 2013/06/21

Los ceses de eventuales, así como los despidos de diez trabajadores fijos han sido decisiones bilaterales, tomadas por Almudena Moreno, delegada general de Onkologikoa, y Juan José Goia, director de la Fundación Kutxa. No fueron consultadas ante los órganos competentes.

Imagen de archivo del exterior de Onkologikoa. (Jon URBE/ARGAZKI PRESS)

Imagen de archivo del exterior de Onkologikoa. (Jon URBE/ARGAZKI PRESS)

Los ceses de las contrataciones de eventuales, así como los despidos de diez trabajadores fijos de Onkologikoa -cinco enfermeras y cinco médicos- han sido decisiones que han tomado de manera bilateral Almudena Moreno, delegada general del centro, y Juan José Goia, director de la Fundación Kutxa y secretario del patronato de Onkologikoa, según ha sabido GARA. La decisión de contratar a Almudena Moreno por tres años también fue bilateral -ver despiece-. En este caso, la tomó Goia junto con Carlos Ruiz, presidente de la Obra Social la Kutxa.

Este conjunto de decisiones han sido aprobadas sin pasar por los órganos de Gobierno de la Obra Social, tampoco por el Patronato de Onkologikoa. Solo se han presentado para su ratificación, no para su votación, al estar las decisiones ya tomadas.

Según declararon ayer Xabier Iturbe, presidente de Kutxa, y Carlos Ruiz durante el Consejo de Administración de Kutxa celebrado ayer en Donostia, las personas despedidas «están satisfechas» y se les ha dado la oportunidad de volver al centro «cuando quieran».

Agregaron, además, que se está generando empleo, al cerrarse seis nuevos contratos en el mes de junio. Se trataría de cuatro eventuales transformados en fijos discontinuos y dos eventuales que ahora son fijos.

Por otro lado, tanto Iturbe como Ruiz confirmaron que Kutxa no atenderá la petición realizada el pasado 7 de marzo por el Parlamento de Gasteiz para integrar completamente Onkologikoa en la red pública, e insistieron en que la única opción es la renovación del actual concierto económico.

Se evitó la votación

El Consejo de Administración, que se prolongó durante más de cuatro horas, bloqueó la votación de la propuesta que llevó a la cita EH Bildu, después de que algunos consejeros alegaran que aquel no era el foro y que debían hacerlo en la Fundación de la Obra Social.

La propuesta de la coalición hablaba de la integración tanto funcional como orgánica de Onkologikoa en Osakidetza, y que el Consejo de Administración de la entidad bancaria adoptase el compromiso de poner en marcha las gestiones necesarias para lograrlo.

Las competencias de cada órgano son las siguientes: la Obra Social es quien propone, el Consejo de la Obra Social gestiona, y el Consejo de Administración decide.

Onkologikoa contrata por tres años a la delegada externa

Las aguas bajan especialmente revueltas en Onkologikoa desde noviembre, cuando el Patronato de este centro cerró un convenio de colaboración con una empresa privada llamada Europe Oncology. A los oncólogos que la conforman se les dio la potestad para proponer a la nueva delegada general, figura que hasta ese momento jamás había existido en el organigrama.

Aunque desde entonces es la madrileña Almudena Moreno la que ostenta ese cargo, este diario ha podido saber que en un principio fue Joaquín Casariego la persona elegida para ello. Ambos fueron compañeros en la ya disuelta plataforma española de ensayos clínicos CAIBER, él como director, ella como gerente.

Volviendo a Onkologikoa, su organigrama ha sufrido varios cambios desde el nombramiento de Moreno, pero estos no constan en la memoria de 2012 que el centro acaba de colgar en su web. De hecho, Jon Etxeberria, actualmente director de Osakidetza, aparece como director gerente, y María Jesús Mitxelena consta como directora médica, aunque la nueva dirección la cesó de ese cargo en marzo «al no compartir los criterios».

