Archive for mayo, 2013

mayo 27, 2013

El 56,35% de las trabajadoras de residencias ya tienen firmado un convenio

Iturria: Gara.net – 2013/05/27

Se cumplen 15 días de huelga indefinida de las residencias de Gipuzkoa. ELA aseguró ayer que «nos mantenemos firmes en nuestro conflicto y en nuestras reivindicaciones», pero aseguraron que el 56,35 % de las trabajadoras, llamadas a la huelga, ya están fuera de la misma, «sin contar a las trabajadoras y trabajadores que ya poseían convenio en vigor para este año ni a las trabajadoras y trabajadores que, aun aplicándose los distintos convenios del sector, se regulan a través de cooperativistas (GSR)».

La central sindical recuerda que en esta semana pasada se han alcanzado cuatro acuerdos: en la Residencia de Billabona, En el Centro de día de Aita Menni de Oñati, la residencia Gisasola de Zestoa y en la residencia Hogar san José de la Montaña de Donostia.

La firma del acuerdo en estos centros alcanza a más de 115 trabajadoras. Según ELA, «confirma de manera definitiva la tendencia a la firma por parte de las empresas del sector, dando la espalda a Adegi y a Lares, que son los representantes legales de estas empresas».

Firma de convenio

ELA pidió a la patronal, a la vista de los resultados que se están produciendo, «la inmediata firma del convenio provincial y su posterior refrendo. No se puede pretender representar al 100% de las empresas del sector y que a día de hoy el 56,35 % haya firmado un acuerdo en contra de las directrices de Adegi y Lares».

Para ELA, «el descrédito de estas dos patronales es absoluta» y «su absurda posición, no solo pone a centenares de trabajadoras en peligro de perder sus derechos y condiciones laborales, sino que se extiende a los usuarios y sus familiares que están sufriendo un secuestro legal».

ELA adelantó que al menos cinco residencias y cuatro centros de día, han iniciado las oportunas negociaciones cara a alcanzar un acuerdo en los próximos días como ha ocurrido hasta ahora.

Anuncios
mayo 27, 2013

Apelan a la unidad como argumento de desmovilización

Iturria: Patxi Agirrezabala / Gara.net – 2013/05/27

¿Para qué es la unidad? ¿Para anestesiar a la sociedad? No; la unidad es para salir a la calle y pararlos; para dar oxígeno a políticas sociales, al empleo digno, a la defensa de los salarios y la solidaridad

La huelga general no es unitaria» es un argumento que se repite. Es curioso, hasta la derecha que aplica los recortes desprestigia la movilización diciendo eso. ¿Qué le im- portará a la derecha la unidad sindical? Hemos emplazado a CCOO y UGT para que estuvieran en la huelga. Han contestado que no. Lo sentimos. ¿Por qué, ante el mayor ataque contra todo lo social, no están en la huelga y desacreditan la movilización apelando a la unidad? Para contestar, hay que analizar los últimos actos de CCOO y UGT.

Pensiones: En enero de 2011 acordaron con Zapatero la reforma que, entre otras cosas, elevaba la edad de jubilación a los 67 años y establecía el «factor de sostenibilidad». El PP ha hecho otra que destroza aquella el 15 de marzo de 2013 y anuncia que, antes de finalizar el año, hará otra mucho más dura amparándose en el «factor de sostenibilidad» que ellos acordaron. El PP tiene como objetivos para esa próxima reforma elevar la edad de jubilación más allá de los 67 e imponer fórmulas para reducir drásticamente la cuantía de la pensión. En la «Comisión de Expertos» que ha creado el PP para que le ayude a hacer ese trabajo, junto a los representantes del sector financiero, está CCOO. ¿Qué pinta un sindicato en esa Comisión?

Negociación colectiva: Firmaron un Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) en 2011. En él se decía que «los salarios eran responsables de la pérdida de competitividad de las empresas», y que las subidas salariales «no debían ser superiores al 0,6%» (con una inflación del 3%). Con aquel acuerdo querían evitar la reforma laboral de Rajoy. No la evitaron. Recientemente la CEOE en una circular ha dicho que «los límites fijados en ese acuerdo no le obligan» y recomienda a las empresas que «congelen o reduzcan los salarios» y que utilicen la reforma que les ha regalado Rajoy para «cambiar los convenios de arriba a abajo». CCOO y UGT insisten en que la solución al bloqueo de la negociación colec- tiva pasa por acuerdos similares, tipo Acuerdos Interprofesionales. Si no vinculan a la patronal… ¿Para qué se hacen?

