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enero 17, 2013

¿Libertad neoliberal?

Iturria: Antonio Aramayona /  El Periódico de Aragón / Attac – 2013/01/17

Hablan de mercado libre desregularizando cada naipe y cada regla del casino donde se lucran

Un muchacho de veinticinco años estaba sentado frente al directivo de una empresa, pues optaba a ocupar un puesto de trabajo administrativo por 600 euros al mes, seis días a la semana. En sus adentros, aquel muchacho pensaba que con aquel sueldo y aquel horario no iba a ningún lado, pero ponía todo su esfuerzo en aparentar solo su disponibilidad para cumplir con concienzudo esmero el trabajo que se le encomendara. Eso sí, se le descontarían 35 euros por el uso al mediodía de un espacio común donde con sus compañeros podría sacar su bocata o su tartera con la comida que trajera de su casa, así como por el uso de un microondas donde podría calentar la comida (se trata de un caso real, doy fe).

Aquel muchacho me contaba después que estaba pensando que con ese trabajo iba a convertirse en una piltrafa tan execrable como el trabajo mismo que estaba solicitando, tras haber rebajado en lo posible su currículum vitae y sus estudios superiores, cuando, en medio de la entrevista le vino a la cabeza una pregunta que una mañana se había posado años ha en un aula de su Instituto: ¿qué es realmente libertad?

Ahora ya lo tenía claro: libertad es cualquier cosa menos lo que en esos momentos estaba haciendo en aquel despacho. Probablemente, el dueño de la empresa y su consejo de administración se declararan de ideología liberal, al igual que la CEOE y la Cepyme a las que cotizaran, y estarían de acuerdo con las medidas y los diagnósticos del neoliberalismo económico vigente en España y el mundo. La palabra “liberal”, tan polisémica, está supuestamente relacionada con la libertad, pero lo que ya no dice el liberalismo es que se trata de la libertad propia para obtener beneficios, aun a costa de anular o reducir la libertad de los demás.

Hace unos semanas, la CEOE afirmaba que para salir de la crisis se necesita una reforma laboral con medidas aún más restrictivas sobre flexibilidad laboral y moderación salarial; es decir, una reforma laboral la mar de liberal, con suma libertad para despedir sin trabas y contratar por unos salarios y unos horarios de mierda. De hecho, ya lo dejó claro su anterior presidente, Díaz Ferrán: “hay que trabajar más y cobrar menos”, si bien estaba pensando exclusivamente en los trabajadores, como la nuda realidad se ha encargado de demostrar posteriormente con creces.

Igualmente, la semana pasada, el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Jesús Terciado, proponía otra descomunal joya de las de culo de botella: un nuevo contrato para jóvenes por un salario de 645 euros mensuales; es decir, el salario mínimo interprofesional. Como estos dirigentes empresariales y asimilados deben de pensar que la población currante raya en lo fronterizo, Terciado añadió que las condiciones laborales irían mejorando a medida que el trabajador fuera formándose, como si no se nos hubiese pasado ya por la cabeza que al cabo de unos pocos meses la mayor parte de esos contratos estaría finiquitada, pues otros jóvenes habrían ocupado los puestos de sus coetáneos y, de paso, sus padres y madres estarían en la calle, ya que esos jóvenes significan mano de obra barata, sin derecho laboral adquirido alguno y fuera de todo convenio laboral.

La libertad se está yendo cada vez más al carajo e incluso la reivindicación de la libertad ajena comienza a parecer subversiva a los liberales y neoliberales. Y con la libertad también corren el riesgo de acabar en el sumidero los derechos personales y colectivos, la estabilidad personal y familiar de la ciudadanía trabajadora y desempleada, así como su posibilidad de hacer proyectos que alcancen más allá de unos pocos meses. Paralelamente, crecen el miedo, la desconfianza, la incertidumbre, la zozobra, el resquemor, las habladurías y los rumores, de tal forma que la persona trabajadora está dispuesta a reducir su sueldo, cambiar el horario o el turno, e incluso ir a Laponia, como ya dijo hace un año el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito.

Los salarios caen y los asalariados pierden 12,7 puntos de renta desde 2007, mientras que las rentas empresariales crecen (6,6%). El neoliberalismo refleja y justifica los intereses de los beneficiarios (uno por ciento de la población) de un sistema capitalista feroz, y trata de ampararse en el mercado libre, es decir, en un sistema donde intentan privatizar a toda costa empresas y servicios públicos, una vez bien retribuidos con cargos e indemnizaciones los servidores públicos que han hecho posibles tales privatizaciones. Los neoliberales y los especuladores financieros hablan de mercado libre, para tener manos libres, desregularizando cada naipe y cada regla del casino donde se lucran.

Mientras, una buena parte de la población contempla gaviotas artríticas y rosas sin pétalos, mientras espera que los lobos se hagan vegetarianos.

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enero 17, 2013

Europa y la OCDE aprietan al Gobierno con las pensiones

Iturria: diagonalperiodico.net – 2013/01/08

Arrancan en el Parlamento los debates para endurecer el acceso a las pensiones, tal y como anunció el Gobierno en diciembre ante las presiones de la Unión Europea.

El año 2013 comienza marcado por una nueva embestida del Ejecutivo al sistema público de pensiones. El Consejo de Ministros del 28 de diciembre se cerraba con la postergación durante tres meses de la regulación de la jubilación anticipada y parcial y, en rueda de prensa, Rajoy hablaba de la “necesidad” de que nadie se jubile a los 58 años. El presidente anunció la apertura de un debate en el marco del Pacto de Toledo en el que se abordará, además de las jubilaciones anticipadas, el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste relacionado con el aumento de la esperanza de la vida. Dicho debate comenzaba hoy miércoles en comisión parlamentaria.

Diferentes presiones han vuelto a aparecer en el escenario económico actual, en esta ocasión representadas por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde Bruselas se alude al informe Sostenibilidad Fiscal 2012, en el que se dice que el gasto esperado en el sistema de pensiones del Estado español estará por encima de la media de la UE y que dicho sistema sólo será sostenible si se retrasa la edad de jubilación. Por su parte, la OCDE pide la privatización de las pensiones, ya que prevé que éstas supondrán un 15% del PIB en el año 2050,situación que considera insostenible. Como respuesta a esta presión, el Gobierno español ya ha comenzado a plantearse una nueva reforma del sistema público de pensiones para 2013 que contemple la aceleración de un proceso que desem­boque en la jubilación generalizada a los 67 años o incluso en un nuevo aumento de la edad de jubilación.

La Reforma de 2011

En la situación actual, y con la reforma de las pensiones de abril de 2011 ratificada hace unos días mediante un decreto del Gobierno para su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, se establece un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, entra en vigor un incremento progresivo desde los 15 a los 25 años del período de cómputo para el cálculo de la pensión, con el objetivo de completar dicho proceso en 2021. Según el Gobierno, esta reforma ha tenido un “impacto positivo visible en el gasto en pensiones”, pero todavía lo considera insuficiente. Dicha reforma se estableció en su día como respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, representantes de los intereses del capital financiero encabezado por la banca y las compañías de seguros.Dichas presiones han calado en todos los países de la Unión Europea, que ya han comenzado a reformar sus sistemas de pensiones en cuanto a la edad mínima de jubilación. Tras las reformas, España se situará en uno de los niveles de edad más altos, superada únicamente por Irlanda y Reino Unido, que atrasarán la edad mínima de jubilación a los 68 años. Estos sistemas contrastan enormemente con la edad mínima de jubilación en América Latina, situada en 60 años en países como Uruguay y Venezuela, o 58 años en el caso de Bolivia.

Beneficios privados

Estas sucesivas reformas del sistema público están beneficiando enormemente a las entidades que gestionan los sistemas privados de pensiones, que han aumentado su capital en este tipo de activos financieros. Según un informe del año 2012 del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá sobre la reforma de las pensiones en España, los partícipes en planes de pensiones privados entre 1991 y 2011 han pasado de 710.000 a 8,7 millones, y en ese período el patrimonio depositado en dichos planes se ha multiplicado por 31 hasta sumar un total de 53.000 millones.

A este auge del sistema privado han contribuido también las políticas fiscales desarrolladas en el Estado español en los últimos 20 años, que han favorecido la disminución de fondos de pensiones públicos, la disminución de sus cuantías y una tributación más favorable para el ahorro privado –se calcula que cada año el Estado deja de ingresar 2.000 millones a causa de las desgravaciones por las aportaciones a fondos de pensiones privados. Esto ha tenido como consecuencia que se haya trasladado a la ciudadanía que existe una crisis de las pensiones públicas y hayan tratado de destinar parte de sus ahorros a fondos privados.

La cara oculta de estos fondos privados es que en realidad no son pensiones, y no pueden sustituir a un sistema público de pensiones, ya que se trata de fondos privados constituidos por los ahorros que cada persona deposita de forma voluntaria en la entidad gestora de dicho fondo (por lo general, un banco) hasta el momento de su jubilación. Dicho fondo lo invierte el banco en el mercado financiero y, cuando el titular del fondo se jubila, retira el capital generado. Este capital puede ser una cantidad menor al dinero que había ahorrado, hecho que se da cuando la rentabilidad de las inversiones es negativa, algo propio de las recesiones.

Según un estudio de 2009 de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones, Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009, en el periodo 1999-2009, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a diez años. Por su parte, el informe subraya que un sistema público de pensiones, además de sostenible y justo, es un mecanismo de redistribución de rentas desde los períodos de actividad a los de no-actividady de renta productiva entre las generaciones que trabajan y las que reciben la pensión.

Además, son muchos los economistas, como el Nobel de economía Joseph Stiglitz, u otros expertos como Adolfo Jiménez, Camila Arza, o Vicenç Navarro, los que han demostrado la falta de rigor científico y de fundamento de las teorías neoliberales de privatización. Entre sus argumentos, figura el hecho de que un aumento del porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB no implica necesariamente una situación insostenible, ya que normalmente se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB en el futuro, lo que permite disponer de una cantidad de recursos mucho mayor para los no pensionistas, argumento reforzado por el hecho de que hace 50 años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB, y hoy emplea un 8%. La sociedad, en cambio, tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces. Ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, algunas voces liberales decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país, cosa que no ha sucedido.

Frente al error de que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, estos economistas señalan que en España (y en Europa) la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 a 80 años. Según el catedrático Vicenç Navarro, “la mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (también entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no son cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven”.

Claves de la reforma

Aumento cada año de la edad y del mínimo de años cotizados
El Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones del 4 de febrero de 2011 entre los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y el Gobierno estableció el aumento a 67 años de la edad de jubilación. En 2027 se habrá completado esta medida y sólo se podrán jubilar a los 65 quienes hayan cotizado más de 38 años y seis meses. Hoy se pueden jubilar a los 65 quienes hayan cotizado 35 años y tres meses.

La pérdida de poder adquisitivo implícita en los recortes del gobierno
La decisión del Gobierno de no cubrir la desviación respecto a la inflación de las pensiones ha hecho retroceder un 2% la cuantía de estas rentas, a lo que se une la no actualización a la base de cálculo de las mismas. La entrada en vigor del pacto de las pensiones cambiará el cálculo de la base reguladora de la pensión –que tenía en cuenta las cotizaciones de los últimos 180 meses–: añadirá un año más hasta 2022, y para la base de cotización se tendrán en cuenta los últimos 25 años.

La hucha de las pensiones y la deuda
Un 90% del fondo de reserva de la Seguridad Social, la cuenta para resolver posibles problemas de tesorería en pagos de prestaciones contributivas como las pensiones, fue invertido por el Gobierno a lo largo de 2011 para la compra de bonos de deuda española, considerados una inversión de riesgo por parte de las agencias de calificación. El porcentaje de estas inversiones ha subido desde que en 2005 el Ejecutivo aprobara este tipo de operaciones. En 2007 ya representaba el 51,3% del total del fondo. Entre septiembre y octubre de 2012, el Gobierno ha tenido que adelantar 7.000 millones de euros del fondo de reserva para el pago de las pensiones.

enero 17, 2013

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide retira a miles de personas las prestaciones sociales

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/01/16

Para denunciar esta situación un centenar de personas se han concentrado frente la Delegación del Gobierno Vasco de Bilbao. En el trascurso de la misma una decena de personas han procedido a desnudarse ante un intenso aguacero.

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide…

•Esta mañana se ha realizado una movilización ante la Delegación del Gobierno Vasco de Bilbao para denunciar el último recorte social aplicado por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide:
 
-Las miles de personas acogidas en recursos asistenciales y en proyectos de inserción social no podrán optar a las diferentes prestaciones sociales que gestiona Lanbide. En concreto, sólo en Bilbao -y según datos del Ayuntamiento-, 1.000 personas del municipio dependen de estos recursos asistenciales.

Vulnera los Derechos Sociales

•Lanbide, y el Gobierno Vasco, están excluyendo a los colectivos más vulnerables y más necesitados; a la vez que imposibilitan toda capacidad de inclusión social:
  • Las personas que viven en la calle y que intenten acceder a la RGI a través de un “empadronamiento colectivo” en los pisos, centros de día y albergues verán denegada su solicitud.
  • Las personas que residan en pisos de inserción o acogida de forma temporal, por diferentes motivos (exclusión social, enfermedad mental, minusvalías…) no van a poder independizarse, ni hacer una vida autónoma.
  • Los diferentes planes de inserción caerán en saco roto al no disponer las personas destinatarias de los mismos de ninguna ayuda económica para poder desarrollar una vida digna e independiente.

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:

Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles” (Ikustezinak), Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.

enero 17, 2013

Error tras error ante la crisis económica

Iturria: Carlos Berzosa — Consejo Científico de ATTAC España – 2013/01/15

Las inadecuadas políticas económicas tienen unos elevados costes sociales y económicos, de modo que dejan a muchos damnificados por el camino. La responsabilidad, por tanto, de los dirigentes políticos, económicos, y economistas que avalan determinadas actuaciones, es muy elevada en los daños causados a tantas gentes que sufren el paro, la disminución de su nivel de vida, y la pérdida de derechos laborales, sociales y políticos. La ligereza con la que se está actuando no deja de ser llamativa, pues parece que no hay nadie que sea responsable de lo que está sucediendo.

El desencadenamiento de la crisis actual fue el resultado de acciones de política económica que favorecieron la desigualdad, la desregulación y la primacía de las finanzas. Se fomentó un marco de actuaciones de los agentes económicos en el que la hegemonía del mercado sobre la intervención pública se impuso. Se posibilitó, en mayor medida que en otros tiempos, el abuso, el fraude, el engaño, y los excesos cometidos por determinados segmentos del capital inmobiliario y financiero, preferentemente pero no sólo, que han conducido a la Gran Recesión.

Una vez desencadenada la crisis económica, los desatinos a la hora de atajarla han sido muchos, lo que ya hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión en estas páginas. Todas estas actuaciones erróneas han agravado más las cosas de lo que tenían que haber sido, con lo que el sufrimiento para muchas gentes se ha acentuado, mientras que los ricos se van haciendo cada vez más ricos. Este proceso lo pone de manifiesto con gran claridad Bauman: “Todas las medidas emprendidas en nombre del “rescate de la economía” se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres”. (‘Esto no es un diario’, Paidós, 2012).

Todo esto que decimos, adquiere mayor gravedad cuando se reconocen errores en la gestión de la crisis y se pide disculpas por ello, como si los que han sido víctimas de las medidas tomadas pudieran rehacerse de los daños causados por actuaciones incorrectas de los dirigentes políticos, responsables de los organismos económicos internacionales, y economistas influyentes. Así, de este modo, leemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva unos meses advirtiendo de que las políticas de austeridad generan contracción económica y aumento del desempleo. Una afirmación de esta naturaleza se basa en la observación de lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero sobre todo en un estudio, al que hace referencia Krugman en su libro ‘¡Acabad ya con esta crisis!’ (Crítica, 2012), de investigadores del FMI en el que han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal, en los países avanzados, durante el periodo comprendido entre 1978 y 2009. La constatación fue que las políticas de austeridad conducían a lo que ya hemos dicho, esto es, a la contracción económica y el aumento del desempleo.

Lo más grave, sin embargo, se produce cuando el prestigioso macroeconomista y economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, tiene que reconocer que se han equivocado en el cálculo del multiplicador fiscal a la hora de estimar las consecuencias que una reducción del gasto público tiene sobre la actividad económica. Los efectos son mucho más negativos que los que habían establecido en un principio, lo que explica la fuerte contracción económica que está teniendo lugar y que afecta en gran medida a países como España. ¿Y ahora qué? Cabría preguntarse cuando gran parte de los daños causados ya están hechos.

Resulta escandaloso y vergonzoso que un organismo como el FMI, que tiene gran legión de economistas muy bien retribuidos, se equivoque en una estimación de estas características, lo que lógicamente tiene que llevar a pedir responsabilidades, sobre todo cuando una de las fuentes de financiación del FMI proviene de las cuotas de los países miembros, y que en definitiva pagamos los ciudadanos. Esto sin haber mencionado los elevados sueldos y pensiones que se embolsan los principales responsables de esta institución, fundamentalmente el director gerente. ¿Por qué se les paga tanto? cabe preguntarse, ¿por equivocarse en la mayor parte de las ocasiones? No deja de ser una paradoja que sean los ciudadanos que con sus impuestos financian en gran parte a esta institución, los que a su vez sean las víctimas de sus recomendaciones de política económica. De esto saben, y mucho, las gentes de los países subdesarrollados.

Un error de esta naturaleza pone en cuestión, además, el prestigio de la profesión de los economistas, que ya se encuentra en gran parte desacreditada. No sería justo considerar, en todo caso, que este desprestigio debe afectar a todos los economistas, pues como saben muy bien los seguidores de esta publicación los que intervenimos en ella hemos sido críticos con las políticas de ajuste puestas en marcha por la Unión Europea y avaladas por el FMI. No todos los economistas se encuentran en el error, aunque sus opiniones no sean tenidas en cuenta por los que toman las decisiones.

A los que, no obstante, se dejan seducir por determinados perfiles académicos de economistas españoles que publican en medios de comunicación influyentes, sobre todo cuando son profesores de universidades extranjeras y de prestigio, hay que decirles que no se obnubilen por ello, sino que atiendan al rigor de sus explicaciones. En la mayor parte de los casos, lo que se evidencia, a medida que transcurre la crisis, es su incapacidad para comprenderla por ser, además, prisioneros de unas ideas económicas erróneas que no son capaces de vencer. Así nos va, de error en error, propiciados por los grandes dirigentes políticos, las élites empresariales, y por economistas influyentes en el poder. Todo esto conduce al desastre y a una situación que resulta a todas luces escandalosa.

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