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noviembre 1, 2012

¿Suicidios o crimen de Estado?

Iturria: Sistema Digital / Juan Torres López – 2012/10/31

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

noviembre 1, 2012

El PP impone una tasa de 2.350 euros al ciudadano que recurra actos del Gobierno

Iturria: Publico.es – 2012/10/31

El Congreso aprueba, con el rechazo de toda la oposición, la Ley que extiende el ‘copago judicial’  a los particulares.

El Partido Popular ha impuesto este miércoles en el Congreso su mayoría absoluta para sacar adelante el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un ‘copago’ judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro “afán recaudotorio”, en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías –en algunos casos, en más de un 150%–, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.

La Comisión de Justicia del Congreso ha examinado esta tarde las enmiendas al articulado de la Ley planteadas por los grupos, después de que la semana pasada la mayoría absoluta del PP sirviera para impedir la devolución al Gobierno del proyecto que reclamó la oposición en pleno. El PP sólo ha aceptado dejar exentos de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y la bonificación del 60 por ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.

El Proyecto se está tramitando por la vía de urgencia, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, por lo que está previsto que se apruebe el próximo mes de noviembre tanto por el Senado como, de forma definitiva y si corresponde, por el Congreso. Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, así como del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y los procuradores.

Según ha destacado María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, las nuevas tasas “sólo permitirán acceder a la justicia a los ricos”, y plantea serias dudas de constitucionalidad si, como puede pensarse, tienen un efecto “disuasorio” en el ciudadano a la hora de recurrir.

Antonio Camacho,  ponente de la Ley por el Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán recaudatorio, pero afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. No obstante, en los borradores de la reforma de la justicia gratuita que están negociando con las comunidades autónomas, establecen que las personas beneficiadas por ese sistema sólo no deban pagar por la presentación de las demandas en primera instancia, pero sí que abonen un 20% de la tasa en segunda instancia. Una cantidad que estiman que no es disuasoaria pero que impedirá los abusos derivados de la gratuidad de la acción, según fuentes del Ministerio.

noviembre 1, 2012

La configuración política actual de los mercados hace a los muy ricos cada vez más ricos

Iturria: Sin Permiso / Daniel Raventós, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB – 2012/10/30

Es un estúpido y viejo mantra: la política económica que se hace es la única posible. No hay otra opción, no hay alternativa. Utilizó la expresión en un sentido campanudo el darwinista social y liberal Herbert Spencer hace más de un siglo y medio, pero fue Margaret Thatcher quien la llevó a la fama. Hasta fue conocida como Thatcher “Tina” (there is no alternative). Es la absurda idea según la cual las decisiones económicas son exclusivamente técnicas. Cualquier decisión, según este sedicente razonamiento, es producto de la conclusión que la técnica nos aconseja. Fue John Kenneth Galbraith uno de los muchos que escribió ya hace algunos años contra semejante pretensión: “[L]a economía no existe aparte de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro.” [1] Pero el supuesto argumento de “no hay alternativa” tiene muchos adeptos. Es así porque se repite sin cesar desde gobiernos, algunos medios académicos y muchos medios de comunicación, y hasta parece que a veces lo lamentan.

La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. No hay nada más falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos: “son las medidas que el país necesita”, “son necesarios estos sacrificios para salir pronto de la crisis”, “la situación económica impone estas desagradables medidas”, “todos debemos sacrificarnos para salir adelante”, etc., etc. Ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Ejemplos, meros ejemplos: bajar los impuestos a los más ricos, congelar o bajar las pensiones, facilitar y abaratar los despidos laborales, gravar con aranceles productos extranjeros, bajar el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos recursos a la educación pública, introducir el copago sanitario, idear unos presupuestos públicos de austeridad en plena recesión… ¿Es difícil descubrir quién gana y quien pierde en cada uno de estos casos? Cosa bien distinta es la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los responsables gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que hará posible lo primero. En palabras de Joseph Stiglitz: “El gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y viceversa” [2].

Si existe confusión, o se quiere sembrarla más bien, con lo que realmente es una política económica, también la hay con lo que es el “mercado”. Sin ninguna duda, ambos términos están muy relacionados. Para empezar no existe el mercado en singular. Existen muchos mercados y con características muy diferentes entre ellos. El mercado semanal de muchos pueblos y el mercado de los artículos de alta montaña, poco si algo tienen que ver. El mercado de libro de viejo y el mercado financiero (si aquí también está justificado hablar en singular) menos aún tienen en común, etc. La configuración de un mismo mercado varía también históricamente, claro está. La ley Glass-Steagall, vigente de 1933 a 1999 en EEUU, configuró unos mercados financieros harto diferentes a los modelados por la ley Gramm-Leach-Bliley que sucedió a la anterior. El mismo mercado tenía unas prohibiciones o no las tenía antes y después de esta ley. Tenía una configuración política distinta en uno y otro momento.

