Cuarenta empleos amenazados por el plan de ahorro del equipo de Maroto

Iturria: Gara.net / Txotxe Andueza – 2012/11/04

El proyecto de remodelación de los servicios de atención a la ciudadanía elaborado por el equipo de maroto en el Ayuntamiento de Gasteiz tiene en vilo a más de cien familias. Están las de las 40 personas que hoy atienden esos servicios, que si el proyecto se lleva a cabo perderán su empleo, y las de quienes trabajan en los centros cívicos, que se verán obligados a asumir sus funciones.

Muchas de las personas que desde la creación de este servicio hace ya 19 años vienen atendiendo las consultas y trámites en las oficinas de atención ciudadana y en el número de teléfono 010, siempre a través de una contrata, creían que esas tareas deberían gestionarse con recursos directos del Ayuntamiento. Pero ni siquiera se habían puesto a reclamar en serio una equiparación de condiciones con los empleados municipales, que consideraban más que justa. Así lo reconocen Karmele Mendiguren y Lutxi Arribas, dos de las componentes del comité de trabajadores de SIC, empresa que, entre otros servicios, gestiona estos de atención a la ciudadanía.

Por eso la sorpresa fue aún más desagradable cuando lo que hasta entonces había sido una utopía -la gestión pública de este servicio- se les presentó de repente como una amenaza a sus empleos. La primera noticia la tuvieron el 2 de octubre pasado cuando desde el comité de empresa del Ayuntamiento les informaron de la existencia del proyecto del Gobierno municipal de modificar el modelo de atención a la ciudadanía.

Menos empleo y calidad

El proyecto elaborado por el Departamento de Función Pública supone la sustitución escalonada de las 40 personas de las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos y Olagibel y el servicio de atención telefónica 010, por quienes hoy en día trabajan en los centros cívicos como oficiales de control.

Este proceso constaría de dos fases: en la primera, se prevé el relevo de las 20 personas que atienden las oficinas situadas en los centros cívicos. En la segunda, se daría el relevo en la oficina de Olagibel y el servicio 010. Resultado para 2014: destrucción de cuarenta empleos (de los que 36 son mujeres), y sobrecarga de trabajo para los oficiales de control de los centros cívicos de la ciudad.

Mendiguren y Arribas afirman que este proyecto tiene «muchas carencias, en detrimento de la eficacia y la calidad del servicio, además de no dar cobertura a las trabajadoras que en casi dos décadas han conseguido consolidar el servicio».

En opinión de estas representantes sindicales, en el proyecto municipal «se valora muy positivamente el trabajo del puesto de oficial de control, lo que está muy bien, pero no se valora adecuadamente la labor que se realiza en las oficinas de atención ciudadana», lo que achacan a que los responsables municipales «no conocen realmente la labor que se desarrolla en esas oficinas», que siempre han estado gestionadas por empresas.

Finalmente advierten que las consecuencias no serán solo laborales, ya que en su opinión la ciudadanía se va a ver seriamente perjudicada «porque las múltiples funciones que se van a imponer a los oficiales de control reducirán la calidad de este servicio».

Movilizaciones y apoyos

Las cuarenta personas que atienden estos servicios no han tardado en poner en marcha una dinámica de denuncia, movilización y contactos, que ha tenido su primer hito en la aprobación de una moción en el Ayuntamiento de Gasteiz en contra de la destrucción de empleo, con el apoyo de PSE, Bildu y PNV, y el único voto en contra del PP, partido gobernante en el Consistorio. Y tienen intención de seguir, porque «es decepcionante que no nos hayan tenido en cuenta, pero por más que nos digan que esto es irreversible, no vamos a rendirnos».

Afortunadamente, estas trabajadoras no están solas en su denuncia. Tampoco los representantes sindicales del Ayuntamiento de Gasteiz ven con buenos ojos un plan que busca el ahorro económico «a costa de sobrecargar a una determinada categoría de trabajo y mermar la calidad del servicio». Y se posicionan en contra de que para ello se ponga en la calle a quienes llevan años desempeñando su labor en estos servicios.

El comité, que dice representar tanto a los trabajadores municipales como a los subcontratados, rechaza un plan que hablando de «internalización» de la atención ciudadana deja fuera a todo su personal, y recuerda que «siempre hemos apostado por la defensa de los servicios públicos y por una reversión de los prestados por empresas subcontratadas, sin la pérdida de puestos de trabajo.

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