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noviembre 29, 2012

Barcina impone por decreto el aumento de jornada a los trabajadores públicos

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/11/29

Utiliza esta vía para eludir su minoría parlamentaria

Otras medidas, como la obligación de jubilarse a los 65, deberán ser aprobadas en la Cámara por ley

Hace unos meses por ley y ahora por decreto foral. Barcina hecha mano de cualquier fórmula para conseguir sus objetivos y si hace seis meses amplió la jornada a los trabajadores públicos de 1.592 horas (35 a la semana) a 1.628 (37,5 semanales) mediante un proyecto de ley, ahora, a la vista de su soledad parlamentaria, recurre al decreto foral para imponer su criterio a todos los navarros.

Después constatar que no podría prorrogar las medidas de recorte aprobadas en junio para los empleados de la Función Pública ni mediante el proyecto de Presupuestos para 2013 que fue rechazado, ni por medio de una proyecto de ley que recibió las críticas de toda la oposición de izquierdas incluido el PSN, los regionalistas han optado por la vía del decreto para que el aumento de la jornada tenga efecto también en 2013. Según el criterio del Gobierno foral, que atañe a la jornada laboral corresponde a normas de desarrollo reglamentario como es el decreto foral, porque “así se establece en el estatuto de la Función Pública”, aunque “en su día se entendió que era procedente incluir todas las normas en un proyecto de ley”.

NO SOLO LA JORNADA Además de lo referente a la jornada laboral, el Ejecutivo prorrogará por la misma vía la reducción del crédito al horario sindical en un 10%, que se traduce en la reducción de 19 liberaciones a tiempo completo, y la limitación de prestaciones de aquellos empleados públicos acogidos al sistema sanitario de uso especial como la óptica y la odontología a un máximo de 200 euros por beneficiario y año natural. Este tipo de asistencia es la que paga la Administración a los 7.400 funcionarios (2.700 en activo y 4.700 jubilados) del sistema Montepío y los funcionarios municipales.

Ante la imposibilidad legal de prorrogar el resto de medidas por este mismo cauce, el Gobierno de UPN aprobó en el mismo sentido un proyecto de ley foral que será remitido al Parlamento para su debate y votación. Los regionalistas pidieron que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia mediante lectura única para que estas medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Mediante este cauce, el Gobierno pretende sacar adelante cuestiones menos impopulares que podrían concitar algún apoyo, ya que alguna de ellas elimina privilegios como es el caso de las referentes a los altos cargos. En este paquete se incluye la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, salvo excepciones (hasta la finalización del curso escolar en el caso del personal docente, cuando sea imprescindible para la prestación de servicio o hasta los 70 años cuando no se haya generado el derecho a pensión). En la actualidad hay 121 personas con 65 o más años en la Administración, la mayoría en el ámbito sanitario de los niveles A y B. También deberá someterse a votación la supresión de la paga por variables correspondientes al mes de vacaciones, es decir, que los funcionarios no cobren durante sus vacaciones lo correspondiente a complementos como el de la nocturnidad; en la misma línea, se pretende eliminar la ayuda familiar de 475 euros anuales que reciben los trabajadores públicos cuyo cónyuge esté en paro. Por último, el proyecto de ley prevé la reducción del complemento personal para exaltos cargos que son funcionarios. Hasta junio, los directores generales, directores gerentes de organismos autónomos y miembros del Gobierno que son funcionarios cobraban un complemento personal del 25% de sus retribuciones cuando dejaban de ser altos cargos. Con la modificación, esa retribución desciende al 10% del sueldo inicial.

Con la prórroga de estas medidas, tanto las que UPN aprobará unilateralemente mediante el uso del decreto foral, como aquellas que serán llevadas al Parlamento y expuestas al voto de la oposición, el Gobierno pretende ahorrar 9,4 millones de euros en 2013.