Todos los mercados, absolutamente todos, están configurados políticamente y son producto de la intervención del Estado, mediantes legislaciones, normas, decretos y regulaciones. Cualquier mercado es el resultado de opciones políticas que se concretan en determinados diseños institucionales y reglamentaciones jurídicas.

El economista Dean Baker plantea la misma cuestión en otros términos. Para Baker la idea tan extendida de que la derecha sería partidaria de la “desregulación” del mercado y la izquierda sería, por el contrario, partidaria de la “regulación” es completamente falsa. Este economista afirma que “La derecha tiene tanto interés como los progresistas en que el sector público se implique en la economía. La diferencia radica en que los conservadores quieren que el sector público intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en provecho de los más pudientes. La otra diferencia está en que la derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son más que el resultado del funcionamiento natural del mercado”.

Algunos ejemplos de la configuración política de los mercados: en un mercado laboral puede haber o no salario mínimo interprofesional, posibilidad de despido libre o determinados requisitos más o menos severos para el despido. Y otros: la ley puede permitir en determinados mercados la existencia o no de monopolios y oligopolios. Y aún otro ejemplo más concreto: si Bill Gates no tuviera la cesión por parte del gobierno de Estados Unidos del monopolio sobre Windows en el mercado del software, no sería tan rico. En el escrito citado de Dean Baker: “Sin el monopolio creado por la protección de los derechos de autor, cualquiera en cualquier lugar del mundo podría bajarse instantáneamente los programas de Microsoft sin coste alguno”. Sea dicho de pasada: la innovación está reñida con los monopolios. Recuérdese que Microsoft, por seguir con este monopolio, no ha sido la empresa que haya inventado el primer navegador, ni la primera hoja de cálculo, ni el primer procesador de textos, ni el primer reproductor de productos audiovisuales, ni el primer motor de búsqueda… Las oligopólicas compañías farmacéuticas, otro conocido caso, gastan más en mercadotecnia que en investigación puesto que los precios de los fármacos son tan superiores a los costos de producción que sale a cuenta dedicar recursos a convencer (o comprar) a médicos para que recomienden determinados fármacos. Las compañías oligopólicas de las tarjetas de crédito obtienen una comisión de los comercios, cuando un cliente paga por este medio, superior al dinero que obtiene el comerciante por la misma transacción. Poco tiene que ver eso con la investigación y la innovación y mucho con la llamada búsqueda de rentas [3]. Y la lista es mucho más larga.

La actual configuración política de los mercados explica perfectamente que los ricos sean cada vez más ricos antes y durante la crisis económica, junto al hecho de que la mayor parte de la población sea cada vez más pobre. No es la primera vez que recurro a los datos de los informes World Ultra Wealth Report. Muy recientemente se ha publicado el informe correspondiente a 2012-13. Cabe recordar que este informe entiende por Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), es decir, individuos con altísimo valor neto, a los que tienen activos superiores a los 30 millones de dólares. En el bien entendido que no se contabilizan entre esos activos la primera residencia, los bienes consumibles, los bienes coleccionables y los bienes de consumo duradero. Es decir, se trata de evaluar en estos informes lo que estos ricos tienen como efectivo y en activos fácil y rápidamente convertibles en líquido. Se trata, como resulta evidente, de personas con una riqueza real muy superior a los 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares que definen a un UHNWI son pues de bienes inmediatamente convertibles en efectivo. Pues bien, en el reciente informe 2012-13 apenas ha habido cambios en el año 2012 respecto al año anterior. En total el informe contabiliza 187.380 UHNWI en todo el mundo (un 0,6% más que el año anterior) y una riqueza conjunta de 25,7 billones de dólares (un 1,8% menos que el año anterior). Algunas precisiones son interesantes. Dentro de estos 187.380 hay diferencias también muy grandes. Los sujetos que tienen unos activos, tal como se han definido un poco más arriba, superiores a mil millones de dólares suman 2.160 en todo el mundo. Estos 2.160 no son el 1% más rico, ni el 0,1%, son exactamente el 0,00003% de los 7.000 millones que formamos la humanidad. Tienen unos activos acumulados (recuérdese la restrictiva definición) de 6,2 billones de dólares (el PIB del Reino de España es aproximadamente de 1,4 billones de dólares). En el año 2012 los situados en esta franja privilegiada han aumentado un 9,4% y su riqueza conjunta lo ha hecho un 14% [4]. No puede decirse lo mismo, ni en términos remotamente proporcionales, de la mayoría de la población. Las terribles consecuencias sociales y psicológicas para muchísimas personas causadas por el empobrecimiento de porcentajes altísimos de la población ya es irreversible. De aquí que muchos prefieran hablar de la desigualdad en privado. Como Mitt Romney, por ejemplo. El candidato ultraderechista a la presidencia de EEUU dijo en un programa de televisión el pasado 11 de enero: “Creo que lo mejor es hablar de la desigualdad en lugares discretos.”

