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abril 11, 2013

El gran desfalco que amparan los gobiernos

Iturria: Rosa María Artal / ATTAC – 2013/04/10

Mi amigo y gran periodista Juan Tortosa ha recopilado las informaciones que -muy calladamente- han aparecido estos días sobre lo que puede calificarse de un gran desfalco global, en efecto.

Esta chusma que nos gobierna -aquí y fuera- tiene el cuajo de pedir austeridad, de recortar servicios esenciales,  de ver a gente que por su culpa pasa hambre, a quienes se les niega la sanidad… mientras permiten que se evadan billones de euros y dólares sin costo alguno.  De ningún tipo. Ni en impuestos ni en responsabilidad penal. De hecho, el gobierno del PP en España acaba de colar uno de sus decretos para que ni siquiera vayan a la cárcel si pagan una multita. La impune Amnistía Fiscal, de todos modos, ya hemos visto como opera.

Los conservadores portugueses están yendo incluso más allá. El Constitucional ha fallado en contra de sus ajustes. Prometieron que, si tal cosa sucedía, “tendría consecuencias”. Se pensó que dimitirían como pedía la oposición socialista (allí tienen oposición socialista) y van y salen con lo siguiente: El Constitucional “ha creado inestabilidad” y solicitan reunión urgente con el presidente de la República (allí tienen presidente de la República y República) para “clarificar la situación”. De poner los pelos de punta.

Muchos de ellos participan incluso de la estafa:  130.000 políticos y empresarios de 170 países esconden entre 18 y 24 billones de euros en paraísos fiscales.
Así lo ha resumido Juan:

Se lo oí por primera vez este jueves en “La Ventana” a mi querido José María Izquierdo:

Millonarios particulares de todo el mundo tienen entre 16 y 24 billones de euros en territorios de fiscalidad reducida
Luego lo leí en “Le Monde”:

Un tercio de la riqueza mundial se guarda en paraísos fiscales y el 50% del comercio ocurre allí

Y en “El País” Miguel Mora lo explicaba de manera muy gráfica:

El dinero que mueven los evasores de todo el mundo en los paraísos fiscales equivale a la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón
>En “El Confidencial” le ponían nombres y caras al asunto:

Jean-Jacques Augier, viejo amigo de Hollande y tesorero de su campaña electoral; Imelda Marcos jr., el presidente de Azerbayaán, la ex mujer de Marc Rich, la baronesa Thyssen, la mujer del viceprimer ministro ruso…

Pero esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que en este desfalco global están involucrados 130.000 políticos y empresarios de 170 países. Porque conviene repetir la cifra del fraude: entre 16 y 24 billones de euros.

Leo, releo, compruebo y escribo estos datos y me pregunto: ¿cómo es que esta información no está copando las aperturas de los informativos de todo el mundo?
Estos datos son producto de una investigación que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una agencia de periodismo de datos que tiene su sede en Washington y en la que colaboran 160 profesionales de 60 países, entre ellos la española Mar Cabra.

Hace unos meses, esta agencia informativa estadounidense tuvo acceso a más de dos millones y medio de fichas robadas por dos empleados “arrepentidos” que trabajaban en bancos y empresas de la Islas Caimán, Samoa, Singapur o las Islas Cook entre otros paraísos fiscales. Entidades que ofrecen servicios offshore (de deslocalización) y que tienen organizado un sistema de evasión fiscal, tan escandaloso como gigantesco, que blanquea miles y miles de millones procedentes, como decíamos,  de 170 países diferentes en todo el planeta.

Todo ese dinero estaría camuflado nada menos que en 120.000 sociedades opacas. En ”El Confidencial”, el medio español que participa en el trabajo, explican el proceso así, transcribo textualmente:

Para afrontar este trabajo, el grupo de periodistas aglutinados en torno a ICIJ ha colaborado con responsables de importantes medios internacionales como el periódico británico The Guardian y el consorcio público de medios BBC, el diario francés Le Monde, la cabecera y emisora alemanas Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk, el estadounidense The Washington Post, la televisión pública canadiense CBC y otros 31 asociados más de todo el mundo, entre los que figura El Confidencial. Fruto de esta colaboración de 90 periodistas en casi 50 países se han descubierto secretos y negocios ocultos de políticos, estafadores y grandes fortunas de todo el mundo.

