Archive for noviembre, 2012

noviembre 29, 2012

Barcina impone por decreto el aumento de jornada a los trabajadores públicos

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/11/29

Utiliza esta vía para eludir su minoría parlamentaria

Otras medidas, como la obligación de jubilarse a los 65, deberán ser aprobadas en la Cámara por ley

Hace unos meses por ley y ahora por decreto foral. Barcina hecha mano de cualquier fórmula para conseguir sus objetivos y si hace seis meses amplió la jornada a los trabajadores públicos de 1.592 horas (35 a la semana) a 1.628 (37,5 semanales) mediante un proyecto de ley, ahora, a la vista de su soledad parlamentaria, recurre al decreto foral para imponer su criterio a todos los navarros.

Después constatar que no podría prorrogar las medidas de recorte aprobadas en junio para los empleados de la Función Pública ni mediante el proyecto de Presupuestos para 2013 que fue rechazado, ni por medio de una proyecto de ley que recibió las críticas de toda la oposición de izquierdas incluido el PSN, los regionalistas han optado por la vía del decreto para que el aumento de la jornada tenga efecto también en 2013. Según el criterio del Gobierno foral, que atañe a la jornada laboral corresponde a normas de desarrollo reglamentario como es el decreto foral, porque “así se establece en el estatuto de la Función Pública”, aunque “en su día se entendió que era procedente incluir todas las normas en un proyecto de ley”.

NO SOLO LA JORNADA Además de lo referente a la jornada laboral, el Ejecutivo prorrogará por la misma vía la reducción del crédito al horario sindical en un 10%, que se traduce en la reducción de 19 liberaciones a tiempo completo, y la limitación de prestaciones de aquellos empleados públicos acogidos al sistema sanitario de uso especial como la óptica y la odontología a un máximo de 200 euros por beneficiario y año natural. Este tipo de asistencia es la que paga la Administración a los 7.400 funcionarios (2.700 en activo y 4.700 jubilados) del sistema Montepío y los funcionarios municipales.

Ante la imposibilidad legal de prorrogar el resto de medidas por este mismo cauce, el Gobierno de UPN aprobó en el mismo sentido un proyecto de ley foral que será remitido al Parlamento para su debate y votación. Los regionalistas pidieron que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia mediante lectura única para que estas medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Mediante este cauce, el Gobierno pretende sacar adelante cuestiones menos impopulares que podrían concitar algún apoyo, ya que alguna de ellas elimina privilegios como es el caso de las referentes a los altos cargos. En este paquete se incluye la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, salvo excepciones (hasta la finalización del curso escolar en el caso del personal docente, cuando sea imprescindible para la prestación de servicio o hasta los 70 años cuando no se haya generado el derecho a pensión). En la actualidad hay 121 personas con 65 o más años en la Administración, la mayoría en el ámbito sanitario de los niveles A y B. También deberá someterse a votación la supresión de la paga por variables correspondientes al mes de vacaciones, es decir, que los funcionarios no cobren durante sus vacaciones lo correspondiente a complementos como el de la nocturnidad; en la misma línea, se pretende eliminar la ayuda familiar de 475 euros anuales que reciben los trabajadores públicos cuyo cónyuge esté en paro. Por último, el proyecto de ley prevé la reducción del complemento personal para exaltos cargos que son funcionarios. Hasta junio, los directores generales, directores gerentes de organismos autónomos y miembros del Gobierno que son funcionarios cobraban un complemento personal del 25% de sus retribuciones cuando dejaban de ser altos cargos. Con la modificación, esa retribución desciende al 10% del sueldo inicial.

Con la prórroga de estas medidas, tanto las que UPN aprobará unilateralemente mediante el uso del decreto foral, como aquellas que serán llevadas al Parlamento y expuestas al voto de la oposición, el Gobierno pretende ahorrar 9,4 millones de euros en 2013.

LEY Y RECURSO Pero la oposición no tiene intención de dejar hacer a UPN a su antojo y, nada más conocer la intención de que UPN iba a impulsar el decreto, la oposición reaccionó. El grupo parlamentario de Bildu registró en la Cámara una proposición de ley, que se tramitará también por el procedimiento de urgencia, para “blindar” la jornada de 35 horas semanales y evitar la posibilidad de que el decreto tenga efecto. Para Bildu, “muchas de las medidas impulsadas por el Gobierno están consiguiendo el efecto contrario al perseguido”. El PSN por su parte, que rechaza el aumento de la jornada, anunció que pedirá un informe jurídico para estudiar la base legal del decreto implusado por el Gobierno y anunció que en el Parlamento solo apoyará la obligación de jubilarse a los 65 y la bajada del complemento a los altos cargos. “Estamos hartos de que los funcionarios sean los paganos de la crisis”, apuntaron fuentes socialistas.

