Archive for noviembre 24th, 2012

noviembre 24, 2012

La desvergüenza de la banca española

Iturria: Juan Torres López / Publico.es – 2012/11/23

Las declaraciones del portavoz de la banca española (y antiguo subgobernador del Banco de España, por cierto) con motivo de las normas recién aprobadas por el gobierno sobre desahucios muestran que los banqueros españoles están perdiendo ya los niveles mínimos de responsabilidad, decencia y vergüenza.

Jueces y expertos y, por supuesto, las personas y familias afectadas, han puesto de relieve que se trata de una reforma muy tímida y que de ninguna manera va a evitar la inmensa mayoría de los desahucios tan injustos e inhumanos que se vienen produciendo, además de ser muy beneficiosa para la banca: los supuestos que contempla son muy restrictivos y ni siquiera todos los de gran necesidad, no tiene carácter retroactivo, solo se refiere a los expedientes promovidos por la banca, y permite que se sigan acumulando intereses cuando se suspendan temporalmente, lo que evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos. Pero, a pesar de ello, los banqueros dicen que es muy negativa, que “pone en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” porque puede hacer que la gente deje de pagar caprichosamente las hipotecas, e incluso que se puede cerrar el grifo del crédito se si aprueba.

Parece mentira que los españoles tengamos que oír esto de la banca, como si fuésemos estúpidos. Si nuestros bancos y banqueros se jactan de ser los mejores del mundo, ¿qué es lo que explica entonces que aquí tenga que haber condiciones hipotecarias (y en general bancarias) más asimétricas que en los demás países de nuestro entorno? ¿Por qué la banca española no puede operar en las mismas condiciones que la francesa, la alemana, la inglesa o la de Estados Unidos, si en esos países compite en igualdad de condiciones con otros bancos? ¿Qué tipo de razón financiera es la que justifica que aquí haya pervivido una legislación casi decimonónica tan favorable a ellos? ¿Son razones económicas, de eficiencia financiera y de mercado, o sencillamente que los banqueros han tenido aquí más poder que en otros lugares y que se han podido hacer fuertes en sus privilegios, entre otras cosas, porque fueron el soporte principal de la dictadura fascista de Franco?

Si tuvieran vergüenza, los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma es simplemente porque quieren seguir teniendo los privilegios de siempre que les hacen estar entre los bancos con más rentables del mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder político y social mucho mayor que en casi todos los demás países.

Y es igualmente desvergonzado que los banqueros aludan, aunque formalmente no utilicen esta expresión, al llamado riesgo moral que en su opinión conlleva la reforma. Es decir, que afirmen que crea un incentivo que puede permitir que los individuos trasladen su responsabilidad hipotecaria a los bancos, convirtiéndose voluntariamente en malos pagadores, como si la gente estuviera deseosa de perder sus viviendas caprichosamente.

Parece mentira que sean los banqueros los que digan eso cuando son precisamente los bancos los que deben el dinero que ha puesto a la economía española a los pies de los caballos por su gestión avariciosa e irresponsable y lo que ha provocado que tengamos que ser rescatados, haciendo que el conjunto de los españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos extranjeros. Son los banqueros y no las familias ni los pequeños y medianos empresarios los que se han aprovechado de la información privilegiada que tienen para trasladar sus responsabilidad a los demás, encareciendo artificialmente la financiación, haciéndola más difícil de obtener, y provocando una rémora inmensa a la actividad productiva en nuestro país.

El auténtico y más negativo riesgo moral que puede influir sobre nuestra economía es el que está haciendo que los propietarios y directivos de las entidades financieras que la han hundido, que han volatilizado el dinero de sus clientes en operaciones especulativas muy arriesgadas, que han estafado a miles de clientes y que les hacen pagar comisiones y gastos muy por encima de los habituales en otros países de alrededor, se vayan de rositas y no den cuenta ante la justicia de los daños que han producido.

El mal ejemplo para millones de españoles es comprobar que los banqueros que han cometido delitos son indultados graciosamente cuando son condenados, y que esto último sea algo excepcional porque los fiscales y los jueces raramente actúan contra ellos, como demuestran tanto casos de crisis y quiebras bancarias que se han saldado con costes enormes para los contribuyentes y aire fresco para quienes las han provocado.

