Nueva reforma de la Seguridad Social

Iturria: José Ramón Urrutia Elorza / Noticias de Gipuzkoa – 2012/10/29

El gobierno del PP, con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del día 27 de setiembre, prepara una nueva reforma de la Seguridad Social, que sería la décima desde la transición a la democracia, sin que la aprobada por los socialistas con los sindicatos UGT y CCOO como compañeros de viaje el pasado mes de julio del año 2011, haya prácticamente entrado aún en vigor.

Pocos meses después de la publicación de la última reforma en el Boletín Oficial del Estado, el Director del Departamento Europeo del FMI decía textualmente, anticipándonos lo que nos va a venir, “La reforma no es tan buena como las que hemos visto recientemente en otros países europeos”.

¿Qué aspectos más importantes puede contemplar la reforma anunciada?

1.-La modificación de las condiciones de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial.

Parece muy posible que en el nuevo texto se retrase el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años a los 63 años, sin las excepciones actualmente vigentes.

A fecha presente un trabajador puede jubilarse anticipadamente a los 61 años con una reducción de su pensión. A partir del 1 de enero de 2013, y con la reforma aprobada por el presidente Rodríguez Zapatero, la jubilación prematura solo se podrá conseguir a los 63 años, salvo para los despedidos por causa objetiva económica y en los casos de jubilación parcial por contrato de relevo, que mantienen la posibilidad de hacerlo a los 61 años.

El gobierno del PP, con la nueva reforma anunciada, pretende suprimir estas dos excepciones, y generalizar los 63 años como edad más temprana para acceder a la pensión de jubilación.

Poner más dificultades a la jubilación anticipada a los 61 años, afectará a los trabajadores que pierdan su empleo en edades elevadas.

En la actualidad un trabajador que sea despedido o que pierda su puesto de trabajo en edad superior a los 50 años, con la dificultad existente a la fecha y en un futuro próximo en el mercado laboral, el único camino posible, salvo una rápida readaptación profesional y ubicación en otro puesto de trabajo, es el de agotar el período de percepción tanto de la prestación por desempleo y del subsidio, si tuviera derecho a ello, como paso previo a la jubilación anticipada.

En el año 2011, a nivel estatal, se beneficiaron de la jubilación anticipada más de 110.000 trabajadores, casi el 40% de los que alcanzaron ese año la prestación de jubilación.

2.-La aceleración en la aplicación de los factores de sostenibilidad existentes en la reforma socialista.

La nueva renovación pretende revisar, en concreto acortar, los períodos transitorios establecidos en la anterior reforma, para elevar cuanto antes a 67 años la edad de retiro, dejando abierta la opción de los 70 años. En cuanto a los años de cotización los 37 años serán requisito imprescindible, pudiéndose ampliar hasta los 38,5 años.

En íntima relación con todo lo anterior, se intenta ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación superando los 25 años, y tendiendo hacia un alargamiento progresivo que contemple toda la carrera profesional del trabajador, como ya se viene utilizando en otras reformas llevadas a cabo recientemente en la UE. Este aspecto ya se anunciaba y se anticipaba en la última reforma aprobada. Además en función del aumento de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas y beneficiarios, el sistema público irá exigiendo más años de cotización y actualizando las bases de cotización para conseguir la prestación de jubilación (sostenibilidad del sistema).

Por ahora, el período de carencia, mínimo exigido para tener derecho a pensión de jubilación, se mantendrá en quince años.

Todo lo anterior supondrá una rebaja sustancial e importante en la futura pensión del actual cotizante, con el único objetivo de frenar el déficit galopante del sistema público de pensiones.

3.- La rebaja de las cotizaciones y la subida de las bases máximas.

Parece ser, que la rebaja comprometida con los empresarios, para ayudar a la tan esperada recuperación del empleo, y que iba implicar una reducción en los ingresos por cotización por parte de los empleadores en los ejercicios 2013 y 2014, tal como se especificaba en el documento-programa remitido por el gobierno con fecha de agosto pasado a la Comisión Europea como compromiso de información a cambio de la prórroga de un año en la exigencia de reducción del déficit a una cuantía equivalente al 3% del PIB español, no se va a llevar a efecto.

Por otro lado, el gobierno del PP va a proponer que la base máxima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena se incremente en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, así mismo el ejecutivo subirá también en ambos años un punto adicional a la variación del IPC la cuantía de la pensión máxima. Este último aspecto no se había contemplado ni modificado desde hace muchos años en las reformas llevadas a cabo.

Las bases de cotización en el régimen de la Seguridad Social están topadas en 3.230 euros/mes, y un colectivo importante de trabajadores de cierta cualificación, responsabilidad y con salarios superiores queda exento de cotización. Con la elevación de la base mensual se intenta incrementar los recursos del sistema público. En la actualidad solo el 4% de los aportantes totales cotiza sobre la base máxima.

Además el ejecutivo del PP, salvo imprevisto de última hora, también se propone llevar a cabo un incremento adicional de un punto en la base mínima de cotización de todos los trabajadores autónomos.

Como colofón, es intención de la Administración del Estado completar a su cargo la financiación de los COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE LAS PENSIONES (contribución para aquellos que no han llegado a cotizar el mínimo requerido), lo que supone en realidad adelantar el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo, y aliviar a la Seguridad Social, a sus cotizantes y pensionistas, de una carga y un compromiso que nunca debieron de haber financiado, ya que es un gasto social que siempre debía de haber sido soportado por el Presupuesto del Estado, y con cargo a los impuestos recaudados. En algo se aliviará el déficit de la Seguridad Social.

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