Donde sí aparece Moreno es en el prólogo de la memoria, que firma como delegada general. GARA ha sabido que Fundación Onkologikoa le ha hecho un contrato de tres años -hasta el 31 de marzo tuvo otro de mes y medio-. Desde su llegada en noviembre estaba contratada por la empresa Europe Oncology.

El nuevo contrato entró en vigor el 1 de abril, aunque a los trabajadores no se les informó hasta tres semanas después. Se desconoce su sueldo que, a diferencia del resto, no aparece publicado en la tabla salarial.

junio 20, 2013

Pensiones: ¿demografía o lucha de clases?

Iturria: Juan Torres López / Público.es – 2013/06/07

Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.

Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?

Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.

Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.

Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.

Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para “demostrar” lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060…. Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.

Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.

En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.

En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.

Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.

Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.

Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.

Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.

Pongamos un ejemplo muy fácil.

Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.

Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).

Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.

Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.

Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.

En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.

Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.

junio 19, 2013

Un acceso casi vedado a las pensiones contributiva

Iturria: Isabel Otxoa / diagonalperiodico.net – 2013/06/03

Si no ha comenzado a trabajar a los 26 años y si, comenzando a esa edad, ha interrumpido sus periodos de cotización tendrá difícil jubilarse a los 65 años

DAVID FERNÁNDEZ

DAVID FERNÁNDEZ

La velocidad y amplitud de los recortes en la protección de la Seguridad Social ha propiciado un debate en el que la atención se ha centrado en las reformas que afectaban a la población ocupada, y dentro de ésta a quienes tienen empleo estable. Las reformas han consistido en crear condiciones de acceso más exigentes a las pensiones, como en la jubilación anticipada y la parcial, y condicionar la posibilidad de jubilación ordinaria a períodos más largos de cotización y una mayor edad. Así es que la cuantía de las prestaciones va a disminuir en general porque las condiciones de cálculo serán más duras, pero para una parte de la población la cuestión será otra: la imposibilidad de acceder a las pensiones, o el acceso en cantidades irrisorias. En el transcurso de cinco años han cambiado las reglas de juego, en algunos casos sin apenas período de transición. Es el caso del salto del tiempo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación, que hasta el año 2007 era de 12 años y 10 meses y debía pasar gradualmente a los 15 años hasta 2013. El informe del Gobierno español al Pacto de Toledo de 2008 indicaba que el salto a los 15 años afectaría a 90.000 mujeres y 30.000 hombres en edades cercanas a la jubilación. La gradualidad de la medida se eliminó en 2010.

En el caso de quienes logren acceder a la pensión de jubilación con carreras cortas, los recortes generales tendrán un impacto especial. Al haberse ampliado el período a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde los 15 hasta los 25 años anteriores a la jubilación, personas que cumplan el período mínimo para el acceso a la pensión, que –por el momento– sigue siendo 15 años, pero no lleguen a los 25 que se tomarán para el cálculo de la base, tendrán un vacío de cotización. El sistema de cobertura también ha sufrido una radical rebaja en el Régimen General y supone la nula cobertura en el caso de los Regímenes de Autónomos y el Sistema Especial de Hogar. La extensión del período de cómputo deja a la gente más expuesta a circunstancias que le hagan bajar la base, como cotizaciones a tiempo parcial, vacíos de cotización debidos a salidas del mercado laboral, períodos de percepción del subsidio de desempleo…