Estrategia de emprendimiento y empleo juvenil: Rajoy presentó en La Moncloa ese Plan. CCOO y UGT acudieron diciendo que ese acto «debía marcar la agenda de diálogo social del próximo período». ¿En qué consiste el Plan? Generaliza el empleo a tiempo parcial apoyado con dinero público. Empleos con salarios bajísimos para fomentar la sustitución de empleo digno por precario. Además, se «reforman» los contratos formativos, convirtiéndolos, de hecho, en un contrato precario más. Es un Plan para ampliar la precariedad para los jóvenes. ¿Qué pintan CCOO y UGT en esa foto con Rajoy?

Diálogo social: En el Estado no hay «diálogo social». La política es totalmente unilateral; más que nunca. Y, claro, no habiendo en el Estado, ¿por qué lo va a haber en Gasteiz o Iruña, cuando las políticas de sus gobiernos son una réplica de lo que hace el PP en España? Se cambió la Constitución y se elaboró la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que en todo el Estado se hiciese la misma política, la del PP. El resultado: que cambian los partidos en los gobiernos sin que cambie la política.

Con Patxi López, CCOO y UGT estuvieron en esas mesas; en Navarra, han sido parte esencial del Plan Moderna. Ahora, con la llegada del PNV al Gobierno de Gasteiz, quieren dar continuidad a las mesas de «diálogo social». ¿Por qué se sigue llamando «diálogo social» a ese teatro vacío? ¿Por qué, si todo lo que importa a la clase trabajadora se decide fuera de esas mesas, siguen en ellas? Obviamente, no porque influyan en la política. ¿Entonces, por qué? Por su nivel de dependencia financiera de los presupuestos públicos. La autono- mía del sindicato para juzgar la política de los gobiernos es proporcional a su autonomía financiera. Un tema central en el debate de modelos sindicales.

A un acuerdo malo le sustituye otro peor: Aunque sea muy duro, lo definitivo para evaluar al sindicalismo no es que se aprueben recortes y reformas, que no podamos frenarlos. La política (la ley) es el resultado de una determinada relación de fuerzas, y la derecha económica ha logrado desplazar muy a la derecha a todo el arco político. Lo verdaderamente duro es que, siendo eso así, una parte del sindicalismo acompañe al poder político en esa deriva. Una cosa es no poder parar los ataques que recibimos y otra, muy distinta, acompañar al poder y desclasar el conflicto social.

CCOO y UGT firman acuerdos (pensiones, ANC…) que ni siquiera se cumplen; y la alternativa al incumplimiento es buscar un acuerdo aún peor que el anterior. Por supuesto, cuando deciden firmarlos no se acuerdan para nada de compartir juicio con el resto de organizaciones sindicales. Se bastan ellos solos. La «falta de unidad» solo se saca a relucir como argumento demagógico cuando decidimos que toca movilización.

Unidad sí; para salir a la calle y pararlos: ¿Para qué es la unidad? ¿Para anestesiar a la sociedad? No; la unidad es para salir a la calle y pararlos; para exigir la regeneración de la vida política y democrática; para dar oxígeno a políticas sociales, al empleo digno, a la defensa de los salarios y a la solidaridad.

Llama la atención que una parte de la izquierda -no solo española- coloque la unidad sindical como exigencia por encima de programas y renuncie a hacer una crítica objetiva de las razones que justifican que, desgraciadamente, el movimiento sindical no pueda responder unido a esta dictadura económica que tumba democracias, derechos sociales y derechos laborales. Una dictadura económica a la que estorba, también, el movimiento sindical.

Patxi Agirrezabala: responsable de comunicación de ELA

mayo 27, 2013

Huelga general: un derecho y, sobre todo, una necesidad

Iturria: Juanjo Basterra / Gara.net – 2013/05/27

La clase trabajadora no debería dudar ni un minuto. La huelga general no solo es un derecho de los trabajadores, sino que se ha convertido en una necesidad de respuesta frente a quienes se están aprovechando de la crisis para destruir empleo y recortar derechos sociales y laborales que otros trabajadores, que lucharon antes, habían arrancado con sangre, sudor y lágrimas.

Cuando escucho al lehendakari Iñigo Urkullu o al presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Angel Lujua, entre otros, que dicen que no es el momento para huelgas debería de servir a los trabajadores que dudan, precisamente, a dar ese paso y unirse a la huelga general del 30 de mayo, la sexta que se convoca en Euskal Herria.

