Archive for noviembre 5th, 2012

noviembre 5, 2012

Sí, está claro, pero ¿Qué vamos a hacer?

Iturria: Antonio Fuertes Esteban / ATTAC Acordem – 2012/11/04

Sabemos, por nuestros estimados profesores críticos y economistas, que los bancos y el sistema financiero en general domina la economía, con mano de hierro de dictadura financiera; pero también por muchas historias de vida, por muchos parados, desahuciados o empobrecidos..

Sabemos que hay una forma de hacer las cosas, desde el poder político, más social, ecológica, democrática y humana. Sin embargo el poder político se empeña en hacer prevalecer las mismas recetas que han llevado a la crisis a la inmensa mayoría para seguir alimentando la codicia de una minoría. Las recetas que marcan, a los políticos, los plutócratas a través de las instituciones financieras internacionales.

Sabemos que la actual democracia no es más que un bonito cuento alimentado por nuestros políticos, jueces y académicos del sistema, que quieren creer en ella porque ésta hace ver como que ellos gobiernan y les sirve para vivir de un servicio cada vez más profesionalizado,  salir en los medios y hacer sus discursos vacuos.

Sabemos que los señoritos globales de las multinacionales y las corporaciones financieras se reparten criminalmente grandes beneficios hundiendo el mundo del trabajo, la economía, la sociedad y el medio ambiente y sin que por ello paguen ningún impuesto o contra-prestación a la sociedad.

Sí, ya conocemos todos los cuentos, lo malo es que algunos quieran seguir meciéndonos en la cuna de sus cuentos, en que la recuperación es posible, en que con austeridad saldremos, o en que son socialistas o de izquierdas, otros, ¡Ja!

¿Y los ciudadanos y ciudadanas? ¿Vamos a seguir llorando y quejándonos a “papá” Estado de que nuestro primo rico nos roba y nos humilla? ¿Creemos que realmente el llorar sirve de algo, que cambiará algo? ¿Creemos que los poderes del Estado van a hacer que nuestro primo el de las transnacionales pague por sus desafueros? Lo más seguro es que “papá” Estado seguirá sirviendo a los señoritos globales que es lo que viene haciendo. ¡Claro! Los señoritos financian a los gestores en su pugna y su ejercicio.

¿Necesitamos saber mucho más para responsabilizarnos y comprometernos, para dejar de ser administrados y pasar a administrar nuestra propia vida, para dejar de ser supuestos protegidos y llorones y pasar a ser mayores de edad? ¿Es el Estado quien ha de emanciparnos? ¿Es desde las estructuras del Estado desde donde nos emanciparemos los ciudadanos?

¡NO! al actual Estado lo hemos de combatir para recuperar el control de los salvajes poderes económicos y para eso hemos de organizarnos, para lograr cambiar las leyes. Pero además, para emanciparnos hemos de tener claro que nuestro enemigo de clase son los señoritos plutócratas globales y que son los que marcan el rumbo y la velocidad de la nave. Estos señoritos, hoy ya globales, no tienen lealtad a territorio alguno ¿Para qué si pueden circular libremente poseyendo todo a su paso?

Hemos de organizarnos contra ellos, igual que las primeras organizaciones obreras se levantaron contra los amos en el S. XIX (a los que por cierto también protegían los estados), e idearon los instrumentos de lucha del proletariado, los centros obreros, casas del pueblo, ateneos, la prensa obrera repartida mano a mano, la huelga, el sabotaje, la desobediencia civil…. Hoy hemos de hacer un ejercicio de coraje y de imaginación para re-inventar las formas de lucha, mejorando las clásicas y re-inventando nuevas contra el poder, que hoy es global.

A la tradicional huelga hay que vestirla con nuevos procedimientos y añadirle nuevas formas de acción civil no violenta, de desobediencia civil. Por poner un ejemplo ¿Porqué los profesores desde la infantil hasta la universidad se han de limitar a reproducir el currículum sistémico? ¡ Vamos a Wert! Hay que trabajar desde el mundo de la educación por el compromiso social, por el compromiso planetario, el profesorado ha de hacer desobediencia civil curricular. Los médicos atender a pacientes vulnerables y a los que el gobierno ha dejado sin prestación. Cada función social, cada profesión habría de encontrar motivos y espacios de desobediencia civil. Lo mismo respecto a las formas de consumo o de ocio. Cambiar el sistema pasa por vulnerar la norma opresora.

