Barcina impone por decreto el aumento de jornada a los trabajadores públicos

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/11/29

Utiliza esta vía para eludir su minoría parlamentaria

Otras medidas, como la obligación de jubilarse a los 65, deberán ser aprobadas en la Cámara por ley

Hace unos meses por ley y ahora por decreto foral. Barcina hecha mano de cualquier fórmula para conseguir sus objetivos y si hace seis meses amplió la jornada a los trabajadores públicos de 1.592 horas (35 a la semana) a 1.628 (37,5 semanales) mediante un proyecto de ley, ahora, a la vista de su soledad parlamentaria, recurre al decreto foral para imponer su criterio a todos los navarros.

Después constatar que no podría prorrogar las medidas de recorte aprobadas en junio para los empleados de la Función Pública ni mediante el proyecto de Presupuestos para 2013 que fue rechazado, ni por medio de una proyecto de ley que recibió las críticas de toda la oposición de izquierdas incluido el PSN, los regionalistas han optado por la vía del decreto para que el aumento de la jornada tenga efecto también en 2013. Según el criterio del Gobierno foral, que atañe a la jornada laboral corresponde a normas de desarrollo reglamentario como es el decreto foral, porque “así se establece en el estatuto de la Función Pública”, aunque “en su día se entendió que era procedente incluir todas las normas en un proyecto de ley”.

NO SOLO LA JORNADA Además de lo referente a la jornada laboral, el Ejecutivo prorrogará por la misma vía la reducción del crédito al horario sindical en un 10%, que se traduce en la reducción de 19 liberaciones a tiempo completo, y la limitación de prestaciones de aquellos empleados públicos acogidos al sistema sanitario de uso especial como la óptica y la odontología a un máximo de 200 euros por beneficiario y año natural. Este tipo de asistencia es la que paga la Administración a los 7.400 funcionarios (2.700 en activo y 4.700 jubilados) del sistema Montepío y los funcionarios municipales.

Ante la imposibilidad legal de prorrogar el resto de medidas por este mismo cauce, el Gobierno de UPN aprobó en el mismo sentido un proyecto de ley foral que será remitido al Parlamento para su debate y votación. Los regionalistas pidieron que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia mediante lectura única para que estas medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Mediante este cauce, el Gobierno pretende sacar adelante cuestiones menos impopulares que podrían concitar algún apoyo, ya que alguna de ellas elimina privilegios como es el caso de las referentes a los altos cargos. En este paquete se incluye la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, salvo excepciones (hasta la finalización del curso escolar en el caso del personal docente, cuando sea imprescindible para la prestación de servicio o hasta los 70 años cuando no se haya generado el derecho a pensión). En la actualidad hay 121 personas con 65 o más años en la Administración, la mayoría en el ámbito sanitario de los niveles A y B. También deberá someterse a votación la supresión de la paga por variables correspondientes al mes de vacaciones, es decir, que los funcionarios no cobren durante sus vacaciones lo correspondiente a complementos como el de la nocturnidad; en la misma línea, se pretende eliminar la ayuda familiar de 475 euros anuales que reciben los trabajadores públicos cuyo cónyuge esté en paro. Por último, el proyecto de ley prevé la reducción del complemento personal para exaltos cargos que son funcionarios. Hasta junio, los directores generales, directores gerentes de organismos autónomos y miembros del Gobierno que son funcionarios cobraban un complemento personal del 25% de sus retribuciones cuando dejaban de ser altos cargos. Con la modificación, esa retribución desciende al 10% del sueldo inicial.

Con la prórroga de estas medidas, tanto las que UPN aprobará unilateralemente mediante el uso del decreto foral, como aquellas que serán llevadas al Parlamento y expuestas al voto de la oposición, el Gobierno pretende ahorrar 9,4 millones de euros en 2013.

LEY Y RECURSO Pero la oposición no tiene intención de dejar hacer a UPN a su antojo y, nada más conocer la intención de que UPN iba a impulsar el decreto, la oposición reaccionó. El grupo parlamentario de Bildu registró en la Cámara una proposición de ley, que se tramitará también por el procedimiento de urgencia, para “blindar” la jornada de 35 horas semanales y evitar la posibilidad de que el decreto tenga efecto. Para Bildu, “muchas de las medidas impulsadas por el Gobierno están consiguiendo el efecto contrario al perseguido”. El PSN por su parte, que rechaza el aumento de la jornada, anunció que pedirá un informe jurídico para estudiar la base legal del decreto implusado por el Gobierno y anunció que en el Parlamento solo apoyará la obligación de jubilarse a los 65 y la bajada del complemento a los altos cargos. “Estamos hartos de que los funcionarios sean los paganos de la crisis”, apuntaron fuentes socialistas.

Protesta, frente al edifico de la Diputación contra los recortes de junio. (Patxi Cascante)

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