LEY Y RECURSO Pero la oposición no tiene intención de dejar hacer a UPN a su antojo y, nada más conocer la intención de que UPN iba a impulsar el decreto, la oposición reaccionó. El grupo parlamentario de Bildu registró en la Cámara una proposición de ley, que se tramitará también por el procedimiento de urgencia, para “blindar” la jornada de 35 horas semanales y evitar la posibilidad de que el decreto tenga efecto. Para Bildu, “muchas de las medidas impulsadas por el Gobierno están consiguiendo el efecto contrario al perseguido”. El PSN por su parte, que rechaza el aumento de la jornada, anunció que pedirá un informe jurídico para estudiar la base legal del decreto implusado por el Gobierno y anunció que en el Parlamento solo apoyará la obligación de jubilarse a los 65 y la bajada del complemento a los altos cargos. “Estamos hartos de que los funcionarios sean los paganos de la crisis”, apuntaron fuentes socialistas.

Protesta, frente al edifico de la Diputación contra los recortes de junio. (Patxi Cascante)
noviembre 29, 2012

Amnistía fiscal y oficina internacional: dos caras de una política marcadamente regresiva

Iturria: David Trillo / econonuestra.org – 2012/11/28

La necesidad de incrementar la recaudación en una carrera a contrarreloj para combatir el déficit público llevó al gobierno, en contra de lo afirmado antes de ganar las elecciones, a subir la tributación indirecta. El escenario de hundimiento general de la recaudación hizo que se tomara una vía fácil e interesada, puesto que de ese modo no se abordaba el problema de incrementar la presión fiscal sobre las rentas altas. Sin embargo, los recortes de la mal llamada “política de austeridad” están contribuyendo a la disminución del consumo y por tanto a anular parcialmente el aumento de la tributación total, de manera que el gobierno se ha visto obligado a inventar nuevas reformas relacionadas con los impuestos; desde nuestro punto de vista no está claro si estas reformas son medidas recaudatorias o más bien publicitarias, para que disminuya la presión social en este tema. La primera anunciada fue una amnistía fiscal y la segunda la creación de una oficina fiscal internacional para investigar casos de grandes empresas que generaban una parte importante de sus operaciones en España pese a tener residencia fiscal en otros territorios.

Respecto a la medida de la amnistía fiscal, casi todos los análisis se están volcando en entrar en la efectividad de la medida, lo cual es un error porque los 2.500 millones de euros que se plantean como objetivo es el “chocolate del loro” en un contexto de elusión y evasión fiscal internacional alarmante; Tax Justice Network calcula que pueden andar en cuentas en paraísos fiscales hasta 26 billones de euros a nivel mundial, que podrían aportar a la recaudación mundial unos 230.000 millones de euros. Además, la solución a esta crisis pasa por abordar el problema de la deuda, cuya capacidad de financiación extraordinaria deja en ridículo cualquier recaudación adicional que pueda obtenerse desvelando bases imponibles ocultas o subiendo impuestos.

Pero es que además el problema está en cómo se ha asumido iniciar una senda de tributación regresiva, porque ahora lo único que interesa es recaudar a costa de la mayoría. No se ha tomado el camino directo que es hacer que las sociedades aproximen su tipo efectivo al nominal 30%; actualmente a base del juego de deducciones, en parte por el problema de los precios de transferencia de grandes empresas con paraísos fiscales, pagan muy por debajo de ese porcentaje. Tampoco se ha ido contra grandes patrimonios perfectamente controlados en España.

El Real Decreto-ley 12/2012 prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de no residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria puedan hacerlo mediante una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%. Con ese ingreso del “gravamen especial” se evitará cualquier reclamación por parte de la administración por razón de sanción, interés o recargo. El importe declarado por el contribuyente tiene la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la LIRPF y en el artículo 134 del TRLIS. Esta posibilidad se agota el día 30 de Noviembre de 2012.

La vía elegida es un regalo fiscal para una parte de rentas que se había enriquecido en etapa de burbuja y de políticas conservadoras. Esta medida reduce la progresividad global del sistema, ya que las rentas que se ingresen con la amnistía tributarán al 10% en lugar de los tipos efectivos que correspondiesen a esas rentas sumergidas, y por supuesto renunciando a intereses de demora y sanciones (habría que pedirlo para el resto de rentas por una clara cuestión de equidad horizontal). Eso se une a la pérdida de progresividad que acarrea volcar la tributación general en la imposición indirecta (subida de IVA y tasas). No se ha planteado en cambio que los nuevos tipos del IVA inducen nuevos incentivos al fraude en un contexto en el que no se ha reforzado la plantilla de inspección tributaria.

