Archive for octubre 30th, 2012

octubre 30, 2012

¿Servirá de algo el ¨banco” malo?

Iturria: Juan Torres López

Entre este Gobierno y el anterior han elaborado ya varias reformas bancarias y cada una de ellas ha sido presentada como la que definitivamente iba a resolver los problemas financieros e inmobiliarios de nuestra economía. Exactamente igual que ahora vuelve a decir el ministro De Guindos y sus compañeros de Gabinete, con Rajoy a la cabeza, cuando presentan el banco malo que hasta hace nada decían que no iban a crear.

Es normal, pues, que la gente esté ya harta y desconfíe de sus palabras: ni antes se consiguió lo que aseguraban que iba a suceder, ni ahora hay indicios racionales de que la nueva reforma financiera sirva para mucho más.

El “banco” malo es una expresión que ya por sí misma confunde a la gente porque lo que se quiere crear no es un banco (una institución que maneja depósitos y concede préstamos) sino un fondo, con forma de sociedad participada por el Estado y por el capital privado, que lo que hará será otra cosa: comprar los activos de los bancos que hoy día son de difícil o imposible cobro o que los bancos no consiguen colocar en el mercado (inmuebles, solares, etc.) para tratar de ir vendiéndolos a lo largo de los próximos diez años.

Se supone que gracias a ello, y sin que la operación le cueste dinero a los contribuyentes, los bancos tendrán ya “limpios” sus balances y que, por tanto, podrán empezar a prestar a empresas y consumidores. En mi opinión, sin embargo, nada de eso está garantizado, lamentablemente.

1. ¿Volverá al crédito gracias al banco malo?

Los bancos volverían a prestar cuando el banco malo se quede con sus activos tóxicos si ese fuese el único problema que tuvieran para hacerlo. Pero no es así: hay varios bancos sin el problema de acumular activos tóxicos de los que se quedará el banco malo y que, sin embargo, tampoco prestan.

Lo que ocurre en el sector bancario español es más grave. Además de acumular unos 176.000 millones de euros en activos tóxicos (según Morgan Stanley, pero quizá mucho más), lo peor es que los bancos españoles tienen una deuda de unos 400.000 millones de euros con otros bancos extranjeros, que les exigen que salden antes que nada. Así que nadie se engañe: lo que harán los bancos españoles con el dinero que recauden cuando le vendan sus activos al banco malo, y con el que pueda venir después, será pagar a sus acreedores extranjeros y no abrir el grifo a las empresas y consumidores españoles.

2. ¿Costará dinero a los contribuyentes el banco malo?

Dice el Gobierno que no, porque los activos que va a comprar a la banca se irán vendiendo bien en los diez años de plazo, pero tampoco eso me parece seguro ni mucho menos.

Para que se vendan con beneficio tendrá que ocurrir que los compre a bajo precio y los venda a precio más elevado y en cantidad suficiente. Pero si se fija un precio de compra muy bajo, los bancos tendrán que registrar pérdidas elevadas y entonces se habrá cosido por un lado pero saldrá un roto por otro. Si los compra a precio elevado para facilitar que los bancos respiren mejor y comiencen cuanto antes a financiar (lo que ya hemos visto que no ocurrirá), le resultará mucho más difícil vender los activos con beneficio y pagaremos más los contribuyentes.

Además, teniendo en cuenta que los activos que llegarán al banco malo no van a ser lógicamente los mejores ni los de más fácil colocación en el mercado, sino los peores, cabe preguntarse si es realista pensar que en un mercado inmobiliario tan amplio y experimentado como el español el último en llegar y con los peores activos va a ser el que tenga más fácil hacer beneficios. Yo no lo creo, entre otras cosas, porque tampoco es fácil creer que se vayan a poder vender todo el parque existente, teniendo en cuenta que no habrá mucho crédito para comprar y que los ingresos van a disminuir por las políticas que se están aplicando.

3. ¿Bajarán los precios de la vivienda?

Esa es otra de las cosas que asegura el Gobierno, aunque es algo contradictorio con lo anterior. En mi opinión, tampoco es seguro que provoque una bajada significativa.