Pero necesitamos de nuevo el compromiso, de nuevo el COMPROMISO. Es necesario además promover un sentimiento de ciudadanía global. Hemos de iniciar la construcción, desde el poder ciudadano, de una nueva INTERNACIONAL.

Si queremos, de verdad, hacer algo por la sociedad actual, por nuestra gente, por las futuras generaciones; el compromiso personal y colectivo, la organización y el encuentro, más allá de diferencias no sustanciales, es el único camino que nos queda. No podemos cerrar los ojos ante el despotismo que nos oprime y nos atenaza. Combatirlo necesita esfuerzos que muchos no estamos dispuestos hoy a satisfacer. Esto no es un juego, es una lucha de clases y van ganando sobradamente. O reaccionamos o acaban poniéndonos las cadenas para siglos.

Lo primero organizarnos ¡¡ Contra los actuales tiranos, los señoritos globales!!

¡¡POR UN FRENTE CIUDADANO CONTRA EL PODER FINANCIERO !!!

¡Organízate ya!!

noviembre 5, 2012

Aumento de suicidios como consecuencia de la crisis

Iturria: Gara.net – 2012/11/05

Juan Karlos Marcos, Gemma Pousa, Ibon Zubiela | Licenciados en Meidicna y Psicología y Responsable de Salud Laboral de LAB

Un estudio que analiza datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que cada aumento del 1% en la tasa de desempleo se asocia con incrementos del 0,8% en las tasas de mortalidad por suicidio. Por poner un ejemplo clarificador, Grecia ha pasado de las tasa más baja de suicidios en Europa a la más alta en tres años. Según datos del Ministerio de Sanidad griego, entre enero y mayo de 2011, la tasa de suicidios subió un 40% en comparación con el mismo periodo del 2010.

En Euskal Herria, ya indicábamos al inicio de esta coyuntura económica que si no se tomaban medidas el denominado «síndrome de la crisis» -depresión, infartos agudos de miocardio y suicidios- iría en aumento debido a una mayor incertidumbre y presión sobre la población trabajadora, aumento del paro, que en mayor medida van a sufrir personas con mayores dificultades de empleabilidad (mujeres, personas no cualificadas o con discapacidad, jóvenes o inmigrantes) con más probabilidades de paro de larga duración y de caer en la exclusión social, etc.

Mucho más, si tenemos en cuenta que todas las medidas que se están tomando van precisamente en la dirección opuesta, es decir, abaratamiento y facilidad del despido, ataque a los derechos de las personas desempleadas, centralización y liquida- ción del modelo de negociación colectiva, liberalización de horarios, privatizaciones, políticas fiscales regresivas, recorte de los derechos de las personas dependientes, aumento del IVA, descapitalización del sistema público, rescates bancarios, etc. Todas estas medidas van en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría, es decir, recaen en la clase trabajadora que es quien las paga y las sufre.

Desde distintos ámbitos se está detectando un aumento de suicidios en los últimos meses. Según el Instituto Navarro de Medicina Legal la tasa de suicidio de 2000 a 2006 descendió en un 14,51%. Sin embargo, a partir de 2006 hasta 2009 la tasa ha ido creciendo en Nafarroa, concretamente un aumento del 145,76%. Según el Instituto Vasco de Medicina Legal en 2011 se produjeron 179 suicidios en la CAPV, cifra récord si se atiende a la estadística de los últimos seis años. 91 de los casos fueron en Bizkaia, un 56% mas que el año anterior.

Esta situación no es casual y responde a una de las expresiones más claras que explica la división social y la lucha de clases, es decir, su reflejo en la mortalidad de las poblaciones. La desigualdad social es el rasgo definitorio de la vida en el capitalismo, pero más aun la muerte prematura en la clase obrera. Es decir, los pobres vivimos peor y menos tiempo, enfermamos antes que las clases dominantes.