Períodos bajos de cotización

Los 38 años y seis meses de cotización que se exigen para acceder a la jubilación a los 65 años exigirían haber comenzado a trabajar en la economía formal desde los 26 años y medio, y no haber interrumpido nunca la cotización, lo que en las condiciones del mercado laboral actual resulta un planteamiento estratosférico para una parte importante de la población. La intermitencia en los contratos, el trabajo a tiempo parcial, los servicios en la economía sumergida… van a dar como resultado períodos muy inferiores de cotización. Lo mismo cabe decir de la exigencia de 37 años de cotización para la pensión del 100%, que tendrá como resultado la reducción generalizada de la cuantía de las prestaciones. También tendrá su efecto a medio plazo la imposición cada vez más frecuente del alta en Autónomos para trabajar en lo que en realidad es trabajo por cuenta ajena. Las personas obligadas a darse de alta lo harán casi siempre en la base mínima posible, porque para escoger otra serían precisos dos elementos: ingresos altos y estabilidad laboral. La reforma de la Ley de Depen­dencia en julio de 2012 suprimió el abono del Convenio Especial con la Seguridad Social a cargo de la Administración del Estado en favor de quienes estaban cuidando en el entorno familiar. Afectó en su momento a las 180.021 personas beneficiarias del Convenio, de las que el 92,5% eran mujeres. A 1 de marzo de 2013, las personas que tienen suscrito el Convenio, que ahora corre ya totalmente de su cuenta, son 20.993. A la vista queda que este ha sido uno de los recortes más brutales con efectos en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Visto que los colectivos en situación más precaria tendrán mayores dificultades para alcanzar el derecho a pensión, el sistema de pensiones mínimas (que son de cuantía diferente según las circunstancias y clase de pensión) tenía que haberse reforzado. Se ha seguido el camino contrario. En el año 2011, el 26,65% de las pensiones de jubilación y el 33,60% de las pensiones de viudedad tenían complemento a mínimos. El complemento es la cantidad de dinero que se paga para alcanzar la pensión mínima, y que se suma a la pensión generada por cada cual según su historia de cotización. Hasta el año 2013, la cantidad no tenía límite. En las pensiones que empiecen a cobrarse a partir del 1 de enero de 2013, el complemento a mínimos no podrá ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que este año es de 364,90 euros al mes en catorce pagas. De acuerdo a las estadísticas de la Seguridad Social sobre cuantía inicial de las pensiones actualmente en vigor, el nuevo sistema de cálculo hubiese impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad a una cifra aproximada de 530.000 pensionistas, de los que el 74% serían mujeres.

El antiguo Inem lo pone más difícil todavía

Una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) difundida el 27 de mayo ha dado orden de que aquellas personas mayores de 55 años que perciban un subsidio de desempleo dejen de cobrarlo cuando cumplan los 61 años. La Cadena Ser adelantó esta noticia, que supondrá que aquellas personas que no han cotizado suficiente para jubilarse queden en un limbo hasta los 65 años establecidos actualmente.

Isabel Otxoa. Profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU

junio 19, 2013

El trabajo invisible en lucha

Iturria: Amaia Agirresarobe / Xabier Soto / naiz.info – 2013/05/17

Hay trabajos inútiles. Hay trabajos que lejos de dignificar, pervierten a las personas que los realizan. Hay muchos, demasiados, trabajos prescindibles porque no aportan nada, porque son insostenibles o porque solo son posibles gracias a la explotación de otras personas. Y también hay trabajos imprescindibles, pero que no dejan huella. Son los trabajos invisibles, aquellos que no vemos a pesar de que se realicen delante de nuestros ojos, a pesar de que sean fundamentales para garantizar las necesidades de nuestras vidas. Su máximo exponente es el trabajo de cuidados.

El trabajo de cuidar la vida es invisible porque no genera prestaciones sociales, tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales, invisible porque está oculto dentro de los hogares, invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo, invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida, invisible porque lo realizan las mujeres. Así, se da por hecho que nadie debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos porque el cuidado de las personas no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque, de todas formas, y gracias a las mujeres, siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen.

La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección ínfima de la administración pública, casi nunca salta al terreno del debate público y, cuando lo hace, es porque los cuidados faltan y porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos, y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir.