La medida empezó mal, a finales del verano se estimaba que se había recaudado un 2% de lo previsto. Hay varias razones que podrían explicar por qué puede no tener éxito la medida. En primer lugar la desconfianza, es obvio que una vez afloren rentas también se pueden cruzar las declaraciones de renta y de patrimonio y que haya nuevos pagos en otros impuestos. Segundo el dinero negro (billetes) ha encontrado canales suficientes para no necesitar acogerse a la amnistía, aun así puede ser el que más acomodo encuentre en la amnistía. Lo de que con la amnistía puedan retornar cantidades depositadas en cuentas en paraísos fiscales parece más complicado. Hasta ahora no se ha tomado una decisión creíble y unificada de la unión europea que haga temer a los depositantes que puedan ser perseguidos por esas cuentas en paraísos fiscales. Si en los últimos días ha aumentado la tarea de los inspectores es casi paradójico porque es justo lo que hay que hacer sin necesidad de la amnistía, reforzar la inspección; que en el área de empresas está volcada mayoritariamente en PYME (aproximadamente un 70% de la inspección) y no en la gran empresa (eso dice mucho ya). Si retorna algo de dinero oculto en el tramo final no será de grandes empresas que tienen departamentos propios de planificación fiscal o la asesoría de las auditoras especializadas en la, eufemísticamente hablando, “optimización fiscal”.

Precisamente la recién creada oficina fiscal internacional debería encargarse de investigar otras vías de obtención de recaudación, en este caso conectadas con las actividades de empresas con residencia fiscal en España. Esta unidad se crea para supuestamente analizar las prácticas de planificación fiscal de las empresas y para estudiar vías de obtener mayor intercambio de información entre países. La llamada optimización fiscal está a la orden del día y los países tienen pocas herramientas para “hacer suya” la base imponible de muchas sociedades, puesto que existe libre movilidad de capitales en Europa. Al final es un problema de precios de transferencia, una posibilidad puede ser que las grandes corporaciones compren materias primas o productos sin elaborar en unos países a bajo precio a través de compañías radicadas en paraísos fiscales y venden a un precio más alto a la sociedad del país desarrollado: con gastos más altos e ingresos dados el beneficio o base imponible es menor. La operación se puede encadenar pasando por otros países, parece ser que también juegan con la constitución de sociedades en diferentes países de Europa; el tema es dónde se anota el beneficio y aparece la empresa matriz residente.

En el supuesto de Irlanda los establecimientos permanentes pagan el 12,5%. El caso de Apple o de Google, que ha salido a la luz recientemente, el problema son las relaciones de la matriz con las filiales, la empresa filial española paga altas facturas a la matriz europea reduciendo el beneficio en España, o incluso generando pérdidas, y los beneficios en Irlanda por la actividad principal pagan un 12,5%; si tributase en España sería el 30%. Esas actividades de elusión están amparadas por la legislación de ambos países. La coordinación fiscal, al igual que la armonización fiscal ha sido históricamente un fracaso. Lo que levantó la alarma fue que, por ejemplo, en el caso de Google es sabido que gran parte de sus actividades en Europa está vinculada a ventas a empresas o particulares residentes en España.

Lo único que se puede conseguir con la oficina recién creada es ampliar el ámbito de colaboración informativa de los paraísos fiscales, pero es una trampa, porque normalmente no va a redundar en un aumento de la recaudación y sí en un hecho que hace que en las listas internacionales algunos de esos países de baja o nula tributación puedan desaparecer de la clasificación como paraíso fiscal. Los países que suministran información y firman convenios de cooperación informativa pueden abandonar la lista de paraísos fiscales o centros off-shore. Es una muestra más de como la política y la economía son indisociables, para que haya coordinación fiscal efectiva tiene que prevalecer el interés de lo colectivo sobre los intereses de multinacionales, auditoras y grandes bancos y tiene que haber una institución o conjunto de gobernantes con capacidad real de cambiar la situación. Las pasarelas políticas entre los consejos de administración y los antiguos responsables de partidos políticos en Europa y en Estados Unidos, así como de los representantes de la banca de inversión en los principales centros de decisión en materia económica hablan de la dificultad de avanzar en estos temas.

En resumen no creemos que estas medidas vayan a conseguir ni de lejos el objetivo de incrementar notablemente la tributación, pero además ese es un objetivo para rendir cuentas en Europa, pero no necesariamente para la mayor parte de la población española, que lo que necesita es que se abandonen los recortes y se reoriente la política económica a nivel europeo hacia un modelo de sociedad y de economía completamente diferente.

