Archive for noviembre 8th, 2012

noviembre 8, 2012

Trabajadores de Guardian Llodio llevan 2 semanas en huelga indefinida

Iturria: EITB.com – 2012/11/08

Los sindicatos denuncian que la empresa recurre a la amenaza pero no se aviene a negociar un convenio sin despidos.

Guardian Llodio lleva dos semanas de huelga indefinida con los trabajadores concentrados en la puerta y siete miembros del comité de empresa encerrados en la fábrica. La empresa acaba de plantear un ERE de extinción que supondría el despido de 120 trabajadores.

Guardian alega para el ERE un descenso en los pedidos. Los sindicatos denuncian que la empresa recurre a la amenaza pero no se aviene a negociar un convenio sin despidos.

Llegados a esta situación, hace ya un año que sindicatos y empresa comenzaron las negociaciones por el convenio.

Por su parte, la sección sindical de LAB ha denunciado la “total falta de voluntad” de la dirección para sentarse a negociar y ha llamado a participar en una manifestación de protesta que recorrerá las calles del municipio este viernes.

En un comunicado, el sindicato ha criticado la “amenaza” de la empresa de despedir a 120 operarios de producción de la planta de Llodio.

Filtración de información

Asimismo, ha acusado a la dirección de haber “filtrado” información a los medios de comunicación “donde se apunta que la próxima semana pretende presentar un expediente de extinción que afectaría a un indeterminado número de trabajadores”.

Manifestación, el viernes

En protesta contra esta situación, se ha convocado una manifestación para este viernes que partirá de las puertas de la empresa a las 18:00 horas y que transcurrirá por las calles de Llodio hasta la plaza del Ayuntamiento.

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noviembre 8, 2012

Los funcionarios navarros dicen a Barcina que no les callará

Iturria: Diario de Navarra – 2012/11/08

Varios cientos de empleados públicos se han concentrado paradecir a la presidenta Yolanda Barcina que no les callará con decisiones como la de prohibir en edificios y vehículos públicos carteles o pancartas contra los recortes.

Convocados por AFAPNA, ANPE, APF, CCOO, CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, SATSE, SMN, SOLIDARI, SPS, STEE-EILAS y UGT, los trabajadores de la administración han reclamado tras dos pancartas contra los recortes su derecho a la libertad de expresión y lo han hecho con gritos de “no nos callarán”, pitidos y caretas blancas con las bocas cerradas con cinta roja.

La concentración se ha llevado a cabo frente al Parlamento de Navarra coincidiendo con una sesión plenaria, lo que ha propiciado que los silbidos se incrementaran con la llegada de algunos de los parlamentarios, una situación que la presidenta ha evitado al acceder al edificio por el garaje.

Mientras en la calle, miembros de STEE-EILAS en representación de todos los sindicatos daban lectura a un comunicado en el que califican de “atropello” la instrucción dada por el Gobierno de UPN para evitar que se denuncien los recortes laborales y sociales aprobados en los últimos meses, el aumento del paro y el “deterioro progresivo de los servicios públicos”.

Callados nos quieren y rebeldes no encontrarán. Tenemos que detener esta sinrazón. No pueden pretender que permanezcamos en silencio ante este burdo intento de dar una sensación de normalidad”, dicen los empleados públicos.

Y aseguran que no sólo mantendrán su rechazo y sus protestas contra los recortes “con más ímpetu e imaginación si cabe” sino que además, precisan, “no vamos a acatar recortes de derechos”.

“La libertad de expresión es algo demasiado importante como para no defenderla frente a la censura y el despotismo del Gobierno de Navarra”, sostienen, y advierten al Ejecutivo que su decisión de prohibir símbolos o expresiones de protesta no es sino “una muestra de debilidad”.

Empleados públicos, este jueves, frente al Parlamento. EFE / VILLAR LÓPEZ

noviembre 8, 2012

La plantilla de SAM de Tolosa inicia protestas contra el despido de ocho trabajadores

Iturria: Gara.net – 2012/11/08

Trabajadores de la empresa SAM, ubicada en Tolosa y encuadrada en el sector de la papelería , se concentraron ayer en el municipio guipuzcoano para denunciar el despido de ocho trabajadores y la situación de inestabilidad que afronta la plantilla. Durante esta semana cada relevo llevará a cabo paros de cuatro horas y el lunes iniciarán una huelga indefinida.

Según explicaron miembros de la plantilla, los ocho trabajadores despedidos «se quedan en muy malas condiciones», por lo que piden una salida «digna para ellos».