Porque habría que decirles a ambos: Urkullu y Lujua, entre otros, que tampoco es el momento de destruir empleo. Desde el inicio de la crisis el paro en Hego Euskal Herria ha aumentado en 133.300 personas. Ha caído la ocupación en 190.700 personas y la tasa de paro ha pasado del 6,5% al 16,9%.

Tampoco es el momento de reducir los salarios ni de quedarse con todas las cartas de la baraja en la negociación de los convenios.

Tampoco es el momento de aprovecharse de esa enorme destrucción para seguir acumulando beneficios. Porque los datos indican que entre 2001 a 2006 en pleno apogeo económico las empresas que cotizan en la Bolsa lograron un beneficio neto de 186.878,7 millones, según el Banco de España. En el siguiente sexenio, ya en recesión, esas mismas empresas han elevado sus beneficios netos a 192.331,31 millones. Un 3% más en plena recesión económica y en un claro momento dramático para muchas familias.

Tampoco es el momento de destruir empleo público, todo lo contrario. Ni de romper el acuerdo histórico de las 35 horas, ni de recortar 1.200 millones en los presupuestos. Ni es el momento de que quienes más tienen paguen menos impuestos y, ustedes, tengan la cara de decir que no tienen recursos

Así de claro señor Urkullu y señor Lujua. Están sembrando tempestades y este pueblo está harto. Quiere elegir su destino, ligado a una sociedad más justa que ustedes no ofrecen. La huelga es necesaria y vital. Aurrera!

mayo 26, 2013

#M30greba-n gazteok kalera, borrokara!

mayo 24, 2013

M30 Denok Grebara

mayo 24, 2013

La Banca como parásito endémico de la economía española

Iturria:  Germán Gorraiz López / diario-octubre.com – 2013/05/24

La política suicida de las principales entidades bancarias mundiales, en la concesión de créditos e hipotecas de alto riesgo aparece como uno de elementos desencadenantes de la citada crisis global. Así, inmersos en la vorágine expansiva de la economía mundial del último decenio y en aras de optimizar su cuenta de resultados, actuarán obviando las más elementales normas de prudencia crediticia, convirtiéndose en meros brockers especulativos y descuidando las dotaciones a los Fondos de Provisión e Insolvencia. Ello, unido a la falta de supervisión por parte de las autoridades monetarias de los índices de solvencia de las entidades bancarias, originará la crisis de las subprime de EE.UU., seguida de un goteo incesante de insolvencias bancarias, una severa contracción de los préstamos bancarios y una alarmante falta de liquidez monetaria y de confianza en las instituciones financieras.

Además, la obsesión paranoica de la Banca por maximizar los beneficios debido al apetito insaciable de sus accionistas al exigir incrementos constantes en los dividendos, provocó que muchas de ellas se transformaran en corporaciones transnacionales y nodudaran en endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo, conjugando las OPAS hostiles en la compra de Bancos extranjeros como plataforma de entrada en dichos países con el miope aldeanismo de apertura desbocada de sucursales en otras Comunidades Autónomas.

De ello serían paradigma Caja Madrid (adquisición del 100% del del City National Bank of Florida (CNB) por un monto cercano a los 750 millones de Euros en el 2008) y Caja Navarra (CAN) (apertura de una oficina de “banca cívica” en Washington en el 2008), proyectos de miope ingeniería financiera que les llevó a ambas entidades a su desaparición como marca autónoma (intervención estatal en el caso de Caja Madrid tras convertirse en Bankia y absorción por Caixabank de la CAN, otrora buque insignia de la marca NAVARRA), quedando como restos del naufragio los máximos responsables de ambas entidades en aquellas fechas (Miguel Blesa y Enrique Goñi respectivamente) imputados judicialmente.

Mutación de la Banca: Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito endémico que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos.La casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que utilizaría el nepotismo para perpetuarse familiarmente en el poder con carácter vitalicio , recurriendo a los llamados “contratos blindados” para asegurarse un retiro dorado.

Así, los casos más sangrantes serían el del ex vicepresidente y consejero delegado del banco Santander Central Hispano (SCH), Ángel Corcóstegui quien cobró en 2002 la indemnización récord de 106 millones de euros, seguido en el ranking de la ignominia por José María Amusátegui, que recibió como “compensación a su pensión”la friolera de 43,8 millones de € . Recordar que la indemnización media de un trabajado por cuenta ajena por despido en España no alcanzaría los 8.000 €, por lo que el Gobierno de Rajoy se ha visto obligado a aplicar medidas cosméticas para penalizar los contratos blindados de los altos directivos que superen los 700.000 euros.