Protesta, frente al edifico de la Diputación contra los recortes de junio. (Patxi Cascante)
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noviembre 29, 2012

Amnistía fiscal y oficina internacional: dos caras de una política marcadamente regresiva

Iturria: David Trillo / econonuestra.org – 2012/11/28

La necesidad de incrementar la recaudación en una carrera a contrarreloj para combatir el déficit público llevó al gobierno, en contra de lo afirmado antes de ganar las elecciones, a subir la tributación indirecta. El escenario de hundimiento general de la recaudación hizo que se tomara una vía fácil e interesada, puesto que de ese modo no se abordaba el problema de incrementar la presión fiscal sobre las rentas altas. Sin embargo, los recortes de la mal llamada “política de austeridad” están contribuyendo a la disminución del consumo y por tanto a anular parcialmente el aumento de la tributación total, de manera que el gobierno se ha visto obligado a inventar nuevas reformas relacionadas con los impuestos; desde nuestro punto de vista no está claro si estas reformas son medidas recaudatorias o más bien publicitarias, para que disminuya la presión social en este tema. La primera anunciada fue una amnistía fiscal y la segunda la creación de una oficina fiscal internacional para investigar casos de grandes empresas que generaban una parte importante de sus operaciones en España pese a tener residencia fiscal en otros territorios.

Respecto a la medida de la amnistía fiscal, casi todos los análisis se están volcando en entrar en la efectividad de la medida, lo cual es un error porque los 2.500 millones de euros que se plantean como objetivo es el “chocolate del loro” en un contexto de elusión y evasión fiscal internacional alarmante; Tax Justice Network calcula que pueden andar en cuentas en paraísos fiscales hasta 26 billones de euros a nivel mundial, que podrían aportar a la recaudación mundial unos 230.000 millones de euros. Además, la solución a esta crisis pasa por abordar el problema de la deuda, cuya capacidad de financiación extraordinaria deja en ridículo cualquier recaudación adicional que pueda obtenerse desvelando bases imponibles ocultas o subiendo impuestos.

Pero es que además el problema está en cómo se ha asumido iniciar una senda de tributación regresiva, porque ahora lo único que interesa es recaudar a costa de la mayoría. No se ha tomado el camino directo que es hacer que las sociedades aproximen su tipo efectivo al nominal 30%; actualmente a base del juego de deducciones, en parte por el problema de los precios de transferencia de grandes empresas con paraísos fiscales, pagan muy por debajo de ese porcentaje. Tampoco se ha ido contra grandes patrimonios perfectamente controlados en España.

El Real Decreto-ley 12/2012 prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de no residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria puedan hacerlo mediante una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%. Con ese ingreso del “gravamen especial” se evitará cualquier reclamación por parte de la administración por razón de sanción, interés o recargo. El importe declarado por el contribuyente tiene la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la LIRPF y en el artículo 134 del TRLIS. Esta posibilidad se agota el día 30 de Noviembre de 2012.

La vía elegida es un regalo fiscal para una parte de rentas que se había enriquecido en etapa de burbuja y de políticas conservadoras. Esta medida reduce la progresividad global del sistema, ya que las rentas que se ingresen con la amnistía tributarán al 10% en lugar de los tipos efectivos que correspondiesen a esas rentas sumergidas, y por supuesto renunciando a intereses de demora y sanciones (habría que pedirlo para el resto de rentas por una clara cuestión de equidad horizontal). Eso se une a la pérdida de progresividad que acarrea volcar la tributación general en la imposición indirecta (subida de IVA y tasas). No se ha planteado en cambio que los nuevos tipos del IVA inducen nuevos incentivos al fraude en un contexto en el que no se ha reforzado la plantilla de inspección tributaria.

La medida empezó mal, a finales del verano se estimaba que se había recaudado un 2% de lo previsto. Hay varias razones que podrían explicar por qué puede no tener éxito la medida. En primer lugar la desconfianza, es obvio que una vez afloren rentas también se pueden cruzar las declaraciones de renta y de patrimonio y que haya nuevos pagos en otros impuestos. Segundo el dinero negro (billetes) ha encontrado canales suficientes para no necesitar acogerse a la amnistía, aun así puede ser el que más acomodo encuentre en la amnistía. Lo de que con la amnistía puedan retornar cantidades depositadas en cuentas en paraísos fiscales parece más complicado. Hasta ahora no se ha tomado una decisión creíble y unificada de la unión europea que haga temer a los depositantes que puedan ser perseguidos por esas cuentas en paraísos fiscales. Si en los últimos días ha aumentado la tarea de los inspectores es casi paradójico porque es justo lo que hay que hacer sin necesidad de la amnistía, reforzar la inspección; que en el área de empresas está volcada mayoritariamente en PYME (aproximadamente un 70% de la inspección) y no en la gran empresa (eso dice mucho ya). Si retorna algo de dinero oculto en el tramo final no será de grandes empresas que tienen departamentos propios de planificación fiscal o la asesoría de las auditoras especializadas en la, eufemísticamente hablando, “optimización fiscal”.

