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noviembre 26, 2012

Encienden la mecha de la desesperación

Iturria: Juanjo Basterra / Naiz.info – 2012/11/26

Cada día que pasa vemos que la desigualdad social se extiende. Con la excusa de la crisis económica, el poder económico y empresarial está concentrando su potencial con un solo objetivo: tener a sus pies a la clase trabajadora, porque la casta política hace tiempo que les rinde pleitesía. Es la dictadura empresarial. Más de cinco años después del inicio de la crisis, no se ve la salida por ningún sitio. El paro crece, los desahucios, también, pese a los gestos publicitarios de unos y otros, pero siempre manteniendo las premisas de quien ostenta el poder: los bancos. Tienen que seguir haciendo negocio con la miseria de los demás.

En las empresas, los expedientes de regulación aumentan, se duplican, y el cambio de legislación les ha favorecido. ¿Dónde se ha visto que la ley sirva al más fuerte? Es evidente, la desigualdad se extiende. En la negociación colectiva, el empresario vuelve a tener la sartén por el mango, como la sabiduría popular dice. No quiere oír hablar de repartir la riqueza, es decir de incrementar los salarios, pero tampoco quiere oír hablar de contratar a más gente. No. Porque eso reduce sus beneficios. Lo que hay que hacer es que la cada vez más reducida plantilla trabaje más y se le explote. Los datos están ahí, los salarios pierden cada vez más peso en la tarta de la riqueza. A cambio, el beneficio empresarial se dispara, ¡también durante la crisis! Desde 2008 a junio de este año, el conjunto de empresas que cotizan en Bolsa han obtenido beneficios netos de 164.843,66 millones de euros. Impresionante. El salario real de los trabajadores en ese tiempo no ha superado el 0,5%. Es decir, los empresarios tienen unos enormes sueldos y, además, se benefician de los resultados positivos. La crisis les ha permitido adelgazar plantillas y seguir engordando sus beneficios.

Con los desahucios, el aumento del desempleo, la bajada de salarios, el incremento de la jornada laboral, los gobiernos y el poder económico están encendiendo una mecha, la de la desesperación, que estallará, sin duda. Luego llegarán las lamentaciones. Pero no se puede estar dando y dando vueltas a la tuerca, porque al final, te ahogan, mientras a unos pocos les importa muy poco esa realidad dramática de miles de personas.

noviembre 26, 2012

Casi tres millones de personas en España viven en la calle o tienen una vivienda indigna

Iturria: Europa Press – 2012/11/22

Casi 3 millones de familias y personas en España viven en alguna de las situaciones sin hogar que supone estar “puramente en la calle o tener una vivienda indigna”, según ha alertado la responsable de Personas sin Hogar de Cáritas Española y coordinadora de la campaña de Personas Sin Hogar 2012.

Durante la presentación de este plan, cuyo lema este año reza ‘Son derechos, no son regalos. Nadie sin hogar’, Olea ha indicado además que mediante el cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2004 y con cifras internas “se puede hablar de entre 30.000 y 35.000 personas que viven puramente en la calle” a nivel estatal.

En cuanto al número de personas que viven en la calle en Madrid, ha apuntado que sumando los datos del último recuento, realizado hace dos años, “son más de 600 las personas que no tienen hogar a lo que hay que sumar aquellas que viven en albergues, pisos de acogida o pensiones y tendríamos cerca de 3.000 personas en esta situación”.

Respecto al número de niños que viven en la calle, tanto Sonia Olea como la presidenta de la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (FACIAM), Rosalía Portela, han destacado que hasta el momento y según sus conocimientos no han llegado menores a los dispositivos de los centros de baja exigencia ni tampoco se han encontrado con menores en la calle. Ante esto, Portela asegura que “si llegasen se actuaría a través de los servicios sociales”.

Por su parte, Olea ha señalado que “se han producido recuentos que muestran datos de los asentamientos y de lugares de vivienda indigna e inadecuada donde cada vez hay un mayor número de niños y de familias”. “En situaciones de vivienda indigna, inadecuada e insegura sí se ha producido un aumento del número de menores puesto que son muy vulnerables”, ha añadido.

INCREMENTO DE MUJERES

La presidenta de FACIAM ha destacado además que se está produciendo un incremento de la presencia femenina en las calles “frente al rostro masculino”. “son mujeres de edades avanzadas y situaciones muy rotas y quizá estemos hablando de una feminización del sinhogarismo –ha precisado–. En Madrid la presencia de mujeres en centros de emergencia que pueden dormir entre seis o siete días ha pasado de un 15 por ciento en 2011 a un 22 por ciento en lo que va de año”.

En cuanto al conjunto de personas sin hogar, la responsable de Cáritas ha recordado que “las personas sin hogar, que no tienen acceso a sus derechos, son personas sin derecho a la dignidad y sin dignidad no pueden encontrarse con ellos mismos e iniciar un camino que quedado totalmente destrozado y parado”.