Excepcionalmente, el menosprecio de esta realidad, permanentemente invisibilizada, ha salido a la luz través del conflicto desatado entre el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. A diferencia del resto de administraciones, la Diputación de Gipuzkoa ha dado el paso de defender una mejora de las condiciones laborales para el sector, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no sólo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas. En esta ocasión, los derechos de las personas cuidadoras, relegadas al olvido y a una lucha desigual dentro de los muros de una empresa privada, son parte de la preocupación de una institución pública. Así, el conflicto entre la Diputación y la patronal es un enfrentamiento contra la avaricia de las empresas, interesadas en primar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad de los servicios de los cuidados. Pero, sobre todo, este conflicto supone también la reivindicación de la responsabilidad pública en la cobertura de los cuidados frente a la extensión impune de la lógica privada en el cuidado de la vida de la ciudadanía. Un paso en la necesaria apuesta por situar el mantenimiento de la vida y no los intereses del capital en el centro de las políticas públicas.

Así, en el trasfondo de este conflicto está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo, marcado por la creciente privatización de los servicios, y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. Lo que está en juego son los derechos de todos y todas y el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente donde las empresas han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la administración pública.

Por lo tanto, no nos equivoquemos, la lucha de las mujeres que hoy en Gipuzkoa han decidido estar en la calle defendiendo sus derechos supone todo un desafío al modelo actual, y esto duele a sus valedores, interesados en mantener los cuidados invisibles, fuera de la intervención pública, lejos de los focos del debate público, allí donde el negocio y el lucro prevalecen sobre los derechos de todas las personas. La lucha de estas mujeres es también una lucha feminista, una lucha por unos cuidados dignos para todas las personas. Y su visibilización y defensa, ¡nos concierne a todos y todas!

junio 13, 2013

El interés del Banco Mundial en el recorte de nuestras pensiones

Iturria: Carlos Gómez Gil / Rebelión.org – 2013/06/13

La aprobación del informe para la reforma del sistema de pensiones realizado por el grupo técnico designado por el Gobierno , anuncia lo que será un recorte efectivo de lo que, según decía el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, era una de las líneas rojas intocables; una más que cae. Desde hacía tiempo, la Troika, el FMI y el BM, además de todo el aparato político y mediático neoliberal en España, venían reclamando un recorte de las pensiones públicas, en línea con lo que se ha hecho en aquellos países sometidos a planes de rescate, como Portugal, Grecia e Irlanda, y anteriormente otros muchos.

El argumento esencial para justificar dicho recorte se basa en el aumento en la esperanza de vida, algo que parece convertirse en un costoso capricho que hay que penalizar. Sin embargo, no se ha insistido en el esfuerzo que desde hace lustros vienen desplegando el FMI y el BM para recortar al máximo el sistema público de pensiones, tratando así de trasladar estos recursos del Estado a las entidades bancarias y financieras privadas, al tiempo que rompen con un componente de solidaridad esencial de los Estados modernos para convertirlo en un componente especulativo más del capital privado.

El Partido Popular va a proceder a un recorte efectivo de las pensiones, y con ello, va a socavar uno de los escasos espacios que no había tocado hasta el momento. Para ello ha encontrado en las proyecciones demográficas y el aumento en la esperanza de vida la coartada para justificar este recorte, un argumento que coincide con las repugnantes declaraciones que se han venido haciendo desde organismos como el FMI, y con las exigencias que desde hace tiempo vienen haciendo públicas el BCE, la Comisión Europea y Alemania El argumento demográfico admite muchas lecturas contrarias a las que se dan, si bien, sería bueno que se conociera que todas las proyecciones demográficas que ha venido realizando la ONU resultaron fallidas al no contemplar la evolución de indicadores complejos. Sin embargo, lo llamativo es que todos estos sesudos especialistas, muchos de los cuales trabajan para bancos y fondos de pensiones, no se hayan dado cuenta de que lo que pone en riesgo al sistema público de pensiones en España no es que vivamos más, sino la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de liderar a nivel mundial las tasas de desempleo. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, y con ello también garantizar las pensiones futuras?

La tesis de que como la sociedad española está envejeciendo hay que reformar el sistema de pensiones porque es insostenible, ignora que, cuando se miran otras partidas presupuestarias, como el ejército, allí no hay cálculo de sostenibilidad de ningún tipo porque se plantea que hay que pagar un ejército y lo tenemos que hacer entre todos, sea cual sea su coste. Es una lógica perversa que aplicamos en función del resultado político que queremos tener, porque la lógica de la sostenibilidad también podríamos llevarla a la partida de deuda pública o a otras tantas.

Los mismos argumentos que defiende el Banco Mundial desde hace lustros

Sin embargo, lo que ahora ha pronosticado este grupo de técnicos designado por el Gobierno del PP viene siendo anunciado desde hace años por otros supuestos “expertos” que fracasaron estrepitosamente en sus anuncios de calamidades y desastres sobre las pensiones, bajo el patrocinio del propio Banco Mundial. Efectivamente, desde hace años el BM viene pronosticando la quiebra del sistema de pensiones públicas en Europa y en España, promoviendo los sistemas privados gestionados por los bancos. ¿Cuál es la razón de tanta osadía intelectual y política? Muy sencilla, el interés de recortar el Estado por un lado y transferir al sistema privado la gestión de un volumen de capital formidable derivado de los fondos de pensiones públicos.

La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de los 90 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultáneamente instituciones internacionales, como el Banco Mundial y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. En todos los casos se repetía el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.

Más aún, cuando se está analizando la propuesta de reforma contenida en el informe que se ha trasladado al Gobierno, empieza a confirmarse que el recorte propuesto es de los más duros en los países occidentales, similar al que Suecia ha llevado a cabo , pero con un mercado de trabajo y Estado del Bienestar bien distinto. Pero, qué casualidad, esa misma reforma emprendida por Suecia es la que el Banco Mundial viene reclamando aplicar al resto de países, y que ahora España pone encima de la mesa.

Los fracasados anuncios de colapso en el sistema de pensiones de España

Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera batería de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional, pasando de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros. Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe nunca llegó. Por el contrario, desde entonces, todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit. Pese a los errores en sus anuncios de desastre, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 había pronosticado que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB, una cantidad superior a los 60.000 millones de euros, la llamada “hucha de las pensiones”, una de las más elevadas entre los países occidentales.

Los efectos de las políticas de ajuste del FMI y del BM

Desde el comienzo de la década de los 90, el debate internacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones ha estado dominado por las teorías surgidas en el entorno del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, apoyadas en los planes de ajuste estructural aplicados, que defienden fuertes recortes en los sistemas de públicos pensiones acompañados de la capitalización individual a través del sector privado.

La implantación del modelo privado del Banco Mundial adolece de graves defectos, al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impiden tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables, algo particularmente grave en el mercado de trabajo de España.

Las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el BM y el FMI en los países del Este y particularmente en Chile, en el marco de sus políticas macroeconómicas, han provocado que pocos años después de su implantación la mayoría de estos países estén estudiando reformas sobre sistemas que se consideran fracasados, cuando no descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines.

Por ello, simplemente con ver el despliegue de informes realizado por el Banco Mundial exigiendo la urgente reforma de los sistemas públicos de pensiones basta para comprender los motivos reales de la reforma que se va a llevar a cabo en España. Una reforma que pretende erosionar el papel y la capacidad del Estado en la provisión de servicios esenciales, en este caso, unos recursos básicos a las personas mayores, en línea con los deseos de un capitalismo voraz, para transferir todo este capital público a las instituciones bancarias y financieras privadas.

¿Todavía creen que son solo razones demográficas las que están detrás del informe recientemente aprobado para justificar el recorte de las pensiones? Pues aquí tienen algunos de los numerosos estudios impulsados por el Banco Mundial, y que también inspiran el informe que se acaba de aprobar:

-WORLD BANK. (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press.

– WORLD BANK, (2000), Social Protection Team, Human Development Sector Unit. Europe and Central Asia Region. Balancing Protection and Opportunity: A strategy for social protection in transition economies, The World Bank, Washington DC.

– WORLD BANK, (2000), World Development Indicators on line, ( http://www.devdata

worldbank.org/data on line).

– WORLD BANK, (2000), “Modelo de reforma de los sistemas de pensiones”, Pension Reform Primer, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2000), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK, (2000), “El retiro. ¿Puede la reforma de las pensiones invertir la tendencia hacia el retiro anticipado? Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK. (2000), “La Administración Pública, 1ª Parte. ¿Invierten bien los gobiernos las reservas de pensiones? Pension Reform Primer.

– WORLD BANK. (2000), World Development Report, 2.000/2.001Attacking Poverty. The World Bank, Washington D.C.

-WORLD BANK. (2001), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer. The World Bank, Washington DC. Septiembre.

– WORLD BANK, (2001), Social Protection Sector Strategy. From safety net to springboard, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2001), “Second pillars. Provider and product selection for funded individual accounts”. WORL BANK Pension Reform Primer.

– WORLD BANK, (2001), New ideas about old age security. Toward sustainable pension systems in the 21 century. Edited by HOZLMANN, R. and STIGLITZ J.E. The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2003), Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2005), Keeping the Promise of Old Age Security in Latin America, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2006), Independent Evaluation Group, Pension Reform and the

Development of Pension Systems. An evaluation of World Bank Assistance, World

Bank, Washington DC.

junio 13, 2013

«2.800 langabe gehiago besterik ez gara. Larriena demokrazia falta da»

Iturria: Adrian Garcia / Berria.info – 2013/06/13

MARIA KONTAXI. ERT GREZIAKO TELEBISTA PUBLIKOKO KAZETARIA

Greziako Gobernuak seinalea eten arren, telebista publikoko langileek Internet bidez jarraitzen dute emititzen. Troikaren eskariei men egitea leporatzen diote gobernuari.

Haserre eta aldi berean herrialdearen patuagatik kezkatuta dago Maria Kontaxi (Atenas, 1968). ERT Greziako telebista publikoko albistegietako nazioarteko burua da. 27 urte eman ditu lanean telebistan, 18 urte zituenetik. Greziako Gobernuak telebista publikoa ixtea erabaki zuen herenegun, eta sindikatuek greba orokorrera deitu dute gaurko.

Nolako egoera duzue ERTko kazetariek?

Atzo [herenegun] arratsaldetik ERTko egoitzan gaude, ministerioak katearen itxiera iragarri zuenetik. Langileok gure gain hartu dugu telebistaren jarduna. Gobernuak telebistaren seinalea eten du, baina Internet bidez zabaltzen jarraitzen dugu.

Zergatik uste duzu gobernuak telebista ixtearen erabakia hartu duela?

Presio handia jasotzen ari da Troikatik. Sektore publikotik 2.000 lanpostu ezabatzeko agindua dute. Ez dakite zer egin, ez dute planik, eta ERT ixtea erabaki errazena zen haientzat. Gobernuarekiko fidelago izango den telebista bat nahi dute.

Oso hitz gogorrak erabili ditu Simos Kedikoglou gobernuko bozeramaileak ERTren funtzionamendu okerra salatzeko. Berregituraketa bat beharrezkoa al zuen telebistak?

Berregituraketa bat egin daiteke, horretarako plan bat badago. Berregituraketak justua izan behar du, bai langileentzat, bai greziarrentzat. Greziako herritarrek finantzatzen dute telebista ordainsariaren bidez, dirua ez dator gobernuaren aurrekontuetatik. Ondo egitekotan, berregituraketa barrutik egin behar da. Kedikoglou jaunak ustelak deitzen gaitu? Aurreko urteetan hark eta haren aurretik egondakoek etengabean euren laguntxoak jarri dituzte ERTn lanean. Gu ez gara egoera honen arduradunak; politikariek eta haien gertukoek sortu dute. 800 euroko soldata jasotzen genuen telebista publikoko kazetariek. Bizpairu hizkuntza hitz egin eta ikasketa maila altuak dituzten langileentzat soldata duina al da?