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noviembre 29, 2012

ELA y LAB denuncian la falta de política industrial en Sakana

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2012/11/28

CON 1.775 DESEMPLEADOS, CREEN QUE ESTA SITUACIÓN SE DEBE A LA “DEJADEZ PREMEDITADA” DE UPN

Delegados de ELA y LAB así como miembros de la Asamblea de Parados de Sakana denunciaron ayer la falta de una política industrial por parte del Gobierno de Navarra ante la grave situación socioeconómica de la comarca, con 1.775 personas inscritas en las oficinas de empleo. “El Gobierno de UPN no ha apostado por esta zona y la situación actual es fruto de la dejadez premeditada de UPN”, señalaron Gorka Vierge y Gaizka Uharte, responsables de ELA y LAB en Sakana respectivamente. La concentración, en la que participaron unas 40 personas, fue en el exterior de las antiguas instalaciones de Gamesa en Alsasua, donde meses después de su cierre se anunció la instalación de Fluitecnik y 43 puestos de trabajo. “Fluitecnik no llegó a durar un año con las puertas abiertas y hoy en día en Sakana tenemos 400 desempleados más que entonces”, señalaron. Al respecto recordaron el cierre de otras empresas como Inasa ante la “pasividad” del Ejecutivo foral.

La concentración fue en las instalaciones de la antigua Gamesa. (N.M.)

noviembre 29, 2012

ELA aplaude que Confebask vea en la financiación y no en los salarios la causa de la crisis

Iturria: diariovasco.com – 2012/11/29

ELA aplaudió ayer las reflexiones de la secretaria general de Confebask, Nuria López de Gereñu, en la entrevista que DV publicó el domingo, valorando que la patronal vasca sitúa en la falta de financiación y no en los salarios el principal problema de la crisis. La representante empresarial advertía de que «la falta de financiación en Euskadi ya es crítica y hay riesgo de que se nos caiga el tejido industrial». El responsable de negociación colectiva de ELA, Ioseba Villarreal, destacó en una nota que su sindicato «siempre ha defendido que era y es evidente que los salarios no son los responsables de la crisis, y que a menor salario, menos empleo, luego más crisis».

El sindicalista comparte la necesidad de que «fluya la financiación y el mantenimiento del tejido productivo», para lo que aboga por «quitar dinero a los especuladores para dedicarlo a la economía real, la que crea empleo y hace país». En este sentido, se felicitó de que «Confebask reconozca que una parte de sus asociados (la Banca) puede hacer y aportar mucho más de lo que aporta al presente y al futuro de este país».
Al igual que López de Gereñu, ELA considera que «hay que recurrir ya a medidas de reactivación económica frente a las políticas de austeridad».
noviembre 29, 2012

Lan-legepeko irakasleen seiurtekoen kobrantza arazoan Auzitegi gorenak arrazoia eman dio ELAren salaketari

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

Epaiak Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan Legepeko Irakasleok 4. eta 5. seiurtekoak kobratzeko dugun eskubidea baieztatzen du. ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

2010ean Eusko Jaurlaritzak eta CC.OO. eta UGTek gutxiengoan sinaturiko irakasle funtzionarioen hitzarmenean irakaskuntza karrera profesionala martxan jartzeko konpromisoa hartzen zuten. Akordio haren ondorioz administrazioak irakasle funtzionarioei 4. eta 5. seiurtekoak ordaintzeko erabakia hartu zuen.

ELAk eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak beti baztertu izan du irakaskuntzan langileen arteko hierarkizazioa eta ezberdintasunak areagotzea eta prestakuntzaren bidez sindikatu batzuen finantziazio bilatzen duen sistema hau.

Eta hau gutxi balitz, Eusko Jaurlaritzak bigarren diskriminazio onartezin bat egin zuen irakasle funtzionarioei seiurteko hauek ordainduz eta lan berdina egiten duten lan-legepeko irakasleei ordainsari bera ukatuz. Gogoratu beharrean gaude lan-legepeko irakasleen hitzarmenak argi adierazten duela irakasle funtzionarioen soldata bera izango dutela.