Por último, no dudarán en asentar sus reales en paraísos fiscales (centros offshore) para escapar a los tentáculos de la Hacienda española. Así, según el informe elaborado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa , 33 de las 35 empresas que componen el Ibex tenían presencia en dichos paraísos fiscales en el 2011, (lo que representa el 94 % de las compañías que operan en el selectivo español y un repunte del 8% con respecto al 2010), no siendo casualidad que el Banco Santander lidere el ranking de sociedades en dichos paraísos fiscales, seguido de BBVA .

El pozo sin fondo de las ayudas a la Banca problemática: La agencia Moddy´s estimó en octubre que el agujero de la Banca española sería de unos 120.000 millones €, sensiblemente superior a la calculada por la consultora Oliver Wyman al realizar la prueba de estrés la Banca española en el 2012 y según el economista.es, el dinero público y privado destinado a sanear los balances de entidades financieras inestables alcanzaría ya los 113.259 millones € ( más del 10 % del PIB), sumados los fondos inyectados tanto estatales como privados y el traspaso de activos tóxicos a la Sared, pero continúan las dificultades para vender las entidades rescatadas por el Estado ( Bankia, CCM, Cajasur, Unim, CatalunyaCaixa, la CAM, Banco de Valencia y Novacaixagalicia) así como mantener el banco malo o Sareb que fue creado para limpiar los balances de los bancos rescatados por el Estado y asumió activos tóxicos por un valor de 50.700 millones € (con un mínimo respaldo del 8% de capital mixto estatal y privado (4.800 millones de euros), lo que podría ser insuficiente para soportar posibles pérdidas yhará necesaria una nueva inyección de capital público, descartadas ya la ayudas de la banca privada,

Como paradigma de la imposibilidad de reflotar dichos bancos, estaría la entidad Bankia, quien tras su entrada en el Ibex 35, ha sufrido un penoso descenso a los infiernos bursátiles (caída del 51% en el Mercado Continuo e intervención dela CNMV para analizar la hecatombe) y el 28 de mayo culminará su segunda ampliación de capital poniendo en circulación un máximo de 11.094 millones de nuevas acciones valoradas en más de 15.500 milllones €. Los analistas auguran que muchos de los grandes inversores que ostentan acciones de títulos híbridos ( preferentes y deuda soberana), se deshagan de las acciones recibidas, por lo que no sería descartable la posibilidad de un descomunal fiasco que podría provocar su total hundimiento bursátil y posterior salida del Ibex 35, con lo que el Estado deberá inyectar de nuevo ingentes cantidades para evitar su desaparición, no siendo descartable que Rajoy se vea obligado a utilizar los 60.000 millones restantes del monto total de 100.000 millones de € destinados por Bruselas para dichas contingencias.

La tarea pendiente de la Banca: La reciente bajada de tipos de interés en el 2013 hasta el 0,5% y la continuación de la política de barra libre (LTRO) por el BCE, aliviará el endémico problema de liquidez de las entidades financieras e incrementará el beneficio de las mismas debido al diferencial entre lo que deben pagar para lograr liquidez del BCE (el 0,5%) y los intereses que marcan en la adquisición de deuda de Estado( cercanos al 5%), beneficios que no tendrán traslación a la economía real en forma de financiación del tejido productivo ( pymes y autónomos), sino que se destinarán a la refinanciación de las grandes empresas y los pagos de intereses de deudas contraídas.

Ello unido a la sustitución de la tradicional doctrina económica del equilibrio presupuestario del Estado por la del déficit endémico (práctica que por mimetismo  han adoptado  los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas), contribuirá a que el déficit público continúe desbocado y la prima de riesgo se mantenga en niveles cercanos a los 300 puntos, lo que unido a las sucesivas rebajas de la calificación de la Deuda del Estado podría incrementar las dificultades para obtener financiación exterior y estrechar aún más el maridaje financiero Estado Español- Banca Privada, quedando los elementos dinamizadores de la economía (autónomos y pymes) expuestos a la asfixia financiera que podría derivar en defunción por inanición económica.

Además, la aplicación de políticas de racionalización de servicios y optimización de resultados acelerará las previsibles fusiones de las cajas de ahorros más expuestas a los activos inmobiliarios y el cierre de incontables sucursales hasta dibujarse un escenario de cinco grandes cajas (operación que contaría con las bendiciones del Banco de España), no siendo descartable la continuación del proceso de fusiones bancarias hasta dibujarse un escenario con 6 grandes Bancos.