Lo que paraliza a la economía y destroza a las empresas que crean riqueza es que los banqueros utilicen su poder para echar por alto la imprescindible financiación de la actividad económica al convertir el negocio bancario en el motor que alimenta las burbujas, la especulación, la evasión fiscal, la fuga de capitales a los paraísos fiscales y los negocios más sucios que existen. O que hoy día estén ganando miles de millones generando más deuda para todos los españoles a base de recoger dinero barato del Banco Central Europeo y de rentabilizarlo comprando los bonos que luego le permiten ofrecer condiciones inmejorables a los grandes poseedores de liquidez, y todo ello racionando la financiación que necesitan urgentemente las empresas.

Y lo que es una barbaridad y nos lleva al desastre no es que se tomen medidas de justicia elemental para proteger a los débiles frente a los poderosos, como dicen los banqueros, sino que éstos utilicen su poder para seguir tratando de imponer un modelo productivo caótico, depredador e insostenible. El portavoz de la banca lo ha dicho claro: “hay que dar más créditos y crear más casas”. Eso es lo que se le ocurre proponer a los banqueros en un país en donde hay casi cinco millones de viviendas vacías, urbanizaciones enteras sin utilizar consumiendo recursos naturales y energía sin cesar, y la experiencia de una burbuja que ha enriquecido a unos pocos pero que ha dejado desolada a nuestra economía llevándose por delante la posibilidad de modernizarla y de situarla en la vanguardia de las naciones. Tienen a miles de empresarios carentes de financiación, reclamando crédito urgente y asequible para crear empleo y riqueza y lo que quieren es destinar el dinero a mover otra vez cemento y a dar pelotazos a base de corrupción y barbaridades urbanísticas. Están locos y esto es la mejor prueba de que hay que combatir la irresponsabilidad y la desastrosa gestión de los recursos que hacen nuestros banqueros.

Si los españoles queremos de verdad salir de esta crisis provocada por la banca no podemos seguir manteniendo el sistema financiero tal y como lo están moldeando el anterior y el actual gobierno con las reformas que han realizado. Hay que acabar con los privilegios y con el poder político y mediático de los bancos si es que no queremos que los banqueros acaben con la democracia. Es imprescindible disponer de una banca pública, bien dirigida y estrictamente controlada, que no pueda financiar sino a las empresas y consumidores que lo necesiten para hacer que crezca la generación de riqueza y no las actividades especulativas. Una banca firmemente asentada en principios éticos (y no, como quería el gobierno en “buenas prácticas” de asunción voluntaria), y en un compromiso radical con el desarrollo económico y social y con el equilibrio medioambiental, lo que significa, sobre todo, que no se puede dedicar, como hacen los bancos actuales, a financiar la corrupción, modelos productivos insostenibles y la creación constante y artificial de deuda.

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noviembre 24, 2012

Un nuevo modelo de sociedad – Carmen Castro

Iturria: ATTAC / Carmen Castro – 2012/11/22

Carmen Castro es economista y experta en Políticas Europeas de Género. Nos cuenta desde distintas perspectivas cómo la gran estafa que estamos viviendo es producto de una sociedad donde priman los objetivos monetarios frente al actualmente tan vulnerado derecho básico de ciudadanía, un derecho imprescindible para generar el corpus de los derechos colectivos y sociales desde la igualdad.

[youtube http://youtu.be/Ur8bGlo9Wus]
noviembre 24, 2012

Las nuevas tasas judiciales, un ataque al Servicio Público de la Administración de Justicia

Iturria: ATTAC / Cristina Gómez / María del Pilar Barceló – 2012/11/23

A menudo cuando se habla de servicios públicos la gente piensa en los más básicos, como salud y educación, y olvida un servicio que, si bien no utilizan necesariamente todos los ciudadanos, no tiene alternativa cuando se suscitan determinados conflictos: la Administración de Justicia. Un divorcio, unas medidas sobre custodia de menores, propietarios morosos que no pagan las cuotas de la comunidad de propietarios, accidentes de tráfico, reclamación de indemnizaciones a aseguradoras, trabajadores despedidos, impagos de salarios, robos o daños… ¿Quién no ha tenido que recurrir alguna vez a la Justicia, o quién no tiene algún familiar o amigo que lo haya hecho?

Esta falta de conciencia de la Justicia como servicio público es la que está permitiendo que el Gobierno introduzca feroces recortes sin oposición ciudadana, aunque sí y muy firme desde los ámbitos jurídicos (jueces, abogados…) que con unanimidad han manifestado su repulsa frente a reformas que de hecho impedirán el acceso de muchos ciudadanos a este servicio.