Precisamente la recién creada oficina fiscal internacional debería encargarse de investigar otras vías de obtención de recaudación, en este caso conectadas con las actividades de empresas con residencia fiscal en España. Esta unidad se crea para supuestamente analizar las prácticas de planificación fiscal de las empresas y para estudiar vías de obtener mayor intercambio de información entre países. La llamada optimización fiscal está a la orden del día y los países tienen pocas herramientas para “hacer suya” la base imponible de muchas sociedades, puesto que existe libre movilidad de capitales en Europa. Al final es un problema de precios de transferencia, una posibilidad puede ser que las grandes corporaciones compren materias primas o productos sin elaborar en unos países a bajo precio a través de compañías radicadas en paraísos fiscales y venden a un precio más alto a la sociedad del país desarrollado: con gastos más altos e ingresos dados el beneficio o base imponible es menor. La operación se puede encadenar pasando por otros países, parece ser que también juegan con la constitución de sociedades en diferentes países de Europa; el tema es dónde se anota el beneficio y aparece la empresa matriz residente.

En el supuesto de Irlanda los establecimientos permanentes pagan el 12,5%. El caso de Apple o de Google, que ha salido a la luz recientemente, el problema son las relaciones de la matriz con las filiales, la empresa filial española paga altas facturas a la matriz europea reduciendo el beneficio en España, o incluso generando pérdidas, y los beneficios en Irlanda por la actividad principal pagan un 12,5%; si tributase en España sería el 30%. Esas actividades de elusión están amparadas por la legislación de ambos países. La coordinación fiscal, al igual que la armonización fiscal ha sido históricamente un fracaso. Lo que levantó la alarma fue que, por ejemplo, en el caso de Google es sabido que gran parte de sus actividades en Europa está vinculada a ventas a empresas o particulares residentes en España.

Lo único que se puede conseguir con la oficina recién creada es ampliar el ámbito de colaboración informativa de los paraísos fiscales, pero es una trampa, porque normalmente no va a redundar en un aumento de la recaudación y sí en un hecho que hace que en las listas internacionales algunos de esos países de baja o nula tributación puedan desaparecer de la clasificación como paraíso fiscal. Los países que suministran información y firman convenios de cooperación informativa pueden abandonar la lista de paraísos fiscales o centros off-shore. Es una muestra más de como la política y la economía son indisociables, para que haya coordinación fiscal efectiva tiene que prevalecer el interés de lo colectivo sobre los intereses de multinacionales, auditoras y grandes bancos y tiene que haber una institución o conjunto de gobernantes con capacidad real de cambiar la situación. Las pasarelas políticas entre los consejos de administración y los antiguos responsables de partidos políticos en Europa y en Estados Unidos, así como de los representantes de la banca de inversión en los principales centros de decisión en materia económica hablan de la dificultad de avanzar en estos temas.

En resumen no creemos que estas medidas vayan a conseguir ni de lejos el objetivo de incrementar notablemente la tributación, pero además ese es un objetivo para rendir cuentas en Europa, pero no necesariamente para la mayor parte de la población española, que lo que necesita es que se abandonen los recortes y se reoriente la política económica a nivel europeo hacia un modelo de sociedad y de economía completamente diferente.

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noviembre 29, 2012

ELA y LAB denuncian la falta de política industrial en Sakana

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/11/28

CON 1.775 DESEMPLEADOS, CREEN QUE ESTA SITUACIÓN SE DEBE A LA “DEJADEZ PREMEDITADA” DE UPN

Delegados de ELA y LAB así como miembros de la Asamblea de Parados de Sakana denunciaron ayer la falta de una política industrial por parte del Gobierno de Navarra ante la grave situación socioeconómica de la comarca, con 1.775 personas inscritas en las oficinas de empleo. “El Gobierno de UPN no ha apostado por esta zona y la situación actual es fruto de la dejadez premeditada de UPN”, señalaron Gorka Vierge y Gaizka Uharte, responsables de ELA y LAB en Sakana respectivamente. La concentración, en la que participaron unas 40 personas, fue en el exterior de las antiguas instalaciones de Gamesa en Alsasua, donde meses después de su cierre se anunció la instalación de Fluitecnik y 43 puestos de trabajo. “Fluitecnik no llegó a durar un año con las puertas abiertas y hoy en día en Sakana tenemos 400 desempleados más que entonces”, señalaron. Al respecto recordaron el cierre de otras empresas como Inasa ante la “pasividad” del Ejecutivo foral.

