Archive for ‘Iritziak’

junio 25, 2013

El aumento de deuda se debe a las ayudas a la banca, no al gasto público

Iturria: Eduardo Garzón / La Marea – 2013/06/24

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Todavía los hay que no son capaces de ver que si hoy día el Estado español presenta un elevado nivel de deuda pública (aunque todavía inferior al de otros países importantes, como Francia o Bélgica) es debido fundamentalmente a las ayudas públicas al sector bancario español (a cajas de ahorros, pero también a bancos) y a los desmedidos pagos por intereses de deuda pública, y no porque el Estado tenga un gasto corriente (gasto social, gasto en educación, gasto en sanidad, gasto en pensiones, gasto en administraciones…) excesivo. Esto último es el mensaje que se transmite, a través de los grandes medios de comunicación, desde los grandes grupos económicos y políticos interesados en camuflar la crisis financiera y hacerla pasar por una crisis fiscal. Mensaje que, desgraciadamente, está calando en buena parte de la población.

Pero vamos a refutar esta falsa creencia.

A finalizar el año 2008, cuando en España todavía no se había ayudado con dinero público a ninguna entidad financiera, la deuda pública alcanzaba los 358.425 millones de euros (el 40,20% del PIB; un nivel más que razonable). A finales de 2012, esta cantidad casi se había duplicado al presentar 688.231 millones de euros (un 84,20% del PIB). Es decir, en cuatro años el volumen de deuda pública se incrementó en 329.806 millones de euros (un aumento del 44% del PIB) (1).

Vamos a ver ahora por qué se tuvo que endeudar tanto el Estado español. Por un lado, se endeudó para inyectar dinero en las entidades financieras. Por otro lado, se tuvo que endeudar para pagar los intereses de esa deuda que iba aumentando rápidamente. Por último, también se tuvo que endeudar para suplir los gastos corrientes que no cubría con los escasos ingresos fiscales (gasto social, gasto en educación, etc).

Calculamos primero la cantidad total de dinero tomó prestado el Estado para ayudar al sector financiero español (2).

  • En concepto de inyecciones directas de capital (consistentes en aportar dinero directamente a las entidades), el Estado español ha gastado 59.130 millones de euros.
  • En concepto de adquisición de activos (consistentes en comprarle a las entidades una serie de activos, como los tóxicos acaparados por el banco malo), el Estado español ha gastado 71.821 millones de euros.
  • En concepto de créditos por parte del ICO y del FROB (consistentes en otorgar préstamos a las entidades), el Estado español ha gastado 3.099 millones de euros.
  • En concepto de participaciones y bonos preferibles convertibles (consistentes en financiar a las entidades a través de títulos de renta fija), el Estado español ha gastado 2.033 millones de euros.

En total, desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas.

Ahora veamos cuánto se ha tenido que endeudar el Estado para poder pagar los intereses de deuda pública que tiene que abonar cada año (3).

En 2009 el Estado tuvo que pagar 17.400 millones de euros; en 2010, 23.200 millones de euros; en 2011, 27.400; y en 2012, 28.848. Esto hace un total de 96.848 millones de euros. Es decir, de todo lo que se ha endeudado el Estado desde 2009, un 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses.

El resto, 96.875 millones de euros, (un 29,36% de todo el aumento de deuda desde 2009) es la cantidad que ha tenido que tomar prestada el Estado para suplir sus gastos corrientes.

Grosso modo, y para hacernos una idea aproximada, podemos decir que desde 2009 a finales de 2012, la cantidad de deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.

En conclusión, el vertiginoso aumento de deuda pública no se debe al excesivo gasto público corriente, como reza el mantra al que nos tienen acostumbrados, sino que se debe a la acción conjunta de las ayudas a la banca –fundamentalmente–, al pago de intereses de deuda pública, y al gasto corriente que excede los escasos ingresos fiscales.