Finalmente, el Banco de España ha endurecido las condiciones para que la Banca realice re-financiaciones o re-estructuraciones de créditos .Se considerarán con carácter general que son riesgos sub-estándar, ( que tienen altas posibilidades de incurrir en impagos en el futuro). Si contamos con que en la actualidad , el 50% de las refinanciaciones ya estarían clasificadas como dudosas o sub-estándar, se deduce que las entidades financieras tendrán que destinar más provisiones para estos créditos (más de 10.000 millones de € según la agencia Fitch),lo que tendrá como efectos colaterales una posible constricción de sus ganancias y por ende del reparto de dividendos e impedirá que el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes y particulares.

El problema añadido de la deflación: Según el INE,la tasainteranual del IPC de abril sería del 1,4 % ( la más baja desde marzo del 2010), con lo que asistimos a una reducción del 1,3 % en el presente ejercicio ( del 2,7% al 1,4%) estimando el Gobierno que se pueda alcanzar el 1% a fines de Noviembre, con lo que podríamos asistir a escenarios de deflación en el horizonte del 2014. Por deflación se entiende “ la caída mantenida y generalizada de los precios de bienes y servicios durante un mínimo de dos semestres”, según el FMI y conjugada con una tasa de desempleo tan bestial como la española (27 % a finales del 2013), podría dar lugar a la aparición de un cóctel explosivo en la economía española de final incierto, ya que ambos elementos se retroalimentan.

Como causas,citaríamos el finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década,provocado por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos ( entre enero y noviembre del 2012, el aumento salarial pactado en los convenios ha sido del 1,31% frente al 2,48% de 2011con el agravante de una inflación del 2,9 % en noviembre), lo que unido a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico, ha provocado una severa contracción del consumo interno ( según el INE, la caída de la demanda interna en el 2012 sería del 1,4 % ) y la brutal caída de ingresos del Estado ha provocado un drástico recorte de inversión en Obras Públicas , medida que ha afectado especialmente a la construcción de nuevas Autopistas, Embalses, Colegios Públicos, Establecimientos Penitenciarios, Centros Sanitarios y futuras líneas del AVE .

Caso de que el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes , autónomos y particulares y no se aproveche la dilación en los plazos para reducir el déficit hasta el 2016 para neutralizar la destrucción de empleo, la economía española se vería abocada a un peligroso cóctel explosivo, el llamado D+D,cuyos ingredientes sería una deflación en los precios (que impedirá a las empresas conseguir beneficios a y los trabajadores incrementar sus sueldos) y unas tasas de paro estratosféricas (rondando el 27%), lo que podríaderivar en una Década de estancamiento en la economía española , rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

Etiquetas: , ,
mayo 24, 2013

Más de 100 comités de empresa de Nafarroa se suman a la convocatoria de huelga del día 30

Iturria: naiz.info – 2013/05/24

Representantes de varios comités de empresa han anunciado que los trabajadores de más de 100 empresas de Nafarroa se han sumado a la convocatoria de huelga general del próximo 30 de mayo para impulsar el cambio en la comunidad foral.

Representantes de varios comités de empresa han anunciado que más de 100 empresas de Nafarroa se han sumado a la huelga del día 30. (LAB)

Representantes de varios comités de empresa han anunciado que más de 100 empresas de Nafarroa se han sumado a la huelga del día 30. (LAB)

Representantes de varios comités de empresa han comparecido hoy para mostrar su adhesión a la huelga general del próximo 30 de mayo. En nombre de todos ellos, representantes de Inquinasa y Gamesa, ambas empresas que se se enfrentan a sendos procesos de despidos colectivos, han declarado que la situación que vive Nafarroa «es de auténtica emergencia social» y han llamado a los trabajadores a que se sumen a la huelga general.

Han denunciado que no hay semana «sin que se conozcan nuevos ataques en las empresas». Asimismo, han augurado que esta «macabra rueda» seguirá girando hasta que no se cambie de manera «radical» la política económica y laboral que se está implementando en Nafarroa.

Han añadido que UPN está llevando a la población navarra «al borde del abismo, mientras que las constructoras, grandes empresas y multinacionales siguen forrándose gracias a la cobertura del Gobierno».

De la misma manera, han denunciado que están asistiendo «a una brutal ofensiva para rebajar los salarios y precarizar las condiciones laborales de la clase trabajadora navarra» y han añadido que en el sector público, el Gobierno de UPN insiste en la política de recortes.

Por ello, creen «imprescindible» redoblar los esfuerzos por un cambio de modelo en Nafarroa. «La mayoría trabajadora debe dar un paso al frente para desmontar un modelo antisocial y corrupto y construir democráticamente un nuevo modelo», han recaldado.