En demasiadas ocasiones, intentan que un árbol no nos deje ver el bosque, y cuando se habla de salud y de sus causas, se suele insistir en la gran importancia de los factores individuales, los estilos de vida, etc. Se trata de un discurso interesado y en parte falso.

Gran parte de la investigación académica, la divulgación científica así como de los medios de «desinformación» dominantes reproducen la creencia de que el origen de las enfermedades tiene que ver fundamentalmente con factores biológicos, genéticos, estilos de vida dañinos, y la falta de tecnología médica. Todos esos factores son importantes, sin duda, pero hay otras causas aparentemente más «lejanas» que, aunque más difíciles de ver, son las más importantes para la salud pública, es decir, la salud colectiva. A esas causas se las califica como «causas de las causas» o también «determinantes sociales» de la salud y la desigualdad. La salud de las personas se genera especialmente en contextos sociales, es decir económicos, políti- cos y culturales.

Los «determinantes sociales» conforman un amplio conjunto de factores sociales (las condiciones de empleo y trabajo, la calidad de la vivienda o los factores medio ambientales, etc.) y de políticas (ausencia y/o limitación de políticas sociales públicas o la implantación de políticas económicas y laborales neoliberales, etc.) que afectan decisivamente a la salud de la población. Son causas de gran importancia porque aumentan la probabilidad colectiva de enfermar y morir según la desigual forma en que vivimos, trabajamos, nos alimentamos, somos más o menos explotados, sufrimos o no discrimi- nación, si existen o no políticas sociales que nos protegen o ayudan, o si tenemos el conocimiento y poder político y personal necesarios para participar en las decisiones más importantes que afectan a nuestras vidas. En definitiva, debemos ver si las políticas que la sociedad elige proveen las condiciones y medios adecuados para que cada ser humano pueda vivir con dignidad y desarrolle sus capacidades.

Esas causas sociales y las relaciones de poder políticas que las producen y condicionan determinan qué clases y grupos sociales tendrán más o menos probabilidades, recursos y oportunida- des de vivir con dignidad, así como de poder elegir un «estilo de vida saludable». Y es que hay que entender que no todas las personas y colectivos -según sea su clase, género, etnia, situación migratoria, o edad- tienen las mismas posibilidades de escoger conductas sanas. En realidad, podemos decir que no elige quien quiere, sino quien puede.

Por todo ello, podemos decir sin miedo a equivocarnos que la patronal, los gobiernos de Madrid, Iruñea y Gasteiz, al dictado del capital nos están abocando a una realidad llena de precariedad, enfermedades y muerte. Ese es su único camino, silenciado por una mayoría de medios de comunicación al servicio del orden establecido.

Por eso, desde un concepto de clase obrera, tenemos que seguir luchando para construir una alternativa real a esta crisis, para cambiar el rumbo y construir un modelo diferente. Un modelo en donde la salud y la vida de la clase trabajadora sea el eje vertebrador de las políticas y el modelo de relaciones laborales y sociales. Y esto solo pasará si hay una mayoría social capaz de condicionar, capaz de ser determinante. Ese es el camino.

noviembre 5, 2012

Empleo privatiza la emisión y envío de vidas laborales a los trabajadores

Iturria: Rubén D. Rodríguez / Diarioinformacion.com – 2012/11/04

El Ministerio de Empleo ha privatizado por completo el envío de las vidas laborales y bases de cotización de la Seguridad Social a los trabajadores, un servicio que han dejado de hacer los funcionarios y que desde este ejercicio corre a cargo de una empresa privada.

El Gobierno ha gastado 1,22 millones de euros más IVA en trasladar este trabajo a una firma ajena a la Administración, según informó en una respuesta escrita que envió el mes pasado al presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara. El servicio privatizado incluye la impresión, manipulación y envío de documentos y la empresa debe realizarlo en un periodo de cinco meses.

Empleo justifica la privatización total del envío de vidas laborales -antes solo estaba externalizado algún servicio informático- por la necesidad de “ahorrar costes” y “agilizar la gestión” de 22 millones de cartas mediante la contratación de una empresa especializada. Con ello retira funciones a los empleados públicos encargados de este trabajo, cobra por ofrecer un servicio antes gratuito para el ciudadano y tarda más tiempo en entregar los documentos a quienes los solicitan.