También mencionaron la situación de inestabilidad a la que están sometidos los trabajadores, ya que -según dijeron- argumentando reducción de las ventas y pérdidas económicas, la empresa lleva ya dos ERE aplicados desde 2009 y un total de 12 empleados despidos. Afirmaron que la multinacional Tompla, principal accionista de SAM, tiene dinero suficiente, de hecho, ha adquirido una nueva planta en Chequia.

noviembre 8, 2012

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en “Pido la palabra” de Canal Sur

Iturria: Canal Sur – 2012/11/07

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres López respondió al ágora de “Pido la palabra” y resolvió dudas sobre el posible rescate financiero de España.

noviembre 8, 2012

El Comité de Empresa de Corrugados Azpeitia se reúne el jueves con la dirección para exigirle que “tome decisiones”

Iturria: Europa Press – 2012/11/08

El Comité de Empresa de la empresa guipuzcoana Corrugados Azpeitia se reunirá el próximo jueves con la dirección de la planta, en la sede de ELA en la citada localidad, para reclamarle que “tome decisiones ya”, porque los trabajadores de la fábrica, que ese día harán 5 meses están “en una agonía”.

Unos 50 trabajadores de Corrugados Azpeitia se han concentrado este jueves ante la oficina del BBVA en la avenida de la Libertad de San Sebastián, unos 50 trabajadores de Corrugados Azpeitia bajo el lema ‘BBVAren aberastasuna langileon miseria’ (La riqueza del BBVA es la miseria de los trabajadores).

En declaraciones a los medios durante la protesta, el representante de LAB en el Comité de empresa, Esteban Campos, acompañado del representante del ELA, Imanol Arrojeria, han explicado que este banco es el mayor acreedor de la empresa pero “no hace ningún movimiento en torno al problema” existente.

Según han indicado, hace un mes desde la dirección les dijeron que “las altas esferas estaban hablando”, pero aún no se han puesto contacto con ellos y siguen “esperando una respuesta”.

Los trabajadores de Corrugados Azpeitia llevan desde el pasado 15 de junio en huelga tras el Expediente de Regulación (ERE) de extinción con 87 salidas voluntarias y 13 salidas forzosas presentado por la empresa.

Posteriormente, el Departamento de Industria del Gobierno vasco dio un crédito participativo de cinco millones de euros a la empresa, y dijeron que“no iba a haber más despidos, que habían garantizado el futuro de la empresa e incluso que podía ser un ejemplo para otras empresas”, pero volvieron a anunciar “otros 60 despidos más”, han recordado los representantes del Comité.

Además, han censurado que la compañía, perteneciente al Grupo Gallardo y dedicada a la fabricación de barras corrugadas por la fundición de acero en horno eléctrico y laminación en caliente, “no ha cumplido el plan de viabilidad que había hasta junio” y encima ahora exige a los trabajadores que “se bajen el sueldo y arriesguen el paro que les queda sin tener en la mesa un proyecto creíble”.

“GARANTÍAS MÍNIMAS”

En este contexto, han reclamado un acuerdo con “unas garantías mínimas de empleo” para los 240 trabajadores que componen la plantilla de la fábrica, además está pendiente de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre los 60 trabajadores a los que se les “extinguió” el pasado junio.

Por otro lado, Arrojeria ha explicado que en la reunión que mantuvieron este pasado miércoles la dirección de Azpeitia les comunicó que, aunque empiecen ahora a trabajar “este año no va haber producción” y lo que están apostando es “de cara al año que viene una producción de 400.000 toneladas”.

Además, les comunicaron que el Plan de Viabilidad se basa en el 35 por ciento de reducción salarial y, posteriormente, un ERE de suspensión, “cosa que hasta ahora no sabían los trabajadores”, ha indicado.

En este sentido, ha criticado que sabiendo que la plantilla ha estado cuatro años con una congelación salarial ahora se exija a los trabajadores “más reducción salarial y un incremento de horas de trabajo”.

Unos 50 trabajadores de los 240 de la planta se concentran en San Sebastián para reclamar
una solución "con garantías mínimas" de empleo
Foto: Europa Press
noviembre 8, 2012

Más caros y más opacos

Iturria: Sergio Fernández Ruiz – Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid /NuevaTribuna.es – 2012/10/29

Recientemente acaba de conocerse el Informe de la Cámara de Cuentas en el que se recoge que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementó el canon anual de los hospitales semiprivados de la región construidos por el sistema PFI (Iniciativa de Financiación Privada), 1,9 millones de euros anuales y les incrementó además en 4,3 millones la cantidad máxima anual, todo ello sin ninguna publicidad ni recogerlo en la información que se da de las reuniones del Gobierno madrileño.