Para el secretario general de Cáritas España, Sebastián Mora, “se están borrando las fronteras de la dignidad humana para los colectivos más excluidos, no como un hecho coyuntural o como un hecho de políticas de ajuste en un momento determinado, sino como un hecho estructural”. Por ello, considera que esta campaña es “un imperativo ético, político y social y se debe tener claro que la dignidad humana no tiene precio, ni se vende, ni se compra, ni admite recorte”.

Además, señala que “las personas siempre están por encima de cualquier política de ajuste o desajuste”. “Estamos construyendo una sociedad desde el ámbito de personas sin hogar que está vislumbrando un modelo de personas sin casas y casas sin personas”, ha agregado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh), Jesús Sandín, ha indicado que ante esta situación se ha de tener en cuenta que “las personas que hacen uso de la red es porque no les queda más remedio”. Así, ha señalado que “es importante no hacer un discurso perverso que haga distinción entre los tipos de pobreza, entre los que son de España y los extranjeros o los que acaban de llegar a la calle y los que llevaban mucho tiempo”.

El portavoz de Xarxa d’ Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), Guillém Fernández, ha expuesto que “es necesario que sean los derechos humanos el objetivo último de las políticas públicas”. “la existencia de personas sin hogar en situación de calle nos recuerda que algo no funciona en la sociedad y en el modelo económico y social que estamos viviendo y hay que poner en evidencia el escaso compromiso del Estado en relación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas sin hogar y de los derechos sociales”, ha apostillado.

Tras estas intervenciones, varias personas sin hogar han realizado un ‘flashmob’ en Ópera (Madrid) Y han leído también un manifiesto en el que han destacado la necesidad de garantizar la dignidad humana, y han reivindicado el derecho a la vida, a un hogar, a la seguridad social y que no se endurezcan las condiciones de renta mínimas. Asimismo, han recordado que son “personas sin hogar y necesitan que se les devuelva lo que es suyo, la dignidad, los derechos y las responsabilidades como ciudadanos”. “Porque no son regalos sino derechos que nos pertenecen”, han concluido.

noviembre 26, 2012

Leyes que condenan al desahucio

Iturria: Enric Llopis / Rebelion.org – 2012/11/24

La legislación hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, al servicio de la banca

La historiografía española marca en rojo 1909 como año en que explota la “Semana Trágica” de Barcelona. Pero, a la vista de los hechos en los últimos años, podría agregarse otro hito. Ese año se aprueba también la vigente ley hipotecaria, que, un siglo después, concentra, junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, las críticas de las organizaciones de afectados por las hipotecas. Consideran que esta legislación prima los intereses de las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) frente al derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Con este marco jurídico, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el estado español se han producido 400.000 desalojos desde 2008 (año en que comienza la crisis). Se superan al trimestre los 45.000 desahucios de viviendas y locales (más de 500 diarios) y, para finales de 2012, la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) del País Valencià prevé que se alcancen unos 200.000 lanzamientos o desahucios. La angustia llega a veces a cotas extremas. Según la PAH, en el último mes se suicidaron siete personas en España, en la fecha anunciada para su desalojo. No hay cifras oficiales al respecto, pero a las siete citadas cabría añadir las personas que, a causa de la angustia y la desesperación, se quitaron la vida un tiempo antes o después de su desahucio.

La ley de 1909 define la hipoteca como institución jurídica, sus características y los requisitos para la constitución. Pero este texto legal de hace un siglo, actualmente desfasado, presupone un equilibrio entre las partes, por ejemplo, cuando una entidad financiera formaliza un préstamo con un terrateniente o cuando un particular suscribe un crédito modesto con una caja de ahorros. Hoy, con la generalización del consumo a crédito y la potencia del sector financiero y corporaciones de otros sectores, deviene necesaria la regulación pública, para evitar la indefensión del ciudadano, la parte más débil.

El artículo 140 de la ley hipotecaria es uno de los grandes caballos de batalla. Establece, de hecho, la dación en pago , es decir, la posibilidad de entregar la vivienda como medio para saldar la deuda en un préstamo hipotecario. Pero la legislación condiciona la dación en pago al acuerdo entre las partes. Y, como una de las partes, la banca, no está interesada, la dación no se aplica. De ahí que constituya una de las grandes reivindicaciones de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. A los bancos les resulta más rentable ir a un procedimiento judicial, de modo que, además de quedarse con la casa, puedan continuar cobrando el préstamo.

Se da la circunstancia de que no ocurre lo mismo con las empresas, ya que la ley concursal vigente en España permite a una empresa en apuros, solicitar la entrada en un concurso de acreedores para negociar, buscar una solución e incluso condonar una parte de la deuda. Esta noción jurídica tiene gran relevancia en momentos como el actual, en el que la morosidad empresarial es tres veces mayor que la de los particulares.