Habrá que pagarlas

Las personas que necesiten una vida laboral ya no podrán obtenerla al momento y sin coste alguno, como ocurría hasta ahora cuando acudían a una oficina de la Seguridad Social con el DNI en la mano. La Administración remite ahora al interesado a una empresa privada a través de una web o un teléfono 902 (tiene, por tanto, que abonar la llamada), mediante el cual pide el documento, que no recibirá en su domicilio hasta entre cinco y siete días después de haberlo solicitado al Gobierno.

La Seguridad Social remite anualmente a los trabajadores su vida laboral aunque estos no la pidan o no la necesiten, por lo que los sindicatos entienden que el envío de estos documentos “no responde a ningún servicio”. “Si una persona necesita su vida laboral, le tarda una semana en llegar y si no le hace falta, le llega a casa de todas formas. En realidad no se piden tantas, por lo que parece que la Administración las envía igualmente para justificar el gasto que han hecho”, considera María José Acevedo, representante de UGT Galicia en la mesa delegada de la Seguridad Social.
El contrato por el que el Gobierno requirió el servicio de una firma privada se licitó por 2,35 millones de euros pero finalmente se adjudicó por 1,22 millones, sin incluir una posible prórroga en la cantidad.

noviembre 5, 2012

Murrizketa eta erreformek langabezi eta pobrezi gehiago dakartela salatzen du ELAk

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/11/05

Langabe kopurua 219.071takoa izan da urrian Hego Euskal Herrian, aurreko hilean baino 5.255 eta 2011ko urrian baino 31.699 gehiago.

Era honetara, langabezi tasa %16,6an kokatzen da, 27-EBko %10,6a baino 6 puntu altuago. Adierazgarria da Greziak (%25,1) eta espainiar Estatuak (%25,8) soilik dutela langabezi tasa altuagoa ikustea, eta baita Portugalek ere (%15,7) langabezia baxuagoa duela jakitea.

Gainera, langabetuen %45,1ak ez du inolako prestaziorik jasotzen Hego Euskal Herrian (%41,9 duela urte bete), eta %34ak soilik jasotzen du kotizaziopeko prestazioa (%35,6a 2011ko epealdi berdinean). Hau da, igo egiten da inolako prestaziorik jasotzen ez duen langabeen portzentajea, eta jaitsi jasotzen dutenen diru zenbatekoa.

Servicio Público de Empleo Estatal-ek ezagutzera emaniko datuek agerian uzten dute murrizketa eta erreforma ezberdinek langabezia, ekonomi arazo, eta pobrezia gehiago dakartela. Izan ere, langabezian dagoen biztanleria %16,9an igo da Hego Euskal Herrian urte betean, 27-EBko %9a baino nabarmen gehiago, non murrizketak txikiagoak izan diren. Mobilizazioa da murrizketa hauekin bukatzeko eta egoera hobeago batera garamatzaten politikak bideratzeko tresna bakarra.

noviembre 5, 2012

ELA denuncia que los datos evidencian que los recortes “traerán más desempleo y más pobreza”

Iturria: Finanzas.com – 2012/11/05

ELA ha denunciado que los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, que revelan un aumento del paro en Euskadi de 3.998 personas durante octubre, evidencian que los distintos recortes y reformas “nos llevan a una situación de más desempleo, más dificultades económicas y más pobreza”.

En un comunicado, la central nacionalista ha señalado que la población desempleada en Hego Euskal Herria (País Vasco y Navarra) ha crecido en un 16,9 por ciento en un año, “muy por encima” del 9 por ciento de la UE-27, donde los recortes en su conjunto “han sido menores”.

