Archive for junio 19th, 2013

junio 19, 2013

ELA y LAB convocan huelgas en Gerdau de Basauri hasta el próximo 7 de julio

Iturria: abc.es – 2013/06/19

Los sindicatos ELA y LAB han convocado huelga en la fábrica que el grupo siderúrgico Gerdau tiene en Basauri (Bizkaia) para las próximas dos semanas, hasta el próximo 7 de julio, en demanda del convenio colectivo.

Ambas centrales han legalizado la convocatoria con la intención de que sea refrendada en las asambleas de trabajadores que está previsto que se celebren el próximo viernes en la factoría vizcaína, han señalado a Efe fuentes de ambos sindicatos.

Con esta iniciativa, ELA y LAB, que son minoría dentro el comité de empresa, optan por un endurecimiento de las movilizaciones que vienen protagonizando los trabajadores del grupo siderúrgico en la planta de Basauri.

Convocados por el comité de empresa, los trabajadores vienen secundando los lunes, viernes y sábados de este mes jornadas de huelga en demanda del convenio y en rechazo a la pretensión de la dirección de descolgarse de las condiciones laborales pactadas.

ELA y LAB han legalizado su convocatoria de huelga para el resto de los días de junio a los que no afecta el llamamiento del comité y para la primera semana de julio.

Por su parte, el coordinador de UGT-Gerdau, Paco Antúnez, ha criticado que ELA y LAB hayan convocado paros “sin contar” con el resto de los sindicatos” y “rompiendo la unidad sindical”.

Según ha indicado a Efe, estas “posturas unilaterales” suponen poner dificultades a la parte sindical y causan “desconcierto” entre los trabajadores.

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junio 19, 2013

ELA, CC.OO., LAB y UGT convocan el día 20 un paro en el sector de Hormigones y Canteras de Bizkaia

Iturria: diario.es – 2013/06/13

ELA, CC.OO., LAB y UGT han convocado un paro de 24 horas para el próximo día 20 en el sector de Hormigones y Canteras de Bizkaia, con el objetivo de “blindar” las condiciones laborales de los trabajadores, según han informado en un comunicado.

Los representantes sindicales han denunciado que, tras las reuniones mantenidas con la patronal del sector de Hormigones y Canteras de Bizkaia, “la situación actual es de no avance y, más si cabe, después de la última reunión que sirvió para reafirmar por parte de la patronal su inmovilismo en los artículos de flexibilidad, descuelgue salarial e inaplicación de las condiciones de trabajo”.

Por ello, los cuatro sindicatos han decidido, tras realizar asambleas en los centros de trabajo, convocar un paro de 24 horas para el próximo 20 de junio.

“Nuestro objetivo –han asegurado los representantes de las cuatro centrales sindicales– es blindar las condiciones laborales de los trabajadores del sector”.

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junio 19, 2013

Un acceso casi vedado a las pensiones contributiva

Iturria: Isabel Otxoa / diagonalperiodico.net – 2013/06/03

Si no ha comenzado a trabajar a los 26 años y si, comenzando a esa edad, ha interrumpido sus periodos de cotización tendrá difícil jubilarse a los 65 años

DAVID FERNÁNDEZ

DAVID FERNÁNDEZ

La velocidad y amplitud de los recortes en la protección de la Seguridad Social ha propiciado un debate en el que la atención se ha centrado en las reformas que afectaban a la población ocupada, y dentro de ésta a quienes tienen empleo estable. Las reformas han consistido en crear condiciones de acceso más exigentes a las pensiones, como en la jubilación anticipada y la parcial, y condicionar la posibilidad de jubilación ordinaria a períodos más largos de cotización y una mayor edad. Así es que la cuantía de las prestaciones va a disminuir en general porque las condiciones de cálculo serán más duras, pero para una parte de la población la cuestión será otra: la imposibilidad de acceder a las pensiones, o el acceso en cantidades irrisorias. En el transcurso de cinco años han cambiado las reglas de juego, en algunos casos sin apenas período de transición. Es el caso del salto del tiempo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación, que hasta el año 2007 era de 12 años y 10 meses y debía pasar gradualmente a los 15 años hasta 2013. El informe del Gobierno español al Pacto de Toledo de 2008 indicaba que el salto a los 15 años afectaría a 90.000 mujeres y 30.000 hombres en edades cercanas a la jubilación. La gradualidad de la medida se eliminó en 2010.

En el caso de quienes logren acceder a la pensión de jubilación con carreras cortas, los recortes generales tendrán un impacto especial. Al haberse ampliado el período a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde los 15 hasta los 25 años anteriores a la jubilación, personas que cumplan el período mínimo para el acceso a la pensión, que –por el momento– sigue siendo 15 años, pero no lleguen a los 25 que se tomarán para el cálculo de la base, tendrán un vacío de cotización. El sistema de cobertura también ha sufrido una radical rebaja en el Régimen General y supone la nula cobertura en el caso de los Regímenes de Autónomos y el Sistema Especial de Hogar. La extensión del período de cómputo deja a la gente más expuesta a circunstancias que le hagan bajar la base, como cotizaciones a tiempo parcial, vacíos de cotización debidos a salidas del mercado laboral, períodos de percepción del subsidio de desempleo…

