Amnistía fiscal y oficina internacional: dos caras de una política marcadamente regresiva

Iturria: David Trillo / econonuestra.org – 2012/11/28

La necesidad de incrementar la recaudación en una carrera a contrarreloj para combatir el déficit público llevó al gobierno, en contra de lo afirmado antes de ganar las elecciones, a subir la tributación indirecta. El escenario de hundimiento general de la recaudación hizo que se tomara una vía fácil e interesada, puesto que de ese modo no se abordaba el problema de incrementar la presión fiscal sobre las rentas altas. Sin embargo, los recortes de la mal llamada “política de austeridad” están contribuyendo a la disminución del consumo y por tanto a anular parcialmente el aumento de la tributación total, de manera que el gobierno se ha visto obligado a inventar nuevas reformas relacionadas con los impuestos; desde nuestro punto de vista no está claro si estas reformas son medidas recaudatorias o más bien publicitarias, para que disminuya la presión social en este tema. La primera anunciada fue una amnistía fiscal y la segunda la creación de una oficina fiscal internacional para investigar casos de grandes empresas que generaban una parte importante de sus operaciones en España pese a tener residencia fiscal en otros territorios.

Respecto a la medida de la amnistía fiscal, casi todos los análisis se están volcando en entrar en la efectividad de la medida, lo cual es un error porque los 2.500 millones de euros que se plantean como objetivo es el “chocolate del loro” en un contexto de elusión y evasión fiscal internacional alarmante; Tax Justice Network calcula que pueden andar en cuentas en paraísos fiscales hasta 26 billones de euros a nivel mundial, que podrían aportar a la recaudación mundial unos 230.000 millones de euros. Además, la solución a esta crisis pasa por abordar el problema de la deuda, cuya capacidad de financiación extraordinaria deja en ridículo cualquier recaudación adicional que pueda obtenerse desvelando bases imponibles ocultas o subiendo impuestos.

Pero es que además el problema está en cómo se ha asumido iniciar una senda de tributación regresiva, porque ahora lo único que interesa es recaudar a costa de la mayoría. No se ha tomado el camino directo que es hacer que las sociedades aproximen su tipo efectivo al nominal 30%; actualmente a base del juego de deducciones, en parte por el problema de los precios de transferencia de grandes empresas con paraísos fiscales, pagan muy por debajo de ese porcentaje. Tampoco se ha ido contra grandes patrimonios perfectamente controlados en España.

El Real Decreto-ley 12/2012 prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de no residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria puedan hacerlo mediante una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%. Con ese ingreso del “gravamen especial” se evitará cualquier reclamación por parte de la administración por razón de sanción, interés o recargo. El importe declarado por el contribuyente tiene la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la LIRPF y en el artículo 134 del TRLIS. Esta posibilidad se agota el día 30 de Noviembre de 2012.

La vía elegida es un regalo fiscal para una parte de rentas que se había enriquecido en etapa de burbuja y de políticas conservadoras. Esta medida reduce la progresividad global del sistema, ya que las rentas que se ingresen con la amnistía tributarán al 10% en lugar de los tipos efectivos que correspondiesen a esas rentas sumergidas, y por supuesto renunciando a intereses de demora y sanciones (habría que pedirlo para el resto de rentas por una clara cuestión de equidad horizontal). Eso se une a la pérdida de progresividad que acarrea volcar la tributación general en la imposición indirecta (subida de IVA y tasas). No se ha planteado en cambio que los nuevos tipos del IVA inducen nuevos incentivos al fraude en un contexto en el que no se ha reforzado la plantilla de inspección tributaria.