Las grandes desigualdades no son producto de la crisis. La crisis las acentúa, pero la configuración política de los mercados que ha posibilitado las grandes desigualdades es anterior a la crisis. Un par de datos, el primero referido a EEUU y el segundo al Reino de España, que muestran la magnitud de la catástrofe. Primero, justo antes de la crisis, en el 2007, “el 0,1 por ciento más rico de EEUU recibió en un día y medio aproximadamente lo que el 90 por ciento inferior recibió en un año” [5]. Segundo, la participación de los salarios en el PIB ha sido menguante en el Reino de España desde el año 1981 (73%) al 2012 (57,3%), y la Comisión Europea calcula que para 2013 la participación será del 56,3%. Esta realidad, quiénes son sus causantes y beneficiarios, quiénes sus perdedores… resulta cada vez más evidente para las poblaciones que principalmente en Europa, “el enfermo del planeta (…) que está a la vanguardia de la idiocia organizada“, protestan, luchan y expresan su malestar. Atenas, Lisboa, Bilbao, Barcelona, Roma, Madrid… no en todas partes de forma igual (ojalá las cosas fueran tan sencillas), pero las poblaciones que sufren las políticas económicas y las configuraciones políticas actuales de los mercados lo comprenden, lo ven. ¿Cómo es que la mayor parte de gobernantes (o dicen que) no lo ven? De las posibles respuestas, hay dos de muy destacadas. Una la menciona, por ejemplo, Paul Krugman cuando se refiere a la atención que recibe la “gente muy seria”, un tipo de humanos muy particulares definidos por este autor como “personas que expresan opiniones que son consideradas razonables por los que mueven los hilos” [6]. Pero quizás mejor es aún la que ya hace años señaló Upton Sinclair: “Es difícil que un hombre comprenda algo, cuando su salario depende de que no lo comprenda.”

Notas:
[1] John K. Galbraith, Historia de la economía, Ariel, Barcelona, 2007.
[2] Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, Taurus, Madrid, 2012.
[3] La “búsqueda de rentas” no produce riqueza añadida y es un mecanismo por el cual la renta cambia de manos. Se puede realizar mediante leyes, facilidades concedidas por los gobiernos, etc. Los ricos han captado muchas rentas de la mayoría de la población gracias a las legislaciones que han logrado imponer mediante, aunque no de forma única, los muchísimos cabilderos que actúan cerca de los legisladores para ese fin.
[4] Este enriquecimiento no tiene nada que ver en la inmensa mayoría de casos con mérito alguno. Véase, por ejemplo, George Monbiot, “Mitt Romney and the myth of self-created millionaires”, The Guardian, 24-9-12, que puede leerse traducido en Sin Permiso en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5287.
[5] Pueden consultarse los datos que cita Stiglitz enwww.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/115xx/doc11554/averagefederaltaxrates2007.pdf
[6] Paul Krugman, ¡Acabad ya con esta crisis!, Crítica, Barcelona, 2012.

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noviembre 1, 2012

Nueva reforma de la Seguridad Social

Iturria: José Ramón Urrutia Elorza / Noticias de Gipuzkoa – 2012/10/29

El gobierno del PP, con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del día 27 de setiembre, prepara una nueva reforma de la Seguridad Social, que sería la décima desde la transición a la democracia, sin que la aprobada por los socialistas con los sindicatos UGT y CCOO como compañeros de viaje el pasado mes de julio del año 2011, haya prácticamente entrado aún en vigor.

Pocos meses después de la publicación de la última reforma en el Boletín Oficial del Estado, el Director del Departamento Europeo del FMI decía textualmente, anticipándonos lo que nos va a venir, “La reforma no es tan buena como las que hemos visto recientemente en otros países europeos”.

¿Qué aspectos más importantes puede contemplar la reforma anunciada?

1.-La modificación de las condiciones de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial.

Parece muy posible que en el nuevo texto se retrase el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años a los 63 años, sin las excepciones actualmente vigentes.