Parecen necesarias algunas reflexiones:

Primero. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid venimos denunciando, desde que la Comunidad de Madrid optó por esta formula para construir hospitales, que toda la evidencia disponible en otros países (especialmente en el Reino Unido donde se inició el experimento) señalaba que estos hospitales suponían un importante sobrecoste para la administración pública sin mejoras en la eficiencia y la calidad de su funcionamiento, y en este mismo sentido estaba lo referido en el Informe publicado por la OMS. El Gobierno madrileño sin embargo se empecinó en poner en marcha estos hospitales, supuestamente para mejorar la gestión y la eficiencia.

Segundo. En la Comunidad de Madrid, se da el caso que las entidades constructoras de unos hospitales cuyo coste de construcción fue de 676 millones de euros habían recibido a finales de 2011 oficialmente 683 millones de euros (es decir más del precio de construcción) y la Comunidad de Madrid, mas bien todos los madrileños, les adeudamos al menos 4.284 millones de euros, cantidad que puede ser sustancialmente superior porque los contratos prevén actualizaciones anuales. Como se ve un negocio redondo.

Tercero. Tal y como ahora de conoce, estos centros están recibiendo con carácter extrapresupuestario aportaciones suplementarias que escapan al control público y que suponen inyecciones de dinero, que en plena crisis solo pretenden mejorar la rentabilidad de unas empresas ya de por si altamente rentables (en 2011 se quejaban las concesionarias de que su tasa de beneficio había bajado de la prevista del 11% al 9% ) .Ya les gustaría a la mayoría de las empresas españolas estar en esta situación en medio de la crisis.

Cuatro. Además, hay que tener en cuenta que estos centros tienen un presupuesto diferenciado para la parte de gestión pública de los hospitales y que los análisis clínicos están externalizados en un macrolaboratorio privado y la radiología en una empresa pública con su propio presupuesto lo que hace aún mas opaco el gasto real de los centros y oculta su elevado coste.

Cinco. Conviene recordar que la única ventaja teórica de estos hospitales, el incrementar las camas hospitalarias de la Comunidad de Madrid, tampoco se ha hecho efectiva porque su apertura ha venido acompañada del cierre de camas en los hospitales tradicionales, con lo que Madrid continua por debajo de la media de camas/1.000 habitantes de España (3,06 versus 3,3) y muy lejos del promedio de la Unión Europea (5,5).

Finalmente, decir que estos sobrecostes para asegurar los beneficios de las empresas privadas han supuesto un estrangulamiento de los presupuestos de los hospitales de gestión tradicional (mas de un 11% de disminución presupuestaria en los dos últimos ejercicios) lo que deteriora la calidad asistencial, pese a lo que siguen siendo los elegidos por la mayoría de la población ante un problema grave de salud. Un buen ejemplo de los recortes de la Comunidad de Madrid es el reciente ERE a la agencia Laín Entralgo, el cierre de los centros de drogodependencias, etc, recortes que vienen provocados porque en un entorno de insuficiencia presupuestaria se produce una restricción de fondos y se mantienen los aportes a los centros privados y semiprivados.

En resumen, estamos ante un impresentable intento de ocultación de los exorbitantes costes de los centros de gestión privada y semiprivada y el fracaso de la política privatizadora. Por ello es necesario que se reconduzca la situación mediante la recuperación del control de estos hospitales por parte de la Administración Pública lo que normalizaría sus costes y permitiría una mejora de la Sanidad Pública madrileña.

noviembre 8, 2012

La estafa de la deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / Publico.es – 2012/10/30

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre  (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

noviembre 8, 2012

Sindicato ELA pide negociar el ERE de Gamesa también en Pamplona

Iturria: expansion.com – 2012/11/07

El sindicato ELA, cuyos delegados de los diferentes comités de empresa de Navarra se han reunido hoy con la dirección de Gamesa en Pamplona, han defendido la negociación del ERE también en la Comunidad, mas cuando se ha constatado que el 60 % de los afectados están en este territorio.

Frente a los despidos, ELA ha defendido otras medidas como una propuesta de ahorro de 1.694.760 euros que, según ha calculado, se obtendría rebajando tanto las reuniones de los diez miembros del Consejo de Administración, de doce a diez, como la cuantía que perciben, de 27.583 a 16.152 euros por sesión.

