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diciembre 19, 2012

Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

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diciembre 19, 2012

ELA ve a los políticos “atrapados a cal y canto” por el capital

Iturria: Expansion.com – 2012/12/19

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, “Txiki”, ha defendido hoy la capacidad de organización y la movilización para hacer frente a las “durísimas” consecuencias de una situación en la que la clase política, ha dicho, “está atrapada a cal y canto para hacer lo que el capital quiere”.

“Si el sindicato no está en la empresa va a ser menos útil que un frigorífico en el Polo”, ha subrayado Adolfo Muñoz en un mitin organizado por ELA en el frontón Labrit de Pamplona al que, según este sindicato, han asistido unas 2.000 personas, que posteriormente se han dirigido en manifestación hasta el Parlamento.

Tras una pancarta en la que se leía, en euskera, “Presupuestos a favor del pueblo” y, en castellano, “No a los recortes sociales”, los manifestantes han recorrido diversas calles del centro de la ciudad portando ikurriñas y banderas verdes con el anagrama de ELA.

Durante su marcha han proferido consignas como “no a los recortes”, “repartir el trabajo y la riqueza” o “no falta dinero, sobran ladrones”.

Previamente, Adolfo Muñoz ha criticado los recortes y las políticas “antisociales” del Gobierno de Navarra, comunidad cuya reforma fiscal ha considerado “mala” y cuyos presupuestos ha situado como “rehenes de una política fiscal injusta y de una posición ideológica”.

Se ha referido además a Caja Navarra para opinar que ha sido “el mayor expolio que se ha hecho desde la conquista de Navarra por Castilla”, contando además con apoyos que ha justificado en el “tú me tapas, yo te tapo”.

No se han librado de sus críticas las cajas vascas, a las que ha atribuido “espectáculos patéticos”, “chantajes”, “presiones” o “trueques” para “estar en los consejos de administración que van a dirigir la privatización de las tres cajas”.

Sobre Gamesa, ha señalado que “se ha regalado” a la empresa un ERE para despedir a 330 personas en toda España, 204 de ellas en Navarra, que ha contado únicamente con el rechazo de ELA. “Con la reducción salarial de los que se quedan se va a pagar a los que se van y si luego si necesitan gente, contratarán todavía más barato”, ha criticado.

Muñoz ha defendido también la labor de ELA frente a “otro modelo sindical” que “se deja financiar y entra en redes clientelares”, y ha señalado que “a duras penas” han ganado el debate social pero no el político “porque la clase política está atrapada a cal y canto para hacer lo que el capital quiere”.

“El problema está en que la clase política no quiere conectar con una sociedad que le exige desde la calle que cambien las políticas”, en un momento en que la patronal se aprovecha “sin escrúpulos” de la reforma laboral para despedir a los trabajadores. “Han decidido dejarnos solos con mucha gente que lo está pasando mal”, ha sostenido el dirigente sindical.

En esta situación, en la que a su entender “es evidente” que “todo el escenario político se ha corrido hacia la derecha”, también “han creado miedo” para que “todo eso funcione”. “A la gente han metido miedo, que es un elemento de disciplina terrible contra el que también tenemos que luchar”, ha concluido.

diciembre 19, 2012

ELA denuncia que el convenio estatal del metal “sólo beneficia a la patronal”

Iturria: Lainformacion.com – 2012/12/19

El sindicato ELA ha denunciado hoy que el primer convenio estatal del metal, que el pasado viernes firmaron los empresarios del sector y las centrales UGT y CCOO, “sólo beneficia a la patronal”.

El sindicato ELA ha denunciado hoy que el primer convenio estatal del metal, que el pasado viernes firmaron los empresarios del sector y las centrales UGT y CCOO, “sólo beneficia a la patronal”.

Por medio de un comunicado, el sindicato nacionalista ha censurado que a la reunión en la que se firmó el convenio “no fueron convocadas ni la CIG de Galicia ni ELA” y ha acusado a CCOO y UGT de formar parte de “una negociación secreta a espaldas de los trabajadores y que sólo beneficia a la patronal”.

ELA ha explicado que el convenio suscrito tiene una vigencia de cuatro años (de 2013 a 2016) y regula cuestiones como el régimen disciplinario, la clasificación profesional, las modalidades de contratación o la movilidad geográfica.

Según la central, la negociación se mantiene abierta y el convenio contiene disposiciones en las que se “plantean homogeneizar tanto los salarios como la jornada de los diferentes convenios del Estado”.

ELA ha exigido a CCOO y UGT que “dejen fuera del ámbito de aplicación de este convenio a los metalúrgicos de Hego Euskal Herria” y ha acusado a dichos sindicatos de ser “aliados” en el ámbito de las relaciones laborales de la “ofensiva centralizadora del PP”.

 

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diciembre 19, 2012

Por qué la deuda pública no debería pagarse

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/18

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

 

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