Además, ha denunciado que el 45,1 por ciento de la población en situación de desempleo en esas dos comunidades “no recibe ningún tipo de prestación”, y “tan sólo” el 34 por ciento recibe prestación contributiva. “Es decir, que aumenta el porcentaje de la población desempleada que no recibe ninguna prestación y desciende la cuantía económica de quienes la reciben”, han lamentado.

noviembre 5, 2012

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Iturria: alainet.org / Sally Burch

Un estudio sobre los paraísos fiscales (1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).
De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso.  Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina.  Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen.  Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero.  En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de$10,1 a $13,1 billones”.
El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.
La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.
El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”.  Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”
La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición.  Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias.  Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los esquemas de negociación
Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo.  En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación.  Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido.  A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU.  Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.
El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo.  Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla.  Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de “lista negra” de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información.  Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina.  Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal.  En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas.  Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.
– Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012.  http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.do
noviembre 5, 2012

010: una llamada con respuesta

Iturria: noticiasdealava.com – 2012/11/04

Trabajadores de las oficinas de atención ciudadana se movilizan para exigir que se mantengan sus puestos

UnA consulta y 144 trámites que pueden solucionarse. Ésta es la función que en la actualidad ofrecen el teléfono 010 y las oficinas de atención ciudadana en Vitoria. Todo un emblema de las políticas de proximidad. Pero los trabajadores de este servicio, que en la actualidad agrupa a 40 personas de una subcontrata, temen que este sistema se venga abajo. Los cambios que baraja el Ayuntamiento de Vitoria, para que este servicio pueda ser atendido por los oficiales de control en la red cívica, han sembrado dudas sobre su futuro. Las movilizaciones ya han comenzado. Porque esta plantilla quiere seguir siendo la voz del Ayuntamiento, y promete no quedarse afónica.

“Hace apenas unos minutos ha llamado un hombre que, tras cuatro intentos de suicidio, se le iba a acabar el paro y no sabía qué hacer. Le hemos derivado a una asociación de padres y madres separados”. Ésta es sólo una de las consultas que se han atendido en este servicio, en este caso apenas veinte minutos antes de que una parte de sus trabajadores se reuniera con este rotativo. Era una oportunidad para poner cara a estas bibliotecas de trámites, protocolos y números. Así son el 010 y las oficinas de atención ciudadana. Ésas que sirven para tramitar un padrón, escuchar a personas mayores preocupadas por que les acaban de llamar de una encuesta que no han entendido, informar sobre el estado de las nevadas o recoger las quejas de los ciudadanos. Y, muchas veces, todo a la vez y para un único usuario. Alguna de las trabajadoras lo llama la “atención maratón”.

Este servicio arrancó en Vitoria en 1994. El entonces alcalde José Ángel Cuerda se preguntó por qué un ciudadano de un barrio de la periferia debía perder una mañana en desplazarse al centro para realizar unos trámites. Eneka Pérez de Arenaza era una de las cuatro primeras personas que integraron ese servicio telefónico. Al principio, para comunicar las campañas de limpieza o informar de los eventos que ocurrían en la ciudad, recuerda que se pasaban el día preguntando en cada departamento, además de “recoger recortes de periódicos y estar atentas a los carteles colgados en la calle”.

El resultado debió ser positivo, porque un año después se incorporaron otras cinco personas. Tras, eso sí, realizar unas entrevistas personales y pruebas de euskera -el teléfono fue un precursor en este sentido- para asegurarse que los elegidos tenían una personalidad adecuada. Amable. Cercana. Alguien debió darse cuenta que ellas eran mejores, porque al final hay 40 personas en este sistema -doce entre Olaguíbel y el 010, veinte repartidas por los centros cívicos y otras ocho para cubrir reducciones de jornada- y el 90% son mujeres.

El servicio, según cuenta otra de las veteranas, Karmele Mendiguren, ha tenido a veces “altibajos”. Las trabajadoras han denunciado en varias ocasiones sus condiciones laborales, la falta de pausas. En la actualidad, el horario en general de este servicio va de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30. Lo cierto es que, pese a haberse convertido en un referente municipal -que ha inspirado a otras ciudades como Bilbao, Pamplona, Sevilla o Logroño-, el servicio nunca ha dejado de estar subcontratado. Desde 1996 dependen de la empresa Servicios Informáticos y Consulting. El coste para las arcas municipales asciende a 1.167.000 euros al año.

Estas empleadas conocen la cifra de memoria. También se han ofrecido en diversas ocasiones para trabajar directamente para el Ayuntamiento, pero nunca han tenido la posibilidad de presentarse a una Oferta Pública de Empleo sobre sus puestos. Y dudan que, ahora, este servicio se pueda cubrir de otra forma. No, al menos, con la misma calidad. “Al final el ciudadano será el más perjudicado”, apunta otra trabajadora, Ixone Iriarte.