Notas:
(1) Datos de Eurostat. Disponibles en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true

(2) Todos los datos de ayuda a la banca son oficiales y han sido consultados en el magnífico documento realizado por el compañero de ATTAC-Madrid Carlos Sánchez Mato. Sánchez, C. (2013): Las ayudas públicas al sector bancario español. Disponible en http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf

(3) Datos recogidos de los libros amarillos de los Presupuestos Generales del Estado. Disponibles en http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx

 

junio 25, 2013

Las recetas del FMI: ¡Más madera!

Iturria: Fernando Luengo / Publico.es – 2013/06/23

Tras varios años de ajuste salarial durísimo, sin precedentes en la reciente historia de nuestro país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha descolgado con un nuevo informe. ¿Cuál es la “recomendación” de este organismo? La de siempre, la que lleva predicando e imponiendo desde hace décadas: reducir los salarios.

Transitar el mismo camino, una y mil veces si es necesario. ¿Qué importa que los resultados obtenidos por los gobiernos comprometidos con las políticas de “devaluación interna” y por la troika hayan cosechado un rotundo fracaso?: pérdida masiva de puestos de trabajo, altos niveles de desempleo y debilidad de la actividad inversora, y como consecuencia de todo ello estancamiento o mínimo e insuficiente crecimiento económico.

Para valorar la nueva (vieja) propuesta del FMI y sopesar las consecuencias de seguir por idéntica senda, no está de más recordar lo sucedido en los últimos años (toda la información está tomada de la Oficina Estadística de la Unión Europea y se refiere al periodo comprendido entre 2009 y 2013; para este último ejercicio, los datos son estimaciones).

Entre esos dos años, el indicador de compensación nominal por empleado en la economía española habrá aumentado en algo menos del 2%. El crecimiento será algo inferior en Portugal, mientras que en Grecia el retroceso acumulado en ese periodo será del 16%. Si presentamos ese mismo indicador en términos reales, es decir descontando el crecimiento de los precios, los datos son todavía más llamativos y contundentes: la pérdida de capacidad adquisitiva en la economía española habrá sido del 7%, del 6% en Portugal y del 22% en Grecia.

Téngase en cuenta que, por definición, los indicadores promedio compensan y ocultan las posiciones extremas. Importante precisión, pues en estos últimos años ha continuado abriéndose la tijera salarial (forman parte de la categoría salario los ingresos recibidos por los trabajadores menos cualificados, que se encuentran en los segmentos más precarios del mercado laboral, y las retribuciones de los altos directivos y ejecutivos de las firmas). No hay duda, desde esta perspectiva, que, si excluimos aquellos grupos que detentan posiciones de privilegio en las empresas, la degradación salarial será todavía más pronunciada, tanto en lo que concierne a los salarios nominales como a los reales.

Al mismo tiempo, ha proseguido la destrucción de puestos de trabajo. Entre 2009 y 2013 en la economía española se habrán destruido más de 2 millones de puestos de trabajo (cantidad que supone algo más del 11% del empleo inicial); en Portugal se habrá superado la cifra de 500.000 (11% de los que existían en 2009); en Grecia habrán desaparecido más de 900.000 (un 19%). Con estos registros, los datos de desempleo se han disparado al alza. En España el número de personas desempleadas habrá crecido en más de dos millones de personas, Portugal superará las 800.000 y Grecia se acercará a las 400.000. En términos porcentuales, en nuestra economía la tasa de desempleo alcanzará en 2013 el 27% (9 puntos porcentuales más que en 2009); esa tasa se situará en Portugal en el 18% (8 puntos por encima del umbral alcanzado en 2009); y en Grecia en el 27% (casi 18 puntos más que en ese año).

El resultado de la congelación o caída de los salarios, más la destrucción de puestos de trabajo, significa que los salarios han perdido peso en el ingreso nacional. En España esa ratio transitará desde el 58%, en 2009 al 52%, en 2013; en Portugal, desde el 60% al 55%; y en Grecia, desde el 56% al 48%.

¿Ninguna lección que extraer de esta deriva? ¿Ninguna responsabilidad de las políticas económicas aplicadas? Parece que no. Escandaliza que con este balance se postulen las mismas recetas, atemporales e indestructibles, cuya perseverancia sólo se puede explicar por la carga ideológica de quien las formula y por los intereses – inconfesables, aunque cada vez más evidentes- que defienden. Al fin y al cabo, sí están consiguiendo uno de los objetivos que se proponían: hacer que los trabajadores paguen la crisis. Ni más, ni menos.

Fernando Luengo –
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo EconoNuestra

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junio 25, 2013

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Iturria: Eduardo Garzón Espinosa / Attac – 2013/06/24

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

evolución-deuda-por-administraciones

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español.

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

junio 25, 2013

Movilización contra el aumento del paro y la pobreza mientras se presentaba ante el Ayuntamiento de Barakaldo el periódico contra los recortes

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/06/24

Aumentan las situaciones de pobreza en Barakaldo

Esta mañana se ha entregado en el registro municipal varios lotes de comida parecidos a los que reciben semanalmente las 130 familias que se acercan al Banco de Alimentos de Barakaldo.

Hay que tener en cuenta que 3.400 personas se han acercado al Banco de Alimentos en lo que llevamos de año; 130 familias pasan a la semana por esta institución benéfica para poder subsistir. A lo que debemos sumar que el comedor social de Cáritas atiende a una media de 120 personas por día.

Periódico Monográfico contra los recortes y chanchullos municipales

Además, en el transcurso de esta movilización se ha presentado el octavo número del periódico que edita la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales “Berri-Otxoak”.

A lo largo de estos días se han distribuido ya los 11.000 ejemplares que se han editado para denunciar las actuales situaciones de desempleo y pobreza de la localidad. También se recogen artículos donde se denuncian los continuos tratos de favor, enchufismos, fraudes y despilfarro de los recursos económicos públicos que se producen a diario en Barakaldo; o la carestía de la vivienda o los altos precios de la cesta de la compra.

y el incremento del paro y la carestía de la vida  

Mientras esto ocurre los Servicios Sociales Municipales se encuentran saturados por la actual situación de crisis económica y un alarmante aumento del desempleo (10.166 personas en paro. En tan sólo un año se ha incrementado en un 11%. El 58% -5.894 personas- no perciben ningún tipo de prestación o subsidio); con decenas de familias desahuciadas de su vivienda (5 familias son expulsadas de sus casas a la semana: 253 familias en el conjunto del 2012); con unas de las tasas más altas de precariedad laboral (21.500 personas con empleos precarios); con el precio de la cesta de la compra por las nubes: Barakaldo es la segunda ciudad más cara del estado español a la hora de hacer la compra.

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

[youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s5dvuWalqwY]
junio 24, 2013

Verdades y mitos sobre el fraude fiscal en España

Iturria: contrapoder.es – 2013/06/23

Resulta llamativo que según el último estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal el 82% de los españoles crea que los impuestos ‘no se cobran con justicia’ y que el 84% afirme que existe ‘mucho o bastante fraude fiscal’. Pero ¿cuánto se defrauda a Hacienda? ¿quién lo hace?

¿Cuanto se defrauda a Hacienda?

Los datos sobre el montante total de fraude fiscal dependen de que estudio se observe. La mayoría de los expertos coinciden en que la cifra de fraude fiscal en España está en torno a los 70.000M€ (más de 11 billones y medio de las antiguas pesetas). Esta cifra representa el doble de la media de la Unión Europea y coloca a España en los líderes del fraude fiscal a nivel mundial.

Tabla extraída del informe ‘The Tax Justice Network’

¿Quien defrauda a Hacienda?

Es muy habitual oir las frases ‘todos los empresarios defraudan’, ‘los autónomos no pagan el IVA’ y ‘todo el mundo defrauda a Hacienda’. Pero, ¿es esto verdad?

Según el Informe que elaboró el Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España es consecuencia de grandes fortunas, corporaciones empresariales y bancarias y grandes empresas. Este porcentaje supone 3 veces más del que le corresponde a pequeñas empresas y autónomos.

De esta forma, casi tres cuartas partes del fraude fiscal español está en las cerca de 42.000 grandes empresas que hay en España. Mientras que las pymes que son cerca de 1.400.000 y los autónomos generan el 23´6% del fraude. Por su parte, a las familias se les puede imputar el 2’4% del fraude fiscal total.

 

Con estos datos para cualquier Gobierno debería ser una prioridad la lucha contra el fraude fiscal, sin embargo nuestro Gobierno (como muchos otros) mira hacia otro lado en la persecución del fraude fiscal y reduce el número de inspectores de Hacienda (que ya es bastante bajo en comparación con la media de la Unión Europea).

Y luego nos dirán que no hay dinero para sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc. Y lo que es peor, muchos se lo creerán.

 

junio 21, 2013

ELA considera muy “negativo” el convenio del metal que “ya no es de mínimos” en Nafarroa

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/06/21

Delegados del sector del Metal de ELA han analizado hoy en una asamblea el convenio colectivo para la industria siderometalúrgica de Navarra firmado por UGT, CCOO y la patronal y que han calificado como “muy negativo” ya que, “por desgracia, no es el convenio de mínimos que era”.

Así lo ha manifestado a Efe el responsable del Metal de ELA, Jokin Arbea, quien ha sostenido que esto hace que “para defender las condiciones laborales y los salarios el único marco que queda es el de la empresa”.

Arbea se ha pronunciado en este sentido en el transcurso de la concentración que ha tenido lugar tras la asamblea frente al Palacio de Navarra.

El convenio, que afecta a unos 30.000 trabajadores, es considerado como “muy negativo” por parte de ELA, porque “modifica muchos y variados artículos empeorando las condiciones de los trabajadores del sector” en cuestiones como las vacaciones o el régimen disciplinario, según ha apuntado el sindicalista.

Asimismo ha señalado que “los salarios los pueden modificar a su antojo, ya que no recoge ninguna cláusula que de garantía a los trabajadores frente a las últimas reformas tan agresivas que ha habido con la reforma de Rajoy”, por lo que se abre “un escenario muy complicado, muy difícil, pero no por ello menos ilusionante y menos realista que es el de los convenios de empresa”.

“El convenio de empresas es el marco bajo el que un trabajador puede decir que sus condiciones se tienen que respetar en la empresa”, ha sostenido en este sentido, por lo que ha instado a trabajar “muy duramente para que todos los trabajadores del sector tengan su propio convenio y recogidas sus condiciones mínimas de aplicación”.

En su opinión, la pretensión de los sindicatos firmantes y de la patronal es la de ser ellos “quienes manejen y puedan hacer lo que quieran en las empresas del sector saltándose la representatividad que pueden tener otros sindicatos como ELA”. Al respecto ha indicado que la representación es prácticamente de un 30 % en cada uno de los sindicatos.

Arbea ha precisado que “esto no es gratuito” y en este sentido ha aludido a los “últimos cuarenta millones que acaban de decidir tanto UPN, como PSN e I-E que se destinen a la CEN, UGT y CCOO para gestionar el empleo en Navarra”, cuando, ha añadido, saben que “lejos de mejorar la materia lo único que han hecho es que la temporalidad de los contratos siga en torno al 93 % y no han hecho nada”.

El sindicalista ha comentado que en la Comunidad Autónoma Vasca como consecuencia de una semana de huelga en el sector más de ochenta empresas han conseguido un convenio “haciendo que sus condiciones sean mínimas y de aplicación”.

En Navarra ha reconocido que julio es un mes complicado, pero tienen previsto mantener reuniones en las empresas con el objeto de concienciar al sector de que “el convenio del metal no es el convenio de mínimos que era”.

junio 21, 2013

Nuevo número del periódico contra los recortes del Ayuntamiento de Barakaldo

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/06/21

Editado el Octavo Número del Periódico Monográfico

Este periódico es una recopilación de noticias sobre la nefasta gestión política y social impulsada por el Ayuntamiento de Barakaldo. Noticias que reflejan una realidad bastante desoladora, por cierto. Se distribuirán 11.000 ejemplares de forma gratuita en todas las paradas de metro de la localidad. 

contra los recortes y los chanchullos del Ayuntamiento de Barakaldo

Periódico que servirá para denunciar la pésima gestión del Ayuntamiento de Barakaldo y sus continuos recortes en los servicios sociales; el aumento del paro, los desahucios, las familias atendidas por el Banco de Alimentos o el Comedor Social de Cáritas; los sueldos millonarios de los políticos del Equipo de Gobierno; los casos de enchufismos, las adjudicaciones a dedo o los tratos de favor aplicados desde el consistorio (ex)fabril; el despilfarro de los recursos económicos municipales; o la desatención en materia de dependencia… Todas estas situaciones se recogen en las 8 páginas a color de este periódico 08_Número Periódico contra los recortes y chanchullos municipales>

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
Portada
junio 20, 2013

Pensiones: ¿demografía o lucha de clases?

Iturria: Juan Torres López / Público.es – 2013/06/07

Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.

Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?

Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.

Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.

Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.

Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para “demostrar” lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060…. Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.

Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.

En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.

En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.

Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.

Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.

Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.

Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.

Pongamos un ejemplo muy fácil.

Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.

Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).

Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.

Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.

Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.

En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.

Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.

junio 19, 2013

El trabajo invisible en lucha

Iturria: Amaia Agirresarobe / Xabier Soto / naiz.info – 2013/05/17

Hay trabajos inútiles. Hay trabajos que lejos de dignificar, pervierten a las personas que los realizan. Hay muchos, demasiados, trabajos prescindibles porque no aportan nada, porque son insostenibles o porque solo son posibles gracias a la explotación de otras personas. Y también hay trabajos imprescindibles, pero que no dejan huella. Son los trabajos invisibles, aquellos que no vemos a pesar de que se realicen delante de nuestros ojos, a pesar de que sean fundamentales para garantizar las necesidades de nuestras vidas. Su máximo exponente es el trabajo de cuidados.

El trabajo de cuidar la vida es invisible porque no genera prestaciones sociales, tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales, invisible porque está oculto dentro de los hogares, invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo, invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida, invisible porque lo realizan las mujeres. Así, se da por hecho que nadie debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos porque el cuidado de las personas no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque, de todas formas, y gracias a las mujeres, siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen.

La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección ínfima de la administración pública, casi nunca salta al terreno del debate público y, cuando lo hace, es porque los cuidados faltan y porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos, y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir.

Excepcionalmente, el menosprecio de esta realidad, permanentemente invisibilizada, ha salido a la luz través del conflicto desatado entre el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. A diferencia del resto de administraciones, la Diputación de Gipuzkoa ha dado el paso de defender una mejora de las condiciones laborales para el sector, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no sólo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas. En esta ocasión, los derechos de las personas cuidadoras, relegadas al olvido y a una lucha desigual dentro de los muros de una empresa privada, son parte de la preocupación de una institución pública. Así, el conflicto entre la Diputación y la patronal es un enfrentamiento contra la avaricia de las empresas, interesadas en primar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad de los servicios de los cuidados. Pero, sobre todo, este conflicto supone también la reivindicación de la responsabilidad pública en la cobertura de los cuidados frente a la extensión impune de la lógica privada en el cuidado de la vida de la ciudadanía. Un paso en la necesaria apuesta por situar el mantenimiento de la vida y no los intereses del capital en el centro de las políticas públicas.

Así, en el trasfondo de este conflicto está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo, marcado por la creciente privatización de los servicios, y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. Lo que está en juego son los derechos de todos y todas y el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente donde las empresas han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la administración pública.

Por lo tanto, no nos equivoquemos, la lucha de las mujeres que hoy en Gipuzkoa han decidido estar en la calle defendiendo sus derechos supone todo un desafío al modelo actual, y esto duele a sus valedores, interesados en mantener los cuidados invisibles, fuera de la intervención pública, lejos de los focos del debate público, allí donde el negocio y el lucro prevalecen sobre los derechos de todas las personas. La lucha de estas mujeres es también una lucha feminista, una lucha por unos cuidados dignos para todas las personas. Y su visibilización y defensa, ¡nos concierne a todos y todas!

junio 18, 2013

SIN CONVENIOS LABORALES

Iturria: naiz.info – 2013/06/18

Más de un año después de su aprobación, los efectos de la reforma laboral se siguen dejando notar. A la imparable crecida del desempleo cabe sumar ahora la fecha del 7 de julio, en la que numerosos convenios laborales dejarán de tener validez, debido al límite de un año de la ultractividad impuesto por la reforma.

