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diciembre 10, 2012

Las grandes empresas españolas han vivido por encima de sus posibilidades

Iturria: auditoriaciudadana.net Saque de Esquina, Eduardo Garzón

Desde los altos círculos de poder, y especialmente a través de los medios de comunicación, se intenta expandir sutilmente la idea de que todos hemos tenido responsabilidad en la gestación y desarrollo de la crisis económica española cuyos efectos impiden hoy día que la actividad económica se recupere. Se nos dice que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, con la intención de generar un sentimiento de culpabilidad que nos predisponga a aceptar los sacrificios que se nos imponen. Según esta visión, puesto que todos hemos cometido excesos, todos debemos pagar ahora un precio por ello. Este mensaje ha tenido un notable éxito en la sociedad española, teniendo como resultado que muchas personas acepten sin rechistar el recorte de derechos sociales y laborales, limitando así el grosor poblacional que se rebela y protesta frente a este tipo de medidas.

El triunfo de este mensaje contrasta con el respaldo argumentativo que le subyace. Y no es para menos: la evidencia empírica y los datos estadísticos no apoyan en absoluto el contenido de esta idea; sino que precisamente lo contradicen. Un simple vistazo a ciertos indicadores económicos de nuestra economía nos revelará una realidad muy diferente a la que nos intentan reflejar: no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que son las grandes empresas y los hogares más ricos los sectores que lo han hecho. Demostrarlo es bastante sencillo y es lo que se abordará en este post y en el siguiente.

Uno de los mayores problemas de la economía española es su sobreendeudamiento, ya que impide que los agentes endeudados puedan contribuir positivamente a la recuperación de la actividad económica (cualquier ingreso que reciban será destinado principalmente a reducir su deuda y no a invertir o consumir, y así será hasta que deje de suponer una carga importante). Según losúltimos datos del Banco de España, la cantidad de deuda total de la economía española (la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos) alcanzaba a finales de 2011 los 4,3 billones de euros (un 402% del PIB). De esta cantidad total, la deuda de las administraciones públicas suponía el 77% del PIB, mientras que el resto (325% del PIB) correspondía a la deuda privada (de familias y empresas). Esto significa que del total de la deuda española, sólo el 19,1% es deuda atribuida a las arcas públicas y el 80,9% es deuda contraída por las familias y las empresas.

Aquí ya tenemos un dato curioso: la mayor parte del problema del sobreendeudamiento español corresponde al sector privado, y no al público. Esto contrasta con la idea que se transmite a través los grandes medios de comunicación donde los debates se centran en torno a la deuda alcanzada por las administraciones públicas, y nunca (o muy pocas veces) en la privada. La deuda pública en teoría puede relacionarse con un exceso de todos los ciudadanos, ya que se puede entender que el Estado se endeuda para mejorar las condiciones de vida de la población. No obstante, no podemos olvidar un factor muy importante: la deuda pública se ha mantenido constante a lo largo de mucho tiempo e incluso comenzó a descender a partir de 2004. Su aumento a partir de 2007 se debe a los rescates bancarios, y a la pérdida de recaudación derivada de la recesión económica. El endeudamiento público, además de presentar un porcentaje pequeño sobre el total de la deuda, no aumentó durante el boom inmobiliario. Por todo ello, no tiene sentido atribuirle a las administraciones públicas responsabilidad alguna en este reciente sobreendeudamiento de la economía española.

Dejemos a un lado, entonces, la deuda pública y centrémonos en la privada (formada por la deuda de los hogares y la de las empresas). La deuda de las familias representaba el 83% del PIB, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 243% del PIB. Esto supone que, una vez considerada en solitario la deuda privada, solo el 25,5% pertenece a los hogares, mientras que el restante 74,5% es de las empresas.

Esto quiere decir que la mayor parte del problema de la deuda privada es atribuible a las empresas españolas. Las empresas se han endeudado en cantidades muy superiores a las realizadas por las familias españolas.

El análisis de la deuda de las familias –que nos revelará que dentro de este sobreendeudamiento han destacado las familias más ricas– será llevado a cabo en el siguiente post. Ahora nos centraremos en la deuda empresarial.

Si estudiamos el endeudamiento de las empresas atendiendo al tamaño de las mismas descubriremos un dato muy llamativo: el 95% de toda la deuda empresarial española corresponde a las grandes empresas (más de 250 empleados).

Es decir, casi la totalidad de la deuda contraída por las empresas españolas es atribuible exclusivamente a las grandes empresas. Las empresas no financieras invirtieron masivamente (y utilizando especialmente técnicas de apalancamiento –esto es, recurriendo a endeudarse) alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Las empresas financieras asumieron enormes riesgos también a través de operaciones que eran mucho más rentables cuánto más recurrieran al endeudamiento. Es obvio que este tipo de actividades están más fácilmente al alcance de las grandes empresas, que cuentan con más y mayores recursos y medios que empresas más pequeñas. Para un mayor análisis de las inversiones de las grandes empresas leer este artículo de Juan Laborda: “Sí, en España la élites vivieron por encima de sus posibilidades”.

Ahora bien, si queremos saber cuántas grandes empresas existen en España puede que nos llevemos otra sorpresa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente 4997 empresas de las 3.250.576 empresas que hay tienen más de 200 empleados (INE no clasifica por 250 empleados, como hace el Banco de España). Es decir, solo el 0,153% de todas las empresas españolas tiene más de 200 empleados. Deducimos por lo tanto que el 95% de toda la deuda empresarial española pertenece a menos del 0,153% de las empresas españolas. Son solo unas poquísimas empresas las que se han excedido e hinchado el sobreendeudamiento empresarial español.

La constatación de esta concentración de las deudas en tan pocas grandes empresas es totalmente contraria al mensaje extendido de que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Una vez recurrido a los indicadores económicos oficiales no queda más remedio que dar por falsa esta idea. Los datos demuestran que una parte muy importante del problemático sobreendeudamiento de la economía española es atribuible únicamente a las grandes empresas españolas. Por lo tanto, podemos y debemos decir valientemente y sin miedo que han sido principalmente las grandes empresas las que se han endeudado en cantidades astronómicas y las que han vivido por encima de sus posibilidades.

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diciembre 10, 2012

Privatizar la sanidad: la bolsa y la vida

Iturria: Víctor Lapuente Giné / eldiario.es – 2012/12/10

Los gobiernos de todo el mundo llevan décadas intentando auto-reformarse. Un denominador común de estas reformas ha sido desplazar actividad gubernamental de la llamada administración pública tradicional – organizaciones burocráticas, rígidas, con personal funcionario– a las nuevas formas de gestión pública, que intentan adoptar prácticas gerenciales del sector privado al público. Pasar de un gobierno que lo hace todo a un gobierno que se limita a llevar el timón; mientras otros – se supone que más eficientes o más efectivos– reman. Hay, sin embargo, una fauna variada de “remeros”. Algunos gobiernos han elegido a trabajadores públicos, pero no sujetos a un estatuto de función pública, sino a un mercado competitivo similar al del sector privado. Otros han preferido remeros externos, incluyendo en ocasiones a empresas privadas; pero, en muchas otras, restringiendo la competición a entidades sin ánimo de lucro.

Aunque el abanico de  posibilidades es muy amplio, el debate sobre la privatización de la sanidad madrileña vuelve a poner de manifiesto que en España sólo parece que existen los dos extremos: o el status quo de un personal sanitario funcionarial o la externalización a empresas privadas.

Por un lado, se nos bombardea con la idea de que hay que externalizar la gestión de los hospitales y otros centros sanitarios para equipararla a la más eficiente gestión de las empresas. Sin embargo, esto es una falacia. En el sector privado, las empresas externalizan la gestión de determinadas actividades –limpieza, consultoría, marketing; a veces también producción o diseño – pero no todas sus actividades a otras empresas.

Se trata, de hecho, de una paradoja para la teoría económica clásica. En principio, toda transacción debería estar sujeta a un precio, por lo que un empresario X interesado en fabricar coches, simplemente debería pagar un precio de mercado A al ingeniero Y a cambio del diseño de una rueda, un precio B al ingeniero Z que diseña los frenos, un precio C por cada puerta que cada operario monte, etc… Como podemos imaginar, este “etc..” sería inmensamente largo. Gestionar esta infinidad de contratos individuales sería una pesadilla. Conclusión, el empresario X encuentra mucho más eficiente montar su propia organización y pagar un salario a sus empleados a cambio de unas instrucciones sobre cómo hacer el trabajo.

La gran mayoría de empresas externalizan algunas de sus actividades. Pero ninguna que quiera sobrevivir externalizará actividades que permitan que la empresa contratada abuse de su posición. Se nos pueden ocurrir muchísimos casos en los que una empresa se niegue a dar a otra la producción de un determinado componente o la gestión de un determinado proceso – aún en el supuesto de que esta última sea más eficiente. Los intereses de la empresa proveedora y la cliente pueden chocar en muchos aspectos, desde espionaje industrial para beneficiar a la competencia a facturaciones exageradas por servicios difíciles de cuantificar o por imprevistos varios. Este dilema del “make or buy” – es decir, cuándo es mejor hacerlo uno mismo y cúando es más apropiado comprarlo a otra empresa – afecta a cualquier organización privada.

Quiero subrayar esto: cuando se nos diga que externalizar la gestión es más eficiente apelando a los valores del sector privado, hay que responder que las empresas no externalizan aquellas actividades que generan incentivos perversos. El estado, que no es más que la empresa de todos, debe regirse por el mismo principio: podemos externalizar aquellas actividades cuyos resultados son claramente medibles y, además, no ofrecen oportunidades para comportamientos deshonestos.

La sanidad es un caso complejo, para empezar porque hay actividades que pueden establecerse fácilmente en un contrato entre la administración y un proveedor privado – por ejemplo, un dinero X por un servicio de comedor o incluso por una operación quirúrgica Y. Pero hay actividades difíciles de controlar, como derivar pacientes “poco eficientes” económicamente al hospital público de al lado.

Esto ha llevado a un enorme interés en la comunidad académica por evaluar las experiencias de privatización de la sanidad pública. Llama la atención la ausencia total de referencias a estos estudios en el debate sobre la privatización de la sanidad en Madrid – ni por los promotores ni por los detractores. Estos últimos se escudan en mensajes simplistas como una sanidad “100% pública”, con lo que se entiende que Ignacio González señale la “irresponsabilidad” del movimiento de protesta contra su plan. Ahora bien, la justificación que da la comunidad de Madrid es también meramente ideológica, no basada en estudios independientes. Como señalaba un alto cargo para explicar la idoneidad de las medidas, “nos hemos mantenido fieles a nuestro discurso liberal, hemos sido coherentes” ( El Pais 31-10-2012).

La discusión es dicotómica: o blanco (la marea contra la privatización) o negro (la marea privatizadora). Se produce así una confluencia paradójica de intereses para mantener a la opinión pública confundida y esconder que existen modelos grises intermedios que podrían ser muy interesantes. Por una parte, los sindicatos, representando a trabajadores que no quieren perder su plaza funcionarial, tienen un interés en equiparar a cualquier “remero” de la sanidad que no sea funcionario con alguien que se enriquecerá a costa de todos. Por otra parte, la Comunidad de Madrid tiene un interés en decir que los “remeros” serán todos tan eficientes, poco amigos del lucro y responsables como las cooperativas de médicos que gestionan ambulatorios en Cataluña.

Esta confusión lastra el debate, porque es posible que el paso de una sanidad en manos de una maquinaria burocrática funcionarial y jerárquica a una sanidad gestionada por entes más autónomos, dinámicos y competitivos reportara buenos dividendos en términos de contención de costes y de calidad del servicio. Pero la gestión en manos de empresas con ánimo de lucro resulta más problemática. Si nos restringimos a los resultados de la sanidad que se pueden medir – como tasas de mortalidad o costes por paciente – los estudios más ambiciosos (que pueden llegar a incluir millones de casos) no muestran una superioridad del modelo privado. No hay evidencia de que la gestión de hospitales por empresas privadas produzca mejores resultados – en términos de menor mortalidad o de contención de costes – que la gestión en manos de entidades sin ánimo de lucro. En otras palabras, con la privatización no ganamos ni en “bolsa” ni en “vida”.

Pero luego están los elementos del contrato que no se pueden controlar fácilmente y que pueden dar lugar a lucros inapropiados. Existen muchos ejemplos de que permitir el enriquecimiento (sólo por clarificar, no sólo no tengo nada en contra, sino, más bien al contrario, soy muy partidario del enriquecimiento individual si reporta beneficios sociales) de los proveedores privados de sanidad pública fomenta comportamientos inadecuados. Hay casos grotescos – y quizás relativamente fáciles de corregir – como la dentista británica acusada de facturar falsos servicios al NHS por valor de 1,5 millones de libras. Hay otros abusos más sutiles – y difíciles de detectar – como los ambulatorios privados suecos que manipulaban el número y las horas de llegada de los pacientes para obtener beneficios fáciles. Y todos en España estamos familiarizados con la “socialización” de tratamientos no rentables.

En resumen, el mensaje para la Comunidad de Madrid sería el siguiente. Querer externalizar la gestión de los centros sanitarios es como si alguien hubiera intentado convencer a Henry Ford de que tenía que dejar la gestión de sus fábricas de coches en manos de otra empresa con el argumento de que “en relación a lo que podemos medir, no podemos garantizar que la empresa contratada reducirá los costes o aumentará la calidad; y, en relación a lo que no podemos medir, hay muchas posibilidades que esta empresa se aproveche de nosotros, con lo que, además, vamos a tener que contratar a un ejército de supervisores y abogados”. Deberíamos exigir al gobierno de Madrid ser tan escéptico como seguramente Henry Ford lo sería en esta situación. Queremos datos, que pasen un mínimo umbral de rigor científico; no videos propagandísticos.

Pero también hay un mensaje para los sindicatos de la sanidad pública, pues el actual sistema es mejorable. En lugar de atrincherarse en un modelo funcionarial casi decimonónico, deberían abanderar las propuestas de cambio hacia modelos de empleo más acorde con la descentralización, individualización e introducción de incentivos que han sido adoptados en los sectores públicos de otros países de la OCDE. Nos jugamos la bolsa y la vida.

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