También han propuesto que todo el personal que desde el 1 de octubre de 2012 cause o haya causado baja voluntaria sea descontado del número de despidos que se quieran realizar en Navarra.

Esta propuesta ha sido trasladada a la dirección en la reunión, en la que, según ha señalado este sindicato en un comunicado, sus representantes han denunciado haber tenido conocimiento del número de trabajadores afectados en Navarra por la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, que lo desveló ayer en una comparecencia parlamentaria.

Aunque la cifra de los afectados en Navarra va a ser finalmente 283, ELA ha precisado que a ello hay que sumar el número definitivo de personal subcontratado “que podría rondar las 300 personas”.

Estos 283 trabajadores de personal directo suponen el 60 % de los 480 que Gamesa quiere despedir en España, ha subrayado ELA, central a la que la dirección le ha confirmado que quiere presentar un único ERE global en Madrid para todos sus centros de trabajo.

noviembre 8, 2012

ELA expresa su “más enérgico rechazo” al ERE de Bridgestone

Iturria: Que.es – 2012/11/07

El sindicato ELA ha expresado hoy “su más enérgico rechazo” al expediente de regulación de empleo presentado por Brigestone para la extinción de 216 contratos en sus plantas de Basauri y Galdakao y ha anunciado que podría convocar movilizaciones para exigir su retirada.

En declaraciones a Efe, Aitor Garriga, responsable federal de ELA en la comarca de Ibizabal Nervión, ha asegurado que la central optará por “la vía de la negociación” para que la empresa retire el expediente y “presente un plan que garantice los puestos de trabajo”.

El responsable de ELA ha manifestado que las causas que alega la empresa para justificar el expediente de extinción de 184 contratos en la planta de Basauri y otros 32 en la de Usánsolo, en el municipio de Galdakao, “no se dan en ninguna circunstancia”.

Sin embargo, ha afirmado que tras debatir la situación con los trabajadores, al sindicato “no dolerán prendas en convocar movilizaciones” si la compañía no acepta retirar el expediente.

El responsable de esta central, que cuenta con uno de los trece representantes del comité intercentros de Bridgestone, ha lamentado que los sindicatos mayoritarios en este órgano, UGT y CCOO, hayan venido firmando en los últimos cuatro años todos los expedientes de regulación planteados por la empresa.

Este apoyo, según ELA, ha supuesto la aceptación de las “causas, que no existen”, con las que ahora justifica el nuevo expediente de regulación.

ELA tiene previsto reunir a sus afiliados en la empresa para tratar acerca del ERE presentado.

También CCOO y UGT han convocado, respectivamente, asambleas de afiliados para mañana con dicho objetivo.

noviembre 8, 2012

MALO NO, PEOR. Certezas sobre el “Banco Malo”

Iturria: Carlos Sanchez Mato – Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública – 2012/11/01

El proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno español el 20 de julio del presente año. Se ha publicado el Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53 mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros, ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las inevitables pérdidas que ocultan en sus balances. El siguiente paso ha consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de recapitalización. A continuación, solamente en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos, inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y Caja España-Duero). El Gobierno defiende que la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del sector bancario. Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

1. La Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han desplomado.

2. Los recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800 millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada) la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55 mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más apalancamiento.

3. Como consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo, la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de financiación a corto plazo.

4. El traspaso de activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad. Dada la normativa, cambian activos con riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin riesgo. El resultado es que los requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen las exigencias con un nuevo artificio contable.

5. SAREB se presenta como una sociedad “que no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.

6. Los inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto sobre Sociedades). Si se trata de inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por su participación en SAREB.

7. Aún con las ventajas fiscales, será extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los precios de transferencia son similares a los del escenario adverso planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado altamente improbable hace un mes). Se trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados será posible su venta. La media será un descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

8. Se ha optado por realizar el traspaso de los activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”. Es decir, se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649 millones para Unicaja-Caja España, de 1.724 millones para KutxaBank, de 1.272 millones para Sabadell-CAM. El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000 millones para poner sus activos a precios del ’banco malo’ y el Popular tendría que asumir un deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34 mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han “aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que las que han precisado apoyo público.

9. Para alcanzar la rentabilidad presupuestada, SAREB deberá conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual: financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su cuota de mercado en el sector inmobiliario.

10. SAREB no ha planteado en su plan de negocio ninguna alternativa en materia de política de vivienda diferente a las estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.

La conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados.

No es malo, es peor.

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