Así el BOE de 21 de noviembre publica la Ley de tasas, por la cual la Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino que además por la cuantía de las tasas establecidas se convertirá de hecho en un servicio inaccesible.

Si bien es cierto que con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, se recuperaron las tasas, hasta ahora sólo se aplicaban en los órdenes civil y contencioso – administrativo a empresas cuyos negocios superasen los ocho millones de euros (básicamente entidades financieras y aseguradoras).

Ahora las tasas se extienden a todas las personas físicas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (para lo cual es preciso tener ingresos inferiores a 14.910 euros anuales computando los de toda la unidad familiar) y además se aumenta su importe desproporcionadamente.

Injusta herramienta disuasoria

El argumento del Gobierno es que la Justicia está saturada y es necesario disuadir a la población del acceso a los tribunales. Olvida que la saturación se debe en parte a que España está a la cola de Europa en número de jueces por 100.000 habitantes, y que con su reforma únicamente va a disuadir a los ciudadanos corrientes pero no a las grandes empresas (bancos, aseguradoras…) que son las que colapsan los juzgados y que además a diferencia de los ciudadanos pueden desgravarlas.

La Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional, dictada en relación a la Ley 53/2002, si bien avaló las tasas judiciales como medio de financiación de la administración de justicia cuestionó la legalidad de este tributo si su elevado importe de hecho impidiera u obstaculizara del derecho de acceso a la jurisdicción, que es lo que ocurre ahora. Por ello el Consejo General de la Abogacía ha instado a diversos organismos e instituciones para que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Algunos ejemplos: Si usted está disconforme con las visitas a sus hijos o la pensión alimenticia acordada en un proceso de divorcio, tendrá que pagar al Estado 800 euros para poner un recurso de apelación. Si quiere recurrir una multa de tráfico, un mínimo de 200 euros. Y si es un trabajador que disconforme con una sentencia quiere interponer un recurso de suplicación, 500 euros.

Errónea solución recaudatoria

La ley ha sido defendida por Ruiz Gallardón como necesaria para poder financiar los gastos que supone el mantenimiento de la Justicia Gratuita. Incurre así en un error técnico y vulnera un principio esencial de la configuración de las tasas, que es el de que las tasas deben recaudarse para contribuir a satisfacer el coste del servicio o de la actividad de la Administración de la que se beneficia el usuario. Este principio es infringido por el artículo 11 de la ley, que vincula la tasa judicial a la financiación de la asistencia de Justicia Gratuita y por tanto únicamente al servicio prestado a determinados usuarios. Además la Justicia ha de considerarse un servicio público y su financiación debe correr a cargo de los impuestos generales.

Conclusión

El afán recaudatorio que supone la aprobación de las nuevas tasas judiciales va a tener como consecuencia inmediata que el acceso a la justicia se convierta en un privilegio de clase (de la clase adinerada, evidentemente), porque al no predicarse de las tasas el principio de progresividad tributaria (aquel que determina el reparto de la carga tributaria en función de la capacidad contributiva de que disponen los diferentes obligados), dará como resultado que se enfrenten al pago de un mismo importe una persona con ingresos de 15.000 € (computando los de la unidad familiar) y por ejemplo, el tercer hombre más rico del mundo (nuestro compatriota, Don Amancio Ortega).

El teórico objetivo de racionalización de la Administración de Justicia a que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley que aprueba las nuevas tasas judiciales, se hace a costa de cercenar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la jurisdicción proclamado por el art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva).

noviembre 24, 2012

El Supremo da la razón a ELA y rechaza la reducción salarial de los trabajadores del Arriaga

Iturria: Deia.com – 2012/11/23

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el  recurso de casación presentado por el Teatro Arriaga, dando la razón  al sindicato ELA en relación a la reducción salarial aplicada en  virtud del RDL 8/2012 y la L 3/2010, al considerarla de no aplicación  para los trabajadores de la sociedad mercantil C. Dicha sentencia es  firme y contra la misma no cabe presentar recurso alguno.

En un comunicado, la central sindical ha considerado el auto un  logro “muy importante” en estos tiempos “de recortes y conculcación  de derechos”, y ha defendido que “luchar merece la pena” ya que es  posible “poner freno a los recortes que nos quieren imponer”.

El Teatro Arriaga celebra hoy 25 años de su reapertura.

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