Para que los precios bajaran muy sustancialmente debería ocurrir que el banco malo pusiera a la venta rápidamente un volumen grande de activos. Pero eso no es previsible por varias razones: porque entonces no tendría tantos beneficios como se dice, porque no va a disponer de toda la oferta necesaria como para determinar el precio de mercado (ni siquiera se va a quedar con todos los activos en manos de los bancos, puesto que solo comprará los malos), y porque no le será fácil vencer la resistencia poderosa de los actuales intermediarios y oferentes que seguramente no van a estar dispuestos a que eso ocurra.

Por otro lado, estando participado por capital privado, lo lógico es que el banco malo module el precio de lo que vende en función del beneficio y no del ajuste del sector socialmente más deseado. Y si se dan más facilidades a ese capital privado para que le interese participar y vender incluso con precios más bajos, será entonces a costa de mayor coste para el contribuyente. En suma, la acción del banco malo puede producir un bajada de precios pero ni muy importante ni toda la que sería necesaria. Y además, y en contra de lo que necesita el sector en España (un ajuste lo más rápido posible), lo que hará será llevarlo a un plazo demasiado largo y malvendiendo activos sobrantes.

4. ¿Han tenido éxito los bancos malos en otros países?

La experiencia es muy desigual, y por eso también es aventurado afirmar que en España el banco malo va a funcionar bien y sin coste para los ciudadanos normales y corrientes.

En Suecia se considera que fueron muy exitosos para rescatar a la banca (aunque el rescate terminó costando alrededor del 2% del PIB) pero actuaron en condiciones totalmente diferentes a las que va a haber en España: se partió de considerar responsables a los bancos, se evaluó muy rigurosamente la cartera de activos tóxicos de cada uno (lo que no ha ocurrido aún en España), se creó un banco malo por cada banco afectado y no uno solo para todos, fueron dirigidos por profesionales de gran prestigio y con un perfil muy estricto, los bancos fueron nacionalizados mientras funcionaron los malos (“por cada corona que metamos en el banco, queremos la misma influencia”, dijo el ministro responsable) y, lo que es muy importante, las condiciones macroeconómicas fueron diametralmente distintas a las que ahora tiene España: no pertenecían a zonas de moneda única y los gobiernos tenían gran capacidad de maniobra para apoyar la estrategia de rescate del sector financiero.

En Alemania y Bélgica están costando dinero a los contribuyentes y en Irlanda es pronto para evaluar su experiencia. Los directivos reconocen que no consolidarán beneficios pronto, aunque parece que el banco malo está teniendo efectos positivos sobre la reestructuración del mercado inmobiliario. Pero en todo caso hay que destacar que en Irlanda se actuó mucho antes que España (que está cometiendo el mismo error de retrasar soluciones que llevó a Japón a una larga depresión) y que se establecieron garantías y cláusulas de penalización a la banca si no se obtienen beneficios que de momento no parece que estén previstas en España.

En resumen: es muy ingenuo creerse que, tal y como está prediseñado, el banco malo que va a crear el Gobierno obligado por las autoridades europeas es la solución a los problemas de nuestro sector financiero y de nuestra economía.

En mi opinión, se trata de otra oportunidad perdida más y de una simple imposición de la banca europea para asegurarse mejor el cobro de la deuda. Pura cirugía menor que ya no sana los daños mayores. Para salir del impasse financiero hay que pulir mucho más y mejor la creación del “banco malo”, y acabar ya con los bancos zombis que están matando a la economía española. Hay que nacionalizar, hacer responsables a los accionistas y llegar a acuerdos realistas con los acreedores que han de asumir igualmente las pérdidas asociadas a sus malos negocios, y proporcionar enseguida financiación suficiente y económica a las empresas que crean riqueza y valor para recobrar la producción de bienes y servicios y para sacar adelante lo único que puede hoy día salvar a España: más actividad empresarial y productiva de nuevo tipo en la línea que Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo avanzamos en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Editorial Sequitur 2011).