Es un aviso para navegantes. Porque, según denuncian, el gabinete Maroto maneja un “programa de racionalización” -ellas, al mencionarlo, lo pronuncian con cuidado- que pretende que los oficiales de control de los centros cívicos, que se encargan de cuestiones como el cuidado y apertura de las instalaciones, asuman ahora sus funciones. Y el grupo actual pasaría a una bolsa de trabajo, aunque dudan de su viabilidad. En definitiva, denuncian que se apueste por un personal que atiendan diversas tareas pero sin especializarse como el actual, que ha aprendido los protocolos “con una formación continua. A menudo nos llaman desde los propios departamentos municipales para saber cómo funciona esto o aquello”, cuenta Lucía Arribas. “Y hacemos trámites de mucha responsabilidad”, precisa Laura Garalde.

La plantilla del 010 y las oficinas de atención al ciudadano no entienden por qué ahora su labor no resulta esencial. Han pasado de ser referentes a sentirse prescindibles. El Ayuntamiento, en respuesta a una reciente queja planteada en el buzón ciudadano, defendió que se trata de una labor “estratégica” que debe desempeñar, “en la medida de lo posible”, personal propio. Mientras, la plantilla actual teme que, ya en marzo, veinte de estos puestos se supriman.

Sus protestas ya han llegado a las calles de Vitoria. Hace una semana recogieron firmas en la plaza de la Virgen Blanca y el martes, aprovechando la afluencia de seguidores al partido de Copa Alavés-Barcelona, repitieron en Mendizorroza. Se les reconoce por sus camisetas verdes, las mismas que llevaron durante el reportaje, en las que se lee Trabajadores competentes y el servicio excelente, ¿de dónde sobra gente? Un lema que resume el orgullo de una plantilla que se sabe cercana al ciudadano, que resuelve sus dudas. Un trabajo que a menudo le ha valido los halagos de la clase política; ahora espera que esos concejales respondan a su llamada.

Trabajadores del 010 y las oficinas de atención ciudadana posan con sus camisetas reivindicativas (DNA)
noviembre 5, 2012

Cuarenta empleos amenazados por el plan de ahorro del equipo de Maroto

Iturria: Gara.net / Txotxe Andueza – 2012/11/04

El proyecto de remodelación de los servicios de atención a la ciudadanía elaborado por el equipo de maroto en el Ayuntamiento de Gasteiz tiene en vilo a más de cien familias. Están las de las 40 personas que hoy atienden esos servicios, que si el proyecto se lleva a cabo perderán su empleo, y las de quienes trabajan en los centros cívicos, que se verán obligados a asumir sus funciones.

Muchas de las personas que desde la creación de este servicio hace ya 19 años vienen atendiendo las consultas y trámites en las oficinas de atención ciudadana y en el número de teléfono 010, siempre a través de una contrata, creían que esas tareas deberían gestionarse con recursos directos del Ayuntamiento. Pero ni siquiera se habían puesto a reclamar en serio una equiparación de condiciones con los empleados municipales, que consideraban más que justa. Así lo reconocen Karmele Mendiguren y Lutxi Arribas, dos de las componentes del comité de trabajadores de SIC, empresa que, entre otros servicios, gestiona estos de atención a la ciudadanía.

Por eso la sorpresa fue aún más desagradable cuando lo que hasta entonces había sido una utopía -la gestión pública de este servicio- se les presentó de repente como una amenaza a sus empleos. La primera noticia la tuvieron el 2 de octubre pasado cuando desde el comité de empresa del Ayuntamiento les informaron de la existencia del proyecto del Gobierno municipal de modificar el modelo de atención a la ciudadanía.

Menos empleo y calidad

El proyecto elaborado por el Departamento de Función Pública supone la sustitución escalonada de las 40 personas de las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos y Olagibel y el servicio de atención telefónica 010, por quienes hoy en día trabajan en los centros cívicos como oficiales de control.