Los archivos filtrados han proporcionado datos y pruebas (transferencias de efectivo, fechas de incorporación, vínculos entre sociedades opacas y sus dueños) que ilustran perfectamente cómo el secreto financiero internacional se ha ido extendido progresivamente a lo largo de todo el mundo, permitiendo que ricos e influyentes puedan evadir impuestos, al tiempo que en ocasiones llegan incluso a generar o amparar situaciones de corrupción castigadas por la ley. En total, la investigación revela los intereses ocultados en paraísos fiscales de personas y compañías a lo largo de más de 170 países y territorios.
Este botín de documentos representa LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  sobre el entramado offshore JAMÁS OBTENIDA. El tamaño total de los archivos, medido en gigabytes, es más de 160 veces mayor que la filtración de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos realizada por Wikileaks en 2010.

Pues bien, a pesar de las descomunales dimensiones de este escándalo, la mayoría de las portadas de los medios de todo el mundo lo están obviando.
¿Por qué?

Y éste es el reportaje elaborado sobre esta gran estafa por euronews. 5 minutos.

abril 11, 2013

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.


Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

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Carlos Fabra en un mitin. / PPCV

abril 11, 2013

¿Cuánto vale la vida humana?

Iturria: Santiago Alba Rico / Rebelion.org – 2013/04/05

¿Cuánto vale una vida humana? Una forma de calcularlo es la que utilizaron los abogados de la multinacional Union Carbide para fijar las indemnizaciones a las víctimas del desastre de Bhopal en 1984. Si la renta per capita de la India es (lo era en ese entonces) de 250 dólares mientras que la de los EEUU supera los 15.000, podemos concluir que el valor medio de una “vida india” es de 8.300 dólares mientras que el de una “vida estadounidense” asciende a 500.000. Las casas de seguro utilizan habitualmente este tipo de evaluaciones para aumentar sus márgenes de beneficios. Otra posibilidad, que juzgamos más bárbara, es la de esos sistemas “primitivos” de equivalentes que llamamos “venganza”. La forma más extrema es el Talión (“ojo por ojo, diente por diente”), aunque hay otras más benignas en distintos pueblos de la tierra que permiten cambiar una vida humana por cuatro ovejas o la pérdida de un miembro por un pedazo de tierra o una mujer en edad fértil.

En definitiva, cuando calculamos el valor de la vida humana solemos recurrir a “expresiones dinerarias”; es decir, a formas contables exteriores mediante las cuales tratamos de asir una cantidad inconmensurable: dinero, ganado, mercancías. Pero, ¿cuál es el valor del dinero, el ganado y las mercancías?

Como sabemos, David Ricardo y Adam Smith fueron los primeros en formular en el molde de una ley una relación que todos los pueblos aceptaban intuitivamente en sus trueques y mercadeos: la que asocia el “valor” de un objeto a una determinada combinación de Tiempo y Trabajo. Luego, Karl Marx afinó esta formulación sustituyendo “trabajo” por “fuerza de trabajo” e identificando el valor de una mercancía con “el tiempo socialmente necesario para su producción”. A partir de ahí Marx dedujo una forma objetiva y paradójica de explotación, independiente de los latigazos y los capataces, escondida en una cifra positiva y apetecible: el salario. Marx nunca olvidó la condición previa (“la fuente de toda riqueza es la naturaleza y no el trabajo”, corrigió a sus compañeros en el Programa de Gotha), pero digamos que elevó a categoría “científica” una cenestesia subjetiva elemental: la de que un objeto vale tanto más cuanto más tiempo y esfuerzo hemos dedicado a elaborarlo o fabricarlo.

El problema estriba en saber cuánto vale la mercancía llamada “fuerza de trabajo”; es decir, la vida humana trasladada al objeto. Para eso, Marx aplicó la lógica valor/trabajo y demostró que si una mercancía vale tanto como el trabajo socialmente necesario invertido en su producción, la “vida humana” vale tanto como el conjunto de las mercancías indispensables para su (re)producción: pan, calzado, un lecho, todo lo necesario, en fin, para renovar las energías físicas del trabajador, de manera que esté en condiciones, todas las mañanas, para emprender una nueva jornada laboral. El hecho de que el capitalismo (no Marx) calcule de esta manera el valor de la vida humana plantea un doble dilema, uno ético y otro lógico. El ético parece evidente, pues este “cálculo” (el de las mercancías básicas que permiten la reproducción de una vida desnuda) trata al ser humano como si fuera una mercancía más. Pero ilumina también una paradoja, en la medida en que esa mercancía se diferencia de las otras mercancías en que es la única cuyo valor se define estrictamente en el mercado. En efecto, mientras que el valor -digamos- de una mesa o de un carro procede de la “fuerza de trabajo” humana invertida en su producción (que es una “fuerza” exterior añadida a los procesos productivos), el valor de esa “fuerza” se fija en relación con las mercancías que ella misma ha producido.