A fecha presente un trabajador puede jubilarse anticipadamente a los 61 años con una reducción de su pensión. A partir del 1 de enero de 2013, y con la reforma aprobada por el presidente Rodríguez Zapatero, la jubilación prematura solo se podrá conseguir a los 63 años, salvo para los despedidos por causa objetiva económica y en los casos de jubilación parcial por contrato de relevo, que mantienen la posibilidad de hacerlo a los 61 años.

El gobierno del PP, con la nueva reforma anunciada, pretende suprimir estas dos excepciones, y generalizar los 63 años como edad más temprana para acceder a la pensión de jubilación.

Poner más dificultades a la jubilación anticipada a los 61 años, afectará a los trabajadores que pierdan su empleo en edades elevadas.

En la actualidad un trabajador que sea despedido o que pierda su puesto de trabajo en edad superior a los 50 años, con la dificultad existente a la fecha y en un futuro próximo en el mercado laboral, el único camino posible, salvo una rápida readaptación profesional y ubicación en otro puesto de trabajo, es el de agotar el período de percepción tanto de la prestación por desempleo y del subsidio, si tuviera derecho a ello, como paso previo a la jubilación anticipada.

En el año 2011, a nivel estatal, se beneficiaron de la jubilación anticipada más de 110.000 trabajadores, casi el 40% de los que alcanzaron ese año la prestación de jubilación.

2.-La aceleración en la aplicación de los factores de sostenibilidad existentes en la reforma socialista.

La nueva renovación pretende revisar, en concreto acortar, los períodos transitorios establecidos en la anterior reforma, para elevar cuanto antes a 67 años la edad de retiro, dejando abierta la opción de los 70 años. En cuanto a los años de cotización los 37 años serán requisito imprescindible, pudiéndose ampliar hasta los 38,5 años.

En íntima relación con todo lo anterior, se intenta ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación superando los 25 años, y tendiendo hacia un alargamiento progresivo que contemple toda la carrera profesional del trabajador, como ya se viene utilizando en otras reformas llevadas a cabo recientemente en la UE. Este aspecto ya se anunciaba y se anticipaba en la última reforma aprobada. Además en función del aumento de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas y beneficiarios, el sistema público irá exigiendo más años de cotización y actualizando las bases de cotización para conseguir la prestación de jubilación (sostenibilidad del sistema).

Por ahora, el período de carencia, mínimo exigido para tener derecho a pensión de jubilación, se mantendrá en quince años.

Todo lo anterior supondrá una rebaja sustancial e importante en la futura pensión del actual cotizante, con el único objetivo de frenar el déficit galopante del sistema público de pensiones.

3.- La rebaja de las cotizaciones y la subida de las bases máximas.

Parece ser, que la rebaja comprometida con los empresarios, para ayudar a la tan esperada recuperación del empleo, y que iba implicar una reducción en los ingresos por cotización por parte de los empleadores en los ejercicios 2013 y 2014, tal como se especificaba en el documento-programa remitido por el gobierno con fecha de agosto pasado a la Comisión Europea como compromiso de información a cambio de la prórroga de un año en la exigencia de reducción del déficit a una cuantía equivalente al 3% del PIB español, no se va a llevar a efecto.

Por otro lado, el gobierno del PP va a proponer que la base máxima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena se incremente en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, así mismo el ejecutivo subirá también en ambos años un punto adicional a la variación del IPC la cuantía de la pensión máxima. Este último aspecto no se había contemplado ni modificado desde hace muchos años en las reformas llevadas a cabo.

Las bases de cotización en el régimen de la Seguridad Social están topadas en 3.230 euros/mes, y un colectivo importante de trabajadores de cierta cualificación, responsabilidad y con salarios superiores queda exento de cotización. Con la elevación de la base mensual se intenta incrementar los recursos del sistema público. En la actualidad solo el 4% de los aportantes totales cotiza sobre la base máxima.

Además el ejecutivo del PP, salvo imprevisto de última hora, también se propone llevar a cabo un incremento adicional de un punto en la base mínima de cotización de todos los trabajadores autónomos.

Como colofón, es intención de la Administración del Estado completar a su cargo la financiación de los COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE LAS PENSIONES (contribución para aquellos que no han llegado a cotizar el mínimo requerido), lo que supone en realidad adelantar el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo, y aliviar a la Seguridad Social, a sus cotizantes y pensionistas, de una carga y un compromiso que nunca debieron de haber financiado, ya que es un gasto social que siempre debía de haber sido soportado por el Presupuesto del Estado, y con cargo a los impuestos recaudados. En algo se aliviará el déficit de la Seguridad Social.

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