Imagen de la última huelga general en Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)

Imagen de la última huelga general en Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)

El fin de la ultractividad tiene como consecuencia que las empresas podrán imponer convenios estatales o, en último término, el Estatuto de los Trabajadores.

El próximo 7 de julio, un año y cinco meses después de que el Consejo de Ministros aprobase la reforma laboral, se hará efectiva una de las amenazas que conllevaba esta reestructuración del mercado laboral. De la noche a la mañana, cientos de trabajadores se quedarán sin el convenio colectivo con el que trabajaban hasta ahora, quedando a expensas de convenios de instancias superiores –sectoriales y estatales– o directamente bajo el marco del Estatuto de los Trabajadores, lo que supondrá una rebaja importante de las condiciones laborales.

Esto será así debido al límite de un año que la reforma laboral impone a la ultractividad, que es el periodo de tiempo entre el fin de un convenio laboral y la firma de otro, durante el cual se sigue aplicando el anterior convenio. Hasta el año pasado, la duración de la ultractividad era indefinida, es decir, que el convenio caducado se seguía aplicando hasta no tener uno nuevo. Lo que cambia con la reforma laboral es que la ultractividad se aplica tan solo durante un año, al término del cual el convenio anterior queda sin validez pese a la ausencia de uno nuevo, lo que permite a las empresas imponer convenios acordados en instancias superiores. Eso es lo que ocurrirá por primera vez de forma masiva el próximo 7 de julio.

La mayoría sindical vasca hace ya meses que denuncia la situación y lucha por cambiarla. Según cálculos de LAB, unos 320.000 trabajadores se verán perjudicados por el fin de la ultractividad en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, suma que ronda los 400.000 trabajadores teniendo en cuenta a Nafarroa –aunque los datos en este herrialde no han podido ser verificados completamente, debido a la diferente mayoría sindical–.

La secretaria de negociación colectiva de LAB, Garbiñe Aranburu, advierte de que el fin de la ultractividad supone «una pérdida espectacular». «En la práctica supone que vamos hacia una individualización de las relaciones laborales, profundizando en la división de la clase trabajadora». De la misma manera, el responsable de negociación colectiva de ELA, Joseba Villarreal, advierte de que la nueva situación supondrá que «el trabajador quede a expensas de la decisión del empresario». Villarreal también denuncia que «como a partir de julio podrán decidir aplicar otras condiciones laborales, la patronal no firma ningún convenio con un contenido mínimo», lo que mantiene bloqueadas la mayoría de negociaciones.

¿Cómo hacerle frente?

Las movilizaciones de los sindicatos vascos están a la orden del día, como ya se pudo ver en la huelga general del pasado 30 de mayo o se puede observar en las diversas huelgas que están llevando a cabo sectores como el del Metal. Pero Aranburu avisa: «No prevemos que el 8 de julio todas las empresas digan que empezarán a aplicar los convenios estatales, pero sí que se dará una progresiva desregulación». Por eso advierte de que las movilizaciones se darán «antes del 7 de julio y después». Por su parte, Villarreal señala que «como en los últimos años, la movilización es para nosotros el único camino: la organización en las empresas, la sindicalización y las movilizaciones en todos los sectores y empresas que se pueda».

Un camino que Aranburu comparte, pero con matices: «El debate no es si en una empresa o en un sector se le hace mejor frente a la reforma, lo que hay que buscar es una salida a todos los trabajadores y eso no se puede negociar solo en los sectores, el debate debe ser sobre qué estrategia de lucha es la más efectiva ante la posición de fuerza que tiene ahora la patronal». «Al final, el alcance de la reforma la marcará nuestra capacidad de responder y crear conflicto», declara Aranburu, quien añade que «la patronal tiene una herramienta poderosa en sus manos, pero aquí no les vale lo que les vale en otros lugares del Estado, existe otra mayoría sindical, otra correlación de fuerzas». «Nuestra situación es complicada, pero su situación no es tan buena como se la han imaginado», concluye.

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