«Solo la movilización puede revertir esta situación», han agredado. Por ello, han hecho un llamamiento a los trabajadores para que se sumen a la convocatoria del día 30. «Solo hay dos opciones: o permanencia del modelo de UPN, o cambio social. Nosotros lo tenemos claro, vamos a por el cambio», han reivindicado.

mayo 24, 2013

Lo legal pero ilegítimo

Iturria: Clemente Hernández / ATTAC Alacant – 2013/05/23

“…es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces.[…]…lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.”

La voz “legítimo/a” tiene tres acepciones: “lo conforme a las leyes; lo ajustado a la equidad y la razón; lo cierto, genuino y verdadero”. Un concepto polisémico como éste produce malentendidos cuando su uso indiscriminado en una conversación no aclara la acepción utilizada, salvo que alguien piense que cualquier ley se ajusta a los criterios de equidad, razón y verdad. Algo de esto pudo haber ocurrido en el rifirrafe que mantuve con Ángel Luna, a raíz de una moción en el Ayuntamiento de Alicante sobre la deuda pública, pues así lo percibí en las redes sociales que se hicieron eco de la polémica.

Muchas personas comparten juicios de valor y argumentos para calificar de no equitativas ni ajustadas a la razón y la verdad las leyes que rigen la vida económica actual, y sabemos que las convenciones sociales sobre lo que es razonable y equitativo cambian a medida que lo hace la interpretación de la realidad, que de tenerse por verdadera se convierte en falsa. De no reconocerlo, se negaría la base misma de la democracia, esto es, la posibilidad de cambios legislativos pacíficos cuando ganan las elecciones fuerzas que identifican el interés general de forma radicalmente opuesta a sus antecesores.

Es de esa tensión entre virtudes que son interpretadas de forma diferente por grupos que tienen intereses en conflicto de donde surge la voluntad de modificar las leyes. Si la legislación plasma la cultura y el poder dominante en cada época, es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces. ¿Cómo se repara, por ejemplo, el daño causado a los hipotecados, con cláusulas legales en su día, pero abusivas a la luz de la nueva legislación?, ¿y cómo garantizamos que un contrato con compromisos futuros -eso es la deuda pública- respete el bien común si sus cláusulas, sus causas o sus efectos son calificados por un nuevo poder legislativo como contrarios a la equidad, la razón y la verdad?

En un Estado de Derecho, la garantía jurídica de los acuerdos del pasado no debe impedir que pueda surtir efecto el interés general, con todas las cautelas que se quiera, a la luz de los nuevos criterios de equidad, razón y verdad legitimados por los que ostentan el poder de legislar en cada momento. Paradójicamente, se aplica ese criterio para justificar los recortes de los derechos de los trabajadores, pues arguye el PP que hacerlo responde al interés general; pero se acusa de atentado al Estado de Derecho cuando se pide el mismo rasero a la deuda pública, si cambia la correlación de fuerzas y un nuevo parlamento define un interés general contrario al vigente.

Eso es lo que han venido haciendo las sociedades civilizadas a lo largo del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, salvo que cuando hablamos de tocar a bancos, grandes empresas y gobiernos, a algunas personas les entra el síndrome de Estocolmo y se ponen de abogados del diablo. Esa es la impresión que dio el arrebato de Ángel Luna, aunque él no lo pretendiera y se rectifique con Julián López, portavoz de Economía del PSPV, en su brillante artículo Más financiación, más responsabilidad, en INFORMACIÓN, pues lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.

En España es legal que las empresas tengan negocios en paraísos fiscales, y casi todas las del IBEX los tienen ¿no es legítimo pretender que, algún día, se pueda recuperar la ganancia obtenida por un procedimiento al que no tiene acceso todo hijo de vecino? También es legal que los empresarios españoles fabriquen en Bangladesh, aprovechándose de una legislación laboral inhumana, ¿no es legítimo exigir que, algún día, los propietarios de esas empresas reparen con sus beneficios el daño causado?

En España es legal que los bancos reciban dinero de un banco público (BCE) al 0,5% y lo presten a los gobiernos al 4% o más, ¿no es legítimo esperar que una ley permita retornar los beneficios obtenidos por la deuda contraída en esas condiciones, si el no hacerlo atenta al interés general? También es legal que la Generalitat Valenciana tenga una financiación per cápita del 85% de la media del conjunto del sistema autonómico, ¿no es legítimo esperar que se compense al País Valenciano por los más de 13.000 millones de deuda contraída por esa financiación injusta? El análisis de la deuda permite conocer esas y otras causas de legalidad ilegítima -por no ajustarse a los principios de equidad, razón y verdad- y la participación de la ciudadanía aumentaría el respaldo de cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a sus financieros.