Hori dela eta, ELAk helegitea aurkeztu zuen bigarren diskriminazio hau salatu asmoz eta EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zigun langileoi. Jaurlaritzak ordea helegitea aurkeztu zuen Estatuko Epaitegi Gorenera eta orain Gorenak, beste behin ere, arrazoi ematen digu langileoi administrazioaren eskaera atzera botaz.

Hauxe da Auzitegi Gorenaren epaiak diona: “Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Epai honek Eusko Jaurlaritzak funtzionario eta Lan-legepekoen artean eginiko diskriminazioa baztertu eta Lan-Legepeko Irakasleoi 4. seiurtekoa(669,57€) eta 5. seiurtekoa ( 554,82 + 669,39=1.224,39€) 2010eko Urtarrilaren 1etik aurrera kobratzea onartzen digu.

Epaiketa egin aurreko adiskidetze saiakeran (PREKOA) Hezkuntza Sailak hitzarmen berriaren negoziaketan gai hau sartuko zuela esan arren adostasunik gabe amaitu zen saiakera eta orain esan dugun bezala epaia langileon alde atera da.

ELA inola ere ez dago ados langileen artean hierarkizazio eta ezberdintasuna areagotzen dituen soldata mailak ezartzearekin, eta hau honela, oso larria iruditzen zaigu, honelako inposaketak egin ondoren oraindik ere langileen artean diskriminazioak egiten dituzten honelako erabakiak.

Epaiketak arrazoia eman digunez Hezkuntza Sailak eginiko diskriminazioa zuzendu eta irakasle guztiei berdin ordaindu beharko lieke. Horrela ez bada, salaketa publikoa eta norbanako erreklamazioak egitea beste biderik ez digu utziko.

noviembre 29, 2012

El tribunal Supremo da la razón a la denuncia de ELA en el cobro de sexenios de los laborales docentes

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/28

La sentencia rechaza la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales y reconoce el derecho de los laborales docentes al cobro del 4º y 5º sexenio. ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación. 

En 2010 CCOO y UGT suscribieron con el Gobierno Vasco en minoría el convenio de funcionarios docentes que recogía el compromiso de la puesta en marcha de la carrera profesional en educación. Como consecuencia de este acuerdo la administración decidió poner en marcha el abono del 4º y 5º sexenio.

ELA y la mayoría sindical en educación, siempre se ha mostrado contrarias a este sistema que impulsa la jerarquización entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública y que posibilita la financiación de algunos sinidicatos por la vía de la formación.

Por si esto fuera poco, el Gobierno Vasco llevó a cabo una segunda e inaceptable discriminación entre las trabajadora y trabajadores del sector, al pagar los sexenios al funcionariado y no hacerlo a los laborales docentes por el mismo trabajo, cuando el convenio de laborales docentes deja claro que el salario será el mismo.

La decisión del Gobierno Vasco fue denunciada por ELA ante el Tribunal Superior de la CAPV que le dió la razón en primera instancia, pero la sentencia fue recurrida por la administración. Ahora ha sido el Tribunal Supremo quién, una vez más, ha dictaminado a favor de las trabajadoras y trabajadores.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Departamentio de Educación Universidades e investigación del Gobierno Vasco, contra la sentencia de 28 de Junio de 2011 dictada por la sala de lo social Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco seguido a instancia de la Confederación sindical ELA contra el Departamento de Educación sobre conflicto Colectivo”

Esta sentencia deja en evidencia la discriminación realizada por el Gobierno Vasco entre funcionarios y laborales docentes y reconece el derecho de estos últimos a percibir el 4º (669,57€) y 5. sexenio (554,82 + 669,39=1.224,39€) con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2010.

Aunque el Departamento de Educación se comprometió en el PRECO a llevar este tema a la mesa de negociación, no fue posible el acuerdo y ahora son los juzgados quienes nos dan la razón.

ELA no esta de acuerdo con ningún tipo de jerarquía o diferencias salariales entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, pero siendo esto así, consideramos muy grave que el Departamento de Educación además de estrablecer los mecanismos de jerarquización, discrimine a algunos de esos trabajadores.

Siguiendo el dictado de la sentencia, el Gobierno Vasco debe abonar las diferencias. En caso contario no cabe otra posibilidad que la denuncia pública y la presentación de los correspondientes reclamaciones individuales.

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