Este proceso constaría de dos fases: en la primera, se prevé el relevo de las 20 personas que atienden las oficinas situadas en los centros cívicos. En la segunda, se daría el relevo en la oficina de Olagibel y el servicio 010. Resultado para 2014: destrucción de cuarenta empleos (de los que 36 son mujeres), y sobrecarga de trabajo para los oficiales de control de los centros cívicos de la ciudad.

Mendiguren y Arribas afirman que este proyecto tiene «muchas carencias, en detrimento de la eficacia y la calidad del servicio, además de no dar cobertura a las trabajadoras que en casi dos décadas han conseguido consolidar el servicio».

En opinión de estas representantes sindicales, en el proyecto municipal «se valora muy positivamente el trabajo del puesto de oficial de control, lo que está muy bien, pero no se valora adecuadamente la labor que se realiza en las oficinas de atención ciudadana», lo que achacan a que los responsables municipales «no conocen realmente la labor que se desarrolla en esas oficinas», que siempre han estado gestionadas por empresas.

Finalmente advierten que las consecuencias no serán solo laborales, ya que en su opinión la ciudadanía se va a ver seriamente perjudicada «porque las múltiples funciones que se van a imponer a los oficiales de control reducirán la calidad de este servicio».

Movilizaciones y apoyos

Las cuarenta personas que atienden estos servicios no han tardado en poner en marcha una dinámica de denuncia, movilización y contactos, que ha tenido su primer hito en la aprobación de una moción en el Ayuntamiento de Gasteiz en contra de la destrucción de empleo, con el apoyo de PSE, Bildu y PNV, y el único voto en contra del PP, partido gobernante en el Consistorio. Y tienen intención de seguir, porque «es decepcionante que no nos hayan tenido en cuenta, pero por más que nos digan que esto es irreversible, no vamos a rendirnos».

Afortunadamente, estas trabajadoras no están solas en su denuncia. Tampoco los representantes sindicales del Ayuntamiento de Gasteiz ven con buenos ojos un plan que busca el ahorro económico «a costa de sobrecargar a una determinada categoría de trabajo y mermar la calidad del servicio». Y se posicionan en contra de que para ello se ponga en la calle a quienes llevan años desempeñando su labor en estos servicios.

El comité, que dice representar tanto a los trabajadores municipales como a los subcontratados, rechaza un plan que hablando de «internalización» de la atención ciudadana deja fuera a todo su personal, y recuerda que «siempre hemos apostado por la defensa de los servicios públicos y por una reversión de los prestados por empresas subcontratadas, sin la pérdida de puestos de trabajo.

noviembre 5, 2012

Los pensionistas pagarán el 10% de las prótesis y sillas de ruedas

Iturria: CASmadrid.org – 2012/11/04

Sanidad establece la escala de copagos para los productos ortoprotésicos – El tipo general irá del 40% al 60% – Los productos quirúrgicos quedan exentos.

Los pensionistas que necesiten un aparato ortoprotésico, desde sillas de ruedas a bastones, prótesis o implantes abonarán un 10% de su importe. El resto de asegurados pagará en función de sus ingresos: si ganan de 18.000 a 100.000 euros, el 50%; si están por debajo de esa franja, el 40% y si la superan, el 60%. Así lo recoge el real decreto que aparece hoy en el BOE. Con esta regulación el Gobierno unifica los pagos que debían hacer los pacientes, que variaban entre las comunidades (en algunas, muchos de estos productos eran gratis; en otras había copagos que iban del 20 al 50%). Parados sin prestación o receptores de rentas de inserción quedan exentos.

También habrá una serie de productos para los que se pagará el 10%. Estos, recogidos en un anexo, son, por ejemplo, prótesis externas parciales de mano y pie, las de mama externas, audífonos y las sillas de ruedas manuales. Las eléctricas solo se subvencionarán en un 90% en “pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente”. Entran en esta categoría de aportación reducida las prendas de compresión para quemados o personas con linfedemas (un problema del sistema linfático en el que este no drena y acumula líquidos), por ejemplo.

El modelo de este copago es similar al de los medicamentos, pero no hay límite máximo, como sí lo hay con los fármacos para los pensionistas (8, 16 o 60 euros al mes en función de sus ingresos).