Períodos bajos de cotización

Los 38 años y seis meses de cotización que se exigen para acceder a la jubilación a los 65 años exigirían haber comenzado a trabajar en la economía formal desde los 26 años y medio, y no haber interrumpido nunca la cotización, lo que en las condiciones del mercado laboral actual resulta un planteamiento estratosférico para una parte importante de la población. La intermitencia en los contratos, el trabajo a tiempo parcial, los servicios en la economía sumergida… van a dar como resultado períodos muy inferiores de cotización. Lo mismo cabe decir de la exigencia de 37 años de cotización para la pensión del 100%, que tendrá como resultado la reducción generalizada de la cuantía de las prestaciones. También tendrá su efecto a medio plazo la imposición cada vez más frecuente del alta en Autónomos para trabajar en lo que en realidad es trabajo por cuenta ajena. Las personas obligadas a darse de alta lo harán casi siempre en la base mínima posible, porque para escoger otra serían precisos dos elementos: ingresos altos y estabilidad laboral. La reforma de la Ley de Depen­dencia en julio de 2012 suprimió el abono del Convenio Especial con la Seguridad Social a cargo de la Administración del Estado en favor de quienes estaban cuidando en el entorno familiar. Afectó en su momento a las 180.021 personas beneficiarias del Convenio, de las que el 92,5% eran mujeres. A 1 de marzo de 2013, las personas que tienen suscrito el Convenio, que ahora corre ya totalmente de su cuenta, son 20.993. A la vista queda que este ha sido uno de los recortes más brutales con efectos en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Visto que los colectivos en situación más precaria tendrán mayores dificultades para alcanzar el derecho a pensión, el sistema de pensiones mínimas (que son de cuantía diferente según las circunstancias y clase de pensión) tenía que haberse reforzado. Se ha seguido el camino contrario. En el año 2011, el 26,65% de las pensiones de jubilación y el 33,60% de las pensiones de viudedad tenían complemento a mínimos. El complemento es la cantidad de dinero que se paga para alcanzar la pensión mínima, y que se suma a la pensión generada por cada cual según su historia de cotización. Hasta el año 2013, la cantidad no tenía límite. En las pensiones que empiecen a cobrarse a partir del 1 de enero de 2013, el complemento a mínimos no podrá ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que este año es de 364,90 euros al mes en catorce pagas. De acuerdo a las estadísticas de la Seguridad Social sobre cuantía inicial de las pensiones actualmente en vigor, el nuevo sistema de cálculo hubiese impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad a una cifra aproximada de 530.000 pensionistas, de los que el 74% serían mujeres.

El antiguo Inem lo pone más difícil todavía

Una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) difundida el 27 de mayo ha dado orden de que aquellas personas mayores de 55 años que perciban un subsidio de desempleo dejen de cobrarlo cuando cumplan los 61 años. La Cadena Ser adelantó esta noticia, que supondrá que aquellas personas que no han cotizado suficiente para jubilarse queden en un limbo hasta los 65 años establecidos actualmente.

Isabel Otxoa. Profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU

junio 19, 2013

El trabajo invisible en lucha

Iturria: Amaia Agirresarobe / Xabier Soto / naiz.info – 2013/05/17

Hay trabajos inútiles. Hay trabajos que lejos de dignificar, pervierten a las personas que los realizan. Hay muchos, demasiados, trabajos prescindibles porque no aportan nada, porque son insostenibles o porque solo son posibles gracias a la explotación de otras personas. Y también hay trabajos imprescindibles, pero que no dejan huella. Son los trabajos invisibles, aquellos que no vemos a pesar de que se realicen delante de nuestros ojos, a pesar de que sean fundamentales para garantizar las necesidades de nuestras vidas. Su máximo exponente es el trabajo de cuidados.

El trabajo de cuidar la vida es invisible porque no genera prestaciones sociales, tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales, invisible porque está oculto dentro de los hogares, invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo, invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida, invisible porque lo realizan las mujeres. Así, se da por hecho que nadie debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos porque el cuidado de las personas no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque, de todas formas, y gracias a las mujeres, siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen.

La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección ínfima de la administración pública, casi nunca salta al terreno del debate público y, cuando lo hace, es porque los cuidados faltan y porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos, y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir.

Excepcionalmente, el menosprecio de esta realidad, permanentemente invisibilizada, ha salido a la luz través del conflicto desatado entre el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. A diferencia del resto de administraciones, la Diputación de Gipuzkoa ha dado el paso de defender una mejora de las condiciones laborales para el sector, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no sólo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas. En esta ocasión, los derechos de las personas cuidadoras, relegadas al olvido y a una lucha desigual dentro de los muros de una empresa privada, son parte de la preocupación de una institución pública. Así, el conflicto entre la Diputación y la patronal es un enfrentamiento contra la avaricia de las empresas, interesadas en primar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad de los servicios de los cuidados. Pero, sobre todo, este conflicto supone también la reivindicación de la responsabilidad pública en la cobertura de los cuidados frente a la extensión impune de la lógica privada en el cuidado de la vida de la ciudadanía. Un paso en la necesaria apuesta por situar el mantenimiento de la vida y no los intereses del capital en el centro de las políticas públicas.

Así, en el trasfondo de este conflicto está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo, marcado por la creciente privatización de los servicios, y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. Lo que está en juego son los derechos de todos y todas y el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente donde las empresas han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la administración pública.

Por lo tanto, no nos equivoquemos, la lucha de las mujeres que hoy en Gipuzkoa han decidido estar en la calle defendiendo sus derechos supone todo un desafío al modelo actual, y esto duele a sus valedores, interesados en mantener los cuidados invisibles, fuera de la intervención pública, lejos de los focos del debate público, allí donde el negocio y el lucro prevalecen sobre los derechos de todas las personas. La lucha de estas mujeres es también una lucha feminista, una lucha por unos cuidados dignos para todas las personas. Y su visibilización y defensa, ¡nos concierne a todos y todas!

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