Egun batean telebista publikoa itxi du gobernuak. Greziako demokraziaren gainbeheraz beldur al zara?

Bai, noski. Oso larria da. Ez da bakarrik gure lanpostuak galdu ditugula. Hori gutxienekoa da. Ez gara langabe bakarrak Grezian, beste 2.800 gehiago gara, besterik ez. Larriena da gure herrialdean demokraziarik ez dugula. Telebista publikorik ez duen Europako Batasuneko herrialde bakarra gara.

Zein urrats egingo dituzue aurrerantzean?

Amaierara arte jarraituko dugu. Poliziak kanporatu arte gure lana egiten jarraituko dugu. Ez dugu amore emango; indarrean eraman beharko gaituzte. Telebista hau herriarena da, eta gu herriarekin gaude. Herriak erabaki behar du zer egin telebista publikoarekin, ez Samaras jaunak [Greziako lehen ministroa]. Kazetariak gara, eta gure lana egin nahi dugu.

Zer deritzozu gobernuaren telebista berriro irekitzearen asmoari?

Bai, berriro irekiko dute, baina haien neurrira egindako telebista izango da. Herritar orori eragiten dion erabakia da, langileekin, sindikatuekin, herritarrekin eztabaidatu beharrekoa. Ez dira erabaki errazak, modu horretan, alde bakartasunez hartzeko. Hedabideen sektorea oso kaltetuta geratuko da. Ireki behar duten telebista berria askoz ere malguagoa izango da gobernuarekin. Gainontzeko kate pribatuak dirudun gutxi batzuen esku daude. Oso arazo larria da, greziarrek ahotsa galdu dute.

Elkartasun uholdea jaso duzue gizartetik. 

Bai, jende askoren babesa jaso dugu, Grezia osotik. Medikuak, irakasleak… langile guztiek euren sostengua erakutsi digute. Halere, badago jendea sektore publikoa arazoaren muina dela pentsatzen duena. Egia da ez duela ondo funtzionatzen, baina ez da sektorearen errua; politikariek egin dute horrela.

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junio 13, 2013

Los acampados en el Hospital Donostia llevan 8.000 firmas de apoyo

Iturria: Gara.net – 2013/06/13

Los trabajadores del Hospital Donostia que llevan adelante una acampada desde el pasado 3 de junio contra los recortes en Osakidetza hicieron ayer una primera valoración de las protestas y destacaron que en poco más de una semana han conseguido 8.000 firmas de apoyo a su causa.

Representantes de la plataforma de trabajadores informaron de que muchos usuarios se han acercado a la acampada para mostrar su apoyo a los empleados y hacer llegar sus preocupaciones sobre el funcionamiento del servicio público de salud.

La plantilla, por su parte, tiene como objetivo denunciar los recortes acometidos durante los últimos meses, entre los que destacan el aumento de jornada, vía decreto, hasta las 1.610 horas, poniendo fin así a las históricas 35 horas semanales.

Reivindican, asimismo, que se ponga fin a las «peonadas» -como se denomina a las horas extra en Osakidetza- y a las políticas de destrucción de empleo.

En una nota informativa, denunciaron la falta de voluntad negociadora por parte de Osakidetza en torno al aumento de jornada y anunciaron que continuarán con las protestas mientras los recortes sigan adelante.

junio 9, 2013

Entrevista Vicenç Navarro y Juan Torres: “Lo que debes saber para que no te roben la pensión”

Iturria: rtve.es – 2013/06/06

PENSIONES DE JUBILACIÓN. La crisis económica, el paro, las prejubilaciones y el aumento de la esperanza de vida hacen que nos planteemos si habrá pensión de jubilación para todos. Sobre el tema, Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, y Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, han escrito “Lo que debes saber para que no te roben la pensión”, un texto que trata de poner las cosas en su sitio de la forma más clara posible.

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