Publicado por Crónica el sábado, 8 de septiembre de 2012

octubre 30, 2012

Tres de cada cuatro empresas han usado la reforma para despedir o bajar salarios

Iturria: Cincodias.com – 2012/10/30

El 73% de las empresas ha utilizado la reforma laboral para despedir, bajar el sueldo a sus trabajadores, o cambiarles de puesto, según una encuesta del bufete Sagardoy y el Grupo Adecco, que se centra sobre todo en las decisiones tomadas por las grandes empresas. En este sentido, este sondeo indica que uno de cada cuatro despidos siguen pagándose a más de 45 días.

Tres de cada cuatro empresas ha utilizado la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para despedir o modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados (fundamentalmente para rebajarles el salario). Sólo el 27 de las compañías consultadas no han adoptado ninguna clase de medida de ajuste, ni piensa efectuarla en los próximos tres meses. Esta es una de las conclusiones extraidas de la primera encuesta hecha pública sobre el grado de utilización de la nueva normativa laboral, elaborada por el Sagardoy Abogados y el grupo de empleo temporal Adecco.

Desglosando las distintas medidas de ajuste facilitadas en la reforma laboral, la más utilizada fue la modificación de las condiciones laborales, empleada por el 43,4% de las compañías que respondieron a esta encuesta; siendo la bajada salarial la modificación a la que más recurrieron, según los autores del informe. Seguidamente, se situaron las medidas de ajustes a través de la movilidad funcional (reorganización de los puestos de trabajo), usada por el 40%. Y, en tercer lugar, el 37,1% despidió a trabajadores.

No obstante, este termómetro de la utilización de la reforma laboral se corresponde más con el uso que están haciendo de la nueva ley las grandes empresas que las pequeñas, ya que de las 2.500 compañías a las que consultaron, contestaron 273; y de estas, 234 fueron grandes empresas y las 38 restantes pymes, según ha precisado hoy uno de los responsables del estudio, Íñigo Sagardoy, durante su presentación.

Hecha esta precisión, los autores de este estudio resaltaron que la mayoría de las empresas no opta por una sola medida de ajuste sino por una combinación de varias de ellas. Así, del 37% de las compañías que declaran que han efectuado o piensan despedir trabajadores en los próximos tres meses, la mayoría de ellas (80%) acuden también a otras medidas de ajuste incluidas en la ley como las citadas bajadas salariales (ya sea por la vía de la modificación del artículo 41 o por el descuelgue del convenio de referencia); la movilidad funcional (cambio de puesto); la reducción de la jornada o la movilidad geográfica. Sólo el 20% restante no tomará más medidas que los despidos.

El 73% de las empresas ha utilizado la reforma laboral para despedir, bajar el sueldo a sus trabajadores, o cambiarles de puesto, según una encuesta del bufete Sagardoy y el Grupo Adecco, que se centra sobre todo en las decisiones tomadas por las grandes empresas. En este sentido, este sondeo indica que uno de cada cuatro despidos siguen pagándose a más de 45 días.

octubre 30, 2012

ELA acusa a Gerdau Sidenor de “sembrar el pánico” con anuncios de despidos para “recoger recortes” en el convenio

Iturria: Eleconomista.es – 2012/10/30

La Federación del Metal de ELA ha acusado a Gerdau Sidenor de intentar “sembrar el pánico” entre los trabajadores con el anuncio de despidos de eventuales y relevistas para “recoger recortes” en el próximo convenio. En este sentido, ha denunciado que, en 2012, hayan sido rescindidos más de un centenar de contratos en la planta de Basauri, “tras varios trimestres de récords de producción”.

En un comunicado, el sindicato vasco ha censurado de este modo que Gerdau Sidenor anunciara, a través de los medios de comunicación, la posibilidad de rescindir contratos eventuales y relevistas en sus cuatro plantas del País Vasco (Basauri, Vitoria, Azkoitia y Elgeta) y en los centros de Madrid, Cataluña y Reinosa (Cantabria), con el fin de adaptarse a la cartera de pedidos.

