Hacia un sistema de salud inhumano

Iturria: diarioinformacion.com / Begoña Beviá Febrer – 2012/10/05

La constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que: “La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de alcanzar constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualesquiera que sean su raza, religión, sus opiniones políticas, su condición económica o social”. Sin embargo, la crisis generada por la especulación está propiciando una intensificación del desmantelamiento de los servicios públicos de salud.

El Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes en el ámbito de la sanidad es el instrumento que da forma legal a este último ataque. Con este, desaparece el derecho a una atención universal. Del derecho a la protección de la salud se pasa a la necesidad de pagar un seguro para poder ser atendido. Diversos colectivos quedan fuera de la posibilidad de recibir atención o con la posibilidad de recibirla pero de una forma muy precaria.

En segundo lugar, el RD 16/2012 hace desaparecer la gratuidad en el acceso a la asistencia. Se pasa de pagar por medio de los impuestos a introducir el pago individual, con la lógica de ir reduciendo el papel de los primeros. La vía del pago por medio de los impuestos directos de todos permite garantizar que todos y todas tengamos derecho a las mismas prestaciones, con independencia de nuestros ingresos. Este es un principio ético clave de equidad en el acceso a la asistencia. Con el RD 16/2012 se introduce el cobro por prestaciones y aumenta el pago por medicamentos. El objetivo es restringir la asistencia a una básica “gratuita”, equivalente de lo que se ha conocido como “beneficencia”, y una asistencia de pago. Este pago ya se ha introducido en el transporte no urgente, las prótesis, los productos dietéticos, así como en las medicinas.

Al quitar la universalidad y la gratuidad de la asistencia se disminuye el acceso a la sanidad y el nivel de salud que se puede alcanzar. El resultado son personas cuya muerte podría haber sido evitada. Por ello, el RD 16/2012 así como las legislaciones previas que privatizan la sanidad deben derogarse.

El ataque al modelo sanitario público se justifica por medio de la necesidad de contener el gasto y de la mayor eficiencia de la empresa privada. Se nos dice que “hemos gastado por encima de nuestras posibilidades” cuando la realidad es que el gasto sanitario público en el Estado español es del 6,5% del PIB mientras que la media de la UE-15 es del 7,3%, y que se gasta por habitante y año por debajo de la media de los países de la OCDE.

Se nos dice que la empresa privada es mas “eficiente” que el servicio público. La realidad es que los sistemas sanitarios en donde hay mayor presencia de la empresa privada son los más caros. Hemos de pensar que las empresas que gestionan la sanidad privada y las concesiones son empresas como Bankia o la CAM, que han tenido que ser rescatadas con dinero público por su mala gestión.

Medidas como el copago, los recortes y la privatización se acompañan de una campaña ideológica. Para los responsables políticos la protección de la salud deja de basarse en la mejora del nivel general de bienestar pasando a ser interesadamente entendida como una responsabilidad individual (la persona es culpable de sus enfermedades). Sin embargo, la evidencia nos dice que el nivel de empleo o de salario son factores clave de la salud física y psicológica de la población. Si una persona tiene pocos ingresos puede recurrir a comer comida basura, con lo que pueden aumentar sus niveles de colesterol y de tensión arterial, así como la probabilidad de padecer un infarto. Por otra parte, los responsables de sanidad del Gobierno central y autonómico han contratado “expertos” para hacernos creer que las enfermedades crónicas -las cuales resultan caras para las empresas aseguradoras- no son reales. Así, recientemente, el coordinador de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad declaró que “a las personas que sufren patologías crónicas hay que evitar etiquetarlas con la palabra enfermoÉ tienen un problema más social que sanitario”.
Por último, sabemos que hay dinero, pero que no se invierte bien. Sabemos que el dinero de todos entregado a la banca hasta el momento equivale a tres veces el gasto público en sanidad y que el dinero que pagaremos por los intereses de la deuda en el 2013 supera el del salario de todos los empleados públicos. La política de transformar un déficit privado de bancos y empresas en una deuda pública impagable nos hunde en el paro, y en la pérdida de unas condiciones dignas de trabajo, de estudio y de vida, factores los cuales, a su vez, influyen sobre la pérdida de la salud. Si no pagamos esta deuda ilegítima, salvaremos de una condena a muerte a miles de personas.

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