La concentración fue en las instalaciones de la antigua Gamesa. (N.M.)

noviembre 29, 2012

ELA aplaude que Confebask vea en la financiación y no en los salarios la causa de la crisis

Iturria: diariovasco.com – 2012/11/29

ELA aplaudió ayer las reflexiones de la secretaria general de Confebask, Nuria López de Gereñu, en la entrevista que DV publicó el domingo, valorando que la patronal vasca sitúa en la falta de financiación y no en los salarios el principal problema de la crisis. La representante empresarial advertía de que «la falta de financiación en Euskadi ya es crítica y hay riesgo de que se nos caiga el tejido industrial». El responsable de negociación colectiva de ELA, Ioseba Villarreal, destacó en una nota que su sindicato «siempre ha defendido que era y es evidente que los salarios no son los responsables de la crisis, y que a menor salario, menos empleo, luego más crisis».

El sindicalista comparte la necesidad de que «fluya la financiación y el mantenimiento del tejido productivo», para lo que aboga por «quitar dinero a los especuladores para dedicarlo a la economía real, la que crea empleo y hace país». En este sentido, se felicitó de que «Confebask reconozca que una parte de sus asociados (la Banca) puede hacer y aportar mucho más de lo que aporta al presente y al futuro de este país».
Al igual que López de Gereñu, ELA considera que «hay que recurrir ya a medidas de reactivación económica frente a las políticas de austeridad».
noviembre 29, 2012

Lan-legepeko irakasleen seiurtekoen kobrantza arazoan Auzitegi gorenak arrazoia eman dio ELAren salaketari

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

Epaiak Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan Legepeko Irakasleok 4. eta 5. seiurtekoak kobratzeko dugun eskubidea baieztatzen du. ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

2010ean Eusko Jaurlaritzak eta CC.OO. eta UGTek gutxiengoan sinaturiko irakasle funtzionarioen hitzarmenean irakaskuntza karrera profesionala martxan jartzeko konpromisoa hartzen zuten. Akordio haren ondorioz administrazioak irakasle funtzionarioei 4. eta 5. seiurtekoak ordaintzeko erabakia hartu zuen.

ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

Eta hau gutxi balitz, Eusko Jaurlaritzak bigarren diskriminazio onartezin bat egin zuen irakasle funtzionarioei seiurteko hauek ordainduz eta lan berdina egiten duten lan-legepeko irakasleei ordainsari bera ukatuz. Gogoratu beharrean gaude lan-legepeko irakasleen hitzarmenak argi adierazten duela irakasle funtzionarioen soldata bera izango dutela.

Hori dela eta, ELAk helegitea aurkeztu zuen bigarren diskriminazio hau salatu asmoz eta EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zigun langileoi. Jaurlaritzak ordea helegitea aurkeztu zuen Estatuko Epaitegi Gorenera eta orain Gorenak, beste behin ere, arrazoi ematen digu langileoi administrazioaren eskaera atzera botaz.

Hauxe da Auzitegi Gorenaren epaiak diona: “Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Epai honek Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan-Legepeko Irakasleoi 4. seiurtekoa(669,57€) eta 5. seiurtekoa ( 554,82 + 669,39=1.224,39€) 2010eko Urtarrilaren 1etik aurrera kobratzea onartzen digu.

Epaiketa egin aurreko adiskidetze saiakeran (PREKOA) Hezkuntza Sailak hitzarmen berriaren negoziaketan gai hau sartuko zuela esan arren adostasunik gabe amaitu zen saiakera eta orain esan dugun bezala epaia langileon alde atera da.

ELA inola ere ez dago ados langileen artean hierarkizazio eta ezberdintasuna areagotzen dituen soldata mailak ezartzearekin, eta hau honela, oso larria iruditzen zaigu, honelako inposaketak egin ondoren oraindik ere langileen artean diskriminazioak egiten dituzten honelako erabakiak.

Epaiketak arrazoia eman digunez Hezkuntza Sailak eginiko diskriminazioa zuzendu eta irakasle guztiei berdin ordaindu beharko lieke. Horrela ez bada, salaketa publikoa eta norbanako erreklamazioak egitea beste biderik ez digu utziko.

noviembre 29, 2012

El tribunal Supremo da la razón a la denuncia de ELA en el cobro de sexenios de los laborales docentes

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

La sentencia rechaza la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales y reconoce el derecho de los laborales docentes al cobro del 4º y 5º sexenio. ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación. 

En 2010 CCOO y UGT suscribieron con el Gobierno Vasco en minoría el convenio de funcionarios docentes que recogía el compromiso de la puesta en marcha de la carrera profesional en educación. Como consecuencia de este acuerdo la administración decidió poner en marcha el abono del 4º y 5º sexenio.

ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación.

Por si esto fuera poco, el Gobierno Vasco llevó a cabo una segunda e inaceptable discriminación entre las trabajadora y trabajadores del sector, al pagar los sexenios al funcionariado y no hacerlo a los laborales docentes por el mismo trabajo, cuando el convenio de laborales docentes deja claro que el salario será el mismo.