ELA considera “lamentable” que la empresa “tome decisiones sobre aspectos laborales a través de los medios de comunicación, en lugar de hablar con los representantes de los trabajadores de sus plantas”, sobre todo para “publicitar el despido” de trabajadores y, por tanto, “pretendiendo generar alarma”.

El sindicato ha explicado que Sidenor ya ha rescindido los contratos de más de un centenar de eventuales en la planta de Basauri a lo largo del 2012. Según ha indicado, “en su peculiar ajuste de plantilla, tras varios trimestres de récords de producción, desoyendo por completo la petición de Inspección de Trabajo, de revisar dichos contratos eventuales por irregularidades”.

ELA ha denunciado el “intento torticero” de la Dirección de Gerdau de “sembrar el miedo” en las plantas para “recoger recortes” en el convenio próximo.

RELEVISTAS, “MONEDA DE CAMBIO”

Además, ha acusado de actuar como “cómplices” a los sindicatos UGT, CC.OO. y USO, que “eliminaron la obligatoriedad que existía de hacer fijos a lo relevistas” porque, con su “facilidad de firma”, permitieron que “hoy la empresa pueda hacer lo que le venga en gana con ellos, utilizándolos como moneda de cambio para aplicar ajustes en el convenio”.

Por su parte, ha anunciado que “plantará cara” en la negociación y respaldará a todos los trabajadores que “quieran pelear por sus derechos contra los chantajes” de Gerdau, que cuenta con “enormes beneficios y récord de producción” en 2011 y 2012.

octubre 30, 2012

Afectados por desahucios denuncian el “trato vejatorio” de los bancos

Iturria: Finanzas.com – 2012/10/30

Representantes de la Plataforma de Personas Afectadas por las Hipotecas que pretendían exponer sus quejas por el “trato vejatorio” de varios afectados en una sucursal bancaria de Pamplona han sido vetados sin llegar a intentar acceder al local, ante el que no habían exteriorizado ninguna protesta.

El acto, al que han acudido una decena de personas integrantes de la Plataforma, había sido convocado en la sucursal bancaria del BBVA de la Plaza del Castillo, donde aseguran que personas con dificultad para hacer frente a sus hipotecas han sido objeto de un “trato vejatorio” en las últimas semanas cuando han ido a exponer su situación a esta oficina.

Los representantes de la Plataforma, sin ninguna actitud reivindicativa, se encontraban hablando en la puerta del local con los periodistas cuando desde su interior han accionado el cierre de una puerta metálica y se les ha impedido el acceso.

En declaraciones a los periodistas, Armando, en nombre de la Plataforma, ha explicado que su intención era pedir explicaciones tras detectar varios casos de personas a las que “en su momento se les hizo una hipoteca fraudulenta” y que en los últimos días han acudido a esta sucursal “a pedir lo que se les debe, que son los datos sobre su propia hipoteca y sobre su situación, y se les ha insultado e invitado a marcharse”.

“Lo único que pedimos es el mismo trato acaramelado y meloso que tuvieron hace cinco o siete años cuando todo iba bien y querían vender un montón de hipotecas: Queremos un trato humano”, ha zanjado, tras asegurar que ocurren casos similares en todos los bancos y que “es mucho peor el trato para con los inmigrantes”.

“Nos han cerrado la puerta del banco y ni siquiera quieren escuchar lo que queremos decir. ¿Qué tipo de negocio es este? Demuestran que son ladrones. Si han cerrado esta puerta es porque algo tienen que esconder”, ha subrayado Armando.

La protesta se enmarca en la campaña de esta plataforma, que asegura que en Navarra se producen dos desahucios al día contra personas “que quieren pagar su deuda pero no pueden”, y cuya demanda es que los bancos, el Gobierno foral y la sociedad “den una solución al problema” mediante el negocio de la dación en pago con los hipotecados, la cancelación de la deuda según el caso, y el alquiler social que no supere el margen de entre el 15 y el 30 % de los ingresos de una familia.

octubre 30, 2012

¿Qué pasaría…si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Iturria: Attac Acordem – 2012/10/25

Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público. Este traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.

Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.

¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.

Orden de liquidación bancaria

Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de liquidación.

Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).

Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.

Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.

octubre 30, 2012

Preparan despidos masivos: El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%

Iturria: Kaos en la Red – 2012/10/30

Bastará con que la empresa o organismo público plantee una reducción de gasto del 5% para que se aplique el despido objetivo de los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. La medida puede afectar a 700.000 trabajadores de ayuntamientos, CCAA, empresas y organismos públicos.

El próximo Reglamento de Despido Colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los Ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado. Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales.

Mientras Fátima Báñez anunciaba el pasado viernes el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, su colega Cristóbal Montoro perfilaba los últimos retoques de un Real Decreto que verá próximamente la luz en el Boletín Oficial del Estado. El papel de Hacienda es fundamental en la nueva disposición por cuanto que supone un cambio radical en las relaciones laborales dentro del segmento de la Administración Pública.

El Gobierno ha informado a los sindicatos de funcionarios del alcance de lo que se considera como una reforma estructural de segundo grado que equipara las condiciones del mercado de trabajo dentro del sector público con las que ya rigen en el sector privado. En definitiva, se trata de eliminar trabas y liberalizar las llamadas causas objetivas del despido para todo el personal laboral que los sindicatos calculan en torno a 700.000 trabajadores en toda España. Los funcionarios de carrera quedarán a salvo de la nueva regulación dado su singular régimen jurídico.

El decreto desarrolla la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral facilitando la aplicación de nuevos EREs en todos los organismos públicos, entidades o sociedades mercantiles bajo control mayoritario del Estado, así como en los ayuntamientos y autonomías. El reglamento incluirá una serie de garantías reforzadas en relación al sector privado, empezando por la exigencia de un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública. Asimismo, será necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo cuando el programa de ajuste afecte a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. También se amplían los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento deberá iniciarse por escrito y acompañarse de documentación exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

En lo que respecta a las condiciones económicas exigidas en el sector público, el Gobierno ha previsto como referencia básica la certificación de los presupuestos del organismo o entidad interesada. Hacienda quiere promover estímulos que favorezcan el recorte de gastos en la Administración y para ello se plantea la necesidad de fijar un mínimo ajuste presupuestario como premisa esencial para llevar a cabo un recorte de plantilla en las mismas condiciones que tiene el sector privado cuando justifica la existencia de pérdidas económicas.

En el sector público, donde los ingresos vienen dados en gran parte por las subvenciones oficiales, la idea del Gobierno es que sólo se puedan abordar EREs con extinción de contratos a partir de una reducción de gastos presupuestarios del 5% en un año o del 7% en dos años consecutivos. Bajo estas condiciones objetivas económicas, la reforma laboral aprobada el pasado mes de julio se traslada con todas sus consecuencias al ámbito de la Administración del Estado en una medida inducida también por el objetivo esencial de la política económica de Rajoy que no es otro que reducir como sea el déficit público en España.

octubre 30, 2012

Forua, aparteko paga eta baloiak kanpora botatzea

Iturria: ELA Sindikatua / Ivan Giménez – 2012/10/29

Erabileraren erabileraz, hitz batzuek bere esanahi guztia galdu eta, azkenean, gauza bat eta kontrakoa adierazten dute. Edo bestela esanik, sinbolo barren hutsak izatera iristen dira, halako kontzeptu hanpatsuak, eta zerbait ezkutatzeko, jendea nahasteko eta ziria sartzeko erabiltzen dira, denboraren joanean hartu duten ustezko ospea ederki baliatuta. Horixe da Forua, gaur egun.

Eta Parlamentuak ez badu Foruaren (1982ko Foru Hobetzea) muinetako bat babesten, hau da, ez badu babesten Nafarroak eskumen osoa duela bere enplegatu publikoen gaineko legeak egiteko (eta, Estatuaren esku-sartzea eragozteko), bi gauza hauetako batek ez du piperrik balio: edo Foruak edo parlamentariek, ez baitituzte herritarren eskubideak babesten.