El otro pilar del bastión jurídico que condena al desahucio a numerosos ciudadanos es la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, que deroga parcialmente la de finales del siglo XIX. La ley establece un procedimiento sumario de ejecución, muy rápido y corto, que aplicado a las hipotecas resulta muy perjudicial para los ciudadanos. ¿Por qué? De entrada, porque en el procedimiento no se considera el fondo de la cuestión; no se repara, por ejemplo, en la existencia de cláusulas abusivas, a pesar de que haya jurisprudencia rechazando las mismas. Sin embargo, algunos jueces son últimamente más sensibles, debido sobre todo a la presión popular, a la normativa europea, que señala que de oficio los jueces han de considerar estas cláusulas.

Además, el procedimiento de ejecución hipotecaria deja básicamente indefenso al ciudadano. De hecho, sólo puede alegar tres supuestos para oponerse: que la vivienda sea objeto de un préstamo anterior; estar al día en el pago de las cuotas del préstamo; o justificar un error en la determinación de su cuantía (algo en la práctica muy difícil, debido a las fórmulas tan complejas con que se establece). La banca siempre gana. Una vez en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria, se realiza la subasta. En caso de que la subasta quede desierta, la entidad financiera puede adjudicarse el bien inmueble por un 60% de su valor (la presión popular logró que se incrementara el tope anterior del 50%). Y, satisfecho este trámite, el ciudadano ha de continuar pagando la deuda (préstamo, más costas procesales, más intereses de mora).

La ley permite, asimismo, que una vez notificado el lanzamiento, pueda pedirse una prórroga de 30 días en el caso de la vivienda habitual. Pero, “lo que pedimos es que las personas puedan abandonar la vivienda en situación dignidad, que se pondere el derecho del banco a quedarse con la vivienda, con el del ciudadano a quedarse sin nada”, explica María José Guiralt, activista y coordinadora de la Comisión Jurídica de la PAH en Valencia.

“ El procedimiento de ejecución no permite entrar a valorar las circunstancias personales ni contractuales; puede que sea legal, pero es a todas luces injusto, pues impide valorar las características de cada caso concreto y, con ello, se produce la indefensión de las personas afectadas”, asegura María José Guiralt. Añade que así “se confirma la posición privilegiada que ya ostentan las entidades de crédito en el momento negociador, y obvia la especial protección que otorga la normativa de consumo”.

Precisamente la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, ha apuntado, en un dictamen no vinculante, que la legislación hipotecaria española no protege de manera efectiva al consumidor, ya que, según la letrada, le deja indefenso ante los desahucios aunque se hayan suscrito cláusulas abusivas.

En marzo, la relatora de la ONU por una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, se pronunció de modo similar, tras una reunión en Barcelona con afectados por las hipotecas. Responsabilizó en unas declaraciones al gobierno español de la situación de “emergencia habitacional” en la que se encuentran miles de familias de todo el estado.

No son de extrañar estos pronunciamientos, dado que la legislación española se destaca por encarnizarse con la parte más débil del contrato. En Francia, la “ley de la segunda oportunidad” permite la condonación judicial de las deudas de las personas físicas, mediante la liquidación de patrimonio. Y, en Alemania y Portugal, está prevista la posibilidad, en caso de los deudores de buena fe, de abrir un proceso de negociación que incluso puede concluir con la condonación parcial de la deuda.

Frente a la legislación nacional leonina trabaja, a pie de calle y de amenaza de desalojo, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Han logrado suspender 550 desahucios en el conjunto del estado, en cuatro años, pese a que la mayoría de colectivos (hoy la plataforma está arraigada en todas las autonomías) lleven sólo año y medio funcionando. Además, la plataforma ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular, que ha recogido cerca de 600.000 firmas en el estado español. Ha superado, por tanto, las rúbricas legalmente establecidas antes de que concluya el plazo para su presentación en el Congreso, el 15 de enero.

A grandes rasgos, las reivindicaciones de la PAH se resumen en tres: la moratoria de los desahucios; la dación en pago con efectos retroactivos; y la reconversión de las 6 millones de viviendas vacías existentes en el estado español, al alquiler social y con un tope, que en ningún caso supere el 30% de la renta familiar.

Según Rosana Montalbán Moya, portavoz de la Plataforma de Afectats per les Hipoteques de Valencia, “estamos ante una estafa en toda regla; tanto la legislación, como las entidades financieras, el PP y el PSOE, vulneran diariamente los Derechos Humanos y la Constitución Española; tanto la moratoria ICO del PSOE, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, promovido por De Guindos, son meros parches que alargan la agonía de las familias; se mantienen en la línea de rescatar a las entidades financieras, culpables de esta crisis, en lugar de a los ciudadanos”; “Cada día hay más casas sin personas, y personas sin casas”, concluye.

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