La decisión del Gobierno Vasco fue denunciada por ELA ante el Tribunal Superior de la CAPV que le dió la razón en primera instancia, pero la sentencia fue recurrida por la administración. Ahora ha sido el Tribunal Supremo quién, una vez más, ha dictaminado a favor de las trabajadoras y trabajadores.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Esta sentencia deja en evidencia la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales docentes y reconece el derecho de estos últimos a percibir el 4º (669,57€) y 5. sexenio (554,82 + 669,39=1.224,39€) con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2010.

Aunque el Departamento de Educación se comprometió en el PRECO a llevar este tema a la mesa de negociación, no fue posible el acuerdo y ahora son los juzgados quienes nos dan la razón.

ELA no esta de acuerdo con ningún tipo de jerarquía o diferencias salariales entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, pero siendo esto así, consideramos muy grave que el Departamento de Educación además de estrablecer los mecanismos de jerarquización, discrimine a algunos de esos trabajadores.

Siguiendo el dictado de la sentencia, el Gobierno Vasco debe abonar las diferencias. En caso contario no cabe otra posibilidad que la denuncia pública y la presentación de los correspondientes reclamaciones individuales.

noviembre 28, 2012

¡Capitalismo! Casi 13 millones de personas corren riesgo de pobreza y exclusión en el estado español

Iturria: Agencias / Kaos en la Red – 2012/11/28

Alrededor de 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, lo que supone un 27 por ciento de la población, según se desprende del II Informe ‘Impactos de la crisis’ elaborado en España por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.

El documento constata “un aumento constante y elevado”del número de personas en esta situación ya que, entre 2009 y 2010 el número aumentó en 1,4 millones de personas y, el año pasado, en otras 751.071 personas por lo que, en tres años de crisis, la cifra ha aumentado en 2,1 millones de personas más.

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión, se ha utilizado el indicador AROPE, que mide la pobreza y la exclusión en su conjunto. Este método implica que las personas que están en situación de pobreza están contabilizadas aunque no sean pobres, al combinar elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, y tener en cuenta la población que hay bajo el umbral de la pobreza, la que sufre privación material severa –como pagar una hipoteca o afrontar pagos imprevistos– o con baja intensidad de trabajo por hogar.

En términos generales, el factor más importante es la pobreza, que ha aumentado durante los años de la crisis unos 2,3 puntos porcentuales; el de baja intensidad de empleo en los hogares se ha elevado 4,2 puntos porcentuales y el de privación material severa se ha incrementado en 0,4 puntos porcentuales.

El informe precisa que, a partir de 2008, la clase media y los grupos más pobres de la población española han sufrido “un proceso creciente” de devaluación de su calidad de vida, un hecho que no ha sido contrarrestado “eficazmente” por las políticas sociales y otras medidas de lucha contra la crisis, y se refleja en la evolución reciente de la tasa de pobreza y exclusión social. En este periodo, el indicador AROPE ha crecido 4,1 puntos porcentuales, lo que significa que 2,3 millones de personas han pasado a estar en pobreza y exclusión social cuando antes no lo estaban.

En términos absolutos, en el año 2009 había 9,1 millones de pobres, cifra que ha crecido en los tres últimos años en 1,1 millones personas hasta llegar a los 10,2 millones de personas pobres en el conjunto del territorio nacional. Sin embargo, la evolución de la pobreza ha sido diferente en función del sexo y del grupo de edad. De este modo, la población masculina ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la crisis, así como los jóvenes, cuya tasa de pobreza ha aumentado 6,4 puntos porcentuales entre la población de 16 a 29 años y 3,4 puntos porcentuales en el grupo de los menores desde 2009.

Por otro lado, la privación material severa alcanzaba al 3,5 por ciento de la población en 2009, al 3,9 por ciento en 2010 y al 3,9 por ciento en 2011, por lo que ha crecido de manera moderada inicialmente y se ha mantenido constante en el último año. A modo de ejemplo, el estudio señala que el 40 por ciento de la población no puede permitirse una semana de vacaciones al año y más de una de cada tres personas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Por último, la población que vive en hogares con baja intensidad de trabajo prácticamente se ha doblado en tres años y alcanza a 4,4 millones de personas en 2011, el 9,5 por ciento de la población total, con especial repercusión sobre la población más joven y el sector de la construcción.

Finalmente, aunque no forma parte del indicador AROPE, el informe muestra que algo más de una de cada cuatro personas tuvo dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes el año pasado. Además, otro 30 por ciento tuvo “ciertas dificultades” para llegar a fin de mes.