Nafarroako eskumen oso hori, egia esan, sekulako traba izaten ari da UPNrentzat eta PPrentzat, bi-biak ere dena zentralizatzeko ahaleginean ari baitira, bai eta enplegatu publikoak pobretzeko lehia bizian ere; orain, gainera, 2012ko soldataren % 7 ezabatu nahian: Eguberrietako saria, alegia. Nik ere, tira, uler dezaket bi alderdiek tinko baino tinkoago esatea derrigorrezkoa dela Raxoiren Lege Dekretua betetzea, halaxe komeni baitzaie: jakina, soldatak murrizten dituzte eta, horrez gain, errua Madrili botatzen diote, edo Bruselari, edo Berlini …., eta 60 milioi euro aurrezten dituzte, zertarako eta dirutza hori kirol-pabilioi hutsetan, zirkuituetan eta inora ere ez doazen trenetan xahutzeko.

Gauzak horrela, Foru Gobernuak hainbat astetako atzerapenez eman die sindikatuei txosten juridiko jakin bat, eta txosten horrek, egia esan, erabat jarri du zalantzan aparteko paga ezabatzeko derrigortasuna. Edozein gauza, denbora irabazteko, eta bidenabar, 2013ko pagak aurreratzearen ziria lau haizeetara zabaltzeko, ebasketa mozorrotze aldera. Zer pentsatuko lukete, adibidez, ideia hori ontzat jo dutenek, azaroko lansaria ezabatuko bagenie, hurrengo soldata egun batzuk aurreratzearen ordainez? Ez da horren ideia ona, ezta?

Parlamentuko oposizioari, alabaina, askoz ere gehiago exijitu behar zaio. Talde guztiak irmo mintzatu baitira 25.000 nafar langile ingururi aparteko paga ezabatu nahi dien Barcinaren legearen aurka. Guztien iritziz, huraxe “engainu hutsa” da; orduan, zergatik abstenitu dira PSN, NaBai eta I-E? Abstentzio horri esker proiektu hori aurrera baitoa eta parlamentuko txosten batean aztertuko da. Ez al zen errazagoa proiektuaren kontra bozkatzea, edo osoko zuzenketa aurkeztea (Bilduk egin zuen bezala), legea Barcinari itzultzeko eta pilota berriz ere haren teilatuan jartzeko? Nolanahi ere, hilabete bat gelditzen da, abian den txostenak norabidea zuzendu dezan eta behar diren neurriak har ditzan aparteko paga kobratzeko.

Ez dezagun bistatik gal Gobernuak duela arazoa: indarrean dauden Aurrekontuetatik atera nahi baitu aparteko paga eta, hartara, berariazko lege bat onetsi behar du Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutua ere aldatzeko (1993), non argi eta garbi ezarria baitago aparteko bi paga daudela. Une honetan, argi dago UPNk gutxienez ere beste bazkide bat behar duela parlamentuan (PPz gainera) era horretako lege bat onesteko, baina ez badu bazkiderik aurkitzen… ez da aparteko paga ezabatuko duen legerik sortuko. Barcinaren Gobernuak ez du legezko euskarririk izanen bere enplegatuen diruaz jabetzeko, eta Estatuak, gainera, ez du legerik errekurritzerik izanen, ez baita legerik izanen. Zer gertatuko ote litzateke, ondoren?

Hori hipotesien alorrean sartzea da. Agintariek darabilten argudioaren arabera, Estatuak eragotzi eginen du, nola edo hala, aparteko paga ordaintzea; argudio ezkor eta etsikor hutsa da. Argudio horren arabera, izan ere, onena izanen da sekula santan ezer ez egitea (ez politikoki, ez sindikalki), Madrildik etor ote daitekeen erantzunaren beldurrez. Eta Estatuko abokatuaren balizko errekurtsoari aurre egiteari dagokionez, esan beharra dago arrisku hori beti egoten dela Foru Parlamentuak lege bat onesten duen aldi bakoitzean. Arrazoibide hori bururaino eramanez gero, gainera, parlamentua erabat geldirik legoke; hau da, errekurtso baten gaineko beldurrak eraginda, ez dugu deus ere eginen.

