“Se puede producir un estallido social en cualquier momento”

Iturria: eldiario.es – 2013/05/20

  • “Es escandaloso rescatar a los bancos a costa de vulnerar los derechos sociales”.
  • “Es tremendo que Bruselas le dé un toque a la Junta de Andalucía por tratar de aliviar a las familias desahuciadas”.
  • “La política de austeridad suicida de la Unión Europea solo salva al sistema financiero y se olvida de las personas”.
  • “El 15-M ha hecho propuestas concretas para salvar la democracia que deben ser atendidas por las instituciones”.

El actual Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko, Íñigo Lamarca (Donostia, 1959), es el único en la historia de la institución que ha sido reelegido para el cargo. Han pasado ya casi diez años desde que fue elegido por primera vez (julio de 2004) y Lamarca asegura que la crudeza de la crisis ha obligado a la institución a cambiar  de forma notable la forma de trabajar para “ser más incisivos” y resolver con celeridad las quejas de los ciudadanos. Quejas que en buena medida guardan relación con la situación de crisis que se vive. Para Lamarca, resulta “escandaloso” e “indignante” la política de austeridad suicida emprendida desde las instituciones europeas porque “se olvida de las personas, para centrarse en salvar los bancos”. El Ararteko cree que la sociedad está a punto de estallar y alerta de que la democracia en España vive un “momento crítico”. “El sistema necesita ser regenerado. Las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil”.

En su último informe de actividad (el correspondiente a 2012), alerta de la “extraordinaria” subida de las quejas relacionadas con la gestión de las ayudas sociales por parte de las instituciones. Estas quejas, que han pasado de 32 en 2009 a 1.010 el año pasado, son las que más le preocupan. “A la persona que tiene derecho a la ayuda no le basta con que le digan que se la conceden, precisa que se haga de manera urgente porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia”.

Pregunta: ¿Ha tenido que cambiar su forma de trabajar para adaptarse a un nuevo perfil de quejas?

Respuesta: Sí. Las consecuencias de la crisis han afectado a la institución y a su forma de trabajar. Las quejas se han disparado, sobre toda las relacionadas con las ayudas sociales. En concreto, las relativas a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En 2009 fueron 32 y el año pasado 1.010.

P. ¿Coincide el aumento de quejas con el cambio de modelo de gestión de esas ayudas, que pasan a ser gestionadas directamente por Lanbide en lugar de las diputaciones?

R. Algunas quejas sí se deben al cambio de modelo, pero también hay muchas porque han aumentado las personas perceptoras. El hecho de que suban ha hecho que se disparen estas reclamaciones. Los retrasos en la concesión, las suspensiones y denegaciones son los principales motivos de recurso. Las demoras en conceder la ayuda crean una gran angustia en la población que no la comprende porque se trata de un derecho subjetivo, es decir, que les corresponde si cumplen los requisitos. El ciudadano cuenta con ese dinero y los retrasos le afectan mucho. A la persona que tiene derecho no le basta con que le digan que se la concedan, precisa que se haga de manera urgente, porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia.

P. Esa demora en la concesión, ¿la cubren las organizaciones sociales de alguna manera?

R. En Euskadi tenemos un capital formidable de organizaciones sociales que están realizando un trabajo imprescindible para complementar la acción de la administración, bien porque las ayudas no cubren el 100% de las necesidades, las cuantías son insuficientes o por los retrasos.

P. Organizaciones que en parte dependen de las ayudas oficiales para seguir trabajando. Los recortes les están dejando sin margen de maniobra.

R. Esa labor que hacen las organizaciones sociales en el campo de la exclusión social debe ser prioritario y, por lo tanto, la administración debe mantener los programas de estas organizaciones que son fundamentales para una sociedad democrática.Porque hablamos de la dignidad de las personas, cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. El problema es que la gestión de esas ayudas no está resultando eficiente.

P. ¿El nuevo rostro de la pobreza es infantil?

R. La pobreza tiene muchos rostros, pero es cierto que está pegando fuerte en la infancia. Es una realidad muy poco conocida en Euskadi. El estudio que publicó la institución el pasado mes de enero refleja que 35.000 niños están en situación de pobreza, sufren carencias en alimentación y ropa. Los pediatras detectan en sus consultas carencias en la alimentación de los niños y así nos lo han transmitido.

P. Frente a esas carencias en la alimentación de niños, ¿se podría plantear respuestas como la apertura de los comedores escolares los sábados y domingos para garantizar esos alimentos?

R. Podría ser una posibilidad. Estamos analizando diferentes opciones y recomendaciones. Tenemos sobre la mesa varias opciones para plantear a la administración.

P. Los desahucios es una de las peores consecuencias que está deparando la crisis. ¿Es favorable a la dación en pago para aliviar la deuda de esas familias?

R. Si al final hay desahucio, hay que aplicar la dación en pago.

P. Y mientras se producen los desahucios en Euskadi existen casi mil viviendas de protección oficial (VPO) vacías.

R. La vivienda es un derecho constitucional y hay que dar un techo a las personas que se quedan sin casa. Efectivamente en Euskadi hay un parque vacío de VPO que debería albergar a estas personas. Estas viviendas deben ofrecerse en alquiler a los que las necesitan. Estoy convencido de que serán ocupadas por personas que han sido desahuciadas y por demandantes de vivienda que ahora no pueden comprar, pero sí alquilar. No puede ser de otra manera

P. ¿El rescate de los bancos está socavando los derechos sociales?

R. Desde luego. Es absolutamente escandaloso que se siga rescatando a los bancos privados con dinero público y que se haga a costa de socavar el estado social y vulnerando los derechos sociales. Hay que denunciarlo ante Bruselas en primer lugar. Es tremendo que, por ejemplo, ante propuestas como la de la Junta de Andalucía que tienen por finalidad aliviar la situación de muchas familias desahuciadas, Bruselas le dé un toque al día siguiente. España está en una situación de emergencia y Bruselas no tarda en desacalificar una medida social dirigida a ayudar a las personas. Parece que lo único que les preocupa a las instituciones europeas con sus políticas de austeridad suicida es salvar a los bancos, despreocupándose radicalmente de las situaciones de emergencia que se viven en el sur de Europa. Las políticas que está adoptando Bruselas son equivocadas, vulneran los derechos sociales, socavan el estado de bienestar y suponen un desastre y la ruina del país.

P. Se han cumplido dos años del movimiento 15-M. ¿Cómo ve los frutos que ha dado esta movilización de la sociedad civil?

R. El movimiento 15-M tuvo y sigue teniendo un  valor formidable que todos deberíamos tener en cuenta. Supuso una protesta espontánea y después organizada de una sociedad que sufre en sus carnes las consecuencias de políticas nefastas de la Unión Europea. El 15-M recogió el malestar y realizó propuestas concretas y bien fundamentadas para la regeneración democrática que deben ser analizadas por las instituciones. Es muy importante para cualquier democracia hacer evaluación periódica de su estado de salud y aquí no se ha hecho. El sistema necesita ser regenerado y las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil.

P. ¿Teme un estallido social?

R. Estamos a punto. Puede pasar perfectamente en cualquier momento. Las condiciones para ello existen. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, sin recursos y sin futuro. A una familia que sufre una situación delicada, que no tiene ingresos le añades que en el futuro inmediato no ve salida y tienes el caldo de cultivo perfecto para que surja un estallido social grave. Nos encontramos en un momento crítico. España es un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el Estado democrático sea sostenible en el tiempo.

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