ANDALUCIA Y CANARIAS, A LA CABEZA

Por comunidades autónomas, el estudio detalla que las comunidades del norte peninsular mantienen tasas menores de pobreza y/o exclusión social que las del sur. Así, Navarra, País Vasco, Asturias, Madrid y Aragón tienen tasas inferiores al 20 por ciento frente a Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, con tasas superiores al 35 por ciento.

En el caso de la pobreza, en 2011, las tasas más altas están en Canarias, Extremadura, Andalucía, y Castilla La Mancha –todas por encima del 31 por ciento– y las más bajas en Navarra y Asturias, ambas por debajo del 10 por ciento. En cuanto a la población en privación material severa, esta cifra ha aumentado en casi 200.000 personas entre 2009 y 2010. En 2011, las tasas más elevadas están en Ceuta (9%), Baleares (7,4%), Andalucía (5,8%) y Cataluña (5,8%) y las más bajas en Asturias, Aragón, Cantabria y Castilla y León, todas con tasas inferiores al 2 por ciento.

Por otro lado, el numero de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo ha subido en todas las comunidades autónomas durante los últimos tres años, excepto en Navarra, en el que prácticamente se ha mantenido constante. En el año 2011, Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Ceuta y Melilla, tienen más de un 10 por ciento de su población viviendo en hogares de este tipo.

El estudio también hace alusión al crecimiento de la desigualdad  en relación con la renta del 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población. Así, entre 2004 y 2007, la renta del porcentaje más rico era unas cinco veces superior a la del más pobre; sin embargo, desde el comienzo de la crisis (año 2008) el porcentaje más rico gana unas siete veces más que lo el más pobre.

Estas cifras, según EAPN, “están lejos” de cumplir del objetivo fijado por España de reducir el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social entre los 1,4 y los 1,5 millones en el período 2009-2019. Cada uno de los países miembros de la UE, recuerda la ONG, se ha comprometido a alcanzar cifras concretas para que, en el conjunto de la Unión, se disminuya a los 20 millones de personas en la década de 2010-2020.

A la vista de estos datos, EAPN ha hecho un llamamiento “a la urgente necesidad de reformular” las medidas de protección a la ciudadanía, al tiempo que ha pedido que la inclusión social se sitúe en el centro de la agenda política y que las estrategias de lucha contra la pobreza sean transversales e incorporen medidas diseñadas para garantizar la cohesión social y territorial.

noviembre 28, 2012

Dar valor a la Huelga General

Iturria: Adolfo Muñoz “Txiki” / Rebelion.org – 2012/11/28

Tertulianos, editoriales de periódicos, programas de televisión se esmeran en criticar al sindicalismo, a sus instrumentos de acción sindical, social, política y a cuestionar la utilidad de la huelga general. ¡Que manera de frivolizar! Si convocamos todos la huelga general, porque las huelgas no son necesarias (no se consigue nada); y si no lo hacemos, para quitar legitimidad al sindicalismo utilizando la unidad de forma demagógica. A los medios del sistema la unidad sindical les importa un bledo. Al sindicalismo hay que sacudirle y lo hacen por igual los medios públicos y privados. Los públicos, desgraciadamente, son aparatos de propaganda del gobierno de turno y al gobierno, no le interesa favorecer una mayor cultura política en la sociedad. Por eso, el rigor informativo brilla por su ausencia e impiden conocer qué hay detrás de las distintas posiciones políticas, sociales, sindicales… Algo que debiera ser lo normal en una sociedad democrática.

Hoy, en tiempos de crisis, la propuesta política que escuchamos es la necesidad de “consenso”. Consenso político, social, sindical… y, a poder ser, el de todos juntos para acompañar al sistema y adaptarnos sin remedio al capitalismo. En esos parámetros de consenso, aunque no lo parezca, está la mayor parte de la política. ¡Cuanto lo lamentamos! Sus diferencias son retóricas y en campaña electoral. Pues bien, a quienes están llamados a gobernar, les gustaría que ese “consenso” se extendiera al ámbito sindical para resituarlo como instrumento de concordia social. Un ámbito, el sindical, en el que las diferencias de modelo son profundas, tanto en la acción sindical en las empresas (negociación colectiva), como en la manera de situarse ante el modelo de sociedad (valor del teatro del diálogo social), así como, en la forma de relacionarse con la política y el mundo económico (autonomía o subordinación).

Un líder de UGT tomó partido contra la huelga general del 26-Septiembre diciendo que “no había que hacer huelgas generales, que eran cosa de otra época”. Días después, se sacaba fotos con el Lehendakari López, miembro de un partido que reformó la Constitución para dinamitar lo social y servir a los especuladores.

Convocar una huelga general es un hecho muy importante en la vida de un sindicato y sacarla adelante es difícil. ELA, cuando decide ir a la huelga general, lo hace tras un serio debate. Creemos que para que se de un buen resultado es necesaria la concurrencia de, al menos, tres factores. El primero, que exista un motivo que la justifique (hoy sobran motivos); el segundo, la base real de las organizaciones que convocan; y el tercero, el trabajo militante en las empresas y en la sociedad para sacarla. Sí, para sacar una huelga general hay que trabajar mucho. No basta con convocarla, eso es sencillo; hay que llegar, informar, hacer muchas asambleas, estar con la gente… La huelga no la sacan los medios de comunicación. Es un trabajo muy duro. Un trabajo que, si se hace, crea conciencia individual y colectiva. Si no se da todo eso, no hay huelga general.

Hay un cuarto factor que, no por casualidad, se olvida por quienes manipulan la opinión publicada. Tiene que ver con los objetivos. La huelga se hace para cambiar la política; en esta fase, para que la política deje de representar un papel de marioneta en manos del poder económico. Y, ante este cuarto factor, es obligado analizar qué posición adoptan los partidos e instituciones interpeladas. La derecha, por una parte, aparece en estado puro; sabe a quien sirve y lo hace. La izquierda con poder institucional, por otra parte, está voluntariamente atrapada y mantiene un doble juego: de un lado, son obedientes con los dictados neoliberales, nadie se sale del guión, nadie se atreve a romper un plato; y de otro, acuden a las manifestaciones el día de la huelga general para aparentar no estar de acuerdo con las políticas que aplican. ELA afirma con rotundidad: no es posible cambiar la agenda neoliberal si todos los partidos en todas las instituciones hacen lo mismo. Llama la atención que no se profundice en este cuarto factor siendo como es el fondo del problema: la obediencia a los dictados del capital y la aceptación de los márgenes estrechos que éste impone.

Sí, las diferencias entre partidos se diluyen; suman sin problemas y aprueban presupuestos, fiscalidad… Todo para demostrar que están en la “gobernabilidad”. Un líder del PNV lo ha explicado muy bien: “queremos certidumbre y comodidad en la aprobación de los Presupuestos”. Quieren comodidad para aplicar los recortes. ELA nunca ha dicho que todos los partidos sean iguales; lo que hemos afirmado y lo sostenemos -no sin gran frustración- es que cuando los partidos gobiernan, las diferencias entre ellos son prácticamente inexistentes. El resultado: las políticas alternativas desaparecen y la lucha por la soberanía adolece de un grave hándicap, cual es, el olvido de lo social.

Algunos -que se reivindican de izquierdas- llegan a una posición parecida a la del líder de UGT: “Hay que innovar el repertorio de movilizaciones… la huelga general es previsible y no se pone al servicio de otras iniciativas… ¿A qué iniciativas se refieren? ¿De qué repertorios hablan? ¿Qué significado tienen esas palabras cuando la política se deja arrastrar renunciando a cualquier elemento de radicalidad democrática y social? La política no despierta (la izquierda no despierta); es incapaz de enganchar con las demandas de la calle. Ese es el principal problema. El capital lo sabe y nosotros y nosotras también. No es posible regenerar la política sin cambiar de política, tanto en procedimientos como en contenidos.

ELA va a poner todo lo que esté en su mano para consolidar una alianza social alternativa. Lo vamos a hacer sin admitir ningún nivel de subordinación. Dicho todo eso, es imprescindible reivindicar el valor de la movilización y de la huelga general. Las huelgas generales no son cosa de otra época. No hay nada, que como la huelga general, permita concitar la participación de tanta gente, socializar las alternativas e interpelar a la política.

Adolfo Muñoz, Txiki, es Secretario general del Sindicato ELA

noviembre 28, 2012

LAB, ELA, CC.OO. y UGT se oponen a que la Diputación de Bizkaia suprima la extra de Navidad a sus trabajadores

Iturria: LaVanguardia.com – 2012/11/27

Los sindicatos LAB, ELA, CC.OO. y UGT han mostrado su “rotunda oposición” ante la aprobación, este martes, por el consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia, de la supresión de la paga extra de diciembre de este año a sus trabajadores, así como del “recorte” de las retribuciones a percibir en situación de baja por enfermedad común.

En un comunicado, los citados sindicatos han denunciado que el recorte de las retribuciones en situación de baja a los trabajadores forales supone “recortar derechos laborales recogidos en el acuerdo-convenio en vigor al eliminar el día semestral de enfermedad sin baja”.

Además, han aclarado que esta medida no aparece recogida el Real Decreto Ley 20/2012 aprobado por el Gobierno central, sino que “es una medida de recorte propia de la Diputación aprovechando la coyuntura”.

LAB, ELA, CC.OO. y UGT han censurado que de este modo no se asegura “la percepción del salario íntegro en múltiples casos” y se “vulnera el derecho a la confidencialidad de los trabajadores”, ya que a partir de ahora tendrán que comunicar al médico de empresa cuál es el motivo de la baja, en el caso de que se quiera acoger a las excepciones por las que se percibe el salario completo.

Por otro lado, han criticado la decisión de la Diputación de suprimir la paga extra de diciembre 2012, puesto que “supone un nuevo ataque al poder adquisitivo del personal que, desde 2010 hasta ahora, entre recortes, congelaciones y paga extra, se ha visto reducido en alrededor de un 20 por ciento”.

Asimismo, han opinado que esta decisión “contradice lo manifestado por los responsables de la Diputación antes de las elecciones, en el sentido de que pondrían pie en pared para hacer frente a las imposiciones de Madrid”.

Finalmente, han lamentado que la Diputación vizcaína ha decidido “plegarse a las imposiciones, despreciando las propuestas sindicales y sin dejar el más mínimo margen a la negociación”.

noviembre 28, 2012

ONG denuncian que el Gobierno incumple la Constitución con las políticas adoptadas en respuesta al VIH/sida en 2012

Iturria: Europa Press – 2012/11/27

LA ALIANZA DE PLATAFORMAS DEL VIH Y EL SIDA

Pide al Gobierno 750.000 euros más para programas no aprobados este año

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida denuncia que el presupuesto del Gobierno y la política puesta en marcha para dar respuesta al VIH en España es “insuficiente”, supone un “retroceso” e incumple sus obligaciones respecto a la protección de la salud, dictadas en la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública.

Por este motivo, las más de 300 entidades que la forman, se unen bajo el lema ‘Más derechos, menos recortes, menos excusas’, y buscan el apoyo de los ciudadanos para que conviertan el próximo 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, “en un día de reivindicación y lucha para garantizar el estado de bienestar, el acceso universal a la sanidad y las políticas de respuesta al VIH”.

“No aceptamos las medidas del Gobierno porque la realidad que marca el VIH no nos permite dar un paso atrás”, afirma Montse Pineda, portavoz de la Alianza de Plataformas, quien recuerda que, tras los recortes realizados durante 2012, no están dispuestos a aceptar que ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quiera destacar como un aspecto positivo el mantenimiento del presupuesto para el Plan Nacional sobre el Sida en el año 2013, tal y como ha hecho recientemente en la presentación en el Congreso del Presupuesto de este Ministerio para 2013.

De este modo, se realizarán acciones coordinadas en toda España, donde se dará a conocer que este año 2012 “ha sido un año trágico para la respuesta frente al VIH” que, añaden, “deja una realidad y un contexto desesperanzador si lo comparamos con el de solamente un año antes”.

Así, desde la plataforma se tacha de irresponsable al Gobierno que ha “roto” el acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas y, denuncia, “está abonando el terreno para que aumente en los próximos años el número de personas infectadas por el VIH y el de enfermas de sida, así como la marginalización de muchas de ellas, lo que va a tener grandes y graves repercusiones personales, sociales, sanitarias y también económica”.

“El VIH no entiende de crisis y el abandono o el recorte de las acciones de prevención del VIH incrementará el número de nuevas infecciones”, explica otro de sus portavoces Juan Ramón Barrios, quien destaca las acciones preventivas, “que son más baratas, en dinero y en vidas humanas, que los tratamientos para el sida”.

DEMANDA UN MAYOR PRESUPUESTO EN 2013

Pare evitar el retroceso reivindican la aprobar un adendo presupuestario de 750.000 euros como medida correctora ante la actual resolución provisional de la convocatoria estatal de subvenciones para ONG en 2012 con el fin de incluir los programas que, “a pesar de ser considerados como favorables”, han quedado excluidos de la propuesta de subvención y que no han obtenido otra financiación para acciones relacionadas con el VIH ni en esta convocatoria ni en otras partidas de Sanidad.

Asimismo, pide incrementar las partidas presupuestarias para la respuesta al VIH en 2013, incluidas las destinadas a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, a las transferencias específicas para las comunidades autónomas y para el ámbito penitenciario, además de que éstas aparezcan consignadas, de forma explícita e inequívoca, en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.

Desde la Alianza de Plataformas se pide una respuesta a la infección por VIH y el sida “comprometida, eficaz, sostenida y solidaria”, exigiendo a Sanidad, y, para ello, pide que se convoque de forma inmediata el Comité Asesor y Consultivo (COAC) de ONG de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida, así como convocar inmediatamente la propia Comisión Nacional.

También que se favorezca la participación de las ONG en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2013-2017 y en la puesta en marcha del mismo; así como en el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para la SPNS; y mantener la consideración de la excepcionalidad del VIH

Finalmente, incluir a las personas inmigrantes en situación irregular dentro del sistema sanitario y garantizar el acceso a la atención y tratamiento en las mismas condiciones que el resto de la población. De este modo, España evitaría incumplir sus “compromisos internacionales que tiene suscritos en la respuesta frente al VIH”, explica Carlos Savoie otro de los portavoces.

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