Nadie es tan insensato como para no prever que cualquier cambio legislativo sobre la deuda será contestado duramente y que las consecuencias no son inocuas, por lo que habrá que imponer, negociar y pleitear con inteligencia y tesón, pero de eso se trata, de cargarse de argumentos de razón, verdad y equidad en favor de las víctimas del orden económico imperante, que sus beneficiarios ya tienen sus propios voceros y abogados.

Etiquetas: , , , ,
mayo 24, 2013

Las razones de Hacienda para recortar el sueldo a los empleados locales

Iturria: Cincodias.com – 2013/05/21

  • Quiere limitar el complemento específico, que puede suponer hasta el 50% del salario
  • Pretende homogeneizar los sueldos en los administraciones, que varían hasta un 90%

1369138343_183159_1369156889_noticia_normal

Hacienda está dispuesta a poner coto a la disparidad de sueldos que se perciben en los 8.116 ayuntamientos que hay en España. Y para ello ha introducido una disposición adicional en el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local, en el que se fija que “las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

La nómina de los empleados públicos locales está dividida en cinco grandes conceptos: sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y de productividad. Los dos primeros los establece el Ejecutivo y no pueden ser modificados por las corporaciones locales, mientras que el de destino lo marca el Gobierno con unas horquillas orientativas para los ayuntamientos. Los dos últimos los fijan las entidades locales y son, según fuentes sindicales, los que han sido utilizados de forma discrecional sin atenerse a ningún criterio de racionalidad. “En algunos casos supone hasta el 50% del sueldo”, apuntan.

Los cambios introducidos en el anteproyecto de ley de la Administración Local quieren acabar con la regulación, vigente desde el año 1986. En esta se establece el reparto de los complementos con los que se paga a los empleados locales, que surge de restar la retribución básica de la masa salarial total del ayuntamiento. La norma establece que hasta el 75% de esa cifra se podrá destinar al complemento específico, mientras que el límite para el complemento de productividad y las gratificaciones es del 30% y del 10%.

Fuentes sindicales apuntan a que ese 75% el porcentaje que se quiere limitar con dos objetivos: rebajar la masa salarial y acabar con la profunda brecha de sueldos que hay entre funcionarios de distintas administraciones, pese a que ocupan una misma categoría profesional y tienen el mismo nivel.

Y el ejemplo que más se utiliza es la comparación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un informe elaborado por el sindicato USO establece que hay diferencias de hasta 10.000 euros según la administración a la que esté adscrito el profesional. Así, un guardia civil o un policía nacional (ambos dependientes de la Administración General del Estado) cobran de media 22.948 y 25.198 euros brutos al año, mientras que un mosso d´Esquadra o un ertzaintza (dependientes de Cataluña y el País Vasco) superan los 30.000. Una diferencia que se agranda aún más si se compara con un policía local ligado al municipio madrileño de Parla, donde el salario supera los 45.000 euros.

El informe va más allá y denuncia que dos empleados públicos con la misma titulación y el mismo nivel salarial pueden tener sueldos diferentes. Un titulado superior (categoría A1) con un nivel salarial 26 (el máximo es 30) cobra 46.505 euros en Castilla-La Mancha, mientras que en Castilla y León recibiría 27.691 euros, lo que significa una diferencia de 18.000 euros. ¿Cómo se justifica esa brecha si el salario base y el complemento de destino son iguales? La respuesta está en el complemento específico. Mientras en Castilla-La Mancha es de 23.449 euros, en Castilla y León es tan solo de 4.635,60 euros.

¿Cómo se divide la nómina de un funcionario?

Sueldo base y trienios: Los fija el Estado en función de las seis categorías profesionales existentes de funcionarios (A1, A2, B, C1, C2 y E).

Complemento de destino: Es la retribución que se percibe según el lugar del puesto que se ocupa. Varía según la administración que lo aplique.

