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diciembre 12, 2012

TSJPV anula la decisión de Corrugados Azpeitia de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla

Iturria: Finanzas.com

Estima que la empresa “optó, de manera consciente y voluntaria, por hurtar a la negociación” durante el período de consultas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nula la decisión adoptada el pasado 17 de julio por la mercantil Corrugados Azpeitia S.L.U. de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla.

En sentencia fechada este pasado martes, contra la que cabe interponer recurso, el TSJPV estima la pretensión inicial de la demanda presentada el pasado 14 de agosto de 2012 por el Comité de Empresa y los sindicatos ELA y LAB frente a Corrugados Azpeitia y doce mercantiles más del Grupo Gallardo, así como contra el Fondo de Garantía Salarial y el Ministerio Fiscal, para reclamar la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido de los trabajadores por concurrir “un vicio en el procedimiento”.

La sentencia reconoce la legitimación de las centrales sindicales ELA y LAB para ejercitar la acción de impugnación del despido, pero rechaza su argumentación de que el ERE presentado por la empresa el pasado 15 de junio de extinción de 60 contratos y de suspensión de otros 228 hasta el 31 de diciembre, de entre el total de sus 313 trabajadores, por causas económicas, productivas y organizativas, fuera una consecuencia de la convocatoria de huelga.

Al respecto, se considera probado que el paro se convocó en “protesta frente a las medidas de despido y suspensión propuestas por la empresa”. El Tribunal declara nula la decisión, adoptada en fecha 17 de julio de 2012 por la mercantil Corrugados Azpeitia S.L.U., de extinguir esos 60 contratos, al considerar que la compañía no cumplió con el deber de “negociar de buena fe” con el Comité de Empresa en el curso del período de consultas.

En este sentido, se recoge que Corrugados Azpeitia “optó, de manera consciente y voluntaria, por hurtar a la negociación colectiva la materia referida al número de contratos a extinguir”, respecto de la cual mantuvo y trasladó al Comité de Empresa su posición “inamovible e inflexible de resolver la totalidad de los inicialmente previstos, sin contemplar ninguna alternativa”.

El tribunal considera que la empresa al “imponer” esa “premisa previa” a las negociaciones sobre un aspecto “tan básico y relevante” cometió “un grave e injustificado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe”. En este sentido, considera que la compañía “desnaturalizó el proceso de consultas” y “a la propia finalidad de ese trámite, impidiendo toda posibilidad de acuerdo, y viciando de nulidad la decisión extintiva”.

Por otro lado, en la sentencia se contempla que no ha lugar a pronunciamiento alguno sobre el Fondo de Garantía Salarial al ser ajeno a la cuestión debatida. Corrugados Azpeitia S.L.U., dedicada a la fabricación de acero corrugado destinado, fundamentalmente, al sector de la construcción, está integrada en el Grupo Alfonso Gallardo, cuya sede social se encuentra en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Previamente a este ERE, el 10 de noviembre de 2011, la empresa solicitó autorización para resolver los contratos de 140 trabajadores a su servicio y suspender/reducir en un porcentaje máximo del 50 por ciento la jornada de la práctica totalidad de la plantilla a lo largo de todo el año 2012.

Además, el 11 de enero del presente año el Gobierno vasco autorizó un ERE de extinción de los contratos de cien trabajadores y la suspensión temporal, en el período comprendido hasta el 30 de junio de 2012, durante un promedio de 60 días laborables, de otros 303 empleados de la plantilla al estimarse acreditadas las causas económicas y productivas alegadas por la empresa.

La Administración laboral autorizó un menor número de extinciones y un mayor número de suspensiones, en base a las previsiones de mejora paulatina del mercado del corrugado en los próximos años, realizadas por la propia empresa en el Plan de Viabilidad 2012-2016, según el cual el Grupo Alfonso Gallardo se responsabilizaba de mantener la actividad de la industria durante el período de duración del mismo. PLAN VIABILIDAD

A tal fin, Corrugados Azpeitia SL recibió del Gobierno vasco un Préstamo Participativo de cinco millones de euros, destinado exclusivamente a la financiación del citado Plan de Viabilidad y se acordó que las extinciones se efectuarían por prejubilaciones, extinción solidaria incentivada hasta un máximo de 87 trabajadores, y despido colectivo hasta un número máximo de cien contratos.

Los sindicatos ELA y LAB y el Presidente del Comité de Empresa presentaron recurso a esta resolución, pero se desestimó. El pasado 31 de mayo de 2012, la Dirección de Corrugados Azpeitia trasladó al Comité de Empresa su intención de despedir a 60 empleados y suspender los contrato del resto, tras lo cual la plantilla inició paros y movilizaciones.

Corrugados Azpeitia obtuvo unos beneficios de más de 5,5 millones de euros en 2008, mientras que en 2010 y 2011 registró pérdidas por un importe de 35,5 y 19,2 millones de euros, respectivamente.

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diciembre 12, 2012

El “expolio” social del que no se habla

Iturria: Vicenç Navarro / attac.es – 2012/12/11

Este artículo muestra la gravedad de la situación fiscal en España y de su enorme regresividad (bien documentada en un informe reciente de la Fundación 1º de Mayo) que determina que las rentas del capital hayan estado especialmente beneficiadas creando un agujero en las cuentas del estado que intenta resolverse a base de recortes en las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar.

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más  rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital,  hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.

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