La medida empezó mal, a finales del verano se estimaba que se había recaudado un 2% de lo previsto. Hay varias razones que podrían explicar por qué puede no tener éxito la medida. En primer lugar la desconfianza, es obvio que una vez afloren rentas también se pueden cruzar las declaraciones de renta y de patrimonio y que haya nuevos pagos en otros impuestos. Segundo el dinero negro (billetes) ha encontrado canales suficientes para no necesitar acogerse a la amnistía, aun así puede ser el que más acomodo encuentre en la amnistía. Lo de que con la amnistía puedan retornar cantidades depositadas en cuentas en paraísos fiscales parece más complicado. Hasta ahora no se ha tomado una decisión creíble y unificada de la unión europea que haga temer a los depositantes que puedan ser perseguidos por esas cuentas en paraísos fiscales. Si en los últimos días ha aumentado la tarea de los inspectores es casi paradójico porque es justo lo que hay que hacer sin necesidad de la amnistía, reforzar la inspección; que en el área de empresas está volcada mayoritariamente en PYME (aproximadamente un 70% de la inspección) y no en la gran empresa (eso dice mucho ya). Si retorna algo de dinero oculto en el tramo final no será de grandes empresas que tienen departamentos propios de planificación fiscal o la asesoría de las auditoras especializadas en la, eufemísticamente hablando, “optimización fiscal”.

Precisamente la recién creada oficina fiscal internacional debería encargarse de investigar otras vías de obtención de recaudación, en este caso conectadas con las actividades de empresas con residencia fiscal en España. Esta unidad se crea para supuestamente analizar las prácticas de planificación fiscal de las empresas y para estudiar vías de obtener mayor intercambio de información entre países. La llamada optimización fiscal está a la orden del día y los países tienen pocas herramientas para “hacer suya” la base imponible de muchas sociedades, puesto que existe libre movilidad de capitales en Europa. Al final es un problema de precios de transferencia, una posibilidad puede ser que las grandes corporaciones compren materias primas o productos sin elaborar en unos países a bajo precio a través de compañías radicadas en paraísos fiscales y venden a un precio más alto a la sociedad del país desarrollado: con gastos más altos e ingresos dados el beneficio o base imponible es menor. La operación se puede encadenar pasando por otros países, parece ser que también juegan con la constitución de sociedades en diferentes países de Europa; el tema es dónde se anota el beneficio y aparece la empresa matriz residente.

En el supuesto de Irlanda los establecimientos permanentes pagan el 12,5%. El caso de Apple o de Google, que ha salido a la luz recientemente, el problema son las relaciones de la matriz con las filiales, la empresa filial española paga altas facturas a la matriz europea reduciendo el beneficio en España, o incluso generando pérdidas, y los beneficios en Irlanda por la actividad principal pagan un 12,5%; si tributase en España sería el 30%. Esas actividades de elusión están amparadas por la legislación de ambos países. La coordinación fiscal, al igual que la armonización fiscal ha sido históricamente un fracaso. Lo que levantó la alarma fue que, por ejemplo, en el caso de Google es sabido que gran parte de sus actividades en Europa está vinculada a ventas a empresas o particulares residentes en España.

Lo único que se puede conseguir con la oficina recién creada es ampliar el ámbito de colaboración informativa de los paraísos fiscales, pero es una trampa, porque normalmente no va a redundar en un aumento de la recaudación y sí en un hecho que hace que en las listas internacionales algunos de esos países de baja o nula tributación puedan desaparecer de la clasificación como paraíso fiscal. Los países que suministran información y firman convenios de cooperación informativa pueden abandonar la lista de paraísos fiscales o centros off-shore. Es una muestra más de como la política y la economía son indisociables, para que haya coordinación fiscal efectiva tiene que prevalecer el interés de lo colectivo sobre los intereses de multinacionales, auditoras y grandes bancos y tiene que haber una institución o conjunto de gobernantes con capacidad real de cambiar la situación. Las pasarelas políticas entre los consejos de administración y los antiguos responsables de partidos políticos en Europa y en Estados Unidos, así como de los representantes de la banca de inversión en los principales centros de decisión en materia económica hablan de la dificultad de avanzar en estos temas.

En resumen no creemos que estas medidas vayan a conseguir ni de lejos el objetivo de incrementar notablemente la tributación, pero además ese es un objetivo para rendir cuentas en Europa, pero no necesariamente para la mayor parte de la población española, que lo que necesita es que se abandonen los recortes y se reoriente la política económica a nivel europeo hacia un modelo de sociedad y de economía completamente diferente.

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