25.000 langile horiei beren soldata ordaindu nahi ez dienak (Foru Administrazioak, udalek, mankomunitateek, NUPek, enpresa publikoek…) mataza juridiko latzean nahasi nahi gaitu, herritarrak gogogabetzeko, eta politika (edo bestela esanda, posiblearen artea, aukeraren artea: erabakiak hartzea) beste batzuek erabakitzen duten kudeaketa hutsa izan dadin, neurri bakoitza derrigorrezkoa eta alternatibarik gabea delakoan. Eta horrek, zalantzarik gabe, antz handia dauka diktadurarekin. Azken buruan, ez da kontu juridiko bat, borondate politikoa baizik.

Barcinaren Gobernuko txostenak berak aitortzen du berariazko lege bat onetsi beharra (eta txosten hartan esaten da murrizketa “aplikagarria” dela; ez besterik). Horrela, beraz, Zuzenbideaz haratago goaz, politika hutsaren alorrean barneratzeko: hots, legeak gehiengoz bakarrik onesten dira, eta gehiengoak irizpide politikoetan oinarrituta osatzen dira. Hau da, aparteko paga kobratzea 50 parlamentari nafarren mendean dago; ez beste ezeren edo inoren mendean. Baloiak jokatzeko daude eta ez kanpora botatzeko. Eta, parlamentari batzuek diote: eta, hala ere, Estatuak errekurtsoa jartzen badu? Erantzuna Parlamentuko letratuetako batek eman du bere txosten juridikoan: gobernu zentralaren gainean “karga prozesala” erortzen denez, hark arrazoitu beharko du bere neurrien premiazkotasuna, eta azken emaitza ez daiteke “behin-betikotzat” jo.

Aipatu letratuak, gainera, mandatu deseroso bat ere helarazi die parlamentariei, haiek guztiak Foruen defendatzaile garbi askoak izaki (edo horixe aldarrikatzen dute ozenki): “Onar al dezake besterik gabe Foru Komunitateak foru-araubidearen betiko eskumenaren muina bete-betean ukitzen duen neurria?” Eta letratuak berak hauxe ohartarazi die jaun-andere parlamentariei: “Hori abagune politikoaren arloari dagokio”. Jakinen ote dute oposizioko parlamentariek abagune hori ikusten edo txostenaren paperen artean galduko ote zaie?

octubre 30, 2012

El Fuero, la paga extra y balones fuera

Iturria: ELA Sindikatua / Ivan Giménez- 2012/10/29

Hay palabras que, a base de manosearlas, pierden todo su significado y acaban representando una cosa y la contraria. O lo que es lo mismo, se convierten en símbolos vacíos, en conceptos grandilocuentes empleados para despistar, ocultar y engañar bajo el manto de su supuesta e histórica grandeza.

Eso es el Fuero hoy en día. Si una parte tan importante del Fuero (Lorafna, ley de 1982) como la competencia exclusiva de Navarra para legislar sobre sus empleados públicos -impidiendo la injerencia estatal- no es defendida por el Parlamento, una de las dos cosas no nos sirve: o el Fuero o los parlamentarios que no defienden los derechos de sus ciudadanos.

Esa competencia exclusiva de Navarra ha terminado siendo un engorro tremendo para UPN y PP en su afán centralizador y en su apuesta por empobrecer a los empleados públicos, ahora con la supresión del 7% de su salario de 2012, o sea, la paga extra navideña. Uno puede entender, incluso, que ambos partidos defiendan a machamartillo que el Decreto-Ley de Rajoy es de obligado cumplimiento, porque les conviene: rebajan salarios y además pueden echar la culpa a Madrid, Bruselas o Berlín… además de ahorrarse 60 millones de euros para derrocharlos en trenes a ninguna parte, circuitos y pabellones vacíos…

Con esa premisa, el Gobierno foral retrasa varias semanas la entrega a los sindicatos del informe jurídico que pone seriamente en duda la obligatoriedad de suprimir la paga extra. Lo que sea con tal de ganar tiempo y, por el camino, lanzar el camelo de adelantar las pagas de 2013 para que no se note el hurto. ¿Qué pensarían los que la han calificado de buena idea si les suprimiéramos el salario de noviembre a cambio de adelantarles unos días la siguiente nómina? Ya no parece tan buena idea, ¿verdad?