Complemento específico: Es la parte del sueldo en función del puesto de trabajo. Lo establecen comunidades y ayuntamientos y puede suponer hasta el 50% del sueldo

Complemento de productividad: Es la parte variable que premia la mayor productividad de forma individual.

mayo 24, 2013

La protección social en el estado español pasa por el empleo

Iturria: eldiario.es – 2013/05/24

  • La mayoría de los subsidios y ayudas exigen como requisito ser demandante de trabajo y son las oficinas de empleo las que canalizan las prestaciones.
  • Cerca de 235.000 personas cobran la renta activa de inserción, cuyos requisitos se endurecieron en julio.
  • El País Vasco concentra el 42% del gasto de las comunidades en rentas mínimas.
235.158 personas cobran la renta activa de inserción.EFE

235.158 personas cobran la renta activa de inserción.EFE 

La protección social en España pasa por el empleo: la mayoría de las prestaciones y ayudas sociales contienen como requisito estar inscrito en los servicios públicos de empleo y -en muchos casos– estar en búsqueda activa de trabajo. Son las oficinas de empleo, saturadas por la actual carga de trabajo, las que tienen que canalizar estas ayudas: actualmente, casi tres millones de personas cobran una prestación o subsidio por desempleo, y 235.158 perciben la renta activa de inserción (RAI).

La RAI era el último recurso para las personas que no percibían otros subsidios, pero en julio el Gobierno endureció los requisitos para percibirla y ahora solo pueden acceder a ellas desempleados mayores de 45 años, que hayan extinguido otras prestaciones y cuyo nivel de renta no supere el 75% del salario mínimo interprofesional. Desde entonces, el número de beneficiarios ha descendido, pero aún se mantiene en niveles no muy lejanos a los del punto más alto de la crisis debido al incesante aumento de parados de larga duración y personas que agotan sus prestaciones.

Entre las 235.158 personas que cobran la renta activa están también mujeres víctimas de violencia machista, emigrantes retornados y presos que han salido de prisión. A estos tres grupos no se les exige haber trabajado anteriormente, pero sí estar dados de alta en las oficinas de empleo, por lo que engrosan las estadísticas oficiales de parados. Todos ellos cuentan también para calcular la tasa de cobertura del sistema, actualmente en el 61,5%. Es decir, sus prestaciones también se tienen en cuenta para explicar el grado de protección que las prestaciones de desempleo dan a los parados.

Para Miguel Laparra, director de la cátedra Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra, el sistema de protección social en España carece de coherencia: “En otros países hay programas más generales en el que se incluye el nivel asistencial, aquí vamos sumando unos programas a otros, cada uno con sus características, sin que haya una coherencia general”. Laparra apuesta por una reforma integral que aumente la protección social y que garantice la cobertura a todas las personas con bajos ingresos. “Es urgente y viable económicamente”, remarca Laparra.

También Gabriela Jorquera, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), cree que el panorama actual es “confuso e insuficiente”. “En muchos casos no se toman como un derecho de las personas, sino como un favor que les hacen las administraciones”, señala.

La red autonómica

El último colchón lo ofrecen las comunidades autónomas: en todas existen sistemas de garantía de ingresos, pero sus requisitos, condiciones y cuantías son muy dispares. En 2011, unas 554.000 personas cobraron alguna de estas ayudas asistenciales de las comunidades. “En algunas funciona bastante bien, en otras, su presencia es testimonial o casi inexistente. Precisamente, las que más nivel de cobertura tienen no son las que lo necesitan”, explica Miguel Laparra.

Laparra se refiere a País Vasco y Navarra: las dos comunidades con menos paro son precisamente las que más y mejor cobertura social tienen. Son también las que más PIB per cápita tienen, junto a la Comunidad de Madrid, y las que menos tasas de pobreza registran.

En 2012, el gasto ejecutado en rentas activas de inserción y ayudas a la exclusión social de las comunidades fue de 926 millones de euros. Según un informe del sociólogo Luis Sanzo para EAPN, el 42% de todo este gasto correspondió al País Vasco. Por detrás, Cataluña, con el 17,3% del gasto; y Andalucía, con el 9,3%. La Rioja, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Cantabria y Baleares, aportaron menos de 1% de ese gasto, respectivamente.

El volumen de las ayudas es también muy diferente: en Navarra se dan las más cuantiosas –de un mínimo de 641,4 euros para una persona hasta un máximo de 962 euros para un hogar con seis personas o más–, mientras que en Murcia están las más escasas, desde 300 euros a 590 para los hogares numerosos.

En todos los casos, una de las condiciones para percibir estas ayudas es haber estado empadronado en la comunidad correspondiente, generalmente durante al menos un año. “Es un requisito que desde luego no ayuda a promover que la gente se mueva para buscar empleo”, dice Jorquera, que también menciona que algunas comunidades dan estos subsidios sin limitación temporal, mientras en otras tan solo puede cobrarse durante seis meses o un año.

Etiquetas: , ,
A %d blogueros les gusta esto: