Archive for enero 3rd, 2013

enero 3, 2013

Inicio de las “Rebajas” (sociales y laborales) en el complejo comercial MegaPark de Barakaldo

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/01/02

A lo largo de estos días diferentes colectivos sociales y sindicales de Barakaldo desarrollaremos una intensa campaña para denunciar las situaciones de desempleo y precariedad laboral que se producen en el municipio; y más en concreto en la zona de las grandes superficies comerciales de la localidad

 Los derechos laborales de “rebajas”…
A lo largo de estos días diferentes colectivos sociales y sindicales de Barakaldo desarrollaremos una intensa campaña para denunciar las situaciones de desempleo y precariedad laboral que se producen en nuestro municipio: 9.700 personas están desempleadas y 21.500 tienen un contrato en precario.
•Sobre todo cabe destacar las situaciones de explotación laboral y persecución sindical que se producen en el complejo comercial MegaPark. Como ejemplo baste citar la treintena de despidos que se han producido en el IKEA de la localidad, y buque insignia de este macrocentro comercial de los contratos basura. Además, del cierre –y más de 50 despidos- de varias tiendas de las galerías comerciales y los pabellones de “Bermudez”, y el anuncio del cierre de “Darty”.

 
…en el Centro Comercial MegaPark.
Coincidiendo con la temporada de rebajas se pretende denunciar las ofertas en derechos laborales, su campaña de rebajas en materia socio-laboral, su 3×2 salarial. Barakaldo se merece algo más que empleos basura y algo más que centros comerciales que no producen nada más que miseria laboral.
•Los derechos laborales y sociales del personal laboral del MegaPark se encuentran por los suelos: 1.200 personas trabajan por sueldos por debajo del convenio provincial del comercio. La media de los salarios ronda los 450 euros al mes.
En definitiva, movilizaciones, concentraciones, buzoneo y reparto de 25.000 hojas informativas por los domicilios y las paradas de metro de la localidad… Todo ello para denunciar las alarmantes tasas de desempleo y precariedad existentes en el municipio de Barakaldo.
COLECTIVOS SOCIALES y SINDICALES DE BARAKALDO:
Asociaciones de Vecin@s de Barakaldo, Asamblea de Parad@s de Barakaldo, Barakaldoko Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”,
 ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT y CNT.
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enero 3, 2013

Demolición del Derecho del Trabajo

Iturria: Joaquín Aparicio Tovar / Información y debate  – 2012/12

La relación de trabajo es muy delicada porque en ella, como ya dijera hace muchos años Sir Otto Kahn Freund, se encuentran frente a frente una parte que tiene poder: el empresario y otra que no lo tiene: el trabajador. El poder del empresario es un poder previo a la relación laboral porque se deriva de la titularidad de los medios de producción. Cuando el trabajador, en uso de su libertad contractual, pacta con el empresario, entra en el círculo organizativo de este y se somete a su poder directivo. Es la paradoja del contrato de trabajo. En uso de su libertad el trabajador se somete al poder privado del empresario, que queda juridificado y legitimado.

El objeto del contrato de trabajo es el trabajo mismo, una preciada mercancía que no puede ser separada de la persona que trabaja y esto hace que cueste mucho llamarla mercancía y, por lo tanto, también hablar de «mercado de trabajo». La inse parabilidad entre trabajo y persona que trabaja obliga al ordenamiento que legitima el poder privado del empresario a conferir un haz de derechos al trabajador si quiere preservar la dignidad de la persona y aspirar a alcanzar un cierto grado de justicia. Se trata de trabajar, no de cualquier modo, sino con derechos. Conferir derechos es intentar buscar un cierto equilibrio en aquella relación socialmente desequilibrada y asimétrica. Algunos de esos derechos se sitúan en la esfera individual y otros tienen que ver con el reconocimiento de la dimensión colectiva de los trabajadores, esto es, con el reconocimiento del sindicato en su triple vertiente de asociación, negociación colectiva y huelga. Todo ello se completa con una jurisdicción especializada para la resolución de conflictos mediante el proceso laboral. Es esto, ni más ni menos, el Derecho del Trabajo resultado de grandes luchas y enormes sacrificios de los tra bajadores. Es un elemento esencial del Estado Social y Democrático de Derecho en que España se constituye (art. 1.1 CE) y rasgo distintivo del modo europeo de estar en sociedad, de lo que se dice el modelo social europeo. El Derecho del Trabajo, como ha dicho el profesor Romagnoli, es el más eurocentrico de los derechos. Tra bajar con los derechos que el Derecho del Trabajo confiere no solo es conseguir los medios de subsistencia, sino también la sociabilidad que hace gozar de los bienes de la ciudadanía. Hace pasar a los trabajadores de la condición de súbditos a la de ciudadanos.

Las reformas estos últimos treinta años han tenido una continuidad en reducir centralidad al trabajo para aumentar los poderes de disposición sobre los traba jadores del empresario, enarbolando la bandera de la «flexibilidad» con el piadoso propósito de aumentar la ocupación. Se han abierto puertas a la precariedad, se han facilitado los contratos temporales, se ha aumentado la movilidad funcional y geográfica, así como las posibilidades de ordenación del tiempo de trabajo, se han relajado las garantías frente al despido, por poner algunos ejemplos. El resultado ha sido que el pleno empleo no se ha conseguido nunca y la mayor o menor tasa de desempleo no ha tenido que ver con la normativa laboral, mostrando a las claras que el diagnostico de partida, la culpabilidad del Derecho del Trabajo, era falso. Con todo, la continuidad reformista orientada en el sentido de reducir la relevan cia del trabajo no llegaba a abandonar por completo la aspiración al equilibrio entre las partes. Con mayor o menor intensidad lo que en derechos de los trabajadores se quitaba por una lado, se intentaba compensar parcialmente de alguna manera. Por ejemplo, no se cuestionaba seriamente la eficacia del convenio colectivo.

La reforma de 2010 fue la más intensa de aquella senda reformista, pero la de 2012 ya se sitúa en otro nivel. No es una continuidad sino una ruptura porque ha alterado completamente los equilibrios precarios que hasta ese momento trataban de conseguirse. El poder unilateral del empresario está tan reforzado que la función del Derecho del Trabajo no ya se ha erosionado, sino ha sido casi demolida.

La ley 3/2012 ha actuado sobre casi todas las instituciones del Derecho del Tra bajo. Es imposible en un articulo como este hacer un repaso, siquiera somero, de todas sus intervenciones. Basta señalar dos, como son la modificación operada sobre el despido y sobre la negociación colectiva, siempre dando algunos brevísi mos apuntes.

El despido es la ruptura unilateral del contrato de trabajo hecha por voluntad del empresario. Pero para que esa ruptura sea lícita la voluntad del empresarial tiene que tener una justa causa. Así lo exige el artículo 35 de la Constitución, según ha declarado el Tribunal Constitucional, el art. 30 de la Carta de Niza, el Convenio 158 OIT y las reglas generales de la contratación que impiden que el cumplimiento de los contratos quede al arbitrio de uno de los contratantes. Pues bien, el nuevo contrato para emprendedores (sic) posibilita que durante un año en las empresas menores de 50 trabajadores (el 90 por ciento de las españolas) el empresario despida sin alegación de causa alguna. También se ha reducido la indemnización por despido disciplinario improcedente. Es decir, ante la insuficiencia de causa el despido es eficaz, pero el empresario debe pagar una indemnización. La interpretación judicial habia banalizado la exigencia de causa cambiándola por la indemnización. En vez de causa para despedir se convertía en causa para indemnizar. Cuando hay ausencia completa de causa la respuesta debe ser la ineficacia del acto extintivo, aunque eso exija al juez un escrutinio más intenso. Pero ahora el despido disciplinario impro cedente, que es aquel en el que el juez ha dicho ya que no hay causa suficiente para despedir, ve rebaja su indemnización a 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades (antes 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades). Por otro lado las causas de los despidos por necesidades de fun cionamiento de la empresa tienen ahora una definición legal muy abierta dándole al empresario gran autonomía en su concreción, al tiempo que se pretende que el juez se comporte como un mero notario que se limite a sancionar lo que dice el empresario, pues no debe entrar en otras valoraciones ya que el que sabe de la marcha de empresa es su titular. Eso es desconocer la función de juzgar. El juez debe siempre entrar a ponderar los valores en juego. El procedimiento de consultas en los des pidos colectivos, en fin, prevé que si acaban sin acuerdo, se imponga la voluntad unilateral del empresario. El resultado de esta operación de facilitación del despido ya lo tenemos, hemos superado el 25 por ciento de desempleo y ha aumentado la temporalidad.

Este extraordinario reforzamiento del poder empresarial de despedir actúa como espada de Damocles para reforzar los poderes, que también han sido ampliados, en la modificación unilateral de condiciones, aun sustanciales, pactadas en el contrato de trabajo.

El convenio colectivo es una institución central del Derecho del Trabajo europeo y tiene como característica esencial su inderogabilidad por acuerdos individuales o plurales, aún con todas las diferencias que puede haber en los distintos sistemas nacionales europeos. Pues bien, se han abierto las posibilidades que ya existían de inaplicación del convenio barrenando como nunca hasta ahora su eficacia. Por otro lado, se ha producido un ataque formidable al convenio de sector para entronizar al convenio de empresa. Dado que la mayoría de las empresas españolas son peque ñas o medianas, es claro que el resultado (que ya se está dando) será un dramático descenso de los trabajadores cubiertos por convenio colectivo.

De lo que se trata ahora (y así lo ha escrito el Ministro de Economía en la prensa económica estadounidense) es de establecer un nuevo campo de juego para que los empresarios se sientan más cómodos cuando algún día (que antes o después lle gará) pase lo más agudo de la crisis y se convierta en crónica. Entonces presentarán como un éxito tasas de desempleo del 15 por ciento, pero eso es acabar con una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho para acercarnos a los sistemas norteamericanos o asiáticos de relaciones laborales, pero no europeos.

enero 3, 2013

Subversión institucional

Iturria: Gara.net / Mario Zubiaga – Profesor de la UPV-EHU- 2012/12/31

Sostiene Zubiaga que hasta ahora la comunidad vasca ha estado marcada por la interacción entre «una potente movilización social y unas instituciones autonómicas relativamente débiles».¿Y ahora? Cree que unos, como el diputado general de Gipuzkoa, ya «piensan institucionalmente», y otros, como el lehendakari, deberán empezar a «pensar subversivamente»

Los paises democráticos, como las familias felices de Tolstoy, son todos bastante parecidos. Sin embargo, Charles Tilly nos recuerda que el convulso recorrido histórico hacia la democracia suele ser muy diverso y azaroso. Simplificando la cuestión, podríamos decir que la democratización coetánea a la construcción estatal puede seguir la vía del estado fuerte o la del estado débil. Normalmente la calidad política de un país depende de su modo de llegar al umbral democrático. Si se parte de un Estado fuerte con una sociedad civil débil, las adherencias autoritarias serán mayores que si el recorrido se ha hecho a partir de una comunidad política fuerte con un aparato institucional más precario. Es nuestro caso.

A lo largo del último ciclo de protesta, la comunidad política vasca -el demos vasco-, se ha construido en la interacción constante entre una potente movilización social y unas instituciones autonómicas relativamente débiles que, sin embargo, han tenido suficiente capacidad para integrar y gestionar, siquiera parcialmente, las demandas populares.

Este equilibrio de poder es una de las principales razones por las que la máquina democratizadora vasca ha generado en hegoalde un sistema social, político y económico más avanzado que el dominante en España, su estado de referencia. Sin pretender idealizar el resultado de este empate, la conformación de un demos vasco diferenciado que todavía alienta la ilusión de autogobernarse sin tutela alguna, no es una cuestión baladí en un mundo dado al escapismo individual y colectivo. Sobre todo cuando esa demanda nacional está tendencialmente unida a la exigencia de mayores cotas de justicia e integración social.

El éxito relativo que supone la existencia de un demos vasco diferenciado permite compartir un relato acerca de lo ocurrido durante los últimos decenios. Tanto unos como otros han fracasado, tanto unos como otros pueden congratularse por lo conseguido, y la dependencia mutua ha sido tan involuntaria como inevitable. Nadie puede adivinar qué hubiera pasado si todas las fuerzas abertzales hubieran optado por la ruptura en Txiberta o por la integración total en la reforma. El caso cierto es que la reivindicación nacional dividida ha tenido un componente virtuoso insospechado.

Sin embargo, agotado ya ese modelo, la dialéctica «fuera/ dentro», imprescindible para avanzar en la construcción del demos vasco, se ha visto en la tesitura de adquirir formas renovadas. El año 2013 verá seguramente el despliegue de un nuevo perpetuum mobile democratizador. Ahora que lo institucional deja de ser ajeno, ¿cuál es la tensión que permite el cambio?

1. Evitar la tentación del anti-institucionalismo, pero sin confiarlo todo a la institución. La acción institucional es neutra respecto al cambio social y político. El profesor de Harvard Hugh Heclo, en su obra «Pensar Institucionalmente», describe acertadamente esta neutralidad cuando afirma que «el modo institucional de pensar no es ni mejor ni peor que aquello que institucionaliza». Si se trata de no aplicar recortes lesivos para la clase trabajadora o establecer la cooficialidad real del euskera en toda Euskal Herria, nadie podrá rechazar la conveniencia de la acción institucional desde una perspectiva abertzale y de izquierdas. Cuando lo público se convierte en instrumento de coerción para disciplinar a la sociedad según los intereses de la acumulación privada, la acción institucional alternativa es clara: defender y desarrollar lo común hacia el buen vivir, más allá incluso de la lógica del bienestar. Y lo común es inseparable de una autonomía social que cualquier institución responsable debería fomentar por encima de todo, cerrando el paso al delegacionismo o al dirigismo, sea éste institucional o partidario.

2. Gestionar las contradicciones en un escenario complejo, pero sin caer en el pragmatismo sucio. La tensión entre las demandas sociales planteadas según una lógica popular plural pero articulada, y la lógica diferencial que obliga a ocuparse «separadamente» de los problemas de toda la ciudadanía, esté o no movilizada, se traslada al interior de la institución, y obliga a una geometría variable, en ocasiones, contradictoria. La reflexión apresurada sobre el ciclo histórico previo puede conducirnos a un doble error: por un lado, pensar que la opción por la más extrema de las formas de lucha era expresión natural de una sociedad ideológicamente radicalizada en la misma medida, y, por otro, considerar que al abandonar dicha forma de lucha, la radicalidad política se pierde por el mismo desagüe. Ni una cosa, ni la otra. La mera existencia de la lucha armada no era garantía de pureza doctrinal o virginidad política, pero indudablemente funcionaba como antídoto contra las versiones más banales y corruptas de la institucionalización. La capacidad para el acuerdo multilateral, recién descubierta, permite navegar cuando las mayorías institucionales no son muy claras, pero, al tiempo, puede arrastrar a una fuerza política todavía limpia al mero «intercambio de cromos» dirigido a la satisfacción de las propias redes clientelares. Por ahora, Ulises resiste a las sirenas.

3. Inspirarse y creer en la estatalidad, pero sin esperar al «Independence Day». No estamos en Bolivia o Venezuela. Allí, los dilemas institucionales típicos en la izquierda se producen en un marco estatal estable. En nuestro caso los espacios institucionales en los que incide el abertzalismo están sujetos a ordenamientos estatales inflexibles, pseudoautoritarios, poco proclives al entendimiento razonable. El reciente episodio de la paga extra, es, en parte, una nueva edición de la filosofía que ha animado la respuesta del abertzalismo al sistema político español: buscar o sortear la legalidad con artificios discursivos y triquiñuelas jurídicas, simular, aparentar y mentir, utilizar el eufemismo y la picaresca: es decir, españolear. Decimos «en parte», porque todavía hay margen para que lo que hoy es una estratagema se convierta mañana en un verdadero uso institucional alternativo.

No se trata de lanzarse a la primera de cambio a un choque de trenes que por ahora circulan en distintos anchos de vía. En esto también funcionará la geometría variable y la inteligencia política, pero posiblemente a lo largo del año 2013 se cerrará el tiempo de la simulación y la engañifa. Y me temo que en esto habrá que ser vanguardia, nadie ofrecerá pactos en primera instancia.

Según el momento, el lugar y la política pública a gestionar, el modelo institucional oscilará entre un funcionamiento reglado basado en coaliciones diversas y una lógica desobediente soberanista. La estatalidad material puede densificarse a través de nuevos ensamblajes institucionales, y, al mismo tiempo, las estructuras estatales formales pueden ir surgiendo en aquellos espacios donde democráticamente ello sea posible. No son procesos alternativos, sino complementarios, y ambos, si responden realmente a esa inspiración estatal, van a necesitar tarde o temprano un desborde competencial desobediente. Sin frivolidad ni improvisación de ninguna clase, pero sin olvidar en momento alguno que a nuestras instituciones las habilita la voluntad democrática de la ciudadanía vasca y no su integración en un determinado ordenamiento jurídico.

Y eso debiera valer tanto para el diputado general de Gipuzkoa como para nuestro flamante nuevo lehendakari. Si unos ya «piensan institucionalmente», es posible que otros tengan que empezar a «pensar subversivamente». En todo caso, ambos deberían comenzar a «pensar estatalmente», si no se desea malvivir otros cuarenta años bajo la «consociativa» doctrina del Tribunal Constitucional. El primer paso es creer que se están gestionando estructuras genuinamente estatales; el segundo, actuar en consecuencia.

Por eso, cuando hablamos de democratización, el título con el que empieza el artículo es un oxímoron tan solo aparente. La subversión institucional sub-vierte, coloca arriba lo que esta debajo, es decir, convierte en norma la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Al tiempo, la subversión institucional no cae en el puro utopismo, ni pierde de vista que el presente se construye sobre la experiencia del pasado, y que, por tanto, los abertzales que nos precedieron y permitieron llegar al siglo XXI con algunas estructuras proto-estatales no fueron incapaces o cobardes. Del mismo modo, la acción institucional subversiva supera tanto la conveniencia cortoplacista como la sumisión que busca el mero mantenimiento en el poder, y nunca olvida que la institución, además de seguridad y previsibilidad, debe ofrecer cauce a la voluntad popular y su deseo de cambio. Aunque éste sea ilegal… por el momento.

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