Ahora bien, a la oposición parlamentaria debe exigírsele mucho más. Todos los grupos se han manifestado rotundamente contra la ley de Barcina que suprime la paga extra para unos 25.000 trabajadores navarros. Si para todos era un “engaño”, ¿por qué la abstención de PSN, NaBai e I-E permite que ese proyecto siga adelante y se vaya a estudiar en ponencia parlamentaria? ¿No era más sencillo votar en contra del proyecto, o enmendarlo a la totalidad -como hizo Bildu-, para devolver la ley a Barcina y colocar de nuevo la pelota en su tejado? En todo caso, queda un mes para que la ponencia ya en marcha corrija el rumbo y arbitre las medidas oportunas para el cobro de la paga extra.

No perdamos de vista que es el Gobierno quien tiene el problema: quiere sacar la paga extra de los Presupuestos vigentes, y para ello tiene que aprobar una ley específica que modifique también el Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra (1993), donde se establece claramente que hay dos pagas extraordinarias. A estas alturas, está claro que UPN necesita como mínimo otro socio parlamentario (además del PP) para aprobar una ley en este sentido, pero si no lo encuentra… No habrá ley para suprimir la paga extra. El Gobierno de Barcina no tendrá soporte legal para quedarse con el dinero de sus empleados, y además el Estado no podrá recurrir una ley que no existe. ¿Qué pasaría después?

Eso es terreno ya para la hipótesis. El argumento de que el Estado impedirá como sea el abono de la paga extra, aparte de ser derrotista, implica que siempre será mejor no actuar (ni política ni sindicalmente), por miedo a la reacción de Madrid. Y afrontar un hipotético recurso del abogado del Estado es un riesgo que siempre existe tras aprobar una ley en el Parlamento foral. Siguiendo este razonamiento hasta el final, acabaríamos en la parálisis legislativa: no hacemos nada por miedo a un recurso.

Quien no quiere pagar su salario a esos 25.000 trabajadores (Administración foral, ayuntamientos y mancomunidades, UPNA, empresas públicas…) busca enredarnos en una maraña jurídica que desanime al ciudadano y convierta la política (es decir, el arte de lo posible, de lo opcional: la toma de decisiones) en una mera gestión de lo que deciden otros, vendiendo cada medida como obligatoria y sin alternativas. Es decir, lo más parecido a una dictadura. En el fondo, no se trata de una cuestión jurídica, sino de voluntad política.

Hasta el informe jurídico del Gobierno de Barcina (donde se dice que el recorte “es aplicable”, nada más) reconoce la necesidad de aprobar una ley específica. Así, queda superado el ámbito del Derecho y nos internamos en el de la pura política: las leyes sólo se aprueban por mayoría, una mayoría que se forma por criterios políticos. Es decir, el cobro de la paga extra sólo depende de los 50 parlamentarios navarros, de nadie más. No se pueden echar balones fuera. Y algunos de ellos dicen: ¿y si aún así el Estado recurre? La respuesta la da uno de los letrados del Parlamento en su informe jurídico: el Gobierno central, sobre quien cae el peso de “la carga procesal”, deberá justificar la urgencia de sus medidas, con un resultado final que no puede darse por “definitivo”.

Y dicho letrado manda también un recado incómodo a los parlamentarios, todos ellos defensores sin tacha de los Fueros (o eso proclaman): “¿Puede ser admitida sin más por la Comunidad Foral una medida que afecta tan de lleno al núcleo de la tradicional competencia del régimen foral?” Y el propio letrado advierte a sus señorías: “Esto pertenece al ámbito de la oportunidad política”. ¿Sabrán ver esa oportunidad los parlamentarios de la oposición o se les extraviará en el papeleo de la ponencia?

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