Pero esta paradoja responde de algún modo a la pregunta fundamental: ¿no tiene el ser humano ningún valor propio, ningún valor autónomo? El capitalismo le reconocerá uno: precisamente su capacidad para “valorizar”, a través de la combinación tiempo/trabajo, la materia muerta o, lo que es lo mismo, para producir riqueza capitalista. La “fuerza de trabajo” es una mercancía peculiar que, lejos de consumirse con el uso, añade valor a las mercancías que produce. El resultado, lo sabemos, es que esta potencia mágica del ser humano para dar valor se traduce, en condiciones de explotación de clase, en una desvalorización radical del ser humano. Cuanto más valoriza lo que toca, más se desvaloriza él mismo y al final, precisamente porque es la fuente de todo valor, es la única mercancía que no vale nada. O sólo 8.300 dólares, como en el caso de los trabajadores indios asesinados por la Union Carbide.

En todo caso, creo que debemos renunciar a demostrar el valor autónomo de la vida humana. Si el ser humano vale algo debe de ser sin duda, al igual que en el caso de los objetos que produce, por algo que se le ha hecho a él . Los propios cristianos aceptan esta lógica como principio ontológico al identificar el carácter “sagrado” de la vida humana con un “trabajo” de Dios: un trabajo liviano, es cierto, completado en pocos días, pero que convierte la vida humana en un “producto divino”. ¿Y los ateos? Para los que no creemos ni en Dios ni en los cálculos capitalistas, ¿el ser humano no vale nada? El resultado de una sucesión de azares, de una acumulación de contingencias geológicas y químicas, ¿podrá ser destruido sin remordimientos ni pesar una vez se revele económicamente no rentable su existencia?

No, el ser humano tiene un valor inmenso y lo tiene, en efecto, porque es el resultado de un trabajo. Pero de un trabajo realizado fuera y antes del mercado; de un trabajo que han hecho siempre o casi siempre las mujeres: los cuidados. El cuerpo humano no es sagrado sino frágil y su fragilidad lo convierte en un objeto -lo contrario de una mercancía- cuya supervivencia depende de la atención ajena. Si no se puede matar sin horror a un ser humano, si su existencia es irreemplazable no es porque el ser humano tenga la capacidad de valorizar la materia muerta sino porque ha sido valorizado, despertado a la vida, por otro ser humano que casi siempre es una “mujer”: ha sido alimentado, limpiado, peinado, curado, acariciado, protegido por otras manos, en un trabajo entre cuerpos del que se desprende ese valor incalculable, inasible, sin equivalente, sobre el que se levantan la ética y el Derecho.

No cuidamos, en fin, los cuerpos humanos porque tengan valor sino que, al contrario, adquieren valor en la medida en que los cuidamos y los tocamos y los miramos; en la medida, en definitiva, en que los trabajamos. Por eso quizás hay más maltratadores masculinos que femeninos y por eso quizás hay tantas mujeres prisioneras de sus verdugos: porque es casi imposible no querer a aquél al que has lavado los calcetines y preparado la comida, aunque te maltrate, y es casi imposible querer, y casi imposible no maltratar, a quien has mirado poco, tocado mal y cuidado nunca. Es esto lo que une, en una intersección de paradójico desprecio, al capitalismo y al patriarcado: pues el capitalismo desvaloriza al trabajador que valoriza todas las mercancías y el patriarcado desvaloriza a la trabajadora que valoriza todos los cuerpos. Por eso, si es que queremos conservar la riqueza y la dignidad humanas (cuya fuente es una combinación de Trabajo y Tiempo) debemos librar una lucha doble y simultánea a favor de la independencia económica y de la dependencia recíproca.

¿Cuánto vale un ser humano? El tiempo que hemos trabajado en él. A eso los cursis lo llaman “amor”.

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abril 11, 2013

ELA y LAB convocan cinco nuevas jornadas de huelga en las residencias guipuzcoanas

Iturria: diariovasco.com – 2013/04/11

La última semana de abril y primera de mayo serán de paro absoluto si en la reunión del próximo martes «no se asumen los contenidos marcados por la propuesta sindical y de la Diputación»

Los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios entre los trabajadores del sector de la residencias y centros de día de Gipuzkoa han convocado cinco nuevas jornadas de huelga para los últimos días de abril y los primeros de mayo como respuesta a la situación de «bloqueo» en la que se encuentran las negociaciones para un nuevo convenio del sector tras las tres jornadas de paros absolutos registradas a finales de febrero. Ambos sindicatos, que no esperan «ninguna nueva propuesta» por parte de Adegi, «principalmente por su decisión de judicializar la negociación colectiva tras denunciar a la Diputación», instan a Lares a que realice una propuesta «apropiada» en la nueva cita de la mesa de negociación el próximo martes. «Desde que la Diputación hizo su planteamiento el 6 de febrero, creemos que ya han tenido suficiente tiempo para elaborar una propuesta», ha admitido el responsable sociosanitario de ELA, Iñigo Zubeldia.

«La clave va a estar el 16 de abril», han insistido en su rueda de prensa de este jueves. Si ese día ninguna de las propuestas de la patronan «asume los contenidos marcados por la propuesta sindical y de la Diputación, seguiremos con nuestras movilizaciones huelgas, sin dar tregua hasta que alcancemos un acuerdo», han confirmado. Los nuevos paros ya tienen fecha. Los días 29 y 30 de abril, y 1, 2 y 3 de mayo. «Es su última oportunidad», han insistido. «A estas alturas no nos vale cualquier propuesta y no vamos a perder el tiempo en analizar propuestas pactadas por las dos patronales y disfrazado de proyecto propio de Lares», ha apostillado Zubeldia.

ELA y LAB han comunicado también su malestar por el inmovilismo de «las entidades sin animo de lucro» en la negociación, mientras algunas empresas han comenzado, «de manera discreta» a sondear las posibilidades de acordar un convenio de empresa. Este es el caso de la empresa Biharko Gipuzkoa, que representa el 13% del sector, con más de 400 trabajadores de los 3.000 que hay en total en Gipuzkoa. Esta compañía ha propuesto a los sindicatos la firma de un convenio de empresa admitiendo incluir todos los contenidos recogidos en la propuesta de la Diputación. «Valoramos muy positivamente la propuesta, marca un antes y un después y podemos adelantar que es el referente para la firma del convenio del sector», han añadido los representantes sindicales. Para concluir han añadido que «si no hay visos de acuerdo» activarán un «plan B» que no han querido concretar pero que tienen ya muy avanzado.

abril 11, 2013

Movilización contra el paro, los desahucios y los recortes del Ayuntamiento de Barakaldo

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/04/10

Se instala ante el consistorio varias tiendas de campaña para denunciar los continuos recortes del Ayuntamiento. También se ha colocado una placa conmemorativa de la efeméride que supone que la localidad consiga llegar en marzo a las 10.000 personas en paro y 253 familias desahuciadas en 2012

Murrizketarik EZ!
 
Esta mañana se ha realizado una movilización ante el Ayuntamiento de Barakaldo con el ánimo de denunciar los recortes sociales contemplados en el “Anteproyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Barakaldo” para este año 2013.

También se ha colocado una placa conmemorativa de la efeméride que supone que la localidad consiga llegar a las 10.000 personas… en paro; y las 253 familias desahuciadas (en el año 2012).
 
Desde el Equipo de Gobierno del consistorio se plantea un presupuesto para este año 2013 de 500.000 euros para las Ayudas Económicas Municipales (programa dedicado a paliar las situaciones de pobreza del municipio y a cubrir las necesidades básicas de las familias barakaldesas afectadas por la actual situación de crisis económica); un tercio menos de lo presupuestado en el año 2012. 1.368 familias optaron a estas ayudas ese año, esto supuso un incremento del 22% en comparación al 2011.
 
Kaleratzerik Ez!
 
 Estos recortes coinciden con un aumento del desempleo en un 11%: se pasa de las 8.981 personas en paro del 2012 a las 10.067 de la actualidad.
 
Además, se incrementa el número de las familias barakaldesas desahuciadas de sus viviendas en un 25%: se produjeron 203 en el año 2011 frente a los 253 del 2012; 65 en el cuarto trimestre del 2012. 5 familias de Barakaldo son desahuciadas a la semana; 12 en el conjunto de Ezkerraldea.
 
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

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