El copago no afecta a los implantes quirúrgicos (prótesis de cadera, por ejemplo), que se utilizan “en centros sanitarios sin aportación del usuario”.

Además, el real decreto fija el máximo que las Administraciones pagarán por cada tipo de producto, de manera que todas las comunidades paguen lo mismo.

Como en todas estas normas, queda margen para que una comunidad reduzca lo que tienen que aportar los usuarios, o para ampliar la oferta de productos. Para ello deberán cumplir tres condiciones: que “establezcan para ello los recursos adicionales necesarios”, que “tengan la garantía previa de suficiencia financiera en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria” y que “la correspondiente comunidad autónoma informe, de forma motivada y con anterioridad a su incorporación, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

noviembre 5, 2012

La privatización de hospitales en Madrid abre un negocio de 400 millones de euros

Iturria: Eldiario.es / Raúl Rejón – 2012/11/02

Las empresas competirán con sus ofertas por la facturación que ofrecerá la atención sanitaria de más de un millón de madrileños

La privatización de seis hospitales madrileños abre un negocio de más de 400 millones de euros para las empresas del sector por la atención sanitaria de más de un millón de ciudadanos. Cuando en septiembre de 2008 el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, realizó una exposición en el Hotel Ritz de la capital acerca de las infraestructuras sanitarias de la región la tituló “Oportunidades de negocio”. El auditorio era una selección de empresarios del sector de la sanidad. Entonces se planteaban cuatro hospitales totalmente externalizados. Durante el año próximo, el negocio crecerá a costa de la privatización de seis hospitales cuya actividad médica pasará de la gestión pública a manos de empresas privadas.

El negocio no es pequeño. Con esta transformación del sistema, compañías como Capio Sanidad, Ribera  Salud, Sanitas, USP-Quirón, DKV, Asisa (todas ellas presentes en centros públicos con gestión privada en España) ven ampliado a golpe de decisión política su mercado potencial. En la Comunidad de Madrid ya existen hospitales dirigidos enteramente por empresas. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha contado que el precio por habitante que pagan las arcas públicas en estos sistemas es de 441 euros. Sin embargo, el convenio que rige en Torrrejón de Ardoz recoge un pago de 571 por habitante y año. En todo caso, con la cifra escogida por el Gobierno de Ignacio González, se abre un negocio de, aproximadamente, 497 millones de euros al año.

El convenio capitativo multiplica la  población asignada al centro hospitalario por un precio anual (luego se le resta los tratamientos que alguno de esos pacientes haya recibido en otros centros). Así, actualmente, el hospital Infanta Leonor de Vallecas en la capital tiene asignados 325.000 vecinos (143 millones), el Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes 300.000 (132 millones), el Infanta Cristina de Parla 120.000 (52 millones), el del Tajo en Aranjuez 65.000 (28 millones), el del Sureste 150.000 (66 millones) y el del Henares en Coslada 170.000 (74,9 millones), siempre aplicando el dato de pago medio.

A ese festín de facturación sólo pueden aspirar empresas con “reconocida solvencia” en la materia como se encargó de recordar el consejero al explicar su nuevo modelo sanitario. En España operan en hospitales públicos diversas compañías como Capio Sanidad (que factura unos 500 millones al año), Ribera Salud -que facturó 380 millones en 2011, el doble que un año antes y reconoció un EBIDTA de 38 millones, también dos veces más-. Estas dos corporaciones gestionan ya hospitales en Madrid. Otras empresas: Sanitas que es la accionista mayoritaria en el valenciano hospital de Manises, DKV, presente en Denia (ambas unidas con Ribera Salud).

Los presupuestos de la Comunidad Madrid incorporan otras buenas noticias para el sector privado en la sanidad pública. Así, otro hospital que funciona por concesión, la Fundación Jiménez Díaz, verá modificado su convenio para asimilarlo a los que se acaban de anunciar (llamado capitativo). Lo dirige Capio y recibió la población del distrito madrileño de Moncloa tras el traslado del hospital Puerta de Hierro desde esa zona a otra población (Majadahonda). Son 116.000 vecinos.

A %d blogueros les gusta esto: