Archive for mayo 2nd, 2013

mayo 2, 2013

Entidades critican que “no se cumple” la aplicación de los fondos 0,7% del IRPF

Iturria: Europa Press – 2013/05/02

La Red de Lucha contra la Pobreza en Navarra ha criticado “el incumplimiento que se está dando de la aplicación de los fondos del 0,7 por ciento del IRPF” para fines sociales y ha solicitado que “de una vez por todas se aplique la ley y se modifique de manera que realmente se cumpla la voluntad de los contribuyentes” al marcar esta casilla en su declaración de la Renta.

Así lo ha manifestado la representante de la Red de Lucha contra la Pobreza en Navarra Patricia Ruiz, quien ha comparecido este jueves en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra junto a los también miembros de la Red Ubaldo González y Sara Bea, a petición de todos los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la sesión de trabajo, Ruiz, que ha informado de que el pasado año estos fondos ascendieron a 5,5 millones, ha asegurado que “se están produciendo una serie de disfunciones de la ley”, ya que “no se cumplen ni los plazos de convocatoria, ni la aplicación de los fondos”.

Ruiz ha destacado que este dinero “no es un presupuesto a libre disposición para el Gobierno de Navarra, sino que son los fondos que los ciudadanos navarros quieren que vaya para los programas de atención a las personas más vulnerables”. “Llevamos desde el año 2008 peleando por que realmente se cumpla la voluntad de la ciudadanía”, ha apuntado.

En este sentido, la representante de la Red de Lucha contra la Pobreza ha solicitado que “de una vez por todas se aplique la ley y se modifique de manera que realmente se cumpla esta voluntad”.

En concreto, ha explicado que este incumplimiento se refleja, entre otros aspectos, en que “igual no se destina la totalidad de los fondos”. Asimismo, ha agregado que “se incumplen los plazos”, porque “la ley indica que tiene que ser un mes después de aprobar el Presupuesto, y a 30 de enero aún no han salido la convocatorias”. Como consecuencia, ha añadido, las entidades sociales se encuentran con que “no tienen fondos”.

Además, Ruiz ha puesto de relieve que “ahora mismo en el Presupuesto del Gobierno de Navarra lo que se destina a entidades sociales es el 0,7 por ciento, no hay presupuesto, así que las entidades sociales dependen casi al cien por cien de esos fondos”.

Por último, Ruiz ha defendido que “esos fondos tienen que ser complementarios a los que el Gobierno de Navarra dé, pero el Ejecutivo foral los ha sustituido y no da más que los fondos 0,7”. “Siempre, pero más en un momento como el actual, en el que las necesidades sociales son inmensas, se debería aplicar la ley”, ha concluido.

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mayo 2, 2013

Este es el gráfico sobre el paro que Fátima Báñez no quiere que veas

Iturria: Ana Mulet / elcomunista.net – 2013/04/30

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Hay un dato sobre el paro en España que es mucho peor que los 6.277.000 desempleados que tenemos en nuestro país según público la última encuesta de la EPA. Lo que realmente es dramático del paro en España es la evolución que está teniendo la duración del paro.

Observad bien el gráfico. En la línea azul celeste tenéis las personas que están en el paro pero que están encontrando trabajo, es el 1% de el aproximadamente 27% de desempleo que tenemos. La línea azul son los parados nos muestra la evolución de los parados que llevan menos de 6 meses sin trabajo. En rojo los que lleva entre 6 y 12 meses y atención porque empieza lo dramático. La línea verde nos muestra la evolución del % de parados que llevan entre 1 y 2 años sin encontrar trabajo y el verdadero drama, lo encontramos en la línea lila, la gente que lleva ya más de dos años sin poder trabajar, y que como podéis ver es la que se está incrementado de forma más exponencial y ya representa el 9% del 27% de la tasa de paro.

Es decir no sólo tenemos una tasa de paro terriblemente elevada del 27%, sino que además tenemos una tasa de paro del 9% que podríamos denominar parados crónicos, con más de dos años sin empleo y que sigue incrementándose a un ritmo vertiginoso. Es decir el 9,2% de nuestra fuerza de trabajo no ha encontrado ningún tipo de empleo en más de dos años. Casi todo el incremento del paro en España desde 2010 lo tenemos prácticamente por el incremento del desempleo de larga duración.

El paro se ha convertido para una gran parte de la población Española en una trampa en la que caes pero de la que parece que no hay salida. En cierto modo han sido expulsados del mercado y de la sociedad y lo peor es que es está cifra precisamente la que sigue en aumento.

mayo 2, 2013

De la reforma laboral a la reforma penal: todos a la cárcel

Iturria: Héctor Illueca / Adoración Guamán – Publico.es – 2013/05/01

Las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas por el Partido Popular están provocando una silenciosa redefinición de las funciones del Estado progresivamente conquistadas luego de un trayecto secular. De manera relativamente rápida, el Estado reduce su intervención social al tiempo que refuerza los dispositivos disciplinarios mediante la intensificación de su intervención penal. Como si fuera una persona arrepentida de haber sobreprotegido a sus hijos, el Estado neoliberal se dispone a tratar severamente a los ciudadanos, criminalizando la miseria y elevando la acción penal a la categoría de función pública prioritaria. De este modo, la cansina apelación al orden público del Gobierno del Partido Popular constituye el reverso inevitable de la normalización del trabajo precario y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Veamos. El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó una reforma laboral que consagraba el abaratamiento del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, con el fin de inducir un violento retroceso salarial y un no menos feroz ajuste de plantillas en las empresas. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, las consecuencias más dramáticas de la acción gubernamental encuentran reflejo en los diferentes datos estadísticos: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 situaba el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73), mientras la última Encuesta de Población Activa eleva el número de parados a un nuevo máximo histórico, 6.202.700 personas, con una tasa de desempleo del 27,16% de la población activa.

Poco después de la aprobación de la reforma laboral, el Ministro del Interior anunció la tramitación de una importante reforma del Código Penal, cuyo principal objetivo parece ser reprimir y criminalizar las crecientes protestas contra las políticas de austeridad. Esta iniciativa, que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial, se encuentra actualmente en sede parlamentaria y, entre otros aspectos, prevé que la resistencia pasiva a las fuerzas de seguridad se considere como delito de atentado a la autoridad, lo que podría abarcar una amplia gama de comportamientos hasta ahora no penalizados: por ejemplo, realizar una sentada colectiva durante una manifestación o encadenarse por los brazos para evitar un desahucio. También se pretende tipificar como delito la difusión por Internet de convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público, lo que probablemente evoca, en la intención del Gobierno, la manifestación acaecida el 15 de mayo de 2011 y las diferentes movilizaciones que la sucedieron.

En nuestra opinión, ambas reformas están relacionadas entre sí y suponen la culminación de un proceso iniciado en la década de los noventa y orientado a la generalización del trabajo precario por medio de la coerción política. O, por expresar la idea con mayor precisión, se trata de sustituir nuestro modesto e incompleto Estado de bienestar por un Estado penal que sea capaz de imponer el trabajo mercantilizado como norma societal. La filosofía que subyace a este proceso es la de un Estado crecientemente invasivo y represor de una población atenazada por el desempleo y la precariedad laboral, que contempla atónita la obscena tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados de la sociedad. De este modo, el progresivo debilitamiento del Estado social conlleva un crecimiento distópico del aparato penal, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Ciertamente, las estadísticas avalan un incremento fulminante de la población reclusa durante los últimos veinte años, coincidiendo con la llegada a nuestro país del llamado neoliberalismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1990 y 2010 la población penitenciaria española prácticamente se duplicó en términos relativos, pasando de 85 a 160 reclusos por cada cien mil habitantes, lo que implica un incremento superior al 90 por ciento. Es muy significativo que la actual hipertrofia carcelaria haya despertado el interés del Defensor del Pueblo, que en reiterados informes ha venido denunciando la masificación y el hacinamiento de los presos como hechos que afectan a la dignidad de las personas y constituyen una pena adicional no prevista por el legislador. A la vista de tales datos, parece que debemos dar la razón a Eduardo Galeano cuando afirmaba que, para dar libertad al dinero, había que encarcelar a la gente.

Partiendo de esta base, la crisis económica que asola nuestro país ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de criminalizar la miseria para acelerar la transición hacia un Estado darwinista que se repliega sobre sus primitivas funciones de mantenimiento del orden público, en detrimento de su actividad tradicional en materia económica y social. En una situación de desempleo masivo y precariedad generalizada, el aparato penal se erige en instrumento imprescindible para someter a los sectores insubordinados y reafirmar el monopolio del Estado sobre la violencia institucionalizada. La mano invisible del mercado, tan cara a la tradición liberal, encubre y disimula un verdadero puño de hierro que concentra la enorme fuerza del Estado hobbesiano para imponer el trabajo precario y recluir o amedrentar a los sectores insumisos del naciente orden social.

Curiosamente, no es la primera vez que el liberalismo radical defiende y estimula la creación de un aparato penal destinado a contener las consecuencias deletéreas de la desregulación social y laboral. La huelga, por ejemplo, constituye un fenómeno social percibido con desconfianza por parte del poder político, que históricamente ha tratado de imponer restricciones o limitaciones de variada naturaleza. Recordemos que en una primera etapa era considerada como delito en los Códigos penales europeos, prolongándose tal situación hasta bien entrado el siglo XIX. El reconocimiento legal del derecho de huelga se produjo posteriormente, tras una larga historia de violencia y represión de la que el movimiento obrero fue especialmente víctima. Importantes personalidades liberales como Lloyd George, Theodore Roosevelt o Walter Lippmann, por citar sólo algunos ejemplos, invocaron y justificaron la violenta represión de los trabajadores mientras defendían el principio de intervención mínima en la economía.

Al igual que sus predecesores, los ideólogos neoliberales apelan abiertamente a la violencia del Estado para reprimir o contener los efectos devastadores del laissez-faire. En esta ocasión, sin embargo, los destinatarios de la oleada represiva no son sólo los sindicatos de trabajadores, sino también, y preferentemente, los sectores populares que están protagonizando las diferentes luchas sociales desencadenadas por la crisis: desempleados, estudiantes, trabajadores precarios, hombres y mujeres que lo han perdido todo y están viviendo esta época como un profundo terremoto social y cultural. La anunciada reforma del Código Penal o el intento de criminalización de los escraches protagonizados por la PAH son sólo una muestra de la nueva doxa punitiva concebida para atenazar a las regiones inferiores de nuestro espacio social.

Ya no es posible ocultar que las razzias policiales observadas en Valencia, Madrid o Barcelona persiguen objetivos políticos y mediáticos, mucho más que judiciales. La respuesta gubernamental al creciente y justificado enojo ciudadano es el recurso al uso generalizado o la amenaza de la fuerza como medio de dominación. La crisis de legitimidad se extiende a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Es muy importante que todos comprendamos que las políticas de austeridad no sólo ponen en entredicho los derechos económicos y laborales conquistados durante generaciones, sino también los derechos políticos reconocidos al término de la dictadura. O, por decirlo con otras palabras, la salida de la crisis que el Partido Popular está tratando de imponer no sólo es incompatible con el Estado de bienestar, sino también, y fundamentalmente, con la democracia.

Héctor Illueca Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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